The Information State. Politics in the age of total control

Reseña del libro de Jacob Siegel (2026). The Information State: Politics in the Age of Total Control. Nueva York: Henry Holt and Company (ISBN 978-1-250-36312-1).
Por Ricardo Mansilla

En The Information State, Jacob Siegel propone una genealogía combativa del poder informacional en Estados Unidos que, por su pertinente actualidad, sobrepasa las fronteras de esta nación. Es un espejo donde deben mirarse todas las democracias actuales amenazadas por los flagelos de la polarización política y las derivas autoritarias. Su tesis es inequívoca: la infraestructura tecnológica, institucional y discursiva construida para enfrentar amenazas externas —desde la guerra contrainsurgente, la “guerra contra el terrorismo”, la lucha contra la desinformación y la lucha “contra los enemigos de la nación”— se habría reorientado progresivamente hacia la regulación de la esfera pública doméstica. El resultado sería un “Estado informacional” capaz de influir sobre la opinión pública mediante vigilancia, moderación de contenidos, alianzas entre gobierno y plataformas, y producción de narrativas legitimadoras.

La obra está organizada en tres partes —“Origins”, “Conquest” y “Revolt”— que conducen al lector desde una historia intelectual de la técnica y la información hasta los conflictos contemporáneos sobre plataformas digitales, interferencia extranjera, COVID-19, Rusia y polarización política. Siegel combina historia de las ideas, periodismo de investigación y ensayo político. Este ensamblaje constituye una de las virtudes del libro: permite advertir que la política digital no puede comprenderse exclusivamente como asunto de innovación privada o comportamiento individual, sino que está imbricada con instituciones de seguridad nacional, capacidades de vigilancia y formas de coordinación público-privada.

El núcleo más sólido de su argumento reside en cuestionar la aparente neutralidad del vocabulario de la “desinformación”. Siegel recuerda acertadamente que clasificar un contenido como falso, dañino o que merece ser clasificado temporalmente es una operación política además de epistémica: involucra autoridades, procedimientos, intereses y consecuencias distributivas. La pregunta relevante no es sólo quién produce información engañosa, sino también quién posee la facultad de definirla, bajo qué controles y con qué posibilidades de apelación. En este sentido, el libro dialoga productivamente con preocupaciones clásicas de la ciencia política acerca de la responsabilidad democrática, los límites de la razón de Estado y la expansión de poderes administrativos en contextos de emergencia.

Asimismo, la reconstrucción de las continuidades entre seguridad, comunicación estratégica y gobernanza digital resulta sugerente. La obra sitúa en el centro de la discusión las capacidades estatales desarrolladas después del 11 de septiembre y las redes que articulan agencias públicas, organizaciones civiles, universidades, medios y empresas tecnológicas. Más allá de que se comparta o no el diagnóstico de Siegel, su insistencia en examinar estas relaciones es sin duda oportuna. La concentración de infraestructura comunicativa en pocas plataformas y la creciente dependencia estatal de actores dúctiles plantean problemas reales de transparencia, debido proceso y rendición de cuentas.

Por otra parte, la selección de casos también condiciona el alcance de la obra. Siegel, restringido a sucesos de EEUU, concede especial relevancia a agravios asociados con la derecha estadounidense: Russiagate, la laptop de Hunter Biden, las controversias sobre el origen de la COVID-19 y la desmonetización o expulsión de ciertas voces de las plataformas. Estos episodios son relevantes a nivel local, pero una evaluación equilibrada del poder informacional debería brindar igual atención a las restricciones que han afectado a activistas de otros ámbitos. Es necesario llamar la atención de que estructuras represoras similares a las descritas en esta obra son frecuentes en otras naciones. Esta asimetría no invalida la preocupación del autor por la libertad de expresión en su país, pero sí limita su pretensión de ofrecer una teoría general del orden político contemporáneo.

Un problema normativo fundamental del libro radica es su tendencia a presentar una alternativa binaria entre libertad y control. El uso de lógicas binarias en la investigación social es cuando menos näive. Los enemigos de “los malos” no tienen por que ser “buenos”. Las democracias, sin embargo, deben responder simultáneamente a campañas coordinadas de influencia, operaciones de Estados extranjeros, acoso digital y discursos falsos con consecuencias públicas, sin por ello renunciar a garantías constitucionales. El desafío no consiste en abolir toda política contra la desinformación, sino en someterla a principios de legalidad, transparencia, proporcionalidad, supervisión independiente y mecanismos efectivos de recurso.

The Information State es, por tanto, más persuasivo como advertencia que como explicación general exhaustiva. Su mayor mérito es incomodar las certezas tecnocráticas sobre quién puede arbitrar la verdad en el espacio público y con qué instrumentos. Para lectores de ciencia política, estudios de medios y relaciones entre tecnología y democracia, el libro resulta valioso no tanto por cerrar el debate como por obligar a formular mejor algunas preguntas torales: ¿qué poderes informacionales son compatibles con una democracia constitucional?, ¿qué controles deben regir la cooperación entre Estado y plataformas?, y ¿cómo proteger la deliberación pública sin delegar su gobierno a una alianza opaca entre burocracias y empresas?

[Publicada originalmente en el Foro de análisis sobre acción colectiva, protestas y democracia Movimientos e Instituciones]