Pablo Cárdenas Eguiluz1
Palabras clave: representación; democracia; reivindicaciones representativas; procesos políticos; Ayotzinapa.
En la actualidad las instituciones representativas en América Latina -los partidos, los parlamentos, los legisladores y los gobernantes- generan desconfianza en la ciudadanía. Este fenómeno es un síntoma de la ampliación y el aumento de la complejidad del terreno político, el cual se ha caracterizado por una serie de transformaciones vertiginosas y procesos políticos, sociales, históricos y culturales que ha experimentado la región en las últimas décadas.
En ese sentido, el rechazo ciudadano hacia las instituciones de la democracia
1 Candidato a Maestro, Sociología Política, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Teoría Política Contemporánea, Democracia, Representación, Movimientos Sociales, pabloc.eguiluz@gmail.com.
representativa puede parecer una forma de impugnación de la representación como mecanismo de acción democrática. Sin embargo, si se reconoce que esta forma de representación no se limita a su dimensión electoral y parlamentaria, entonces un gran número de procesos políticos pueden entenderse como escenarios donde se pone en juego la representación del interés general.
Por ello, el análisis de la representación no se puede limitar a lo electoral o legislativo, sino que tiene que ampliarse el enfoque de estudio a los procesos mediante los cuales, representantes no formales de la ciudadanía ponen a prueba la capacidad democrática de los gobiernos para atender las demandas por vías institucionales. En otras palabras, la teoría de la democracia y de la representación debe responder a los desafíos de la realidad política actual.
El estudio de la configuración de estas nuevas formas de representación es relevante en momentos de tensión social y política, pues es ahí cuando actores informales tienen la capacidad de disputar la representación del interés público a los representantes autorizados electoralmente. Esta contienda se agudiza en contextos de crisis política, económica, humanitaria; es en esas coyunturas cuando representantes no institucionales han logrado incidir de manera determinante en procesos políticos.
La presente ponencia propone analizar cómo en determinados episodios o procesos políticos diversos actores sociales reclaman ejercer una representación democrática que las instituciones formales están cumpliendo de una forma deficiente. Concretamente, este análisis se enfoca en uno de los casos recientes más significativos en México que generó un fuerte impacto global: la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre del 2014 en Iguala Guerrero.
El caso de estudio indica que hubo reivindicaciones representativas que se manifestaron en la esfera pública ante la pérdida de credibilidad de autoridades, partidos y representantes formales; individuos, organizaciones y movimientos, se consolidaron como representantes políticos no-electorales que respondieron a las demandas de otros ciudadanos y lograron generar un impacto tanto en el sistema político como en la sociedad. Ante esta evidencia, el punto medular de la investigación es poner a prueba el concepto representative claim, a partir de los acontecimientos en los que desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
La propuesta teórica de este trabajo se centra en el esclarecimiento de la relación entre nuevas formas de representación política y democracia. En ese sentido, La cuestión central gira en torno a la tensión que existe entre ambos conceptos, si bien la representación es un mecanismo clave para la democracia, es también una categoría y una relación controvertidas, y, por lo tanto, disputadas en el debate actual de la sociología política. Por ello, para entender lo que se pone en juego en Ayotzinapa, es necesario desarrollar una concepción que le da centralidad a los reclamos y demandas de representación y auto-representación enunciados desde los actores civiles y los movimientos sociales
Los ejes principales del debate actual que se discuten en este trabajo, versa sobre cuestiones fundamentales de la representación política, tales como, los problemas de la representación en los sistemas políticos, las formas de ejercer representación más allá de los mecanismos tradicionales (entiéndase partidos políticos y elecciones) y la indispensabilidad de la representación en la democracia.
Al respecto, uno de los contra puntos polémicos que han identificado un buen número de autores, radica en que el enfoque tradicional de la teoría política se ha limitado al estudio electoral tanto de la democracia como de la representación, sin embargo, en la actualidad se reconoce la existencia de formas de representación no-electoral, las cuales no necesariamente pasan por la modalidad política de la democracia liberal. El argumento central se sustenta en cómo la conceptualización de estas formas alternativas de representación ayuda a ampliar la perspectiva de estudio de la representación política y la democracia en los sistemas políticos actuales.
La estructura teórica está construida a partir de un conjunto delimitado de bibliografía especializada donde se plantean y discuten los principales argumentos de algunos de los autores contemporáneos más relevantes. En el caso de la democracia, se toma como punto de partida la noción mínima propuesta por Dahl (1989), que define la democracia como un conjunto particular de instituciones y prácticas políticas necesarias para el funcionamiento de la democracia a gran escala; éstas refieren a un proceso particular para la adopción de decisiones colectivas
obligatorias, es decir, un procedimiento. La democracia entendida como poliarquía como la denominó Dahl (1989), es un régimen político que consta de las siguientes características: funcionarios electos, elecciones libres e imparciales, sufragio inclusivo, derecho a ocupar cargos públicos, libertad de expresión, variedad de fuentes de información y autonomía asociativa.
Ahora bien, si existe una definición mínima como la que propuso Dahl, se deduce que hay una máxima. En ese sentido, Morlino (2011) propone tres definiciones de la democracia: la primera genética procedimental como un régimen que se caracteriza concretamente por reglas e instituciones que moderan distintos aspectos de la vida política. Esa definición lleva a una segunda que la una mínima o minimalista que Dahl propuso como poliarquía, la cual sirve para determinar empíricamente cuándo un proceso resulta en una democracia. La tercera es una definición máxima o mejor dicho normativa, que se sustenta en ideales en vez de instituciones; ésta es útil para el análisis posterior al proceso de democratización, si bien no existe propiamente como tal, Morlino (2011) encontró que los autores coinciden en al menos las siguientes características: imperio de la ley, rendición de cuentas electoral, rendición de cuentas institucional, participación, competencia, libertad, igualdad, solidaridad y receptividad.
Po último, se analiza la propuesta de reconceptualización de la democracia de Munck (2016), entiende que un sistema político es democrático cuando encarna los valores de la libertad e igualdad política. Si bien no existe un acuerdo en los atributos que debe contener esta concepción, los autores se enfocan exclusivamente en las instituciones de la poliarquía desarrollada por Dahl, y en la rendición de cuentas horizontal y el imperio de la ley propuesta por O´Donnell. Sin embargo, ese modelo sólo opera en regímenes democráticos consolidados. La propuesta de Munck (2016) consiste en sustituir calidad de la democracia por democracia, pues la calidad de la democracia puede ser aplicada a todos los países sean democráticos o no. Este enfoque, abre los límites de las nociones institucionales de la democracia, pues incorpora el contexto social y político de los procesos democráticos. En síntesis, esta propuesta de reconceptualización es un esfuerzo para pensar la democracia más allá de las fronteras de lo electoral.
El punto de partida contemporáneo de la representación política es la definición de Pitkin (1967)
de actuar por otros. La representación democrática la define como la actuación de los representantes a favor del interés público de una “manera responsiva” hacia ese público. Posteriormente, Manin (1997) identificó tres modelos del gobierno representativo: parlamentarismo, democracia de partidos y democracia de audiencias; a partir de cuatro elementos característicos de la representación, y sus transformaciones en cada tipo ideal de gobierno: elección de representantes, autonomía de los representantes, opinión pública y deliberación.
Ahora bien, el gobierno representativo no implica democracia como se observa en la forma del gobierno parlamentario, sin embargo, la democracia como régimen, tiene una forma de representación específica que se explica a través de algunos modelos institucionales de representación democrática que han desarrollado varios autores. Uno de ellos lo desarrolló Przeworski, Manin y Stokes (1999) bajo el concepto accountability, es decir, el voto como mecanismo de rendición de cuentas que tienen los ciudadanos ante sus representantes, esta es la forma esencial de la democracia liberal.
Otro modelo es el que propuso Mansbridge (2003) que opera como un suplemento del tradicional, y que está constituido por tres formas de representación: anticipada, giroscópica y sustituta. Para la autora, los criterios singulares de la representación tradicional deben ser remplazados por un nuevo criterio normativo el cual se sustenta en un método sistémico y casi completamente deliberativo. Para Rehfeld (2006) en cambio, la representación debe entenderse a partir de un modelo que no apela a la democracia. Se sustenta en la idea de que una persona representa a una audiencia a partir de un conjunto de reglas que no necesariamente son democráticas.
Finalmente, con Warren y Urbinati (2008) se introduce el tema de las nuevas formas de representación que van más allá de la representación de la democracia electoral, "representantes auto-autorizados" "representantes ciudadanos". En esa tesitura Velasco y Luna (2017) dan cuenta del mismo fenómeno, a partir de la transformación de la identidad y afiliación política que no encaja dentro de los mecanismos tradicionales de representación. Sugieren un nuevo campo, la representación asociativa compleja, prueban su modelo en tres casos: claustro UNAM, Acuerdo de Chapultepec y Comisión trilateral del grupo norteamericano. Estos modelos constituyen el terreno para introducir el concepto reivindicaciones representativas a través del análisis de los
límites de la representación territorial de la democracia liberal, y las formas alternativas de representación electoral, y cómo éstas aportan a la democracia.
Los modelos teóricos desarrollados tanto de la democracia como de la representación son altamente complejos y han sido debatidos extensamente, por ello sólo se abordan algunas de las propuestas de los autores más influyente en el debate de la teoría política y social de las últimas décadas. En ese sentido, los planteamientos brevemente descritos se pueden resumir en tres ideas principales que constituyen el argumento central: la representación democrática es insuficiente para explicar tanto las formulaciones académicas sobre el fenómeno de la representación como las demandas de actores que no están siendo representadas.
El concepto reivindicaciones representativas es una clave importante para vislumbrar el fenómeno de la representación más allá de los límites electorales de la democracia, pues constituyen formas alternativas de representación. Saward (2006) las define como la capacidad o habilidad de representar las características relevantes de una audiencia determinada.
En ese sentido, una reivindicación representativa se entiende como el reclamo de personificar o conocer qué intereses representa alguien o algo. A partir de esta definición, se propone la operacionalización del concepto como la identificación de expresiones, argumentos o “performances” que se enuncian o presentan en los procesos políticos, a través de los cuales se construyen los parámetros de la representación:
quién funge como representante,
quién funge como representado,
con respecto a qué,
qué autoriza a los representantes,
cómo deben rendir cuentas.
Esta propuesta de operacionalización será probada en el caso de Ayotzinapa, para ello, es necesario describir a grandes rasgos el contexto de descontento político en México, y en particular, el desgaste de la función representativa de partidos y políticos tradicionales. Posteriormente, se presenta una reconstrucción del proceso en el que se produjo la desaparición de los estudiantes y la protesta política subsecuente. Por último, se analizan los reclamos públicos
que se enunciaron en ese proceso y que cumplieron la función de representar las demandas de amplios sectores de la población en esa coyuntura.
El escenario político de México está configurado actualmente por una serie de problemas estructurales de larga data, violencia, inseguridad, corrupción, que se manifiesta en la ciudadanía como un rechazo generalizado a las instituciones de la democracia. En la última década, podemos encontrar los puntos más álgidos del descontento político en México, esto se puede explicar a partir de la precariedad de las instituciones del régimen producto del proceso democrático, pero también, a partir de los estudios y las encuestas sobre la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
Los resultados de la Quinta Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas ENCUP 2012 indican que, el 34.46% está poco satisfecho con la democracia que tenemos hoy en México, y el 16.61% nada satisfecho, es decir que, el nivel de insatisfacción es del 51.07% del total de la muestra (SEGOB e INEGI, 2012). Igualmente, el Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México arrojó datos importantes sobre el bajo nivel de confianza en instituciones y organizaciones políticas como se muestra en la gráfica 1.
Gráfica 1. Nivel de confianza en instituciones y organizaciones políticas y sociales a nivel nacional
Fuente: INE (2015)
En general, de acuerdo con este informe del INE (2015), en el ámbito nacional el nivel de confianza hacia instituciones y organizaciones políticas y sociales no supera la mitad de las personas encuestadas excepto en tres casos: el ejército (62%), las y los maestros (56%) y las iglesias (55%). En síntesis, estas encuestas muestran que el descontento ciudadano con el sistema político mexicano es muy elevado, lo constituye uno de los mayores problemas para el funcionamiento adecuado de las instituciones de la democracia en México.
Por otra parte, la situación de la democracia ha sido crítica desde otras esferas, intelectuales como Héctor Aguilar Camín (2015, 2016) han expresado el malestar generalizado en la opinión pública del país, el cual, ha girado en torno a los problemas que los gobiernos de la transición han sido incapaces de resolver: corrupción, violencia, impunidad, partidocracia y el fracaso de la rectoría del Estado. Pese a que estos problemas distan mucho de ser nuevos, la diferencia es que, según este autor, la exigencia desde la esfera pública ahora es más rigurosa. En ese sentido, la gran tragedia de la democracia mexicana es que se esperaba que pusiera fin a muchos de los añejos problemas estructurales que siempre han existido.
De igual forma, Enirque Krauze (2016), en la misma tesitura que Aguilar Camín (2015, 2016), hizo un análisis más hacia el lado de la violencia, donde encontró que se esperaba que el sistema de justicia y el Estado de derecho, con la llegada de la democracia se consolidaría y solucionaría el problema de la violencia, es decir, se tenía la enorme expectativa de que la democracia traería paz al país.
En este contexto nacional de crisis política e inconformidad social es donde tuvo lugar el caso “Ayotzinapa”, el cual se originó a partir de los sucesos violentos que ocurrieron en Iguala, Guerrero, durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, donde, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Isidro Burgos, tras la toma de autobuses comerciales como parte de un plan para participar en la marcha conmemorativa del 2 de octubre en la Ciudad de México, fue perseguido y atacado por agentes de la policía municipal. Lo que resultó en la muerte de nueve personas: 5 estudiantes normalistas, 2 integrantes de un equipo local de fútbol y un civil; 17 heridos y 43 desaparecidos.
Este hecho mostró tanto la ineptitud del gobierno como la ineficiencia del sistema de justicia para resolver el caso. La investigación oficial fue lenta y llena de irregularidades, sacó a la luz vínculos entre la policía y el gobierno municipal con grupos narcotraficantes. Aunado a esto, durante el proceso de búsqueda emprendido por los familiares de las víctimas, se hallaron un buen número de fosas clandestinas. En síntesis, se conjugaron una serie de elementos que componen el problema estructural de la violencia; el caso escaló aceleradamente del nivel municipal al federal.
La respuesta del gobierno en torno a la desaparición de los 43 normalistas detonó la indignación a nivel nacional e internacional, originando un movimiento que aglutinó organizaciones y organismos internacionales de derechos humanos, sindicatos y buena parte de la sociedad civil. Mediante un amplio repertorio de acciones, movilizaciones y protestas a nivel nacional e internacional por la demanda de justicia, hicieron visible una crisis política que provocó la detención del Alcalde de Iguala José Luis Abarca, la salida del gobernador de Guerrero Ángel Aguirre, la destitución del procurador de la república Jesús Murillo Karam y el desprestigio del presidente Enrique Peña Nieto.
Este caso puede mostrar cómo personas, organizaciones y movimientos cumplen funciones de representación política. Los distintos agentes implicados en este caso no sólo fungieron como asesores e interlocutores de los padres y familiares de los normalistas desaparecidos, sino que se constituyeron como representantes políticos en la lucha por la demanda de justicia.
Instancias como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, el Grupo Internacional de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), fungieron, en mayor o menor medida, como representantes de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, al tiempo que reivindicaron la indignación de la población mediante un arduo enfrentamiento contra el gobierno local y federal; que se dio tanto en el terreno institucional como en la esfera pública.
El análisis de la construcción de reivindicaciones representativas implica delimitar las fases del proceso político, para ello, se elaboró una periodización que consta de cuatro fases o etapas que constituyen antecedentes, hechos y consecuencias del objeto de investigación. El caso de estudio es un caso que se define por el reclamo (claim) de justicia ante la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa en 2014. La observación está enfocada en las etapas o fases del proceso que constituyen este caso:
Primera etapa. Gestación del conflicto
En esta etapa se configura el escenario en el que se dio el conflicto: antecedentes; contexto socio- político; características de la región; actores involucrados; hechos ocurridos y sus consecuencias inmediatas:
El evento tuvo lugar en el municipio de Iguala Guerrero. Este estado de la República mexicana, ubicado en la región suroeste del país, presenta una serie de problemas estructurales de la larga data. La violencia es uno de los principales, como señala Illades (2014): una cadena histórica tejida durante el último siglo eslabonada por levantamientos armados, enfrentamientos con caciques, guerrillas, masacres y represión. Pese a que no es un problema nuevo, en años recientes, la violencia e inseguridad ha llegado a niveles extremadamente altos. Es uno de los
estados más peligrosos del país de acuerdo a los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública 2014.
La inestabilidad política es una constante, la delincuencia organizada y grupos de narcotraficantes se ha expandido por el territorio y penetrado la endeble dimensión funcional pública del estado. Aunado a esto, es el tercer estado más pobre de México, sus características geográficas son de las más accidentadas y complejas; su desarrollo urbano y económico precario. Este es el contexto regional donde ocurrieron los sucesos violentos en el que desaparecieron los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
En la década de los setenta las escuelas normalistas de Guerrero fueron semillero de luchas sociales y guerrillas como las encabezadas por Lucio Cabañas y Genaro Vázquez; la Normal Isidro Burgos ubicada en la población Ayotzinapa fue de las principales. El activismo, organización política y acciones radicales de los estudiantes, han sido sus rasgos principales; al igual que los enfrentamientos con policías estatales y federales. La respuesta del gobierno local ante las acciones estudiantiles, históricamente, ha sido represiva y violenta.
Los sucesos ocurrieron durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014, cuando los estudiantes de Ayotzinapa secuestraron autobuses comerciales como parte de un plan para asistir a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México. En el camino fueron perseguidos e interceptados por la policía municipal, esto desató un enfrentamiento donde agentes de la policía abrieron fuego contra los estudiantes. Los ataques de los agentes de la policía municipal provocaron la muerte de 9 personas (5 estudiantes normalistas, 2 integrantes de un equipo de futbol y un civil), 17 heridos y 43 desaparecidos.
Segunda etapa. Investigación oficial
En esta etapa germina la crisis política, se caracteriza por el desarrollo y crecimiento del conflicto. Se toma como eje la investigación oficial de la Procuraduría General de la República, que se compone de: instancias y funcionarios públicos implicados en el caso; la respuesta y las acciones del gobierno; y, la deficiencia de las medidas implementadas.
La investigación oficial inició la mañana del 27 de septiembre cuando el Ejército Mexicano encontró el cuerpo de uno de los normalistas. Desde el principio, los reportes fueron imprecisos y las indagaciones plagadas de irregularidades. No obstante, se reconoció la
desaparición de 43 estudiantes. Ese mismo día se acusó al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, como responsable de los ataques y de la desaparición forzada de los normalistas; inmediatamente se deslindó de los hechos. A los pocos días, padres y familiares de las víctimas desparecidas iniciaron la búsqueda de los desaparecidos.
Este proceso se caracterizó por una serie de factores políticos y sociales que articulan un entramado y complejo episodio, los ejes y las dimensiones en que ocurrió son múltiples. Sin embargo, lo esencial, es que este proceso sacó a la luz una secuencia de hechos, que en su conjunto provocarían una fuerte crisis política. Los principales fueron: a) el descubrimiento de fosas clandestinas en la región1, b) la detención de sospechosos vinculados con grupos narcotraficantes2, c) el informe final del Procurador Murillo Karam3. Con este último, se intentó dar por concluido el caso, y constituye el referente final de esta etapa.
Tercera etapa. Acción global por Ayotzinapa
Esta etapa corresponde a la reacción que se dio en la esfera pública nacional e internacional a raíz de los hechos ocurridos y de la repuesta del gobierno mexicano ante la desaparición forzada de los 43 normalistas. La cual, se caracteriza por una indignación generalizada, protesta popular y acción colectiva. Los elementos que componen este proceso son: ciclo de protestas globales; formación de redes de organizaciones civiles nacionales e internacionales; impacto en medios de comunicación; intervención de organismos internacionales; y, consecuencias políticas y sociales.
Las expresiones de repudio ante los hechos y la respuesta del gobierno, y la exigencia de justicia por parte de la sociedad, se iniciaron semanas después de que desaparecieran los estudiantes. Las manifestaciones tomaron diversas vías: protestas en espacios públicos, marchas, paros, asambleas, difusión en redes sociales, y, mediante la labor de Organizaciones de la Sociedad Civil, principalmente de Derechos Humanos. Este conjunto de acciones se dio paralelamente al proceso de investigación,
El repertorio de acciones fue muy extenso. Se toma como eje rector lo que se denominó como Acción Global por Ayotzinapa, que consistió en jornadas de protestas masivas nacionales e internacionales, a través de las cuales, se exigía la aparición con vida de los 43 estudiantes, al tiempo que se denunciaban las irregularidades de la investigación de la PGR y la obstaculización de las autoridades para la impartición de justicia.
La primera aconteció los días 22 y 23 de octubre, la convocatoria fue altamente exitosa y tuvo repercusiones importantes: la reunión de padres y familiares de las víctimas con el presidente Enrique Peña Nieto; la renuncia del procurador Murillo Karam; una suerte de insurrección popular en Guerrero encabezada por los normalistas de Ayotzinapa y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) que provocaría la salida del gobernador Ángel Aguirre. Esto generó una enorme conmoción nacional e internacional, caravanas, celebridades, políticos, intelectuales, la Santa Sede del Vaticano, figuras públicas, religiosas, y gran parte de la ciudadanía se sumaron a la causa.
El impacto mediático del caso alcanzó niveles extraordinarios, la cobertura fue global; las críticas al gobierno de Enrique Peña Nieto vinieron no sólo de la sociedad civil, sino también de jefes de Estado y de Gobierno y representantes legislativos de varios países, así como de organismos internacionales. Sin embargo, las acciones paulatinamente comenzaron a desgastarse, aunque el crimen sigue sin resolverse. Al respecto, se propone concluir esta etapa en la marcha por los tres años de la desaparición que se llevará a cabo el 26 de septiembre del 2017, para tomarlo como un último referente donde concluye el análisis del proceso.
Cuarta etapa. Informe GIEI
Esta etapa inicia con la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Internacionales (GIEI) en noviembre de 2014, como respuesta al rechazo generalizado del Informe de la PGR. Fue el intento más claro de resolver por vías institucionales democráticas el conflicto. Los elementos de esta etapa son: la formación del GIEI; los resultados de la investigación independiente; la controversia en el terreno institucional con instancias gubernamentales; y, el impacto que tuvo la investigación en la esfera pública:
El GIEI se formó a partir de un acuerdo multilateral entre los padres y familiares de las víctimas, el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los padres de los normalistas habían solicitado previamente a la CIDH apoyo para realizar una investigación independiente, la cual fue suscrita por la Comisión el 3 de octubre del 2014, y, posteriormente, aceptada por el gobierno mexicano el 18 de noviembre del mismo año. A mediados de enero del 2015 fueron designados los cuatro integrantes del órgano independiente. Su misión era brindar asistencia técnica a la investigación sobre la desaparición forzada de los 43
estudiantes de Ayotzinapa y dar recomendaciones al Estado mexicano en materia de desaparición forzada en el país. La asignación de los expertos se estableció por un plazo de nueve meses que concluiría en octubre de 2015.
A principios de septiembre del 2015, el GIEI presentó los resultados de sus investigaciones en conferencia de prensa. La conclusión del INFORME Ayotzinapa, rechazaba la hipótesis de la investigación de la PGR del incendio en el basurero de Cocula; al tiempo que proponían nuevas directrices para guiar la investigación y expresaban recomendaciones para el país en materia de Derechos Humanos. Esto tuvo como consecuencia la extensión del GIEI por seis meses más, por petición de los padres de las víctimas a la CIDH.
La respuesta del gobierno ante las 178 peticiones del GIEI fue deficiente, los padres desconocieron el desahogo de los requerimientos como el fin del caso, y suscribieron la ampliación del trabajo de los expertos de la Comisión como el inicio de la investigación verdadera. La evidencia científica hallada por el GIEI durante su investigación, tuvo fuertes repercusiones; principalmente, el desprestigio y la pérdida de credibilidad tanto de las instituciones como del gobierno de Enrique Peña Nieto, que para entonces ya se encontraba mermada.
El Informe Ayotzinapa I generó una serie de reacciones que profundizó la crisis política. La investigación recrudeció la indignación popular que alimentaría e intensificaría el ciclo de protestas a nivel global. Tanto en el ámbito de la política internacional como en la opinión pública nuevamente se manifestaron fuertes críticas contra el gobierno mexicano. El trabajo de los expertos finalizó con el Informe Ayotzinapa II presentado a finales de octubre del 2015. El caso sigue sin resolverse.
El proceso está dividido en estas 4 etapas o fases de periodización. En cada etapa se analizarán los siguientes elementos:
Ejes del conflicto político
Grado de intensidad para poner en juego la estabilidad del orden social y político y la continuidad de sus argumentos. En este caso, son los enfrentamientos y las disputas entre los agentes políticos y sociales implicados en el suceso. Ejemplo: en la etapa 4 se muestra la
controversia de los resultados de la investigación del Informe Ayotzinapa al refutar la hipótesis de las indagaciones del gobierno mexicano.
Actores sociales y políticos involucrados
Identificación y definición de instituciones, organizaciones, movimientos, individuos, como agentes, es decir, que tienen un papel activo determinante en los procesos políticos y de socialización que componen las etapas del caso. Ejemplo: en la etapa 4, el grupo de padres de los 43 estudiantes desaparecidos, la CIDH y el gobierno mexicano suscriben el acuerdo para la formación del GIEI.
Posiciones, argumentos o reclamos enunciados por los actores
Conjunto de demandas e intereses que expresan y defienden agentes políticos y sociales a través de diversas acciones en la esfera pública. Ejemplo: en la etapa 3, se plantea el marco de la Acción Global por Ayotzinapa. Se trata de la exigencia al gobierno mexicano de la aparición con vida de los 43 estudiantes, la demanda por la impartición de justicia y la denuncia de irregularidades de la investigación de la PGR; por parte de OSC, movimiento estudiantil, figuras públicas y buena parte de la ciudadanía.
Objeto de la representación
Tiene que ver con el tema, bien público o valor que es motivo de debate; en este caso, la justicia. Ejemplo: en la etapa 2 se identifica la responsabilidad de los funcionarios públicos en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La polémica en la dimensión política institucional giró en torno a la competencia del crimen ¿Sobre quién recae la responsabilidad?
¿El gobierno municipal, el gobierno de Guerrero, los partidos políticos, el Presidente de la República? Y ¿Quién es el encargado de impartir justicia? ¿La PGR, la Fiscalía General del Estado de Guerrero, la CNDH, ¿la CIDH o las OSC de Derechos Humanos?
Referentes de la representación
Definición e identificación de los representados, es decir, ¿A quién se dice o se pretende representar? En este caso, a ciudadanos, estudiantes, víctimas de la desaparición forzada. Ejemplo: en la etapa 2, las instituciones del régimen, específicamente el gobierno, pretendía representar a los 43 estudiantes y a los familiares en tanto que son ciudadanos mexicanos. En la etapa 4, el GIEI buscaba representar a los normalistas y a sus familiares como víctimas de desaparición forzada.
Condiciones de autorización
Son los factores contextuales que le dan credibilidad a las reivindicaciones representativas, en donde tiene lugar la crisis de derechos humanos por la que atraviesa el país, cuyos elementos principales son: desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, inseguridad, acceso a la justicia e impunidad. Aunado a la desconfianza ciudadana en las instituciones representativas del régimen, confieren legitimidad a los reclamos representativos, en este caso, la demanda de justicia. Ejemplo: Desde la primera etapa la investigación estuvo llena de irregularidades, esto fue una constante durante todo el proceso; lo cual se corroboró científicamente con los resultados de los dos informes del GIEI. Esta investigación, terminó de hacer altamente verosímil el reclamo de justicia.
Condiciones de rendición de cuentas
Se refiere a los factores contextuales que definen la forma en que los pretendidos representantes deben responder por sus decisiones y acciones. La inestabilidad y la crisis política que se gestó a partir de la desaparición de los estudiantes, imprime cierta ambigüedad en materia de rendición de cuentas en algunas etapas, en otras es más clara. Ejemplo: en la tercera etapa, la insurrección popular ocurrida en Guerrero impulsada principalmente por la CETEG a la que se sumaron diversas organizaciones, consistió en una serie de acciones violentas como toma de casetas, edificios públicos y palacios municipales. La justificación de la actuación por esta vía fue la aprobación y participación de los estudiantes activos de Ayotzinapa y el aval de los padres y familiares de las víctimas. En la etapa 4, la rendición de cuentas fue más transparente, pues decisiones y acciones del GIEI quedaron claramente establecidas en el acuerdo suscrito por la CIDH, el gobierno mexicano y los padres de las víctimas.
Capacidad representativa
El grado en que los distintos reclamos de diversos agentes les confieren representación pública. Durante todo el proceso, diferentes actores ejercieron cierta representación política no- electoral en torno a la demanda de justicia por la desaparición forzada de los estudiantes. Sin embargo, su nivel de impacto en la esfera pública se debió a los mecanismos y recursos que tuvieron disponibles, pero también a las decisiones y acciones que implementaron. La etapa 4 es el ejemplo más emblemático: El GIEI tuvo una enorme capacidad de representación pública por el prestigio internacional de la CIDH, el profesionalismo con que llevaron a cabo la
investigación, así como el respaldo de los padres, partidos de oposición y buena parte de la opinión pública y de la sociedad civil.
El campo de la representación política se ha trasformado dramáticamente, esto se observa en la proliferación de expresiones, reclamos y demandas de diversos actores que no sólo impugnan los mecanismos de la representación democrática, sino que optan por formas políticas diversas para manifestar sus demandas. Movimientos sociales, Organizaciones de la Sociedad Civil, observatorios ciudadanos, funcionan en mayor o menor medida como contendientes que disputan a partidos y políticos profesionales, no sólo la capacidad de representar a otros ciudadanos sino que también compiten por la representación del interés público.
Este nuevo fenómeno de la representación, requiere pensar la democracia más allá de lo electoral, es decir, de los límites del análisis que quedaba restringido al estudio de las instituciones del régimen, derechos y elecciones. Para ello, se debe concebir las formas alternativas de representación no-electoral como formas políticas que le imprimen un sentido más amplio a la teoría de la representación y la democracia. Estas formas de representación, como las reivindicaciones representativas, desbordan los modelos tradicionales de la representación democrática, y en ellas se encuentra la clave para esclarecer la relación controvertida entre los conceptos representación y democracia.
En ese sentido, el enfoque que propone, es útil para analizar las múltiples demandas de actores políticos no sólo por ser representados sino también por ser representantes. Es decir, quienes optan por las calles como una forma de impugnación de la representación de la democracia liberal, la electoral. Estas expresiones ciudadanas se erigen como nuevas formas de representación política que no están insertas en el ámbito electoral-parlamentario, por lo tanto, es necesario centrar el estudio en las demandas y reclamos de actores y movimientos civiles, para entender la disputa por la representación en diversos procesos políticos como Ayotzinapa.
Si bien se trata de un abordaje novedoso, estudiar un caso nebuloso como Ayotzinapa desde la teoría de la representación requiere sortear una serie de dificultades, pues el concepto representative claim se ha desarrollado recientemente, por lo que existen pocos estudios que hayan empleado este concepto para dar cuenta de procesos empíricos. En ese sentido, esta
investigación busca ayudar a comprender un fenómeno tan complejo como el caso de Ayotzinapa donde se presume hay reivindicaciones representativas y también otras demandas que no necesariamente pueden ser definidas como tales.
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Urbinati N. y Warren, M. (2008). “The Concept of Representation in Contemporary Democratic Theory”. En: The Annual Review of Political Science.
Fuentes hemerográficas consultadas
Periódico La Jornada en línea: archivo electrónico 2014 – 2016 Periódico El Universal: archivo electrónico 2014 – 2017 Periódico Excelsior: archivo electrónico 2014 – 2016
Periódico Reforma: archivo electrónico 2014 – 2015
Revista Proceso: archivo electrónico 2014 – 2016 Notas
Ninguno de los cuerpos hallados en las fosas descubiertas tanto por los padres como por la PGR eran de los normalistas desaparecidos de acuerdo a los análisis forenses.
Los presuntos implicados detenidos en Morelos, confesaron estar involucrados en la desaparición.
Declaró, según los testimonios de los detenidos y de acuerdo a las investigaciones, que la policía había entregado a los estudiantes arrestados, por órdenes de Abarca, a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes asesinaron, incineraron (en un basurero en Cocula, ubicado en la región Norte del estado) y arrojaron los restos al río San Juan. En este informe, a los estudiantes se les relacionó con un cártel rival. La hipótesis en la se sustentó esta investigación se conoce como el incendio en el basurero de Cocula.