CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES

Movilidad humana en tránsito

Coordinadores: Daniel Villafuerte Solís y María Eugenia Anguiano Téllez

Este libro es una contribución a la reflexión y al debate sobre los grandes retos que entraña el tema migratorio como problema teórico y fenómeno social de nuestro tiempo. La pregunta subyacente en el texto es ¿cómo reparar un sistema migratorio roto por la implosión del proceso globalizador, destructor de los medios de vida de millones de seres humanos? Frente a esta crisis migratoria los gobiernos responden con medidas de contención en las que se incluyen «muros» que profundizan las dificultades para el tránsito y muestran el rostro de una «crisis humanitaria» que interpela a los derechos humanos. Fruto de un esfuerzo colaborativo, este volumen fue pensado en una reunión que convocó El Colegio de la Frontera Norte, en Tijuana, cuando recién se estrenaba en México el gobierno de la Cuarta Transformación, para reflexionar en torno al «nuevo paradigma» de la política migratoria de este país. Las amenazas del gobierno de Donald Trump a México sobre imponer aranceles al comercio con Estados Unidos todavía no se habían expresado; poco después la «vuelta de tuerca» se concretó y la política migratoria de México cambió radicalmente. Este tránsito de una política flexible a una política dura es objeto de análisis en este texto que, desde distintas miradas, formula hipótesis y abre nuevos interrogantes sobre el devenir.

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Introducción

 

Daniel Villafuerte Solís

Movilidad humana en tránsito: retos de la Cuarta Transformación en política migratoria es una contribución a la reflexión y al debate sobre los grandes retos que entraña el tema migratorio como problema teórico y fenómeno social de nuestro tiempo. La pregunta subyacente en el texto es ¿cómo reparar un sistema migratorio roto por la implosión del proceso globalizador, destructor de los medios de vida de millones de seres humanos? Frente a esta crisis migratoria los gobiernos responden con medidas de contención en las que se incluyen “muros” que profundizan las dificultades para el tránsito y muestran el rostro de una “crisis humanitaria” que interpela a los derechos humanos. El confinamiento de los migrantes en los espacios de frontera, en este caso norte y sur de México, incrementa el costo humano, económico y social, que se expresa en el sufrimiento de los migrantes ante la mirada expectante de los gobiernos de origen, tránsito y destino, que no alcanzan a dar una respuesta coherente con las condiciones de la región y las necesidades de la población. Como bien expresa Lorca:

Las fronteras han devenido en tótems, porque remiten a una gran fantasía política: la idea de que las fronteras son un instrumento eficaz para regular las migraciones. […]. El resultado de esta fantasía es que el cierre de fronteras aparece como la única opción posible y su apertura, como una utopía ingenua.

Debemos comprender que no son las fronteras lo que determina la migración: nunca una frontera cerrada evitará que la cruce un migran- te, porque a menudo su vida depende de ese cruce. El cierre de las fronteras no detiene la migración, pero la hace más difícil, más cara y, sobre todo, más mortífera (Lorca, 2016: 4-5, cursivas añadidas).

Para ser justos, el gobierno mexicano ha planteado la necesidad de enfrentar el fenómeno atacando las causas estructurales, y con la colaboración de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) elaboró una propuesta de desarrollo para los tres países del norte de Centroamérica. El problema fundamental es que para su aplicación y operación se requiere de la cooperación de Estados Unidos, con aportes sustantivos de recursos financieros, así́ como de los países de origen de los migrantes. México no puede solo, no podrá, pero en la práctica está solo; el gobierno de Donald Trump ha venido amenazando al gobierno mexicano para evitar el tránsito de los migrantes a Estados Unidos. La propuesta de la CEPAL presentada en Washington por el canciller Marcelo Ebrard no tuvo eco, ni tampoco hay señales claras de que más adelante vaya a tenerlo. Por el contrario, en semanas posteriores el gobierno de la Casa Blanca ha venido negociando de manera bilateral, con cada país, un acuerdo de “tercer país seguro”, cuando sabe que ninguno es seguro, por eso huye la población.

El gobierno de Donald Trump ha optado por la aplicación de medidas punitivas para contener a toda costa el torrente migratorio centroamericano. Amenazó al gobierno mexicano con imponer aranceles al comercio si no detenida o reducida sustancialmente la migración, además de insistir en la firma de un acuerdo como tercer país seguro. México no tuvo opciones, se dedicó a la tarea de contención, endureció su política y desplegó la Guardia Nacional a lo largo de las rutas de tránsito, y especialmente en lugares estratégicos, tanto en el sur como en el norte del país. Las metas de tres meses se han cumplido con la reducción del 56 por ciento del flujo migratorio; las autoridades de Estados Unidos reconocen el esfuerzo, pero exigen hacer más, insisten en el acuerdo y no se comprometen con la opción planteada por México en torno al plan integral de desarrollo. En un recorrido realizado el 18 de septiembre de 2019 por el muro de la frontera San Diego-Tijuana, el presidente Trump expresó:

Tijuana está justo aquí. Hay miles de personas por allí que han estado tratando de entrar. Una tremenda cooperación de México. Y el presidente de México ha sido fantástico. Todo México ha sido fantástico. Como saben, en este momento tienen 27,000 soldados. Entonces, además del muro, tenemos a los soldados (The White House, 2019).

Al mismo tiempo que elogia a México y sigue presionando, el gobierno de Trump no deja de forzar a los países del norte de Centroamérica a adoptar acuerdos bilaterales de tercer país seguro, aunque lo nombran de otra manera porque saben, pero no lo dicen, que es una contradicción hablar de seguridad en los países más inseguros del mundo.

Las autoridades estadounidenses consideran que “tercer país seguro” es un término coloquial, lo que ellos están promoviendo es “un acuerdo para colaborar en el acceso de protección para individuos” (Orozco, 2019). Se trata de una “corrección política” en el lenguaje, porque Estados Unidos sabe que Guatemala no es un país seguro. Charanya Krishnaswami, representante de Amnistía Internacional, expresó que “cualquier intento de forzar a las familias e individuos que huyen de sus países de origen a buscar seguridad en Guatemala es indignante” (Orozco, 2019).

El gobierno de Estados Unidos, en su afán de externalizar su frontera, asigna una división del trabajo antinmigrante a México y a los países del norte de Centroamérica. Avanza con los más frágiles, los que no oponen resistencia porque son gobiernos tolerados y apoyados por el gobierno de Washington para controlar el paso de drogas y ahora de migrantes. El problema es que se trata de migrantes de los propios países cooperantes, y las medidas van en contra de sus propios intereses, pero ya vimos que eso no importa con tal de mantener el poder y congratularse con el gobierno de Estados Unidos.

En este contexto, el presidente de Guatemala, fiel a sus principios de lealtad al gobierno de Washington, anunció que firmará un acuerdo con Estados Unidos. Sin embargo, debemos recordar que a mediados de julio la Corte de Constitucionalidad recibió tres recursos de amparo en contra de la decisión de firmar un acuerdo para convertir a Guatemala en tercer país seguro. La Corte expresó en su resolutivo: “Se previene al Presidente de la República de Guatemala que, para asumir la decisión, en nombre del Estado de Guatemala, de constituir al territorio nacional como un Tercer país seguro, debe cumplir el mecanismo establecido en la literal l) del artículo 171 de la Constitución Política de la Republica” (Pitán, 2019).

La resolución de la Corte interrumpió el viaje del presidente Jimmy Morales a Washington para concretar la firma del acuerdo previsto. En respuesta, el presidente Trump expresó en un mensaje: “Guatemala, que ha estado formando caravanas y enviando a Estados Unidos un gran número de personas, algunas de ellas con antecedentes penales, ha decidido romper el trato que tenía con nosotros al firmar el acuerdo necesario de Tercer País Seguro” (Coronado, 2019, cursivas añadidas).

Las presiones se intensificaron, y el 26 de julio de 2019, luego de las amenazas del presidente Trump de imponer aranceles al comercio de Guatemala, prohibir viajar a los guatemaltecos e imponer medidas restrictivas a las remesas, los gobiernos de Guatemala y de Estados Unidos firmaron un acuerdo migratorio en el despacho de la Casa Blanca. En el acto, Donald Trump expresó que llevan “varios años lidiando con Guatemala. Ahora estamos en un punto en el que nos llevamos bien. Hacen lo que les pedimos que hagan. Creo que será algo bueno para Guatemala” (Vicente, 2019, cursivas añadidas).

El presidente Trump tiene razón cuando dice “hacen lo que les pedimos que hagan” porque Jimmy Morales, el presidente de Guatemala, violó los procedimientos en la firma del acuerdo. La Corte de Constitucionalidad había indicado que la firma debía pasar por la aprobación del Congreso de su país y, sin embargo, no se hizo el trámite. De todas maneras, una vez firmado el acuerdo la Corte exculpó al presidente guatemalteco. En un comunicado oficial se lee:

La Corte de Constitucionalidad considera que el amparo provisional otorgado el 14 de julio de 2019, ante la amenaza de la posible firma de un Convenio de Tercer País Seguro, cumplió con su finalidad, prevenir al Presidente de la Republica de cumplir con los mecanismos establecidos por la Constitución Política de la República de Guatemala, para firmar un convenio de esa naturaleza y con esos alcances, según lo dicta el Artículo 171 constitucional.

Tomando en cuenta lo anterior, la Corte de Constitucionalidad, con fecha 9 de septiembre del presente año, declaró con lugar la solicitud de revocatoria del amparo provisional formulada por el Presidente de la República de Guatemala, quien ostenta la facultad constitucional de dirigir la política y las relaciones internacionales y que teniendo pleno conocimiento de los alcances y obligaciones que asumirá el Estado de Guatemala por medio de la adopción del “Acuerdo entre los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República de Guatemala Relativo a la Cooperación respecto al Examen de Solicitudes de Protección” y de todos los arreglos que de estos deriven y de la ruta legal establecida en la Constitución Política de la República de Guatemala para la firma de esa naturaleza, tiene la responsabilidad de propiciar que se agote el procedimiento legal establecido para que el acuerdo en cuestión cobre vigencia. Es importante subrayar que dicho Acuerdo establece en el Articulo 8, que el mismo entrará en vigencia “por medio de un canje de notas entre las partes, en el cual deberán indicar que cada una ha cumplido con los procedimientos jurídicos nacionales necesarios para el efecto” (Corte de Constitucionalidad, 2019, cursivas añadidas).

El comunicado evidencia la contradicción y lo dicho por el jefe de la Casa Blanca: “Hacen lo que les pedimos que hagan”. La aprobación del Congreso debió darse antes y no después de la firma, pero la realidad muestra una y otra vez que la historia se repite para los países centroamericanos que están bajo el mandato de los gobiernos en turno de Estados Unidos.

Ahora bien, el acuerdo firmado tendrá, en principio, una duración de dos años, prorrogable. Entre los puntos del acuerdo destacan: la operación de un “plan inicial” que consiste en el procedimiento para traslados, la cantidad de personas a ser trasladadas, y necesidades de capacidad institucional. Otro punto relevante del acuerdo es que Guatemala se obliga a no retornar y a no expulsar a ningún solicitante de protección que Estados Unidos haya enviado a territorio guatemalteco.

En suma, se trata de convertir a Guatemala en el “vertedero” de los desventurados inmigrantes (Bauman, 2005). Los que no podrán aspirar al sueño americano tienen que quedarse confinados en Guatemala, espacio que debe cumplir una función de muro de contención que define el destino del migrante.

La “recompensa” para Guatemala por la firma del acuerdo será la implementación de una “guía” para que el país salga de la ruina y prospere. En efecto, Mauricio Claver-Carone, funcionario para Asuntos del Hemisferio Occidental del presidente Donald Trump, filtró a los medios que Estados Unidos y los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica “trabajan en una guía de crecimiento económico y prosperidad para alcanzar el desarrollo de esta región y reducir la migración por razones económicas” (Morales, 2019). Según lo dicho por el funcionario, su implementación ocurrirá una vez que se reduzcan los flujos migratorios. ¿Cómo entender esto? ¿No se supone que la guía, el plan, la iniciativa, es para reducir los flujos? La idea es “crear empleos e inversiones que beneficien a EE. UU. y a estos países” (Morales, 2019), refirió el funcionario.

Una vez firmado el acuerdo con Guatemala, toca el turno a El Salvador. En un comunicado de prensa fechado el 20 de septiembre de 2019, publicado por la embajada de Estados Unidos en El Salvador, se lee:

El Secretario de Seguridad Nacional en funciones de los Estados Unidos, Kevin McAleenan, y la Canciller de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, en representación de los gobiernos de Donald Trump y Nayib Bukele, firman este 20 de septiembre de 2019, un acuerdo de cooperación bilateral para la cooperación respecto a solicitudes de protección. Los dos gobiernos se comprometen a abordar el tema de migración de una forma conjunta y humana, de tal forma que contribuya a mejorar la prosperidad y seguridad de la región (Embajada de Estados Unidos en El Salvador, 2019).

No se dieron más detalles sobre el contenido del “acuerdo de cooperación”, pero va en la misma línea política de ir construyendo muros, espacios de contención para los migrantes, de manera que los que logren pasar los filtros sean los menos y la presión en la frontera de Estados Unidos sea más manejable.

No hay duda de que lo mismo se logrará con Honduras. Al momento de escribir este texto todavía no se había concretado la firma, pero las evidencias indican que va en esa ruta. Así, desde agosto de 2019 el presidente de Honduras y el secretario interino de Seguridad Nacional se reunieron en Washington para abordar temas sobre seguridad y migración irregular. Luego, el 20 de septiembre, se reunió con una delegación del gobierno de Estados Unidos encabezada por James McCament, subsecretario adjunto del Departamento de Seguridad Nacional. El resultado fue una declaración conjunta:

Representantes de alto nivel de los gobiernos de los Estados Unidos y Honduras se reunieron esta semana en Tegucigalpa, para conversaciones sobre cómo mejorar la colaboración en las áreas de aplicación de la ley y el intercambio de información, reforzar la seguridad fronteriza regional, fortalecer las protecciones migratorias, y aumentar las oportunidades de empleo temporal en los Estados Unidos (Embajada de Estados Unidos en Honduras, 2019, cursivas añadidas).

El proceso descrito, y que constituye parte de lo que ofrece este libro, deriva del acontecimiento de la caravana migrante centroamericana, que irrumpió en la frontera sur de México y generó un gran movimiento de las organizaciones defensoras de los derechos humanos de los migrantes, del gobierno federal, de la ONU a través del ACNUR y del gobierno de Estados Unidos. Curiosamente, los gobiernos de los países expulsores permanecieron callados, solo el de Guatemala se pronunció para decir que investigaría para identificar a los culpables de la organización de la caravana.

La caravana es la manifestación más clara de un sistema migratorio en crisis profunda, un sistema que se expandió rápidamente ante la magnitud de la combinación toxica de pobreza, exclusión, precariedad extrema y violencia. La caravana es una respuesta, una rebelión de las masas, mínimamente organizada para transitar por un largo camino lleno de obstáculos.

Encontramos voces diversas, a propósito de la primera caravana que impactó profundamente a la sociedad civil mexicana, y dio la vuelta al mundo en una fotografía divulgada por la agencia AFP en la que se aprecia una multitud cruzando sobre el puente del río Suchiate. Una de esas voces es la de la Fundación Heinrich Böll:

Quienes se ven forzados a desplazarse debido a un contexto de violencia y pobreza generalizada, en donde las condiciones mínimas de vida digna y respeto a los derechos humanos no han sido garantizadas, tienen el derecho internacionalmente reconocido a buscar asilo y a sus casos sean procesados sin más requisito que la simple solicitud (Fundación Heinrich Böll, 2018).

En realidad, las personas que participaron en la caravana migrante no venían buscando asilo, la mira era llegar al norte, a Estados Unidos; los menos utilizaron la vida del asilo como estrategia para cumplir con el sueño americano.

Con frecuencia los medios de comunicación y los organismos internacionales se refieren a la “crisis humanitaria”, que se pone en primer plano y esconde todo lo que está detrás. La “crisis humanitaria” es una de las expresiones de la desposesión de los elementos básicos que permiten la continuidad de la vida: comida, vestido, techo, higiene, salud; pero, en todo caso, con la “ayuda humanitaria” la crisis puede ser superada. Lo que no puede ser superado con ella es la condición que da lugar a la “crisis humanitaria”, es decir, los factores que hacen posible el éxodo.

Las crisis humanitarias en el mundo tienen expresiones distintas según la naturaleza de las causas que las originen. Los casos más extremos se pueden observar en el conflicto que inició en 2014 en Yemen; en ese país, un grupo de expertos de la ONU realizó en 2019 un estudio y concluyó que entre las “violaciones humanitarias” se “incluyen bombardeos indiscriminados, asesinatos y detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y de género, y el bloqueo a la ayuda humanitaria” (“Un informe de la ONU…”, 2019).

En el caso que nos ocupa no alcanza esta connotación porque no se trata de un escenario de guerra convencional, sino de una “guerra” económica que pone todos los mecanismos a su servicio para el “despojo”, que lleva finalmente a la expulsión de la población. De pronto, el gobierno de Estados Unidos descubrió que la migración, especialmente la centroamericana, ya no era funcional a la reproducción ampliada del sistema norteamericano, y comenzó una verdadera cacería; las detenciones alcanzaron cifras históricas durante la administración de Barack Obama, hasta parecía una marca racista: mientras que en ocho años de gobierno de George Bush se capturó a 526 509 migrantes centroamericanos, en solo seis años Obama sumó 639 600 (Villafuerte y García, 2017). Pues bien, en menos de la mitad del tiempo de Obama el gobierno de Trump detuvo en la frontera sur de Estados Unidos a 975 365 migrantes de los países del norte de Centroamérica (CBP, 2019).1

En efecto, hasta el año 2000 la migración centroamericana no era tan visible para el gobierno de Washington, que se preocupaba por la migración de mexicanos, y los gobiernos en turno, de George W.

1 La cifra puede ser un poco menor, pero no tanto, porque el presidente Trump tomó posesión en enero de 2017 y la contabilidad del año fiscal 2017 comenzó́ en octubre de 2016 (tres meses antes), aunque para completar el año fiscal 2019 faltaría septiembre, lo cual compensaría los meses de 2016, de manera que la cifra es bastante cercana al tiempo que lleva al frente del gobierno.

Busch y Vicente Fox, habían iniciado conversaciones para una posible reforma migratoria. Los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 vinieron a echar abajo la peregrina ilusión del otrora canciller Jorge Castañeda sobre la llamada “enchilada completa”, es decir, una reforma migratoria integral.

Este acontecimiento subsumió toda la agenda bilateral; el comercio pasó a subordinarse al tema de seguridad y lo mismo ocurrió con el tema migratorio, que fue puesto en la misma agenda y se estigmatizó de tal manera que comenzaron a implementarse medidas de todo tipo para contener la marea migratoria, que mostraba un tendencia creciente a tal grado que entre 2004 y 2005 las estadísticas del Instituto Nacional de Migración (INM) registraron el número más elevado de detenciones —eventos de aseguramientos, en la gramática institucional— en la historia reciente: 215 695 y 240 269, respectivamente (Villafuerte, 2008: 196). Estas cifras nunca más se alcanzaron en años posteriores, y esto llevó a que el gobierno de Estados Unidos presionara al gobierno de México para evitar el tránsito. Lo cierto es que el cruce de fronteras ha sido inevitable, se abren nuevas rutas, se construyen redes que se conectan con los lugares de origen, en el tránsito y en el destino; “fronterización” y “desfronterizacioón” implican una dialéctica que no logrará superarse si los gobierno siguen empecinados en la vía de la contención.

En este marco problemático, el libro ofrece un ángulo de lectura y pone de relieve los desafíos de la política migratoria de la Cuarta Transformación, así como los empecinamientos del gobierno de Donald Trump por externalizar su frontera a través de obligar a los gobiernos a adoptar medidas de inmovilización. En los cinco en- sayos se puede leer un conjunto de planteamientos que van desde una radiografía de la dinámica sociodemográfica de los tres países que conforman el norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras), cuyo propósito es ubicar al lector, con datos duros, sobre las bases que sustentan el impulso a migrar, hasta el análisis en torno a cómo los medios abordan el fenómeno migratorio, en particular las llamadas caravanas, que llevan a la conformación de ciertas opiniones en el ámbito nacional y más allá de las fronteras nacionales.

El libro inicia con el trabajo de Jéssica Nájera y Luz Helena Rodríguez, que analizan las tendencias sociodemográficas de la población de los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica. La descripción y el análisis de tales características permiten tener un marco de referencia para entender por qué ocurren los flujos migra- torios hacia Estados Unidos, y dibujan la posibilidad de construir escenarios posibles de mantenerse las mismas estructuras de población, así́ como las condiciones sociopolíticas de la región caracterizadas por la precariedad laboral y la violencia cotidiana.

A continuación, el trabajo de Daniel Villafuerte, titulado “La migración centroamericana y la Cuarta Transformación ¿hacia un nuevo paradigma de política migratoria?”, presenta un análisis y una perspectiva sobre la profundidad del fenómeno migratorio, las medidas de urgencia implementadas por los gobiernos de México y Estados Unidos, y los escenarios previstos en el marco de una visión apocalíptica de la Casa Blanca que está logrando su propósito de someter a los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras y México para que adopten medidas como “tercer país seguro”. Concluye con un llamado a voltear la vista hacia los grandes problemas que tienen los países centroamericanos, la pobreza y la exclusión social, que re- quieren atención especial en el sector de jóvenes, en particular los más de 362 000 que cada año entran a engrosar las filas del mercado laboral, pero solamente el 35 por ciento logra un empleo. El otro problema referido por el autor son los dos millones de campesinos que viven en el llamado Corredor Seco, que con frecuencia están sometidos a severas condiciones climáticas, y expuestos a perder sus cosechas y a padecer hambre.

El capítulo escrito por María Eugenia Anguiano y Chantal Lucero, denominado “La construcción gradual de la política de contención migratoria en México”, da cuenta de los programas, la legislación y las acciones que, en un periodo que se extiende de 1993 a 2018, han ido conformando una política de contención migratoria, particularmente orientada a la gestión del tránsito y la “legal estancia” de personas migrantes que se desplazan por territorio mexicano con intención de ingresar a Norteamérica. Si bien en el año 2011 se emitió la más reciente Ley de Migración y en años posteriores se promulgaron leyes complementarias sobre asilo y refugio, la política migratoria mexicana, particularmente la de control y contención de flujos de extranjeros que se desplazan por el país en tránsito hacia Norteamérica, se ha venido gestando en décadas previas. Como antecedentes más directos pueden mencionarse la conformación del Instituto Nacional de Migración en el año 1993 y los sucesivos programas de “atención” y gestión migratoria en la frontera sur mexicana.

El trabajo de Rafael Alonso Hernández López, “Entre el cambio y la continuidad. La encrucijada de la política migratoria mexicana”, ofrece una perspectiva crítica en torno a la construcción de la política migratoria del gobierno de la Cuarta Transformación, compara las políticas anteriores con las actuales y plantea las similitudes, para lo cual hace referencia a los ineludibles acontecimientos que se constituyeron en parteaguas de la política migratoria, como fueron la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, y la promulgación de la Ley de Migración en 2011, así como el giro antinmigrante con el Programa Integral Frontera Sur implementado en el verano de 2014. Asimismo, hace un balance y un análisis sobre la gestión de los flujos migratorios durante los primeros diez meses de la administración del nuevo gobierno mexicano a partir de lo que se ha definido por la Secretaria de Gobernación como la “nueva política migratoria”, para llegar a plantear su falta de concreción. El autor concluye mencionando la necesidad de un cambio profundo en las instituciones que pasa por eliminar de ellas la corrupción y los vicios enquistados desde hace décadas. Esto con especial énfasis en el Instituto Nacional de Migración, que debe tener una vocación de servicio y hacer más accesibles y eficientes los mecanismos de regularización migratoria.

Cierra el libro con el trabajo de María del Carmen García, “Discurso y poder: la coyuntura de las caravanas de migrantes centroamericanos y la retórica desde el poder de mentir”, cuya reflexión está centrada en el análisis y la crítica en torno a la construcción de los discursos mediáticos que ocultan el fondo del fenómeno migratorio, su naturaleza y su lógica; incluso se asegura que existen convergencias entre las políticas de Trump y las de López Obrador, lo que evidencia la ligereza con que se construye el discurso mediático. Son los peligros que corre todo fenómeno complejo que se intenta describir y caracterizar al calor del acontecimiento, lo que, sin embargo, tiene implicaciones prácticas que de entrada ponen en la misma bolsa visiones contrapuestas.

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