Bailey y Garzón | Cuando la modernización se topó con la bestialidad en México

Hace solo un par de semanas, la escena política mexicana era ocupada por las grandes reformas y el anuncio de importantes proyectos de infraestructura por parte del presidente Enrique Peña Nieto (EPN). El silencio sobre la violencia y el narcotráfico, como estrategia comunicacional, parecía arrojar resultados. Funcionarios del gobierno habían aprendido el libreto de que la guerra contra las drogas y los más de 60.000 muertes eran parte del pasado. Se hablaba del narco solo para mostrar importantes capturas, mientras que la trágica penetración del crimen organizado en los territorios seguía su curso silenciosamente.

Pero dos hechos le estallaron de frente al gobierno y al país. Primero fue Tlatlaya (Estado de México), donde 22 personas murieron en un enfrentamiento con el Ejército mexicano. Las investigaciones posteriores revelaron que la escena del crimen había sido alterada y que casi todos los muertos habían sido ejecutados por la fuerzas militares. Luego fue Iguala (Guerrero), donde una macabra alianza entre la autoridad local, la policía municipal y grupos criminales fue la responsable del homicidio de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes de magisterio que se disponían a protestar contra el Alcalde de esta localidad.

La bestialidad puso al gobierno de EPN en una difícil situación, con una compleja crisis de corrupción, impunidad, violencia y barbarie. Desde entonces la incertidumbre ha sido la regla. La pregunta que surge es si la impunidad y las evasivas serán otra vez las respuestas del Estado, o si habrá algo nuevo que permita superar una situación que ha horrorizado a los mexicanos.

La respuesta inicial del gobierno a lo ocurrido de Tlatlaya despertó los fantasmas del pasado. En un principio la administración de EPN trató de ignorar y encubrir el incidente; para algunos, el PRI volvía a los simulacros. Sin embargo, luego de que una revista publicó lo ocurrido, el Ejército investigó y detuvo a un oficial y siete soldados. Este avance contra la impunidad trajo un poco de calma. Algo nuevo sucedió: tres de los detenidos serán juzgados por homicidio en un tribunal civil como resultado de una sentencia del Tribunal Supremo.

Iguala en cambio ha sido una historia de terror que se desarrolla en cámara lenta. La búsqueda de los estudiantes desaparecidos reveló varias fosas clandestinas y decenas de cadáveres, pero las autoridades federales y estales no se han puesto de acuerdo sobre la identificación de los cuerpos. Aparentemente hubo un mal manejo de la exhumación y de la evidencia; una torpeza intolerable en medio de la tragedia.

Luego de retrasar por cuatro días la respuesta al caso de Iguala, el presidente Peña Nieto apareció trasladando la responsabilidad al gobierno del estado de Guerrero. En medio de movilizaciones ciudadanas y la indignación nacional su respuesta pareció insuficiente. El presidente EPN entonces prometió que iría “tope donde tope” para llegar a los responsables de esta barbarie. Si bien pocos dudan que el mandatario tiene la mejor intención de continuar con la investigación hasta las últimas consecuencias, la pregunta es si puede hacerlo.

EPN no la tiene fácil. Primero, porque necesitaría de un pacto político para avanzar contra la delincuencia organizada de manera firme y contundente. Segundo, por que se necesitaría un sistema de procuración de justicia con suficiente capacidad para investigar a los grupos criminales y su relación con los gobiernos locales. Para decirlo claramente, las buenas intenciones del presidente no corresponden a lo que realmente puede hacer.

Por el momento no parecen estar dadas las condiciones para un pacto político que involucre a los principales partidos y que le permita al PRI investigar a los gobiernos estatales y locales, de manera independiente. Bajo estas condiciones, la salida del gobernador Ángel Aguirre, antes que aliviar la tensión en Guerrero, podría aumentar las presiones al gobierno federal. Los procesos de cambio y transformación de las fuerzas policiales, los servicios de inteligencia y el sistema de justicia están a medio camino – esto siendo optimistas…

El crimen organizado es como un árbol, ya que usualmente vemos la parte más visible en la superficie, pero tiene hondas raíces bajo tierra. Esas raíces son los vínculos políticos, económicos y sociales que genera el crimen para procurar impunidad y protección para sus actividades y sus miembros. No es un secreto que México ha entrado en una fase avanzada de penetración y cooptación de los gobiernos estatales y locales por parte del crimen organizado, de la cual no le será fácil salir.

Las reformas en el campo de la seguridad y la justicia suelen emerger de situaciones de crisis. Las tragedias de Tlatalya e Iguala exigen el liderazgo del presidente Peña Nieto, para promover una política de Estado que acelere los cambios necesarios. El crimen, la falta de gobernabilidad a nivel local y la impunidad pueden echar al traste el proyecto de modernización económica. No hay duda que la modernización de México, esa que EPN ha prometido, hoy pasa por poner fin al horror, la violencia y la impunidad.

Twitter @JCGarzonVergara

©JOHN BAILEY Y JUAN CARLOS GARZÓN / EDICIONES EL PAÍS, SL, 2014