Rubén de Jesús Ibarra Reyes1 y Elizabeth Amador Márquez2
Palabras clave: Transparencia; rendición de cuentas; democracia
El baluarte bajo el cual se ha constituido a la sociedad occidentalizada es la democracia representativa, entendida desde una noción básica, como un régimen que cuenta con condiciones mínimas de respeto a los derechos políticos de sufragio universal, con jornadas electorales libres, competitivas en un ámbito equitativo, transparentes, justas y por periodos específicos que permitan la alternancia partidista; asimismo, a través de ella los representados, es decir, los ciudadanos son escuchados y participan coactivamente en las decisiones de su gobierno a través del presidente de la República, senadores, diputados, alcaldes, regidores, entre otros.
Lo anterior es atribuible a una amplia gama de clásicos de la teoría política como lo es Norberto Bobbio, Giovanni Sartori y Robert Dahl, en el sentido que hablar de democracia es
1 Doctor en Ciencia Política adscrito a la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)
hacerlo de una abstracción que si bien no puede ser definida a un nivel rígido, sí puede ser descrita y analizada a partir de valores y funciones dentro del juego político, de tal forma que la idealización no siempre, si no es que en su totalidad, no corresponde con la vida democrática de las sociedades consideradas occidentales u occidentalizadas, hablamos no sólo de Europa, sino de América y, a lo largo del presente texto, de México, donde se tiene el ejemplo de una nación que toma para sí los ideales de la representación, pero que se ven empantanados por la corrupción, leyes de cumplimiento laxo, la impunidad y el rechazo de la población a todo lo que se considere político, partidos, funcionarios.
Para Norberto Bobbio (2005) existían seis reglas para que el juego político de la democracia fuera legítimo y válido, mismas que se consideran universalmente procedimentales, ya que plantean los rasgos elementales que definen si una sociedad es democrática o no y que en este caso dan pauta para el abordaje de la transparencia y la rendición de cuentas.
1.Los ciudadanos que hayan alcanzado la mayoría de edad, sin distinción de raza, religión, condición económica y sexo, deben disfrutar de los derechos políticos. 2. El voto de todos los ciudadanos debe tener el mismo peso. 3. Todos los que disfruten de los derechos políticos deben ser libres para poder votar según la propia opinión, formada lo más libremente posible. 4. Deben ser libres también en el sentido de que deben ser puestos en la condición de elegir entre grupos políticos diversos. 5. Tanto para las elecciones como para las decisiones colectivas, debe valer la regla de la mayoría numérica, en el sentido de que se considere electa o válida la que obtenga el mayor número de votos. 6. Ninguna decisión tomada por mayoría debe limitar los derechos de la minoría, en especial el derecho de convertirse a su vez en mayoría en igualdad de condiciones. (Bovero, 2014, p. 18).
En una de sus obras más importantes, El futuro de la democracia (1986), Bobbio critica el desvío de las sociedades autodenominadas bajo el régimen organizacional de la representación por intereses particulares y no por el bien de la ciudadanía, el dominio de las oligarquías, la limitación del espacio público, la extensión de la burocratización estatal, el fomento a la ignorancia y la mala educación del ciudadano, la pérdida de la naciente pluralidad por la
preferencia de la centralización en todos los niveles, en pocas palabras el presente de la democracia mexicana y que dejaría sobrepasadas las seis reglas del juego político, pero que como al final Norberto da un halo de esperanza al señalar hace tres décadas la necesidad de fomentar valores y en la necesidad de formar ciudadanos activos.
Traer al contexto una lectura como lo es El futuro de la democracia es hablar de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas y de cómo hoy más que nunca es un tema vital desde las democracias locales, ya que abre brecha en prácticas nocivas y arraigadas como lo es la corrupción, la cultura de la legalidad y la casi nula participación ciudadana. Si bien los estudios al respecto datan, según Mauricio Merino desde la alternancia con el Partido Acción Nacional (PAN) a inicios de 2000, su andamiaje a lo largo de los años ha devenido en una serie de normatividades, organismos autónomos y centralizados, leyes y sistemas nacionales, que “lejos de abonar soluciones, podrían agravar el problema” (Morales, 2014, p. 18).
Si una discusión inacabada hasta ahora, y he ahí la importancia del debate, que ha dejado la crisis de la democracia que enfrenta México es que ya no se puede concebir ésta sin transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, sin rendición de cuentas desde el funcionario de municipio, hasta el titular del Ejecutivo, y menos aún sin acceso a la información en pleno auge de la Internet y las redes sociales.
Por lo anterior, en los siguientes apartados se aborda el caso local de Zacatecas, en el marco de su reciente incorporación al Sistema Nacional Anticorrupción y al Sistema Nacional de Transparencia a partir de la promulgación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado el 3 de junio de 2017.
Es en este sentido relevante analizar los principales cambios que se han visto desde la perspectiva oficial del gobierno y la recepción que la ciudadanía ha tenido, para ello se ha divido el presente texto en tres apartados, el primero corresponde a una acercamiento general a los conceptos que se han desarrollado en los últimos ocho años sobre lo que implica la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública, a fin de identificar las principales carencias y fortalezas desde lo nacional a lo estatal; el segundo analiza los avances a un año de la implementación de la normatividad en materia de transparencia y rendición de cuentas en Zacatecas; y el tercer apartado contrapone la recepción ciudadana; por último, se presentan
algunas reflexiones finales.
El derecho ciudadano de informar y ser informado por los representantes públicos y por las dependencias y organismos gubernamentales ha sido una constante en imaginario social, pero que de manera escasa se cumplimentaba. Es así que hasta la primera década de 2000 que el reclamo por transparentar y rendir cuentas se vuelve tema prioritario en la agenda pública, principalmente ante los altos niveles de corrupción e impunidad en el país y desde entonces se ha ido construyendo un armazón jurídico y conceptual que busca garantizar a cualquier persona acceder y conocer cómo se ejercen los bienes y recursos a manos de las personas que ejercen el poder.
Para comprender la implicación de la rendición de cuentas y la transparencia se debe identificar que no son lo mismo (aunque ambos obligan a las entidades gubernamentales y autónomas a informar, aunque desde actores, procesos y normatividades distintos). El primer concepto se puede concebir como el elemento ideal aproximado de un gobierno democrático en el que todo ciudadano que ejerza recurso público o que se desempeñe como una autoridad gubernamental rinda cuentas, es decir, que exponga, explique, justifique, demuestre y dé argumentos sobre sus acciones a la población. Si bien la rendición de cuentas en sí es una abstracción compleja de definir y más aún de operacionalizar, se debe priorizar que es la vía por la cual se evidencia que el control de los representantes públicos recae en la ciudadanía.
Al respecto, Mauricio Merino (2010) define la rendición de cuentas como una política que “debe ser entendida como el conjunto de instituciones, normas y procedimientos que tiene como propósito fortalecer la legalidad y el sentido democrático delas responsabilidades públicas y sancionar (positiva o negativamente) a los actores que las asumen” (Merino 2010, p. 9). A su vez que señala que la rendición de cuentas debe servir para:
Tener un control eficaz sobre recursos públicos que ejercen las entidades.
Identificar y prevenir desvíos del erario.
Detectar e impedir que intereses y compromisos financieros arriesguen la estabilidad y capacidad financiera gubernamental.
Inventariar y controlar el uso y destino del patrimonio público.
Saber qué costos efectivos en los que inciden la entidades que ejercen
recursos públicos.
Corroborar los resultados que se obtienen en los ejercicios fiscales sobre los costos de inversión y operacionalización del gasto público.
Priorizar la información concisa y eficiente sobre el uso y destino de los recursos públicos.
A su vez, la transparencia a diferencia de la rendición de cuentas se refiere a la hacer del dominio público cualquier acto público de las entidades gubernamentales en dos niveles, el primero respecto a la comunicación, y difusión en portales de Internet, donde la información que se presenta en primera instancia es de oficio y a la que cualquier persona puede tener acceso sin necesidad de realizar una solicitud previa a la dependencia. El segundo nivel o vertiente corresponde al acceso a la información a través de una solicitud de datos, a la cual puede acceder, bajo el derecho constitucional, cualquier persona.
Respecto a la diferencia entre acceso a la información pública y la transparencia, la primera se encuentra respaldada en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que señala que cualquier ciudadano y habitante del país puede conocer qué son y qué deciden todas las entidades gubernamentales en cualquier nivel, ya sea municipal, estatal o federal.
De tal forma que la vía para garantizar el acceso es la política pública de la transparencia gubernamental. Por ende el ciudadano mexicano tiene el derecho y la posibilidad de conocer cualquier ámbito de interés publico en la medida que tiene que ver con el manejo de los bienes, los recursos y las finanzas que administran las entidades gubernamentales.
En este contexto, a partir de 2015 se crean el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) como medida institucional para fortalecer la rendición de cuentas y con el propósito de restablecer la confianza ciudadana en las entidades gubernamentales. Asimismo, el órgano se respalda con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el Código Penal Federal y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Asimismo, en 2015 se crea el Sistema Nacional de Transparencia, acceso a la información
pública y protección de datos personales, el cual se integra por El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), los organismos garantes de las entidades federativas, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Uno de los primeros pasos que devinieron de la creación de los sistemas anticorrupción y de transparencia fue la reforma o actualización de las leyes estatales en la materia y que tuvo como plazo límite hasta julio de 2016 para darla a conocer a la ciudadanía. Las leyes no actualizadas hasta entonces daban a México, según datos del Índice de Derecho de Acceso a la Información Pública (Idaim), una calificación de 5.1 en 2015, y teniendo sólo 2 leyes buenas, 14 regulares y 17 reprobatorias, la mejor promediada en 9.3 y la peor con 4.5.
En 2016 se logró la estandarización parcial de todas las normatividades estatales con la ley general de Transparencia, no obstante, la aplicación de las mismas se vio accidentada a lo largo de 2016 y 2017, una de las atribuciones para homogeneizar y dar garantía al Derecho a la Información Pública (DAI) fue el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), el cual se autodefine como la vía de accesibilidad a la ciudadanía.
No obstante, entre las principales críticas al SNT está que sólo puede dar sanciones administrativas y no penales, lo cual fomenta el incumplimiento de los sujetos obligados para presentar la información en sus portales, entre ellos se encuentran los partidos políticos, los funcionarios públicos, así como no ofrecer simplificar el levantamiento de denuncias, lo cual crea un sistema de estructura amplia, pero de efectividad laxa.
Dentro de las leyes no actualizadas en 2015, Zacatecas ocupaba la duodécima posición con una calificación de 6.3 en el rango de regular según el Idaim y fue de las últimas entidades en promulgar la nueva normatividad al iniciar su vigencia el 3 de junio de 2016, cundo el plazo vencía en julio del mismo año.
La nueva Ley de Transparencia se homologó con su homologa federal y se sumó hasta 2017 al Sistema Nacional Anticorrupción aprobando la implementación de instrumentos jurídicos como la Ley de Justicia Administrativa, la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
Con lo anterior, el Instituto Zacatecano de Acceso a la Información (IZAI) reportó que al
Promotores Voluntarios 8.0 | 8.0 | |
- Colegio de Bachilleres del | - Instituto Tecnológico Superior | |
Estado de Zacatecas 10 | de Loreto8.0 | |
- Colegio de Educación | - Instituto Tecnológico Superior | |
Profesional Técnica del Estado | de Nochistlán 8.0 | |
de Zacatecas 9.0 | - Instituto Tecnológico Superior | |
- Colegio de Estudios | Zacatecas Norte 8.0 | |
Científicos y Tecnológicos del | - Instituto Tecnológico Superior | |
Estado de Zacatecas 9.0 | Zacatecas Occidente 8.0 | |
- Consejo Zacatecano de | - Instituto Tecnológico Superior | |
Educación, Cultura | Ciencia, Tecnología e | Zacatecas Sur 8.0 |
y Deporte | Innovación 9.0 | - Instituto Zacatecano de |
- Escuela Estatal de | Cultura 9.7 | |
Conservación y Restauración de | - Instituto Zacatecano de | |
Zacatecas 8.7 | Educación para Adultos 8.0 | |
- Instituto de Cultura Física y | - Secretaría de Educación 10 | |
Deporte del Estado de Zacatecas | - Universidad Politécnica de | |
6.0 | Zacatecas 8.0 | |
- Instituto para la Atención e | - Universidad Politécnica del | |
Inclusión de las Personas con | Sur de Zacatecas 8.0 | |
Discapacidad 8.0 | - Universidad Tecnológica del | |
- Instituto Tecnológico Superior | Estado de Zacatecas 8.0 | |
de Fresnillo 9.0 | - Universidad Autónoma de | |
- Instituto Tecnológico Superior | Zacatecas 8.2 | |
de Jerez 9.0 | ||
Salud y Seguridad | - Instituto de Seguridad y | - Régimen Estatal de Protección |
Social | Servicios Sociales para los | Social en Salud Servicios de |
Trabajadores del Estado 8.0 | Salud de Zacatecas 8.8 | |
Desarrollo | - Secretaría del Campo 9.3 |
cierre de 2017 y en el marco del primer año de la implementación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública estatal el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), de acuerdo a la normatividad aprobada por el SNT, evaluó 141 portales institucionales de 52 sujetos obligados.
En la evaluación, cabe señalar, se incluyeron por áreas Gobierno y procuración de justicia, Desarrollo Regional y Medio Ambiente, Educación, Cultura y Deporte, Salud y Seguridad Social, Desarrollo Agropecuario, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda y Desarrollo Económico de las cuales se desprenden las siguientes dependencias y sus puntajes:
Coordinación Estatal de Planeación 10
Coordinación 9.1
Instituto de Capacitación para el Trabajo 8.2
Instituto de la Defensoría Pública 8.0
Instituto de Selección y Capacitación del Estado 8.7
Jefatura de Oficina del Gobernador 8
Procuraduría General de
Justicia del Estado 8
Secretaría de Administración 8
Secretaría de Finanzas 8
Secretaría de la Función Pública 10
Secretaría de Seguridad Pública
Secretaría General de Gobierno 8
Sistema Zacatecano de Radio y
Televisión 10
Instituto Regional del Patrimonio Mundial 9.1
Organismo Regularizador de la Tenencia de la Tierra en Zacatecas 8.2
Patronato Estatal de
Secretaría de Desarrollo Social Secretaría de las Mujeres 9.0
Secretaría del Zacatecano Migrante 9.3
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
Instituto Zacatecano para la
Construcción de Escuelas 5.0
Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado 8.7
Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial 9.2
Secretaría de Infraestructura
9.5
Secretaría del Agua y Medio Ambiente 8.0
Consejo Estatal de Desarrollo - Secretaría de Turismo 5.0 Económico de Zacatecas 8.0
Secretaría de Economía 9.7
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el portal de transparencia del Gobierno del Estado de Zacatecas http://transparencia.zacatecas.gob.mx/
Por su parte en lo que respecta a los 58 municipios que conforman el estado de Zacatecas, las calificaciones para la mitad de los ayuntamientos fueron aprobatorias, mientras que la parte restante continúa sin tener portal de información, de tal manera que para el cierre del ejercicio 2017 se obtuvieron los siguientes porcentajes de cumplimiento, los cuales se presentan en la siguiente tabla:
Apozol 5.0 | Jerez 5.0 | Saín Alto 5.0 |
Apulco 5.0 | Jiménez del Teúl 5.0 | Santa María de la Paz 5.0 |
Atolinga 5.0 | Juan Aldama 5.0 | Sombrerete 5.0 |
Benito Juárez 8.0 | Juchipila 5.0 | Susticacán 5.0 |
Calera 5.0 | Loreto 5.0 | Tabasco 5.0 |
C. de Felipe Pescador 0.0 | Luis Moya 5.0 | Tepechitlán 5.0 |
Concepción del Oro | Mazapil 0.0 | Tepetongo 5.0 |
Cuauhtémoc 9.6 Melchor Ocampo 0.0 Teul de González Ortega 5.0
Chalchihuites 9.2
Mezquital del Oro 5.0
Tlaltenango
Román 5.0
de
Sánchez
Fresnillo 8.0 Miguel Auza 5.0 Trancoso 5.0
Trinidad García de la C. 8.0 Momax 5.0 Valparaíso 5.0
Genaro Codina Monte Escobedo 5.0 Vetagrande 5.0
General Enrique Estrada Morelos Villa de Cos 5.0
General Francisco R.
Murguía 9.5
Moyahua de Estrada 5.0 Villa García 5.0
El Plateado de Joaquín Nochistlán de Mejía 5.0
Villa González Ortega 0.0
Amaro 5.0
El Salvador 10 Noria de Ángeles 8.0 Villa Hidalgo
General Pánfilo Natera Ojocaliente 5.0 Villanueva 9.7
Guadalupe 8.0 Pánuco 5.0 Zacatecas 8.0
Huanusco 5.0 Pinos 5.0
Jalpa 5.0 Río Grande 9.8
fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del IZAI.
Sobre los partidos políticos los avances coinciden con el escenario nacional, ya que son los que menos actualizan sus portales y no entregan la información solicitada, pese a ser sujetos obligados. Cabe señalar en el Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México, los partidos son aquellos que tienen la más baja credibilidad, de tal manera que son vistos con desaprobación y son catalogados como corruptos.
Partido Encuentro Social 9.8
Movimiento Ciudadano 9.6
Partido Verde Ecologista de México 9.5
Partido Revolucionario Institucional 9.4
Movimiento Regeneración Nacional 6.3
Partido Nueva Alianza 5.8
Partido de la Revolución Democrática 3.4
Partido del Trabajo 3.0
Partido Acción Nacional .8
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del IZAI
Por su parte, en lo referente a la actualización y funcionamiento de los portales de transparencia de los sindicatos zacatecanos, se obtuvieron avances respecto a 2015, cuando en su mayoría no cumplían con el requisito, de tal manera que los principales gremio de la entidad tuvieron puntajes de 9.6 el mayor y 5.0 el menor.
Sindicato de Personal Docente y Administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Supdacobaez), 9.6
Sindicato de Trabajadores de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas
(SUTUTEZ) 8.9
Sindicato de Personal Académico y Administrativo de la Universidad Politécnica de Zacatecas (SUPAAUPZ), 8.7
Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte Río
Grande (STITSZNRG), 8.4
Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte
(STITSZN), 7.4
Sindicato de Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ) 6.8.
Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas (STUAZ) 5.0 El resto de los sindicatos registrados en la entidad tuvieron puntajes menores a 5.0 Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del IZAI
Por último en lo que concierne a la la LXII Legislatura del Estado de Zacatecas obtuvo
9.5 por ciento; la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas 9.3; el Poder Judicial 10, el Tribunal Superior de Justicia 10; el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo 8.9. Dentro de los organismos autónomos el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), 10; el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, 10; y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 10.
Si bien en el primer apartado se pudo analizar de dónde parte la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública, en la segunda parte se analizaron los resultados del ejercicio 2017, que representa el primer año de aplicación de la Ley de Transparencia del estado, en esta última sección se presenta la percepción de la ciudadanía a fin de ver los alcances y limitaciones del SNT y SNA.
En el estado de Zacatecas hay un millón 579 mil 209 habitantes distribuidos en 58 municipios de los cuales 106 mil 19 son ciudadanos, según el Instituto Nacional Electoral (INE), es decir que tienen la facultad de ejercer libremente sus derechos políticos, sin embargo, en niveles de participación electoral es uno de los más bajos, como ejemplo, en el último proceso electoral el candidato a gobernador obtuvo 38 por ciento de los votos, en este sentido, la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) aplicó una encuesta sobre participación política a la población a fin de conocer sus niveles de confianza en las instituciones.
Uno de los principales problemas por los cuales la ciudadanía zacatecana permanece apática respecto a la participación política y civil es la desconfianza en sus autoridades, principalmente por considerarlas corruptas y afines a intereses particulares, fenómeno que
instrumentos como la Encup o el Informe País señalan que es una tendencia a nivel nacional y es en este sentido que los Sistemas nacionales de Transparencia y Anticorrupción tratan de revirar y recobrar la confianza en las instituciones.
Para conocer el nivel de penetración que el SNA y SNT han tenido en la ciudadanía zacatecana se presentan a continuación las principales búsquedas y nivel de uso de las plataformas a partir de datos obtenidos del portal de Transparencia de gobierno del estado, cabe señalar que se presentan los tópicos por mayor uso:
Directorio de Servidores Públicos
Remuneración Neta y Bruta de Servidores Públicos
Gastos de Representación y Viáticos
Programas de Subsidios, estímulos y apoyos
Servicios
Trámites
Información Financiera
Informes de Resultados de Auditorías
Concesiones, Contratos, Convenios, Permisos, Licencias …
Licitaciones de adquisiciones y obra pública
Licencias de automovilistas
Por su parte los sectores que más buscan información en los portales de los sujetos obligados son aquellos que manifestaron ser del sector empresarial, seguido por el académico, después por medios de comunicación y por último la población en general, quienes pudieron acceder a mil 600 elementos de consulta, mil 200 archivos informativos, a la información de las 52 dependencias gubernamentales .
No obstante, el nivel de uso en transparencia proactiva es nulo, la población no hace uso de la información para tomar decisiones, de tal forma que se permite la opacidad en instituciones municipales, políticas y empresariales, las cual contrasta con el tercer lugar que ocupa la entidad en materia de acceso a la información pública, detrás de Nayarit y Guanajuato según la métrica de Gobierno Abierto elaborada por el Centro de Investigaciones y Docencia Superior (CIDE).
La consolidación de la democracia debe precederse por acciones que encaminen a una democracia de calidad, ello no sólo se logra con el aparato institucional, sino con la educación política de la ciudadanía, la cual en México se limita al ámbito electoral y deja de lado la corresponsabilidad en aspectos como la exigencia de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública.
Si bien los avances en materia de transparencia y rendición de cuentas es gracias a la iniciativa ciudadana, en la práctica es poca la participación debido ala desconfianza de la ciudadanía en la cultura de la legalidad, la cual presenta un constante resultado negativo sobre los programas de fiscalización y acceso a la información, pese a la facilitación de éstos por medio de portales de Internet.
Es necesario que los SNA y SNT busquen llegar a la ciudadanía, no sólo a través del uso de sus plataformas, sino en el sentido de tomar el rol que les corresponde como fiscalizadores de sus representantes.
Asimismo, no sobra señalar que las políticas publicas en materia de transparencia deben ser consecuentes y exigir mayor fortalecimiento al estado de derecho, lo cual no sólo disminuiría los altos índices de corrupción, sino que llevaría a la ansiada calidad democrática y al fortalecimiento de las instituciones desde sus cimientos, es decir desde los ciudadanos.
Bobbio, N. (2005). El futuro de la democracia. FCE, México.
Bovero, M. y V. Pazé. (2014) La democracia en nueve lecciones. Trotta, Madrid.
Morales Canales, L. (2014). Rendición de cuentas. Una propuesta de normas, instituciones y participación ciudadana. CIDE, México.
López Ayllón, S. y M. Merino. (2010) “La rendición de cuentas en México: Perspectivas y retos” en M. Merino, S. López Ayllón y G. Cejudo, La estructura de la rendición de cuentas, México: IIJ-UNAM/CIDE
Red por la rendición de cuentas/CIDE Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)
Sistema Nacional de Transparencia (SNT)
Instituto Zacatecano de Acceso a la Información (IZAI) Portal de Transparencia de Gobierno del Estado (PTZ)