Recuperación con igualdad de género y justicia climática

CONVOCATORIA DE INVESTIGACION PARA MUJERES Y HOMBRES JÓVENES INVESTIGADORXS – ACTIVISTAS

Fundamentos

Si bien a lo largo del trienio 2018-2020, la región latinoamericana venía mostrando claros signos de deterioro de la situación política, económica y social, no hay dudas que con la Pandemia de la Covid-19 se establece un punto de inflexión sin precedentes para la región y para el mundo en general. La crisis provocada por la Covid19 evidenció aún más las contradicciones estructurales y las grandes desigualdades que por años han estado presentes en la región de América Latina.

Con la pandemia, las disposiciones de confinamiento y restricciones a la movilidad (cierre de fronteras, control del transporte y del comercio de bienes y servicios para el mercado interno y externo) tuvieron fuertes impactos en el incremento del desempleo, la informalidad y la caída de los ingresos familiares. La nueva normalidad es la de una región más pobre y desigual.

La recuperación está marcada por iniciativas de reactivación económica de corte extractivista con proyectos de minería, producción energética y de agronegocios que incrementan la presión sobre los recursos naturales y los territorios de las comunidades rurales, con enormes brechas de género, profundizando el hambre, la desnutrición y la crisis climática.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y otras agencias de las Naciones Unidas han enfatizado en la inminente crisis alimentaria y han urgido a los gobiernos de la región a tomar medidas para mitigar este flagelo[1]. En mayo 2020, la FAO informó que el Corredor Seco de Centroamérica, aumentará el número de personas con inseguridad alimentaria severa pasando de más de 1,6 millones a cerca de 3 millones de personas; además señaló que 10 millones de personas más podrían ser empujadas a la pobreza y el hambre en 11 países de la región.

En este sentido cabe mencionar el papel de las mujeres rurales, campesinas e indígenas “como agentes claves para el desarrollo de estrategias efectivas de respuesta para combatir el hambre y la pobreza, aun cuando son quienes menos acceso tienen a la propiedad de la tierra, al capital, educación y salud” menciona ONU Mujeres^[2]. Adicionalmente con la pandemia han sido las mujeres quienes ha asumido la recarga del cuidado de personas y las tareas domésticas, producto del cierre de escuelas, el aislamiento preventivo y la necesidad de contención emocional de los demás miembros de la familia[3].

Por el lado de vivienda y el hábitat, según las Naciones Unidas, la proporción de personas que no tienen una vivienda adecuada en América Latina asciende a un 40% de la población de la región[4]. Los países donde se presentan los déficits más altos están, por ejemplo, Nicaragua (78%), Bolivia (75%) y Guatemala (67%). Estas cifras, además, esconden la existencia de una amplia brecha todavía existente entre áreas geográficas: en los territorios rurales, el déficit cualitativo suele ser mucho más alto que en las ciudades, debido a la prevalencia de carencias en cuanto a acceso a servicios básicos y públicos de calidad.

La pertinencia de estudiar procesos de producción del hábitat en términos de su potencial para garantizar vivienda adecuada y otros derechos de manera sustentable cobra mayor sentido luego de entender las vulneraciones al derecho a la vivienda que han ocurrido durante la pandemia. Según un estudio realizado a nivel global por We Effect, UrbaMonde y la Red Co-Hábitat[5], un 49% de las personas participantes tuvieron dificultades para costear sus viviendas, un 43% perdieron más de la mitad de sus ingresos, un 40% de quienes habitaban en viviendas con tenencia irregular recibieron amenazas de desalojo, al igual que 10% de personas en alquiler privado y 2.8% de personas en propiedad individual.

Dicha investigación revela, en conclusión, que las personas que residen en modalidades de vivienda colectiva o socialmente gestionada y producida tienen una importante ventaja en comparación con las situaciones de alojamiento irregular, vivienda prestada o de alquiler, y la propiedad individual estándar, en lo que respecta a seguridad y habitabilidad. En el marco de la pandemia, estos modelos han sido capaces de ofrecer una mayor protección ante desalojos, ejecuciones hipotecarias o mudanzas forzadas, incluso si la población inquilina ha perdido parte de sus ingresos. El estudio también confirmó que los modelos de vivienda comunitaria, incluyendo los cooperativos, tienen más probabilidades de fomentar actividades colectivas que reducen cargas de trabajo doméstico, especialmente para las mujeres, previniendo así el aislamiento, la soledad, el estrés y la depresión.

Por todo lo anterior, We Effect en América Latina y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) lanzan la presente convocatoria para que mujeres y hombres jóvenes en todas sus diversidades aporten con evidencias, análisis y propuestas sobre la relación entre el derecho a la alimentación y un hábitat sustentable, teniendo como sujeto de estudio a las mujeres rurales de comunidades campesinas, indígenas o afrodescendientes. La convocatoria está abierta para equipos mixtos, integrados por investigadorxs jóvenes y por activistas. Además, las propuestas deben abordar de manera transversal la recuperación socioeconómica ante la Covid-19, bajo una perspectiva de justicia climática y de género.

Algunos temas sugeridos para las postulaciones en Derecho a la Alimentación:

Brechas de género en materia de derecho a la alimentación en los ámbitos rurales y periurbanos.
Modelos de economía social y solidaria desde la perspectiva de la economía feminista para la recuperación socioeconómica con igualdad de género.
Modelos cooperativistas con igualdad de género para aliviar el hambre y a la desnutrición.
Desigualdad de género y cuidados en los ámbitos rurales desde la perspectiva del derecho a la alimentación.
Acaparamiento de tierras, comunidades indígenas y derecho a la alimentación. La situación de las defensoras de los territorios y bienes comunes.
ODS: derecho a la alimentación, justicia climática y justicia de género, lecturas desde la ruralidad para su cumplimiento.

Algunos temas sugeridos para para las postulaciones en Hábitat Sustentable:

Experiencias y alternativas sustentables de gestionar y producir la vivienda y el hábitat en áreas rurales y periurbanas.
El derecho a un hábitat sustentable para (a) la permanencia digna en los territorios y (b) prevenir la migración forzada.
La vivienda y el hábitat socialmente producidos como medios para resolver la crisis de los cuidados.
Modalidades cooperativas de vivienda en el ámbito rural: aprendizajes y escalabilidad en la política pública.
Soberanía alimentaria, justicia climática y hábitat: relacionamientos posibles y tensiones.
Repensar la vivienda y el hábitat rurales en la política pública: contribuciones desde un enfoque de derechos.