CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES

El impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe

Informe Naciones Unidas
El impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe
julio 2020

Partes de América Latina y el Caribe se han convertido en zonas críticas de la pandemia de COVID-19, exacerbada por estructuras de protección social débiles, sistemas de salud fragmentados y profundas desigualdades. El COVID‑19 provocará en la región la peor recesión de los últimos 100 años y se estima que generará una contracción del 9,1% del producto interno bruto (PIB) regional en 2020[1]. Esto podría aumentar el número de personas en situación de pobreza en América Latina en 45 millones (hasta llegar a un total de 230 millones de personas) y el número de personas en situación de extrema pobreza en 28 millones (llegando a un total de 96 millones de personas), poniéndolas en riesgo de desnutrición. En una región que experimentó un número significativo de crisis políticas y protestas en 2019, el aumento de las desigualdades, la exclusión y la discriminación en el contexto de la pandemia afectará negativamente el goce de los derechos humanos y los avances democráticos; situación que, de no atenderse, podría eventualmente derivar en malestar social y disturbios.

Antes de la pandemia, el modelo de desarrollo de la región ya enfrentaba graves limitaciones estructurales: elevados niveles de desigualdad, limitaciones de las balanzas de pagos y exportaciones concentradas en sectores de baja tecnología, lo que se manifestaba en crisis cambiarias y de deuda recurrentes, bajo crecimiento, altos niveles de informalidad y de pobreza, vulnerabilidad al cambio climático y a los desastres naturales y pérdida de biodiversidad. Los indicadores sociales negativos se veían —y siguen viéndose— agravados por las tasas extremadamente altas de homicidios y de violencia de género, incluido el feminicidio.

La recuperación posterior a la pandemia debería ser una oportunidad para transformar el modelo de desarrollo de América Latina y el Caribe y, al mismo tiempo, fortalecer la democracia, salvaguardar los derechos humanos y mantener la paz, en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Los costos de la desigualdad en la región se han vuelto insostenibles. La respuesta exige encontrar un nuevo equilibrio entre el papel del Estado, el mercado y la sociedad civil, poner el énfasis en la transparencia, lograr un mayor grado de rendición de cuentas y niveles más altos de inclusión para consolidar la democracia, fortaleciendo el Estado de derecho y protegiendo y promoviendo los derechos humanos. Deben abordarse las causas profundas de la desigualdad, la inestabilidad política y los desplazamientos. Estas medidas, a su vez, exigen el establecimiento de pactos sociales para dotarlas de legitimidad y apoyo, un firme compromiso de lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, así como una presencia efectiva, responsable y eficaz del Estado en todo el territorio. Los logros alcanzados en la consolidación de la paz durante los últimos tres decenios deben preservarse y profundizarse.

La igualdad es la clave para el control eficaz de la pandemia y para una recuperación económica sostenible en América Latina y el Caribe. A corto plazo, la igualdad ayuda a sostener los ingresos y la demanda agregada. La atención prestada a la inclusión social contrarresta el aumento de la xenofobia y la estigmatización de los grupos marginados.

La activa contribución de la juventud debe ser reconocida, apoyada y aprovechada, ya que cerca del 17% de la población de América Latina y el Caribe tiene entre 15 y 24 años de edad[2].

En la recuperación económica, la igualdad es fundamental para impulsar el crecimiento y la productividad de manera tanto directa — mediante el acceso a la educación, la alimentación, la salud y las oportunidades para todas las personas— como indirecta, evitando la concentración del poder económico y político que limita, captura y distorsiona las políticas públicas. En América Latina y el Caribe, reconstruir mejor implica reconstruir con igualdad.

La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres deben estar en el núcleo de la respuesta. Las mujeres se han visto desproporcionadamente afectadas por la pandemia; trabajan mayormente en el sector informal y en los sectores más perjudicados, su capacidad para absorber choques económicos es menor y se hacen cargo de mayores demandas de cuidado en el hogar, al tiempo que se ven más expuestas al aumento de la violencia en una región que ya mostraba tasas elevadas de violencia de género. Deben hacerse todos los esfuerzos para garantizar que las mujeres, las niñas y las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) puedan disfrutar de sus derechos con plenitud, incluido el derecho a una vida libre de violencia, explotación y discriminación, el derecho a la salud y a la educación, al empleo, el salario y la protección social, así como la promoción de su autonomía económica y participación política.

La respuesta al COVID‑19 debería acercarnos a la visión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en cuatro dimensiones clave sustentadas firmemente en los derechos humanos:

  • Dimensión social: basada en la igualdad y la protección social universal, independientemente del sexo o el género, la edad, la raza, el origen étnico, el idioma, la religión, la condición jurídica o el estatus migratorio, o de cualquier otra situación o circunstancia personal.
  • Dimensión económica: basada en la creación de empleos decentes, sostenida por una mayor capacidad tecnológica local.
  • Dimensión ambiental: basada en la protección de la naturaleza y el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras.
  • Dimensión política: basada en la democracia, el estado de derecho, la transparencia, la igualdad de género, la prevención de conflictos y la rendición de cuentas, así como en la participación y el acceso de la sociedad civil y las comunidades locales a la información en todas las fases de la formulación, la aplicación y la evaluación de las políticas públicas.

Recomendaciones a corto plazo:

  • Considerar la exploración de mecanismos para proporcionar a todas las personas que viven en la pobreza ingresos básicos de emergencia. Esto puede incluir la posibilidad de proveer el equivalente al umbral nacional de pobreza[3]. A fin de abordar la inseguridad alimentaria y la malnutrición, estas medidas podrían complementarse, cuando fuera necesario, con bonos contra el hambre para quienes viven en la extrema pobreza[4].
  • Debería garantizarse el pleno acceso de todos quienes lo necesiten a la asistencia económica y humanitaria y a los servicios básicos, especialmente a los trabajadores del sector informal, las mujeres, los jóvenes y las personas que se encuentran en las situaciones más vulnerables: los niños y las niñas, las personas mayores, los afrodescendientes, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, las personas LGBTI, los desplazados internos, los migrantes, los refugiados y las minorías, así como las mujeres que han sufrido violencia infligida por su pareja, violencia sexual u otras formas de violencia de género.
  • Aplicar medidas dirigidas a preservar las aptitudes y las capacidades productivas y de gestión, para que la producción pueda responder cuando se recupere la demanda, como subsidios de emergencia para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), especialmente para cubrir los costos laborales. Las políticas deberían facilitar la igualdad de acceso a las tecnologías, herramientas y plataformas de la información y las comunicaciones (TIC). En el caso de las empresas más grandes, el apoyo financiero podría proporcionarse con condicionalidades, como proteger el empleo, invertir en investigación y desarrollo (I+D), realizar inversiones verdes y abstenerse de distribuir dividendos entre los accionistas.
  • La respuesta multilateral internacional inmediata debería ampliarse a los países de ingreso medio. Este grupo, que incluye a la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, se enfrenta a limitaciones estructurales y, sin embargo, ha quedado excluido en gran medida de la cooperación en forma de respuesta de liquidez de emergencia, financiamiento en condiciones favorables, exenciones comerciales, aplazamiento de los pagos por servicio de la deuda y asistencia humanitaria. Estos instrumentos se necesitan con especial urgencia para hacer frente al aumento de la deuda pública externa de los pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe. La sostenibilidad de la deuda debería buscarse fomentando el crecimiento sostenible e inclusivo, y no mediante una austeridad que paralice la inversión. Se debería ampliar el financiamiento internacional, incluyendo una asignación importante de derechos especiales de giro, acompañada de iniciativas para el alivio o la postergación de pagos de la deuda y de mecanismos de financiamiento innovadores, como la iniciativa de canje de deuda por adaptación al cambio climático para los pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe[5].

Recomendaciones para reconstruir con igualdad

  • Promover sistemas de bienestar integrales, con planes de protección social renovados y acceso universal a la atención de la salud y la educación para todas las personas, sin discriminación e independientemente de la situación jurídica o el estatus migratorio. Deberían comprender medidas específicas para proteger a los grupos más vulnerables.
  • Promover políticas industriales y tecnológicas sostenibles (ODS 9), que incluyan medidas que fomenten una senda de crecimiento con bajas emisiones de carbono, reasignen a los trabajadores del sector informal a trabajos decentes, promuevan la transición a las energías renovables, creen capacidades en materia de salud y de tecnologías digitales y verdes, y reduzcan la vulnerabilidad a nuevas crisis. La inversión en investigación y desarrollo y la cooperación con las universidades, la comunidad científica y el sector privado son cruciales para la resiliencia y la recuperación.
  • Reforzar los sistemas tributarios progresivos para fortalecer la movilización de recursos internos (ODS 17), al tiempo que se asegura que el esfuerzo fiscal se basa en impuestos redistributivos y que se frenan la evasión y la elusión de impuestos.
  • Preservar los ecosistemas naturales terrestres y marítimos estratégicos al tiempo que se reducen las desigualdades territoriales, mediante la conservación de la biodiversidad y sistemas agrícolas y forestales más inclusivos, orientados a las comunidades y los productos locales, y respetuosos del derecho de los pueblos indígenas a sus tierras tradicionales.
  • Promover la integración económica regional para apoyar la diversificación productiva, la resiliencia económica y la cooperación regional en materia de financiamiento de la investigación, la ciencia y la tecnología.
  • Fortalecer la gobernanza democrática, el estado de derecho, la rendición de cuentas y la transparencia sobre la base de un pacto social para garantizar la legitimidad, la inclusividad y la eficacia de las políticas públicas, así como la participación de las comunidades locales y la sociedad civil, incluidas las organizaciones de mujeres y de jóvenes.
  • La sostenibilidad medioambiental, sustentada en la Agenda 2030, debería servir de base para relanzar la cooperación multilateral, en particular en los países en desarrollo. Para lograr la recuperación económica, hacen falta un multilateralismo y una cooperación internacional fuertes. Es preciso implementar nuevas formas de gobernanza para hacer frente a desafíos mundiales fundamentales, como el cambio climático y la movilidad humana, las pandemias y la lucha contra los flujos de capital ilícitos. Una transición justa hacia una economía con cero emisiones de carbono, que en muchos casos requerirá inversiones que promuevan tecnologías y sectores económicos respetuosos del medio ambiente, debería ser un componente fundamental de la recuperación.

[1] A menos que se indique lo contrario, todos los datos en este informe de políticas son de la Comisión Económica para América Latina y   el Caribe (CEPAL).

[2] Naciones Unidas, World Population Prospects 2019: https://population.un.org/wpp/

[3] La CEPAL estima que, en promedio para la región, la línea de pobreza es de aproximadamente 140 dólares por mes.

[4] La CEPAL estima que, en promedio para la región, la línea de extrema pobreza es de aproximadamente 67 dólares por mes.

[5] CEPAL, “Debt for Climate Adaptation Swap Initiative for Caribbean SIDS”: https://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/19- 00814-debt_initiative_flyer-web.pdf.

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