José Matías Romo Martínez1, Adriana Guadalupe González Santamaría2 y Alejandra Infante
Blanco3
Palabras clave: Educación superior; Familia; Desigualdad; Reproducción social
En este trabajo se muestra un análisis sobre las características de la realidad y contexto familiar
que distinguen a un grupo de estudiantes universitarios, quienes a partir de las condiciones favorables que les brindan sus familias pueden ser considerados como jóvenes muy privilegiados que se encuentran frente a la posibilidad real de vincular sus saberes profesionales con las necesidades del entorno social, una vez que egresen, para así disminuir la brecha existente entre los diferentes grupos socioeconómicos en los que puedan incidir favorablemente y contra la desigualdad. Por ello, estos futuros profesionistas se encuentran en una zona potencial, esto es, en un territorio de disyuntiva, de decisión, en el que deben decidir entre hacer uso de sus habilidades profesionales solo en favor de sus intereses personales y/o el detrimento y la apatía hacia aquellos a quienes su entorno (sus familias incluidas) no les han podido brindar la posibilidad de seguir estudiando y de contar con mejores condiciones para un desarrollo humano pleno.
La investigación se desarrolló en la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), la escuela de educación superior que atiende a uno de cada tres estudiantes que asisten a este tipo educativo en la entidad, y que debido a su responsabilidad social y tradición humanista, plasmados explícitamente en su Ideario, al ser una institución pública, tiene el compromiso de formar profesionistas con alto sentido de equidad social, y así, hacer una importante aportación: trabajar para erradicar la desigualdad existente en el estado (aunque no se perciba) y en el país.
Si bien el trabajo inicialmente tuvo el propósito de analizar la participación familiar en la trayectoria escolar de los estudiantes universitarios, para lo cual se empleó un cuestionario que recopiló datos sobre las condiciones sociodemográficas y socioafectivas de las familias, durante el análisis se observó que estos datos se agrupaban de manera homogénea y mostraban una tendencia; de ahí que se optó por hacer uso del marco interpretativo de la desigualdad, con el cual se logró una comprensión distinta a la que se había planteado, pero que brinda elementos para reconocer quiénes son los jóvenes que estudian en la UAA.
De acuerdo con lo anterior, es preciso preguntarse si esta Universidad es una institución que integra grupos privilegiados a los que ofrece buenas posibilidades de desarrollo, que entiende la educación como bien público y como derecho humano, para que luego sean verdaderos agentes de cambio social, o por sus costos y criterios de admisión se constituye como una universidad que excluye a aquellos que no cumplen los requisitos para acceder a ella fomentando la desigualdad.
Desde el marco referencial que ofrece el tema de desigualdad, es posible afirmar que la educación formal es el principal medio de movilidad económica y social. Así pues, las políticas
educativas de los últimos años han logrado una transformación histórica que, en estados como Aguascalientes, ha permitido que prácticamente toda la población en edad escolar asista a estudiar y termine su educación básica, e incluso un alto porcentaje pueda acceder a la educación media. La oferta educativa en bachillerato y educación superior en el estado y su “tendencia tecnológica” (incremento sustancial de instituciones como los Centros de Bachillerato Tecnológico, industrial y de servicios (CBTIS) en educación media, o las universidades tecnológicas en superior), que ha tenido el propósito de fortalecer el crecimiento económico del estado como la principal medida de política educativa que se ha implementado en los últimos años. Sin embargo, es muy claro que la educación superior sigue siendo un privilegio de pocos.
Y por otro lado, las políticas internacionales (aunadas a la globalización y la sociedad del conocimiento) plantean a las instituciones educativas exigencias y responsabilidades para orientarse a un futuro en el que sean pertinentes –únicamente– al mundo productivo. Por lo anterior, es pertinente conocer quiénes son los grupos de jóvenes que asisten a las universidades públicas y qué se está haciendo para potencializar su formación y se conviertan en agentes de desarrollo social; si esto se logra, entonces se estarán dando pasos reales hacia la reducción de la desigualdad y el logro de la inclusión social.
Las condiciones generales del estado y la ciudad de Aguascalientes son muy buenas: es de los más pequeños del país en cuanto a su extensión, lo que permite tener una red de infraestructura vial y de comunicaciones muy eficiente; cuenta con un eje que cruza de norte a sur y facilita el flujo de personas y mercancías no sólo de y para Zacatecas y Jalisco, sino que se inserta en el eje troncal federal Ciudad Juárez – Querétaro. Esta situación favorece de manera muy importante el desarrollo económico y de negocios, lo que se deriva en opciones de empleo y alta disponibilidad de bienes y servicios.
En lo referente a su población y su división política, cuenta con once municipios, de los cuales en sólo tres se ubica 80 por ciento de la población y dan forma a la Zona Metropolitana de Aguascalientes, en la cual se concentra la mayor proporción de servicios y accesos socioculturales (empleo, educación, comercio), así como las opciones de desarrollo que genera la industria. El resto de los municipios tienen vocación agrícola, ganadera, minera y, recientemente,
turística. Su población total estatal era de 1´312,544 personas en 2015.
El actual Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2022 (Gobierno del Estado de Aguascalientes, 2017), ofrece dos ideas centrales que evidencian la imagen que proyecta la entidad: retomando a CONEVAL, afirma que el grado de rezago social es muy bajo (-1.0367), ocupando el lugar 29 de 32; y que el Índice de Rezago Social muestra sólo cuatro carencias sociales: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a servicios básicos de vivienda y calidad y espacios en la vivienda. Respecto al primero, y de acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI, 2015), en Aguascalientes 2.6 por ciento de las personas mayores de 15 años son analfabetas, 9.3 por ciento no finalizaron la primaria y 17.6 por ciento no cuentan con secundaria concluida, los cuales son buenos indicadores respecto de otras entidades. El Plan antes citado señala que la entidad destaca positivamente en temas de competitividad, desarrollo humano y económico, en seguridad pública, en reducción de la pobreza extrema, e incluso en educación.
Cabe mencionar otros dos detalles adicionales (que hablan quizá de un alto grado de homogeneidad en la población): en el estado no se declara oficialmente la existencia de población indígena (sólo hay pequeños grupos provenientes de estados vecinos), y los procesos de migración son favorables económicamente a la entidad, pues la migración externa o emigración trae divisas al estado, y la migración interna trae personas con niveles de estudio medios y altos que llegan a trabajar en las empresas que hay en el estado, particularmente en la industria automotriz y el comercio (35 por ciento del PIB estatal lo aporta la industria manufacturera y 15 por ciento la actividad comercial) (Gobierno del Estado de Aguascalientes, 2017).
Asimismo, según datos de CONEVAL, la pobreza estatal para Aguascalientes en 2016 fue baja, pues sólo 28.2 por ciento de su población se encuentra en pobreza (nacional: 43.6, Chiapas:
77.1 por ciento), y únicamente 2.3 por ciento en pobreza extrema (nacional: 7.6; Chiapas: 28.1). Pese a todas estas favorables condiciones económicas y bienestar generalizado,
comparadas con la mayoría de las entidades, es necesario mencionar que Aguascalientes también presenta serios problemas de desarrollo social (suicidio, embarazo adolescente, inseguridad) que limitan el bienestar de la población, particularmente la de los jóvenes.
Así, hay diferencias sociales y económicas importantes entre la población, pues no todo se distribuye con equidad y existen muchos pendientes para la política pública y la acción social. Por ejemplo, en el documento antes mencionado (Plan Estatal), para el actual sexenio los retos en
temas de alta prioridad para la sociedad son: mejorar salarios (pues aunque hay empleo, no es bien pagado), transparencia, atención en salud y centros hospitalarios, y deficiencias en dimensiones específicas del campo educativo, como la formación matemática y en temas de ciencia y tecnología (p. 39).
Uno de los problemas sociales más serios en el estado es el alto índice de suicidios, pues según datos del INEGI, en 2015 Aguascalientes ocupaba el segundo lugar en índice de suicidios a nivel nacional, teniendo un promedio de 9.9 fallecidos por cada 100 mil habitantes (nacional: 5.2, Chihuahua: 11.4) Cabe señalar también que la población de entre 15 a 29 años es la más propensa al suicidio (41.3 por ciento de los suicidios registrados en el país); en Aguascalientes, la tasa de suicidios en dicho rango de edad es de 14.1, siendo el cuarto lugar a nivel federal por debajo de Guanajuato, (15.9), Chihuahua (15.7) y Campeche (14.8). Entre las principales causas para que los jóvenes tomen esta decisión se encuentran los trastornos ocasionados por el abuso en el consumo de sustancias (alcohol, drogas), enfermedades mentales (principalmente depresión), conflictos familiares (especialmente con los padres), aumento de la violencia y los embarazos no deseados.
Otro problema que se da en Aguascalientes es el embarazo en adolescentes: es el tercer estado con el mayor número de casos; en 2016 el 17.3 por ciento de los nacimientos registrados en la entidad fue de mujeres solteras menores de 20 años (nacional: 17.8, Coahuila: 21.7). Uno de los elementos que se cree tiene una relación directa con esta situación, son eventos populares como la Feria de San Marcos, sin embargo, no existen estudios suficientes para concluir que esta afirmación sea cierta, pues existen otros factores como la deficiente atención que se le ha dado a la educación sexual en las escuelas (especialmente en educación media).
Con esta información, lo que se quiere argumentar es que, a pesar de contar con buenas condiciones generales (especialmente en lo económico), Aguascalientes presenta problemas sociales que evidencian que la sociedad de esta entidad no es tan homogénea como parece, y esta desigualdad, es posible percibirla en instituciones educativas como las universidades, tanto en las características de su población como en sus formas y lógicas de trabajo y operación.
A nivel nacional, los mayores avances históricos en el sistema educativo se tienen en el rubro de
la cobertura; así, hemos podido observar un importante avance en la proporción de niños atendidos en edad escolar, lo que ha generado cifras cercanas al 100 por ciento, sobre todo en la educación básica. Más recientemente, se ha dado una fuerte proyección a la educación media a través de las modalidades tecnológicas, abiertas y a distancia (CECYT, Telebachilleratos comunitarios, Prepa en línea), logrando tasas de absorción hasta de 99.7 por ciento (considerando el esquema escolarizado del Sistema Educativo Nacional), incluyendo los servicios de ambos tipos de sostenimiento: público (federal, estatal y autónomo) y privado.
Para el caso de Aguascalientes, el bachillerato ha pasado de tener 46,505 alumnos en el ciclo 2010-2011, a contar con 60,451 estudiantes en 2015-2016 (más mujeres que hombres), pasando de una cobertura de 65 por ciento a una de 80 por ciento, inscritos en 310 planteles y atendidos por 3,350 docentes; considerando su tipo de sostenimiento, 36 por ciento cursan sus estudios en instituciones del subsistema estatal, 35 por ciento lo hacen en preparatorias federales, 23 por ciento en escuelas privadas y 6 por ciento en el bachillerato de la Universidad Autónoma. Así, tenemos que a pesar de tener una alta deserción y reprobación (13 y 20 por ciento respectivamente, las más altas de cualquier tipo educativo; lo mismo ocurre a nivel nacional), y gracias a una eficiencia terminal del 66 por ciento (para Aguascalientes), la demanda de un lugar en el sistema de educación superior se ha potencializado en los últimos años, llegando a cifras históricas de atención.
Todo ello, aunado a las políticas globales y nacionales dirigidas a incrementar la formación académica y la preparación profesional, así como la generación de conocimiento a través de la ciencia, ha empujado de manera muy importante a la Educación Superior, no sólo en una mayor solicitud de lugares disponibles, sino también en su pertinencia para el mundo laboral, y en las demandas específicas de cada área de conocimientos (pensemos en las diferencias en la formación de un abogado, un médico y un ingeniero).
Una muestra de esta realidad es que para 2015 casi la mitad de personas (44 por ciento) entre 15 y 24 años acudía a algún centro educativo –típicamente bachillerato y superior– (INEGI, 2017), y para 2016 la matrícula nacional de educación superior, tanto en modalidad escolarizada como no escolarizada, era de más de 4 millones de estudiantes (ANUIES, 2017; IEA, 2017). Existe un abanico muy amplio de opciones formativas: Universidades Públicas Federales, Estatales, Estatales con apoyo solidario, Institutos Tecnológicos, Universidades Politécnicas y
Tecnológicas, Universidades Interculturales, Escuelas Normales, y todas ellas dan forma a un universo de posibilidades, trayectos y oportunidades para los jóvenes.
Ahora es necesario precisar que las cifras antes mostradas no se distribuyen de manera homogénea en todo el país, y estados como Aguascalientes, por sus condiciones geográficas, políticas, económicas y sociales, históricamente han mostrado buenos resultados e indicadores optimistas en prácticamente todas las variables.
En educación superior actualmente el estado tiene una absorción de 107.9 por ciento y una matrícula total de 51,981 personas, de las cuales 36,785 están en 12 instituciones públicas y 15,196 en 25 privadas, lo que implica una cobertura de 42.5 por ciento; entonces, los egresados rondan los 10,000 profesionistas al año.
De acuerdo con su forma de sostenimiento, 30 por ciento estudian en la Universidad Autónoma, 28.7 por ciento en instituciones particulares, 21.7 por ciento en instituciones estatales,
15.6 por ciento en escuelas federales y 4 por ciento en la modalidad de federal transferido. Así, tenemos que en Aguascalientes una de cada tres personas se ubica en la primera opción (UAA), la cual por sus condiciones (matrícula, tradición e historia), cobra relevancia especial en el sistema estatal.
Una muestra de su preminencia es que cada año, de una oferta de 42 instituciones de educación superior, la UAA es la que realiza primero sus procesos de selección, para que una vez que da a conocer quiénes fueron admitidos, el resto de los aspirantes pueda buscar otras opciones de estudio, ya sea en escuelas públicas (generalmente de carácter tecnológico), o privadas (que en su mayoría son de fácil ingreso, pero alto costo económico); y debemos considerar que esto ocurre a pesar de que la UAA es de las instituciones públicas más caras en el país (Ruiz, 2016).
El tema de desigualdad se ha vuelto relevante en las agendas políticas internacionales desde hace aproximadamente cuatro décadas; esto debido, en parte, al aumento de la desigualdad económica observada entre los países más desarrollados, así como a la predominancia del modelo neoliberal en los países occidentales. La meta de erradicar la desigualdad, propuesta desde la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible señala en su eslogan “Prometemos que nadie se quedará atrás”, lo que constituye un reto y una tendencia en los actuales discursos políticos.
Se entiende por desigualdad la dispersión que existe entre la distribución de la riqueza; en otras palabras, la variación entre los estándares de vida de la población (Galindo y Ríos, 2015: 2), escenario que lleva al estancamiento económico, la disminución de la cohesión social y al debilitamiento de las democracias. Sin embargo, la desigualdad no solo comprende la distribución inequitativa de las riquezas, sino que ésta produce, entre los menos favorecidos, acceso a deficientes servicios de educación, salud y cultura, condición que tiende a reproducirla.
Aunque la desigualdad económica sea la más reconocida, el Informe Mundial sobre Ciencias Sociales 2016, publicado por la UNESCO (2016), expone que la desigualdad abarca seis aspectos que se entrecruzan invariablemente con la desigualdad económica; éstos son: desigualdad social, cultural, política, territorial, cognitiva y de conocimientos. La propuesta da paso a hablar de desigualdades (en plural); a partir de esto cabe preguntarse ¿cuál es la desigualdad que precede al resto? Como antes se dijo, la desigualdad económica es una condición que parece estar dada por las condiciones del contexto al que se pertenece, en tanto que la desigualdad cultural hace referencia a una actitud discriminatoria en función del género, raza, etnia, religión, discapacidad y otras, de tal manera que esa concepción del otro como un ser diferente e inferior se considera el origen y esencia de las desigualdades.
En realidades como América Latina la pronunciada desigualdad económica que se vive en la mayoría de los países trae consigo una serie de consecuencias al bienestar de los mismos, que de no enfrentarse en el corto plazo dará lugar al aumento de la pobreza, así como al descontento generalizado, lo que puede desembocar en la organización de movimientos que inciten a la violencia.
A pesar de las dificultades que existen en México para medir la desigualdad (Esquivel, 2015), dado que las encuestas no capturan fielmente los ingresos de los que más perciben, generando valores inciertos sobre la real desigualdad en el país, de acuerdo con Galindo y Ríos (2015) el estado de Aguascalientes se colocó en 2015 como uno de los tres estados con menor desigualdad de ingresos laborales, obteniendo un Coeficiente de Gini de 0.331, lo que nuevamente da cuenta de las favorecidas condiciones económicas que se viven en el estado.
Particularmente, el tema de la educación cobra especial relevancia en el combate a la desigualdad; desde las políticas educativas a nivel internacional se busca que haya educación de calidad para todos, lo que significa reducir la brecha que hay entre aquellos que reciben una
educación que les permite adquirir habilidades para la vida y para posicionarse mejor en el campo laboral, y los que no tienen acceso a ella. Aunque en educación básica se han tenido avances en cobertura, la calidad sigue siendo un tema pendiente, es decir, ésta se convierte en el filtro por el que pasa la desigualdad. Así lo demuestran los trabajos realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo, al estudiar empíricamente el concepto de movilidad social intergeneracional, referida a la medición que se hace para saber si los hijos mejoran o empeoran su situación, en este caso educativa, respecto a los padres. Se observa que el resultado de movilidad intergeneracional en América Latina es bajo, esto quiere decir que el ingreso que obtienen las nuevas generaciones no es mayor al que obtuvieron sus padres. Por otro lado, se reporta un aumento del nivel educativo alcanzado por las nuevas generaciones en comparación con el que lograron sus padres. La importancia de comparar los niveles educativos intergeneracionales reside en generar conocimiento sobre el papel que desempeña la familia en la escolaridad de los individuos, no en un sentido determinista, sino en la comprensión del fenómeno de la desigualdad (Duryea y Robles, 2017).
Además, en el mismo estudio se analizan los ingresos de estudiantes peruanos y brasileños que asistieron a la universidad (pública o privada), comparando el nivel de ingreso familiar cuando iniciaron sus estudios superiores con su nivel de ingreso aproximadamente doce años después. Las universidades públicas juegan un papel importante en la movilidad social ascendente, es decir, en la posibilidad de aumentar los ingresos, aunque desafortunadamente esto depende del nivel de ingreso familiar del que se provenga; así lo afirman los mismos autores “es mucho más probable que un estudiante universitario alcance posteriormente el nivel superior de salario si proviene de un grupo familiar del rango de ingresos más alto que si proviene del rango de ingresos más bajo” (Duryea y Robles, 2017: 53). Lo que pone en entredicho la idea de que concluir los estudios profesionales generará mejores ingresos en todos los casos, específicamente en aquellos que provienen de condiciones menos favorecidas.
En este punto se evidencia una consecuencia de la desigualdad, pues aquellos que menos tienen se ven impedidos en invertir eficientemente en su educación, lo que significa que disminuye su inversión en capital humano y con ello sus oportunidades de movilidad social y crecimiento económico también se ven afectadas (Galindo y Ríos, 2015: 4).
En nuestro país el tema de cobertura en la universidad es todavía un reto; así lo señalan
las cifras para el ciclo escolar 2015-2016, pues aunque la tasa de absorción fue de 76 por ciento, sólo se alcanzó 31 por ciento de cobertura en el grupo de edad 18 a 22 años. Asimismo, el 21 por ciento de los alumnos que estudian el nivel superior provienen de los primeros cuatro deciles de ingreso, es decir, el 40 por ciento de la población que tienen menos ingresos (Tamez y Martínez, 2012). A este respecto cabe señalar que una de las metas del Programa Sectorial de Educación 2013-2018 que está por conlcuir, fue asegurar mayor cobertura entre todos los grupos de la población para construir una sociedad más justa, de tal manera que se propuso aumentar la tasa de cobertura particularmente en los primeros deciles de ingreso.
Como señalan Tamez y Martínez (2012) para elevar la cobertura en educación superior es necesario, entre otras cosas, reducir las tasas de reprobación y deserción en los niveles predecesores, así como un acompañamiento de los recursos en términos de capacitación de profesores, equipamiento de instalaciones, e inversión en la investigación para asegurar calidad, de otra manera se caerá solo en una simulación.
A nivel superior la desigualdad educativa se hace visible en distintos matices en lo que tiene que ver con cobertura; las diferencias sustanciales que hay en el acceso a este nivel entre los diferentes estados (por citar los casos extremos de Chiapas y Nuevo León) pone de manifiesto la complejidad de cada sistema educativo y del nacional en su conjunto, pues la cobertura entre otras cuestiones depende del crecimiento demográfico, de los niveles de pobreza que hay en cada entidad, de factores como la migración, urbanización y políticas públicas. Así, como señala Gil Antón (2010) “la desigualdad educativa […] no es condena o destino. Es resultado de procesos históricos y de políticas públicas precisas inmersas en relaciones de poder variables que la producen” (p. 290).
Lo anterior se refleja en los hallazgos de este trabajo, pues aun cuando las familias de las que provienen los estudiantes en una menor proporción pertenecen a un bajo nivel económico, sigue predominando los estudiantes cuyas familias de medio y alto nivel económico, sin duda favorecidos por las decisiones políticas de los últimos años.
El camino metodológico del presente estudio fue a través de una encuesta, realizando un estudio exploratorio de corte transversal, con el propósito de conocer la percepción de algunos
estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes sobre sus familias y la relación de éstas con su trayectoria universitaria.
Para ello, se aplicó un cuestionario semiestructurado a 304 estudiantes de siete licenciaturas; el contacto se estableció a través de una red docente con los profesores miembros de la Academia de Metodología de la Investigación y los instrumentos se aplicaron a sus estudiantes.
La muestra estuvo configurada de la siguiente manera: 72 por ciento fueron mujeres y 28 por ciento hombres; en cuanto al avance en su carrera, predominaron los estudiantes con poco tiempo en la universidad, pues 34 por ciento eran estudiantes de primer semestre, 46 por ciento de tercero, sólo 4 por ciento de quinto, 14 por ciento de séptimo y 3 ciento de noveno; por edades se obtuvo una distribución de 17 a 36 años, con una media de 20 años y desviación estándar de
2.5 años.
El instrumento fue de elaboración propia, a través de reactivos de opción múltiple y de diferencial semántico, ítems tipo Likert y preguntas abiertas; con ellos, se obtuvieron datos en tres dimensiones: de identificación de los estudiantes (edad, género, semestre); información acerca de las familias, tales como estructura (la pregunta abierta fue ¿quiénes conforman tu familia?), valoraciones acerca de la relación y la comunicación familiar, niveles de estudio de los padres, y condición económica familiar; así como situaciones escolares generales: promedio de calificación, percepción sobre aspectos relacionados con su paso por la universidad (administrativos, académicos, de compañeros y docentes), y la valoración de la participación familiar actual en actividades escolares no sólo durante el tiempo de la Universidad, sino en toda la trayectoria educativa de los estudiantes.
Para el análisis de la información se construyó y llenó una base de datos, utilizando el programa estadístico SPSS, versión 19. A continuación, se presentan algunos de los hallazgos y se analizan condiciones de las familias, a partir de la percepción, valoración y experiencia de los propios estudiantes.
En general, se pudo identificar que los estudiantes encuestados son un grupo privilegiado de jóvenes, cuyas familias les ofrecen un contexto de estabilidad y buenas condiciones; además, esta
situación se puede observar de manera “biográfica” (durante toda la trayectoria escolar), pues también reportan una participación muy activa en actividades de las escuelas en las que estudiaron. A continuación presentamos una serie de hallazgos que, en conjunto, muestran la concentración de un importante capital sociocultural, humano, afectivo y educativo en el grupo de jóvenes sujetos del estudio.
La escolaridad de ambos padres es muy alta: 35 por ciento de los padres y 28 por ciento de las madres cuentan con educación superior o posgrado, 29 por ciento de padres y 35 por ciento de madres tienen educación media, y sólo 36 por ciento de los padres y 37 por ciento de las madres tienen educación básica. Además, llama la atención que únicamente un padre (de 304 estudiantes considerados) no cuenta con estudios (en Aguascalientes 2.6 por ciento de los mayores de 15 años no sabe leer ni escribir; y en México es 5.5 por ciento). A nivel nacional el promedio de años de escolaridad de la población de 15 años y más es de sólo 9.2 años (apenas secundaria; hombres 9.3 y mujeres 9.0); y para el caso de Aguascalientes, es de 9.7 años (INEGI, 2015). Los padres de esta muestra, considerando que aproximadamente 64 por ciento tienen al menos bachillerato, tendrían más de 12 años en promedio, e incluso algunos llegarían hasta 17 años o más (7 por ciento de los padres y 3 por ciento de las madres tienen posgrado).
También se les preguntó acerca de su situación socioeconómica; 64 por ciento cuentan con condiciones de una clase media (vivienda mediana propia o rentada y con los servicios necesarios; contar con un vehículo familiar; asistir con cierta frecuencia a eventos de entretenimiento pagado; fácil acceso a la tecnología más reciente; usar aproximadamente la mitad del ingreso es para las necesidades básicas), 25 por ciento de clase alta (vivienda que es amplia, propia y con todos los servicios; poseen dos o más automóviles; vacacionan con regularidad, incluso al extranjero; renuevan constantemente la tecnología que usan; y en relación con el ingreso familiar, el gasto en alimentos es mínimo), y sólo 12 por ciento estarían en una situación de clase baja (vivienda propia, pero con escasos servicios, pocas opciones de entretenimiento pagado, dificultad para adquirir la tecnología más nueva y por invertir la mayor cantidad del ingreso familiar en alimentos). Esto por sí solo indica que las familias de este grupo de estudiantes tienen buenas condiciones económicas en general, y también llama la atención, pues si se considera que la Universidad Autónoma es de sostenimiento público, cabe preguntarse por qué predomina un perfil económico de este tipo (medio-alto).
Aunado a estos dos elementos, está la dimensión de situación/relación familiar: ante la pregunta de si sus padres están juntos o separados (por unidos se consideró si estaban en matrimonio civil o religioso, o sólo por voluntad propia, y separados porque no convivían, en viudez o divorcio), 7 de cada 10 (68 por ciento) menciona que están juntos; cuando se les preguntó ¿cómo es la relación con tu familia en general? (teniendo como escala 10 = Excelente y 0 = Pésima), 78 por ciento asigno valores de 8 a 10; declaran que la comunicación al interior de la familia es Buena (53 por ciento) o Excelente (13 por ciento) y sólo 2 por ciento dijo que Pésima; y en general, cuando están con su familia se sienten bastante aceptados (62 por ciento), muy felices (58 por ciento), e incluidos (56 por ciento).
Con estos elementos (escolaridad, nivel socioeconómico, situación relacional de los padres y de la familia) podemos pensar en estudiantes con buenas condiciones generales de vida, bastante estables, incluso muy positivas, en las que ambos padres trabajan y aportan al gasto familiar, y existen buenos climas afectivos, lo que en conjunto puede ofrecer a sus hijos (estudiantes de educación superior) los beneficios de un capital social y cultural amplio (o al menos suficiente para afrontar esta etapa de su formación profesional).
En nuestro cuestionario también exploramos algunos elementos de la relación familias – escuela y podemos decir que, en general, las familias de estos estudiantes (y seguramente ellos mismos) valoran mucho la escolarización y han tenido una participación activa y cercana con las escuelas en las que han estado sus hijos.
Primero, sus familias tienen altas expectativas, pues los jóvenes saben que sus estudios universitarios son bastante (19 por ciento) o muy importantes (75 por ciento), y consideran que la relación de su familia con las escuelas en las que ha estado durante su trayectoria escolar ha sido buena (54 por ciento) o excelente (35 por ciento), y dos de cada tres están de acuerdo o totalmente de acuerdo en que “La relación entre la Universidad y las familias debe ser muy cercana” (reactivo de opinión).
Asimismo, todo este respaldo a la escolarización de los hijos no es algo reciente en las familias, ni surgió ahora que tienen integrantes en la educación superior; de acuerdo a la valoración de los propios estudiantes, el grado de participación de su familia, a partir de una escala de 0 = Nula y 10 = Muy activa, en el preescolar 90 por ciento dijeron que fue Alta (retomando la suma de los valores 8 a 10), en primaria 88 por ciento la consideran así, secundaria
73 por ciento, y para bachillerato y universidad 57 y 54 por ciento respectivamente.
En la consecución de mayores niveles de equidad social es preciso decir que, aunque la responsabilidad es mayor para los que tiene el poder de tomar decisiones, el resto de los actores no quedamos eximidos de ella. La desigualdad económica de los últimos tiempos ha generado un descontento hacia las instituciones políticas, pese a ese malestar social existe una actitud que lejos de reprobarla activamente, permite que se siga dando. En palabras de Tedesco (2014) “[…] existe un rechazo global a una forma de sociedad que provoca niveles inéditos de desigualdad… acompañado por la aceptación de los mecanismos que la producen” (p.7).
El ámbito educativo, particularmente las universidades públicas, están ante un reto importante, pues junto con las familias, tienen la responsabilidad de formar profesionistas con un alto sentido de compromiso social. Particularmente la UAA, desde su marco filosófico, predica valores como la responsabilidad social y el humanismo, así como una misión encaminada a:
[…] formar a los estudiantes desde una perspectiva humanista que enfatiza el desarrollo equilibrado e integral de las dimensiones de su persona, lo cual les permita desempeñarse exitosamente como futuros profesionales y vivir la vida con plenitud y calidad; en generar, gestionar y aplicar conocimiento que responda a necesidades del contexto que derive en su permanente mejora. (UAA, 2007: 3)
Cabe destacar también que la UAA ofrece 61 cursos de diversas temáticas como parte del Programa Institucional de Formación Humanista, siendo algunas de ellas Comportamiento y sociedad, Conocimiento de la perspectiva de género, Desarrollo profesional y humanismo, y Sexualidad responsable. Además, dentro de dicho programa se consideran diferentes disciplinas deportivas, así como talleres ambientales, entre los que se destaca Protección del ambiente desde tu profesión. Los cursos se imparten en tres diferentes modalidades (extensiva, intensiva y en línea) con el propósito de que todos los estudiantes puedan participar en los mismos, ya que este es un requisitito de titulación.
Será importante valorar/estudiar/investigar en los egresados el verdadero impacto de estas
ideas y postulados, para apreciar si la formación que reciben en la universidad les brinda herramientas para comprender que son altamente privilegiados y que tienen un gran compromiso para con quienes no pueden acceder a esta oportunidad educativa; si se logra crear conciencia en los jóvenes de ello, la universidad estará cumpliendo una de sus tareas principales como institución pública: contrarrestar el efecto de la desigualdad económica y cultural, con la finalidad de lograr sociedades más inclusivas, justas y verdaderamente democráticas, para contribuir al desarrollo social de la región y romper con el círculo vicioso de la desigualdad.
Creemos que la responsabilidad de esta institución es mayor por albergar a una población privilegiada, quienes cuentan con las mejores condiciones para lograr cambios significativos en la sociedad de la que son parte (y pueden ser factores de cambio trascendentales).
En los ideales expresados en todos los documentos normativos, acuerdos y leyes generales, se señala que la Educación deberá provocar condiciones de igualdad social, bienestar general, y crecimiento armónico de las personas (por ende, de sus familias) (ver Silva y Rodríguez, 2012; Delgado, Martínez y González, 2013); sin embargo, podemos observar que, por su funcionamiento y operación, más que superar las desigualdades, en contextos e instituciones como los antes descritos, parecen estar condenados a perpetuarlos mientras no se tomen acciones y se fortalezcan las conciencias de los universitarios.
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