Alexandra Escobar Giraldo1
Palabras clave: Casanare; sobrevivientes; conflicto armado; paramilitarismo
El silencio no es la ausencia de sonido, ni el sonido es la ausencia de silencio. No hay silencio sin cuerpo, no hay cuerpo sin sonido. Y, ante la ausencia de un cuerpo quedará un nombre, una historia, una huella; que se propagará en otro u otros cuerpos, que lo harán existir a través de sus propios sonidos y silencios ¿A qué suenan las voces que quedan de un cuerpo ausente? ¿A que suenan las ausencias propias? El cuerpo ausente vive en cada historia y/o relato; y cada sobreviviente es historia y/o relato; entendiendo que, la vida es una historia y el relato hace parte de esa historia,
1Tesista de pregrado, Antropología, Universidad del Cauca, Línea de investigación: Antropología social, alescobargiraldo@mail.com.
este texto que aquí presento no sería posible sin esta comprensión. Compartiré en estas líneas el relato de relatos de sobrevivientes del paramilitarismo en el ·confín· de la Nación colombiana, un testimonio silencioso que da cuenta de la magnitud de lo sucedido; porque es precisamente en los testimonios, que podemos conocer las historias no oficiales o discursos contra – hegemónicos que habitan la periferia de país.
El Estado colombiano legalizó la operatividad de los ejércitos no estatales, paramilitares, y dispuso para estos sus instrumentos materiales (Fuerza pública, armamento y apoyo logístico) con el fin de "establecer el orden" en el ·confín· de la nación; frente a su ausencia les dio poder para ser los interlocutores legítimos con el uso concreto de la violencia, bajo el argumento de la lucha contra la insurgencia, de la “defensa propia” y de los bienes (la tierra). Los Llanos Orientales del Casanare, fue uno de los lugares clave para la expansión y auge del paramilitarismo a finales de los años noventa del S. XX, una ruta estratégica disputada por tener los dos yacimientos petroleros más grandes del país: Cusiana y Cupiagua, ubicados al sur del departamento, exactamente en los municipios de Aguazul y Tauramena. Después de que fuera comprobada su gran riqueza petrolera a finales de los años ochenta, en 1991 con la reforma constitucional de ese mismo año, se establece una nueva división político – administrativa para el país con la cual se da “(…) vida legal a nueve nuevos departamentos (…)” (Diario El Tiempo, 1991), entre esos Casanare, los cuales, no habían tenido relevancia, autonomía política, ni representatividad para la Nación, desde la conformación del país como República independiente a inicios del S.XIX; aunque este hecho no dista mucho de la actualidad. Casanare entonces, se erige como departamento “capaz de administrarse” yes integrado a la economía de la nación; al mismo tiempo sus instituciones son cooptadas por el paramilitarismo naciente, lo cual desencadenó una gran oleada de violaciones a los derechos humanos; que tuvieron como actores principales no solo las ACC (Autodefensas Campesinas de Casanare) y al Bloque Centauros de la Casa Castaño, jefes máximos de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia); también a la XVI Brigada del Ejército con sede en Yopal, capital del departamento y a empresas petroleras, como la BP (British Petroleum Company). Estos procesos en conjunto llevaron al señalamiento y asesinato de líderes campesinos y comunales; ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales y arbitrarias, desapariciones forzadas, amenazas, torturas, homicidios, masacres, falsos positivos y desplazamiento forzado; haciendo que un aparente "progreso" se edificara sobre la base del silencio de miles de sobrevivientes y de sus familiares
asesinados y/o desaparecidos.
Este texto nace de una investigación y trabajo de campo en el departamento de Casanare, que ya estoy a punto de “concluir”, así entre comillas, porque ante una guerra y un fenómeno violento que no cesa, es imposible dar por concluido algo; aquí tampoco pretendo demostrar nada, ni preguntarme por la pertinencia de indagar por la violencia y las experiencias que tenemos respecto a ésta, porque simplemente creo que si uno crece en un país como Colombia esas preguntas deben ser un deber político, de conciencia histórica. Tampoco pretendo aquí imponer una categoría de persona ·sobreviviente· o decirle a estas personas que han vivido directamente la violencia del país cómo deben ser nombradas, ya explicaré el uso de esta acepción. No encontrarán tampoco una visión romántica de lo que implica ser sobreviviente, sin embargo, hay dos cosas fundamentales:
El testimonio de los sobrevivientes es una apuesta fundamental a la verdad, a la justicia y a las memorias vividas y 2. El reconocimiento jurídico no basta cuando no son tomados como actores centrales de la historia. Aquí no encontrarán respuestas ni verdades legitimadas, pero sí encontrarán que el relato tiene el poder de acercarnos a la verdad, y la verdad es necesaria “(…) así sea dolorosa” (Guzmán, Fals y Umaña, 1962:14)
Sobreviviente
¿Cómo nombrar y hablar del dolor y la violencia? No haré una discusión conceptual elaborada sobre la categoría ·sobreviviente·, sin embargo, las maneras como nombramos y clasificamos el mundo son muy importantes. La RAE nos remite a dos acepciones para la categoría de sobreviviente:
Del ant. part. act. desobrevivir 1.adj. superviviente.
Del lat. supervivere.
intr. Dicho de una persona: Vivir después de la muerte de otra o después de un determinado suceso.
Del lat. Supervivens-entis.
1. adj. Que conserva la vida después de un suceso en el que otros la han perdido.
Ser sobreviviente es entonces, ser superviviente, y aunque pareciera que no tiene más sentido que el hecho de conservaciónde la vida después de un suceso trágico, lo cierto es que la noción connota otros significados a los que me acojo para asumir una posición personal y política, cada vez que nombro la palabra sobreviviente. Tales connotaciones nos muestran la relación directa entre el sobreviviente y el testimonio, el acto de dar testimonio; Agamben plantea que “(…) sobrevivir es convertirse en testigo (…)” (2000:13), enunciado que nos permite ver tres acepciones: testimoniar, testigo y testimonio. Testimoniar nos remite al acto de contar, narrar lo que ha sucedido, escribir, denunciar (Agamben, 2000); el testimonio es la narración escrita, contada, hablada, la estructura (Agamben, 2000) y el testigo no es un tercero que narra lo que le contaron que sucedió, si no, el que vivió de alguna manera lo que sucedió:
En latín hay dos palabras para referirse a testigo. La primera, testis, de la que deriva nuestro término “testigo”, que significa etimológicamente aquel que se sitúa como un tercero (terstis) en un proceso o litigio entre dos contendientes. La segunda, supertest, hace referencia al que ha vivido una determinada realidad, ha pasado hasta el final por unacontecimiento y está pues en condiciones de ofrecer un testimonio sobre él. (Agamben, 2000:15)
Pero además, se es y no se deja de ser testigo, así se despoje de la calidad de testigo (Agamben, 2000); el autor plantea tres testigos de calidad, uno de los tres es el testigo sobreviviente/superviviente, despojarse de la calidad de testigo significa dejar atrás el acto de testimoniar; en otras palabras, se es y no se deja de ser sobreviviente. Para el caso colombiano, hay que tener en cuenta que muchos de los sobrevivientes han sido despojados sin elección de su calidad de testigo, narrar lo sucedido en medio del conflicto para muchos no es la mejor opción; el ejercicio de infundir terror y dolor para horrorizar y controlar, ha sido el acto más “aleccionador”, una verdadera pedagogía de guerra que se escapa de nuestra comprensión:
La violencia se ensaña con los cuerpos. Cuerpos heridos, abiertos, desmembrados, expuestos en una disolución violenta de las formas, provocan la caída al abismo del horror (…) horror que ejerce su poder político rompiendo violentamente el sentido, sembrando la incredulidad y el miedo (…) Teatro del horror para que el público no olvide (…) Texto, Teatro y Exposición”. (Restrepo, 2006:20)
Pero, es importante tener en cuenta que para silenciar no solo es necesario el empleo del terror, las técnicas de disposición de uno o varios cuerpos para buscar la subordinación, el exterminio y la desestabilización; sino también, generar historias oficiales o discursos hegemónicos que garanticen y justifiquen las acciones violentas de ciertos actores que pasan a la vida pública como “héroes”, “salvadores”, protagonistas, referentes, como los verdaderos paradigmas sociales que inscriben el cuerpo, reescriben la historia, generaran ausencias y reemplazan ausencias (la del Estado). Frente a las circunstancias históricas del conflicto en Colombia; el verdugo pudo haber sido sobreviviente, el sobreviviente puede convertirse en verdugo; sin embargo, las voces de los sobrevivientes que nutrieron todo el andamiaje narrativo de estas líneas son las voces de los sobrevivientes que no han asumido (ya sea forzosamente, por estar de acuerdo “con” o porque creyeron en la guerra como opción económica de vida) la condición de verdugo, ni en aras de la historia ni por su propia historia de dolor; y aunque muchas veces sus vidas han estado en riesgo por buscar la verdad, pues quien “(…) testimonia abre la posibilidad de develar responsabilidades (…)”(Das, 2008:288), no han renunciado a ser testimonio; en cambio de aquellos actores ”héroes”, estos sobrevivientes son encarnan personajes desconocidos por la historia oficial, que “(…) no hacen noticia (…) no dirigen ejércitos ni gobiernan países, quiénes no han realizado ningún descubrimiento fundacional y no son referentes ideológicos de ninguna élite ni clase social” (Piña, 1986:20); voces anónimas que no parecen preocupar a nadie “(…) porque aparentemente carecen de sentido político, porque no confrontan ni amenazan directamente al Estado (…) no tienen dueños ni dolientes”. (Uribe, 1995:11); voces silenciosas y silenciadas por el uso de la fuerza legítima (Benjamín, 1978) (violencia física como uno de los recursos por parte del Estado, el cual tiene sus propios instrumentos legítimos como la Fuerza Pública) e ilegítima (Benjamín, 1978) (violencia física por parte de individuos o grupos organizados como 1.Fuerza privada o
contrainsurgencia, para el caso colombiano legitimada por el Estado para el uso concreto de la violencia; y 2. Insurgencia (guerrillas)).
Existe una “garantía” jurídica, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (2011), que permite al sobreviviente dirigirse como “víctima” en términos de Estado, al Estado, sin intermediarios ni mediadores; donde se supone que se garantiza que su integridad sea protegida y su persona reconocida en términos de la Ley. Existen muchas fallas en la institucionalidad que ponen en peligro esa integridad y dignidad (finalidad de un Estado de Derecho, sobre el cual también se sustenta el Estado Colombiano); como por ejemplo, el retardo en los procesos de denuncia, la dilatación de los procesos en las investigaciones; problemas con la con la devolución de las tierras que les fueron expropiadas por falta de garantías para el retorno a ellas; falencias e incumplimiento en las medidas de atención psicosocial; y testimonios compartidos que son puestos en duda por las autoridades competentes; acciones que generan un gran panorama de incertidumbre y de desconfianza hacia los funcionarios judiciales, y autoridades locales; pues el derecho a la verdad y a la justicia nuevamente es violentado, “(…) las víctimas viven una odisea o una panacea según el municipio donde vivan (…) la aplicación de la ley depende de qué tan de su parte estén las autoridades departamentales o locales” (Revista Semana, 2014). Cada vez que encuentren el uso de la noción de ·sobreviviente· sabrán que yo existo en cada relato1, cada relato existe en mí2; y encontrarán el uso de la noción de “víctima”, solo cuando me refiera en términos de Estado o cuando alguna cita contenga la palabra. La noción de ·sobreviviente· ha sido la manera que desde mi sentir y posición política encuentro para nombrar a las personas que han vivido de cerca el conflicto armado, y que pueden dar cuenta de él con su testimonio.
(...) yo estaba ahí escuchando lo que ellos decían... como se imaginaban que era la guerra
¿no?... entonces, hasta que no aguanté más y exploté y me levanté (…) y le dije... ¿(...) le puedo contar mi historia? ¿Pa· que él entienda qué es la guerra? (…) Entonces (…) hubo un silencio (...) y yo comencé a contar la historia y tenía rabia por lo que yo escuchaba que suponía la gente que era la historia, y comencé a llorar y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba, y nadie decía nada… (M.L, testimonio, Yopal, 21 de junio de 2014)
El flujo de sangre atravesó aire, tierra y agua. Fueron 140 hombres armados4 (Arboleda, 2009) los que se embarcaron en aviones desde dos puntos del Urabá antioqueño: Apartadó y Necoclí, todo con pleno conocimiento y colaboración de la Fuerza Pública5. En estos primeros dos puntos fueron apoyados logísticamente por la Brigada XVII del Urabá y así fueron recibidos en el aeropuerto de San José del Guaviare el 12 de julio de 1997; para ese momento, en el municipio se encontraba instalada la Brigada II del Ejército bajo el mando operacional del Batallón Joaquín París, que a su vez tenía bajo su jurisprudencia territorial el municipio de Mapiripán en el departamento del Meta, y dependía operacionalmente de la VII Brigada del Ejército con sede en Villavicencio, que tenía igualmente jurisdicción en la zona (Morris, Contravía TV, 2010). La sangre del conflicto que recorría el río Guaviare es represada en Mapiripán, allí en uno de los corazones del Ariari6, ese vasto y extenso territorio del Meta que tiene las tierras más ricas y fértiles del departamento; además de ser desde la primera mitad del siglo XX aquel lugar campesino y colono, que desde los años cincuenta tuvo patrones de colonización con filiación partidista: liberal y comunista; aquel lugar que históricamente como en toda la región de los Llanos, la violencia y la migración han sido las constantes históricas como detonante de distintos procesos de colonización, que han generado la competencia y disputa por el territorio, y sus recursos:
La región indígena de Tierradentro en el nororiente del Cauca, La Guajira, Urabá, el Putumayo, el Caquetá y los Llanos Orientales, fueron objeto de intensos y extensos movimientos de penetración y de colonización durante la segunda mitad del siglo XIX y el transcurso del siglo XX. Si observamos la actualidad geopolítica colombiana, podemos apreciar precisamente que, en estas regiones, últimos espacios de hábitat indígena, los fenómenos de conflicto, de violencia y de guerra abierta, unidos a las consecuencias generadas por los descubrimientos y explotaciones (…) de petróleo, oro, carbón, etc., concluyen hoy los procesos de asimilación y de exterminio (…) (Gómez, 1991: II)
Mapiripán se había convertido desde finales de los años ochenta en lugar y ruta estratégica para el tráfico de cocaína hacia el resto de la región de los Llanos, la Amazonía, Brasil y Venezuela, y quiénes dominaban éste gran emporio económico eran las FARC – EP. Ellas regulaban y
vigilaban la ‘economía cocalera’ en la subregión del Ariari, era su corazón y pulmón, de una manera u otra su lugar histórico desde un poco antes de los años ochenta7; lo cual alimentó su expansión, fortalecimiento y consolidación militar – armada; así, con el control de ciertas rutas estratégicas dentro del territorio nacional, en 1995 empiezan a extorsionar a colonos ganaderos (Verdad Abierta, 2013), además de otras respuestas consideradas contraofensiva paramilitar. Esta particularidad había llevado al territorio a la estigmatización, persecución y violencia política; recordemos que en 1985 nace la UP (Unión Patriótica), partido político que surge de los diálogos de paz entre las FARC y el gobierno de Belisario Betancurt; lo cual fue percibido como un verdadero obstáculo para esmeralderos, narcotraficantes y recientes grupos autodefensa organizados en el control, despojo, uso, acumulación y compra irregular de tierras baldías de campesinos; además del ejercicio de exterminio a la insurgencia y a lo que ellos consideraban en ese momento como su base social, fundamentalmente todos los procesos de organización campesina que tenían fuerza e incidencia en las regiones, como la ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos). Los asesinatos fueron sistemáticos y selectivos (persecución, muerte y desaparición), un exterminio por razones políticas; perpetuado por miembros de la Fuerza Pública, paramilitares y la anuencia del Estado8 ; aún la cifra es incierta, para 1990 el exterminio de la UP y de sindicatos bananeros de Urabá llegó a más de 3000 muertes, según los registros oficiales, y los dolores nos seguían sumando.
Pero, más allá del argumento de que las autodefensas no tolerarían un pueblo guerrillero por nombrarse a sí mismos como contrainsurgencia, el proyecto paramilitar tendría como fin la disputa violenta de las riquezas de la periferia del país, en aquellos extensos territorios donde no existía realmente el Estado. La estrategia de expansión entonces, sería quitarle a la guerrilla el control de cultivos, laboratorios para la producción y rutas de tráfico de cocaína, y la idea de desarrollar un proyecto de palma aceitera con el cual lavarían dinero:
En los años 80's las Farc y los narcotraficantes –como Gonzalo Rodríguez Gacha- sostuvieron acuerdos de convivencia. Los narcos pagaban a la guerrilla para que protegiera los cultivos, laboratorios y las rutas para sacar la droga y entrar los insumos. Los desacuerdos surgieron cuando las Farc quisieron tener mayor participación. Ya no sólo en el gramaje9 sino cobrar por el producto terminado, lo que obviamente representaba más
dinero10 En respuesta a esta situación los narcotraficantes fortalecieron sus aparatos armados propios. (Verdad Abierta, 2016)
Llegaron la madrugada del 15 de junio de 1997, así, “(…) como siempre llegan a los pueblos, encapuchados, de camuflados, llenos de rabia y de odio, dando órdenes y ejerciendo su poder”11 (Verdad Abierta); paramilitares, la mayoría al mando de las ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá), a finales de ese mismo año declaradas por Vicente y Carlos Castaño como ·estado mayor· de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). Salieron por vía terrestre y fluvial “(…) hasta un sitio conocido como las Charras, un puerto cercano a Mapiripán sobre el río Guaviare” (Arboleda, 2009) donde los esperaban 60 hombres de la estructura de ‘Los Buitragueños’ o ACC (Autodefensas Campesinas del Casanare) al mando de Héctor Germán Buitrago, alias ‘Martín Llanos’; quienes días antes se habían infiltrado en Mapiripán para realizar el trabajo de inteligencia y crear la lista con los nombres de quiénes serían silenciados con el argumento de ser presuntos auxiliadores, simpatizantes o colaboradores de las FARC; todo como una apuesta “pedagógica” de guerra que se aleja de nuestra comprensión. Fueron seis días de sangre, miedo y horror; la sangre de los cuerpos arrojados al río Guaviare se iba disolviendo con el paso de los días por el manto del silencio, porque “(…) el tiempo que transcurre es la verdad que huye”12 (Morris, Contravía TV, 2004) y por acción y omisión13 (Corte IDH, Sentencia 15 de septiembre de 2015), los días de la incursión paramilitar concluyeron el 20 de julio de 1997. Dicen que la sangre que es bombeada desde nuestro corazón y que circula en nuestro cuerpo se expresa en litros por minuto, y de esta misma manera también podemos expresar el flujo de sangre derramado por cada cuerpo en el conflicto; 49 personas asesinadas en Mapiripán, como lo declararía el propio Carlos Castaño14 (Diario El Tiempo, 1997); asesinadas de forma inenarrable, porque hay muertes que nos parten el corazón de pena y no sabemos que el corazón se nos puede partir así. La masacre fue planeada y calculada en enero de ése mismo año en una reunión con todos los jefes paramilitares del país “(…) en una finca ubicada en San Pedro de Urabá y bajo las instrucciones de “la casa Castaño”, esto es, Carlos[sic]y Vicente Castaño Gil[sic]; Salvatore Mancuso15 [sic], Doble Cero(Carlos Mauricio García)[sic] y unos 50 mandos medios” (Arboleda, 2009), e igualmente contaron con el apoyo de miembros de las FFAA (en su mayoría oficiales activos del Ejército); lo que constituiría la estrategia del inicio de despliegue, consolidación y
expansión del proyecto paramilitar que conocimos como AUC; en el cual los hermanos Castaño al mando de las ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá), se unen a las ACMV (Autodefensas Campesinas del Meta y el Vichada) conocidos como ‘Los Carranceros’ quiénes estaban al mando de Víctor Carranza16 y dominaban el Magdalena Medio y parte de los Llanos; y a las ACC (Autodefensas Campesinas de Casanare). Pero esta alianza no se traduciría precisamente “(…) en la coexistencia pacífica y estable de los diferentes grupos de autodefensa (…) pues muchos de ellos perseguían objetivos propios, según el contexto de la región de origen” (Gonzáles et al, 2015:137)
La incursión paramilitar comenzaría entonces en los Llanos Orientales, uno de los lugares estratégicos; después de Mapiripán llegaría la sangre a Caño Jabón, un 4 de mayo de 1998. Sería una masacre anunciada; ya desde noviembre y diciembre del año anterior los campesinos habían denunciado la probabilidad de que ésta vez la sangre fuera represada en aquel pequeño puerto del Meta cercano a Mapiripán, pero las FFAA se manifestaron diciendo “(…) que los campesinos estaban siendo manipulados por las Farc para que se “inventaran” que una incursión de los ‘paras’ era inminente”17 (Diario El Espectador, 2013). El saldo entonces fue la sangre de 20 campesinos, pues nuevamente el argumento era “(…) que las autodefensas no tolerarían un pueblo guerrillero (…)” (Verdad Abierta, 2012); luego se interpondría una condena hacia el Estado en el 2003, frente a lo cual el Ministerio de Defensa argumentó que había“(…) que tener en cuenta la situación de guerra que (…) [vivía] el país, la crisis económica, la capacidad de los grupos subversivos, que hacen que el Estado no pueda operar de una manera oportuna para salvaguardar la vida de los colombianos” (Verdad Abierta, 2012). De esta manera empezábamos a vivir con sangre propia y de miles, que la fuerza del fenómeno paramilitar se encuentra en la expansión. Habiendo llegado a éste punto nadie los podía detener: el miedo nos paralizaba, las heridas nos sangraban, roían nuestra carne; se alimentaban y se hacían más fuertes con todas nuestras miserias de guerra. Así, con el control territorial, militar, político y social en manos de las autodefensas, Castaño declararía un septiembre de 1997 que habría muchos más Mapiripanes… Nos dejó claro que ante un Estado ausente eran ellos quienes tenían el control del poder y llevaban años abriendo el camino para la configuración de un paraestado.
El conflicto armado colombiano y la garantía de que la violencia esté legitimada por el Estado, nos muestra en el tiempo que las grandes grietas siempre emergen de pequeñas fisuras, que de no ser monitoreadas a tiempo van generando de a poco un fallo en el funcionamiento de las bases “sólidas” sobre las cuales nos asentamos, y finalmente se expone la ruptura. Desde el S. XIX podemos observar cómo efervesce una guerra civil que no cesa y que se ha manifestado en el enfrentamiento armado de fuerzas políticas, ideológicas, insurgentes, paraestatales y fuerzas armadas del Estado; una guerra a su vez ha tenido dos disputas fundamentales: el poder y, la tierra y sus recursos. Desde los años treinta el país pasa a manos de los liberales, lo cual es asumido como una amenaza directa para los conservadores, quienes vuelven a detentar el poder político luego de 16 años de ausencia; y la tensión popular explosiona antes del 9 de abril de 194818, la contienda entre partidos políticos nuevamente se hace inevitable; el poder se convierte en la herramienta mediante la cual se impone la ideología y su vía de imposición era el Estado. Ante el retorno de la hegemonía conservadora y luego el golpe militar19, durante 10 años se mantiene una política de represión en la cual se persiguen y se exterminan contradictores políticos, pero el conflicto alcanza tal magnitud, que la represión provoca el fortalecimiento de facciones armadas insurgentes conformadas por campesinos que tenían una filiación partidista: liberal y comunista, y quiénes al ser víctimas de la violencia deciden tomar las armas. La violencia se sembró, pululó y se recicló (Ronderos, 2014) en los extensos campos de la periferia del país y allí mismo emergieron las guerrillas liberales20 ‘limpios’ (Guzmán, Fals y Umaña, 1962), los comunistas ‘comunes’ (Guzmán et al, 1962) y los bandoleros ‘chusmeros’; los tres funcionaban como “organismos defensivos”21 (Guzmán et al, 1962) o grupos autodefensa:
(…) [Para ellos] la razón inicial no fue política. Su insurgencia feroz está determinada por una historia que cubre con omniosa veste inútuil la lesión irreparable del horror de las mujeres. Solo el que es campesino o participa de su ancestro, puede valorar lo que esto contiene la tragedia, de horror, de afrenta, de desesperación, de odio, de decepción, de pesimismo, de rencor (…) (Guzmán et al., 1962:262)
Sus fuerzas antagónicas, entonces, se convirtieron primero en ‘chulavos’22, campesinos
conservadores ‘guates’23, que defendían como facción armada el gobierno de Mariano Ospina Pérez 24y poco después, en bandadas de ‘pájaros’ que asesinaban a sueldo no solo a liberales, sino también, a personas que tuvieran cualquier ideología diferente a la conservadora; llegaban y arrasaban huyendo, con pleno conocimiento del Estado, sirviéndose de los intereses del Estado y sus grupos de poder. A su vez, la Fuerza Pública, Policía y Ejército, quienes para los cincuenta representaban el orgullo patrio25 (Guzmán et al., 1962), ven quebrantado su mando y autoridad ante el fracaso de las políticas oficiales por la crisis del conflicto, así “(…) se estructuró una “policía política” [La Popol, policía ·chulavita·, creada en 1947] que a la postre se convirtió en un brazo ejecutivo del partido conservador”26 (Guzmán et al., 1962:252), arremetiendo terriblemente contra la población civil. Con la Constitución Política de 1886 se institucionaliza el Estado de Sitio27 como mecanismo jurídico y constitucional para combatir el carácter subversivo de los grupos civiles, lo cual generó la persecución política, criminalización y la mal nombrada “limpieza social”28 (Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], 2016:17); y bajo la misma también se amparan las élites políticas partidistas hasta 1991cuando se establece la nueva reforma constitucional; estos 105 años de constitución generan la imposición de la hegemonía conservadora; una gran crisis fiscal y económica; la corrupción de la autoridad política; el inicio de explotación de las economías de frontera como proyectos estatales, “civilizadores” y de “integración” a la economía de la nación; el gran detonante histórico por las formas de tenencia y uso de la tierra, que se manifiesta en el choque entre campesinos y terratenientes por la explotación, y ocupación de tierras baldías en áreas de frontera. Este es el inicio de lo que serían las primeras facciones armadas que asesinaban a nombre del Estado y respaldado por él; autoproclamados como autodefensas, o lo que llamamos paramilitares; que no solo son una de las respuestas a la crisis de las instituciones del Estado y a la ola de violencia que vive del país desde el S.XIX, sino también, una estrategia estatal basada en el discurso de la lucha ·contrainsurgente· que desde 1965 tuvo fundamento legal con la Doctrina de Seguridad Nacional, para su promoción y organización en pro de la ·defensa nacional·. Esta política de Estado promovió, entrenó y dotó de armas “(…) a habitantes en zonas de Conflicto con la finalidad de involucrarlos directamente en la confrontación y los apoyará en la lucha contrainsurgente”29 (Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, 2006).
La violencia cambió de forma para inicios de la década de los años ochenta, amparada por
una política estatal y a su vez negada a toda costa. La región del Magdalena Medio30 fue el lugar donde empezaron a operar, allí se podría decir que comenzó la nueva ola de violencia; una región estratégica para la producción y transporte de cocaína por las vías fluviales, que narcotraficantes y paramilitares quisieron dominar a toda costa, y que se disputaron con las FARC – EP. Puerto Boyacá, un pequeño municipio del departamento de Boyacá que limita al este con Casanare, se convirtió en su centro, donde nació:
“(…) la primera organización armada de autodefensa, cuyos fundadores fueron (…) Pablo Guarín -asesinado en 1987, por las FARC- Carlos Loaiza, Luis Suárez y Gonzalo Pérez. Ellos recogían aportes de hacendados de la región y reclutaban entre los hijos de los campesinos, a los jóvenes que debían ingresar a la primera escuela de autodefensa, llamada "El Tecal" y ubicada en la finca La Paz cerca a Puerto Boyacá” (Revista Semana, 1989)
Su estrategia fue empezar con una fachada bajo el nombre de Acdegam (Asociación de Ganaderos del Magdalena Medio), la cual mantenía actividades legales como brigadas de salud, salarios de maestros, proyectos de vivienda, comida gratuita, reinados, equipos de fútbol (Ronderos, 2014), por medio de las cuales reemplazaba al Estado proveyendo de servicios a los campesinos, lo cual les permitía “(…) ubicar cuáles de ellos estaban asociados con las FARC y cuáles, por el contrario, se mostraban hastiados de las prácticas de la organización guerrillera” (Revista Semana, 1989); pronto Puerto Boyacá se convirtió en un referente y a la entrada del municipio se podía leer: “Bienvenidos a Puerto Boyacá, tierra de paz y de progreso, capital antisubversiva de Colombia” (El Espectador, 2013) , tanto que muy pronto narcotraficantes, esmeralderos y autodefensas sellaron su alianza, sosteniendo estrechas relaciones con Gonzáles Rodríguez Gacha alias “El Mexicano”, Pablo Escobar y Luis Ochoa Vásquez; en conjunto crearon las primeras escuelas autodefensa con entrenamiento militar cerca de Puerto Boyacá, y traen a mercenarios israelíes y británicos como Yair Klein y David Tomkins para entrenar civiles, muchos de ellos campesinos quiénes por obligación, por creer en el nuevo proyecto armado que creían podían “protegerlos” frente a la ausencia del Estado o simplemente por apostarle a la guerra como alternativa, entran a alimentar las filas del paramilitarismo; muchos de los jefes paramilitares que fueron visibles en la década del noventa se formaron allí, tal es el caso de Carlos Castaño
(Ronderos, 2014), quien se convirtió en jefe mayor de las AUC. Bajo estos parámetros:
(…) empezaron a aparecer los cadáveres, a veces mutilados o torturados, de aquellos quienes se les atribuía algún nexo con la guerrilla. Solía suceder que sobre al lado de sus cuerpos, se encontrara un letrero con inscripciones como "Muerto por comunista (…) Hacendados, comerciantes y mineros de regiones como Urabá, el Meta, el nororiente antioqueño, y todo el Magdalena Medio, comenzaron a patrocinar las brigadas de salud que precedían las llamadas "operaciones de limpieza", y las primeras masacres que se dieron en estos tiempos en el país, como la sucedida en Remedios, Antioquia, a fines del 83. (Revista Semana, 1989)
Para finales de los años noventa, el paramilitarismo se convirtió en un fenómeno violento que se erige como la apuesta a un proyecto de orden nacional, que se propuso una expansión territorial a toda costa, apoyado fuertemente por élites regionales políticas y de gran empresa, por la Fuerza Pública, hacendados, empresarios y multinacionales petroleras, que ayudaron a facilitar su poder en las instituciones del Estado.
Casanare también fue la noticia de una riqueza que movió el fenómeno violento de la colonización en las tierras del oriente de lo que hoy es Colombia, buscaban El Dorado y lo que encontraron fue oro negro; siglos después se convertiría en el significado de la riqueza potencial de los países bajo los parámetros del sistema capitalista, primero el carbón y luego el petróleo pasarían a mover al mundo (Vega, 2010). Sin embargo, tanto en la Colonia como en la construcción de Colombia como Estado independiente, no se dejó de asumir a Casanare como un lugar “salvaje”, no pudiendo ser integrado realmente a la Nación. La región representó una zona de escape y refugio para prófugos, migrantes y “aventureros”, ya “(…) desde finales del siglo XVII [era considerada] como el espacio ideal para eludir la acción de las justicias ordinarias por parte de los individuos que se situaron al margen de la ley” (Gómez, 1991:23) y para un gran número de personas que huyeron de las guerras civiles desde el S. XIX; y posteriormente una “(…) zona de refugio y confinamiento de “Revolucionarios” y de individuos considerados socialmente marginales: “delincuentes”,
“malhechores”, “bandidos” “guerrilleros”, etc.” (Gómez, 1991:146). Fue este mismo lugar el que ayudó a ganar la independencia; en el que un siglo después, en los años cincuenta, emergieron las primeras guerrillas de Colombia, ·Guerrillas Liberales de Llano·, que combatieron contra la Policía ·chulavita· conservadora y ante la ausencia estatal escribieron sus propias leyes como un Estado de facto; y en el que desde principios de los años ochenta se convierte en uno de los departamentos donde mejor se enquistó el paramilitarismo, su institucionalidad que nació con la Constitución de 1991 cuando se convierte en departamento, fue cooptada por el proyecto paramilitar que en ese momento se empezaba a consolidar. Detrás de estos procesos, se pueden mostrar para Casanare dos constantes históricas: la violencia y la migración (Gómez, 1991), que evidencian a su vez la ausencia del Estado, el débil control de los territorios de frontera y lo que ha significado para Colombia el motor del conflicto armado: la tierra. Casanare es uno de los lugares del país donde existen la mayor cantidad de tierras baldías, muchas de ellas expropiadas y tomadas a la fuerza, adjudicadas a terceros, tierras abandonadas y tierras del Estado; tierras ricas en petróleo… Frente a este hecho, el caso colombiano con respecto a la tierra no tiene para mostrar una política de Reforma Agraria.
La tierra como valor social económico importante y principal motor de la colonización en los Llanos desde el S.XIX (Gómez, 1991), fue forjando una sociedad regional, que germinó con la expansión de la frontera agrícola y las luchas que surgen alrededor de la ocupación de la tierra; tanto de organizaciones campesinas como la ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos), la JAC (Juntas de Acción Comunal) en las veredas y otras, frente a la Reforma Agraria, denuncia por la violación a sus derechos y garantías a su protección; así como de esmeralderos, terratenientes y narcotraficantes del Magdalena Medio que llegan a la región a principios de los años ochenta, formaron grupos privados autodefensa para el controlar extensas áreas tierra en la llanura siendo apropiadas a la fuerza. Con el petróleo se sumaron nuevas disputas, violencias, intereses e incremento demográfico en la región que ponía sobre la mesa un desigual y largo conflicto; para inicios de los años noventa con el “Boom petrolero” y el manejo BP (British Petroleum Company) en la explotación y producción de los yacimientos de petróleo de Cuisana y Cupiagua, se crea la Brigada XVI del Ejército con sede en Yopal (Capital del departamento de Casanare), como un batallón contraguerrillas y de “(…) protección del petróleo en Casanare y Boyacá y dirigida por muchos militares que recibieron formación en la Escuela de las Américas
(…)” (Cinep y COSPACC, 2009:114). La presencia de organizaciones paramilitares y Fuerza Pública aumenta en la región:
(…) New York Times publicó un informe en el cual señaló que BP contrató a 500 soldados y 150 oficiales del Ejército Colombiano para intensificar y asegurar las instalaciones petroleras a lo largo del país. Se estima que BP pagó en esos años entre 54 y 60 millones de dólares para protección privada (…) la empresa da un bono de entre 700000 y 800000 pesos oficiales y suboficiales por su papel en la protección de la infraestructura petrolera (Cinep y COSPACC, 2009:106)
La presencia de petróleo atrajo 1. El fortalecimiento de facciones armadas de las ACC (Autodefensas Campesinas de Casanare) en Monterrey, Villanueva, Maní, Yopal, Aguazul, Tauramena, en el sur del departamento; del Bloque Centauros de las AUC en el norte de Casanare y con quienes se disputaron la región entre 2001 y 2004, y en menor grado la presencia la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional) y muy poco de las FARC – EP; 2. Nexos entre paramilitares y élites políticas regionales, generando irregularidades fiscales en el manejo de regalías las petroleras, siendo el departamento que más recibía, irregularidades por corrupción, obras fantasmas, y acuerdos como el “Pacto Casanare” por medio del cual seis alcaldes del sur del departamento, la mayor zona petrolera del departamento, aceptan 14 exigencias de alias “Martín Llanos”, máximo jefe de las ACC, para manejar el presupuesto público; acordando que se les entregaba a los paramilitares el 50% del presupuesto municipal el 10% de la contratación (El Tiempo, 2007); 3. La violación de derechos humanos, el asesinato de líderes comunales que son declarados objetivo militar por ser “subversivos” y la desarticulación organizaciones sociales.
Sobrevivientes del Paramilitarismo en Casanare
Me fui de extremo a extremo: de esa otra cara del sur, el Cauca31, a los Llanos del Casanare; de
·confín· a ·confín·, de conflicto a conflicto, la periferia. Decidí hacer mi investigación de tesis en el departamento de Casanare, que como el Cauca, se convirtieron en “zonas rojas”, lugares donde se ha vivido más fuerte el conflicto armado. Una parte de mi familia vive hace un poco menos de veinte años en Yopal, capital del departamento; y al igual que muchos, fueron llegando como una
ola migratoria a la región en la década del noventa, tras la ilusión de progreso que daba el ·boom petróleo·.
María del Pilar, como la nombraré aquí, llegó a Yopal en el 2004, el mismo año en que se empezó a promover el marco jurídico de la Ley 975 de 2005 o más conocida como para la Ley de Justicia y Paz, aprobada un año después y con la cual, en teoría, se iba a garantizar la “verdad, justicia y reparación” frente a los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos por grupos paramilitares, quienes entraron a un proceso de desmovilización en ese mismo año, a excepción del grupo paramilitar que emergió en Casanare; ley que nunca fue la fórmula para el fin de la violencia paramilitar sino, para la impunidad y las verdades a medias. María del Pilar llegó huyendo por la violencia que se vivía y es testimonio vivo de los acontecimientos de este periodo y es su relato el que esta vez elegí para tejer la memoria:
Llegamos a Aguazul como en el año noventa y ocho porque como le cuento antes vivíamos en San Luis de Palenqué siempre trabajando en finquitas, pero allá se dio una buena oportunidad de una casita (…) uno escuchaba muchas historias de los paramilitares, a ellos les decían “los masetos”, los mismos paramilitares y uno no entendía cómo los campesinos podían matar gente, pero (…) uno escuchaba que mataban y violaban a la gente que estaba cerquita de uno y teníamos mucho miedo, pero ahí era donde estaba la vida.
(…) mi esposo no decía nada pero por lo menos tres veces me enteré de las amenazas que le hicieron y otra vez me paró en el pueblo uno del Ejército y me dijo que no querían guerrilleros en Casanare y que cuidado con mi esposo que dizque era sospechoso y que a guerrilleros como él había era que matarlos y yo le dije queso era mentira y me empujó con el arma, me dio una patada, después me tiró al piso y se fue diciéndome que “haber”, que quién era el que mandaba y que cuidara a mi esposo, que le dijera que mejor se fuera (…) yo la verdad no entendía – Me decía María del Pilar entre lágrimas – nosotros no le hacíamos daño a nadie… F. era muy trabajador y pues sí, yo a veces le decía que no me metiera en esas cosas (…) él a veces se llenaba de rabia porque habían amenazado a algún conocido del trabajo y ese sí no se quedaba callado por ahí (…) empezó a correr el rumor de que lo iban a matar y que lo iban a matar (…) Ya después de que me lo golpearon yo le dije que nos fuéramos de ahí que los chinos ya estaban grandes y el mayor ya había
terminado el bachillerato y que la china ahí iba, que yo n lo quería ver muerto ni a mis hijos tampoco… Peo él era terco que por qué nos teníamos que ir, que ahí teníamos la casita y que yo trabajaba por ahí cosiendo y que la china me ayudaba (…) Mi hijo el mayor quería ir a estudiar a Sogamoso [capital del departamento de Boyacá que limita con Casanare] por allá a la universidad pero pues a nosotros no nos alcanzaba y él por eso vino a trabajar a Yopal y nos iba a visitar cada quince días (…) yo ya tenía mucho miedo, sola con mi hija y pues… después le va tocan a uno – lágrimas –
La violencia paramilitar se vivía con gran intensidad en los municipios del sur del departamento: Aguazul, Tauramena, Monterrey, Maní, Sabanalarga y otros dos del oriente: Chámeza y recetor. Casanare concentra uno de los eventos de desaparición forzada más aterradores de Colombia, más fuerte en el periodo de 2001 – 2001 cuando se enfrentaron Germán Dario Buitrago alias “Martín Llanos” jefe de las ACC (Autodefensas Campesinas de Casanare) y Miguel Arroyabe alias “Arcángel” jefe del Bloque Centauros y aliado del Estado Mayor las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). Esta pelea por las rutas del narcotráfico, las regalías del petróleo y el poder político de alcaldías y gobernaciones dejó miles de muertos y desaparecidos, solo para ese periodo “(…) [las] cuentas de esa violencia sobrepasan las 3000 víctimas, entre civiles y paramilitares” (El Espectador, 2015), según la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía hay cerca de ochocientos desaparecidos, pero “(…) derechos humanos Benetech, que con un complejo modelo matemático cruzó 11 bases de datos de registro distintas, hay 1524 desaparecidos durante el periodo de 1986 y 2007, solo en el departamento del Casanare” (Guberek et al., 2010)
Casanare es una de las rutas más codiciadas por los “paras” vinculados directamente al narcotráfico (como muchos de los actores armados en el país), para los cultivos ilegales, laboratorios, extorsión de petroleras, cooptación de dineros de regalías y extensas hectáreas de tierra ocupadas a la fuerza y otras adjudicadas “legalmente” por medio de fachadas de empresas agrarias y/o ganaderas; hechos que permitieron financiar sus grupos y delimitar sus territorios. Así lo fue desde 1986 para Héctor José Buitrago Rodríguez alias “El Tripas” quién llegó en los años cincuenta del departamento de Boyacá a Casanare y en los setenta con la colaboración de la Familia Feliciano, quienes poseían grandes extensiones de tierra en la región, fundan las ACC (Autodefensas Campesinas del Casanare) que en un principio se constituyó como grupo
contrainsurgente, pero rápidamente se involucran con el narcotráfico. En 1986 “El Tripas” forma el grupo paramilitar que se conoció como “Los Bitragueños”, luego ACC, y así, empiezan a tener dominio y aceptación en la población civil bajo el discurso de “protección” ante ausencia del Estado y “contraguerrilla”; pero al mismo tiempo los desplazan, persiguen y asesinan.
En 1998 “El Tripas” es capturado en el departamento de Cundinamarca y su hijo Héctor Germán Buitrago alias “Martín Llanos” o “Patezorro” toma el control de la organización de su padre e inicia una guerra contra los primeros aliados de este, la Familia Feliciano, por intentar hacer acuerdos con la justicia para salirse del proyecto paramilitar. En el año 2000 ya habían asesinado a varios miembros de la familia y financiaron la campaña del exgobernador de Casanare William Pérez hoy procesado por parapolítica, una de las formas o variables del paramilitarismo que se basa en las alianzas que crearon políticos y paramilitares sobre todo a nivel regional, porque Colombia es en esencia un país de regiones. Las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) quisieron aliarse con las ACC pero Martín Llanos no accedió argumentándoles que el proyecto que ellos tenían sentaba sus bases en el narcotráfio, por lo cual empezó una guerra por el territorio, ya que Miguel Arroyabe creador del Bloque Centauros para el norte de Casanare y Arauca, había comprado su entrada a la región. Así, se genera una intensa guerra en el periodo de 2001 – 2004 done “Martín Llanos” se siente aún más amenazado por la llegada de las AUC al norte de Casanare:
El hombre (“Llanos”) se estaba volviendo loco, no permitía que nadie de acercara a más de 10 metros, y cuando sospechaba que alguien se le volteaba, lo torturaba y luego asesinaba. Varios jóvenes tentados por los “Urabeños” fueron asesinados y entregados a sus familias en bolsas negras de plástico. Decenas de sus hombres fueron ejecutados así en Puerto López, solo por sospecha, afirmaron habitantes de Puerto López (…)
La paranoia de “Llanos” lo llevó a asesinar a personas cercanas a él como Víctor Feliciano, su esposa Martha Nelly Chávez y Juan Manuel Feliciano Chávez y cuatro personas más el 28 de febrero de 2000. Únicamente quedó vivo Víctor Francisco Feliciano, quien negó los nexos de su familia con el narcotráfico http://www.verdadabierta.com/jefes-de-la- auc/2052-asi-fue-la-guerra-entre-martin-llanos-y-miguel-arroyave
Con pocos bandos que le quedaban a “Martín Llanos” del enfrentamiento con Arroyabe,
envía a “HK” a reclutar jóvenes a Bogotá en los barrios de Cuidada Bolívar, Suba, Kennedy, entre otros y así le pone otras sangres a su guerra. Ya en el 2004 los enfrentamientos continuaron esporádicamente y a mitad de ese mismo año, huyó con los más cercanos a él, pues muchos del Bloque Centauros se desmovilizaron cuando asesinaron a Miguel Arroyabe, pues muchos de sus hombres también lo hicieron, lo que él consideró como una traición. Fue el grupo paramilitar que no se acogió a la Ley de Justicia y Paz por decisión de Martín Llanos, no se desmovilizaron. Llos paramilitares tuvieron un dominio total de la región, tanto que aun hoy, se ve en el panorama electoral, está enquistado socialmente y no existió ningún salto a la justicia de los sobrevivientes de Casanare ¿Cómo el lugar más liberal de Colombia se configura como el más paramilitar?
(…) primero le hicieron una citación al esposo de mi hermana al esposo de mi hermana y luego a F., ellos también vivían allá en Aguazul (…) Un día lo citó Martín Llanos a uno de los campamentos como hizo con muchos (…) lo citó por sospecha (…) todavía guardamos la esperanza de que nos digan dónde están, de que alguien hable, de que alguien aparezca por ahí (…) yo siento que no están vivos es que mataban y siguen matando gente sin piedad (…) paramilitares, guerrilla, ejército, eso es lo mismo (…) Al esposo de mi hermana lo citaron allá a uno de los campamentos, eso fue en el 2000 (…) pues él era conductor y pensó que como no debía nada no tendría ningún problema (...) nosotros le dijimos que no fuera por allá, mi hermana le rogó pero él le dijo que él no debía nada (…) mi hermana lo acompañó por miedo a que le hicieran algo, pero ella fue la única que sobrevivió (…) la encerraron con más gente y su esposo se lo llevaron para otro lado (…) a ella la dejaron ir pero a las horas la llevaron a otro cuarto con los ojos vendados y allí estaba su esposo con las manos todas quemadas y la cara golpeadas, le dijeron que eso le pasaba por guerrillo y que si seguían en las mismas la mataban también a ella… los tipos esos simplemente la sacaron de ahí y la dejarn pr allá botado en la carretera, entonces ella llegó y cogió su chino y se fue.
Cuando le llegó esa citación a F. (…) yo le dije vámonos y él decía que no, entonces ya me cansé de tanto decirle hasta que un día llegaron a la casa y nos golpearon a mi hija y a mí y pues… – lágrimas – pasó lo que tanto tenía miedo (…) porque que se metan con uno, pero con ustedes lo hijos… no… eso no… y el F. no me hizo caso, primeo a hacernos daño a
nosotras y luego a él (…) nos maltrataron y eso nos dijeron de todo… que eso nos pasaba porque mi esposo no había ido a la citación, entonces... después vi que lo entraron a él… y a mi hijo… hicieron que viera cómo la violaban, como nos humillaban… Al principio mi esposo gritaba y forcejeaba… entonces no supe más… fue muy duro… eso ni que denuncia ni que nada (…) a mi hijo tampoco lo volví a ver (…) él por esos días había llegado a visitarnos y… bueno… (…) me quería morir no sabía cómo enfrentar eso con mi hija (…) no volví a saber nada de ellos… Nada… – lágrimas – (…) Después de que mataron a mi esposo y a mi hijo en el 2002, me fui para Yopal con mi hermana y a acompañar el dolor porque ahí sí ¿Quién?
No lo olvidemos: a los supervivientes “[los] conocen por sus heridas y por sus cadenas: eso hace irrefutable su testimonio”32 (Fanon, 1969:13).
El testimonio de los sobrevivientes el contradiscurso de la “verdad histórica”.
Hay tres cuestiones fundamentales que me ha mostrado la violencia en este país: la primera, que mientras más miedo tenemos más vulnerables somos; la segunda, que “Si comprender es imposible, conocer es necesario, porque lo sucedido puede volver a suceder (…) Por ello, meditar sobre lo que pasó es deber de todos” (Levi, 1987, p.208); y la tercera, que lo último que nos pueden arrebatar es la utopía.
Aunque las “víctimas” sean hoy sujetos de derecho o titulares de derechos y no un espacio vacío en tanto a lo jurídico, aún no son tomadas en serio por el Estado, y tomarlas en serio es comenzar a reescribir la historia que nos compete sin tomar distancia para reflexionarla; es decir, las sobrevivientes deben representar para el país su conciencia histórica, la voz legítima que permite asumir la responsabilidad de dimensionar el significado de lo vivido.
El Estado legitima el ejercicio de la violencia.
El paramilitarismo es un fenómeno y proyecto paraestatal armado que tiene dinámicas, modus operandi y formas de desarticulación social, que se establece en las regiones con más riqueza de recursos donde el Estado está ausente.
El paramilitarismo es un proyecto de expansión nacional que se consolida
organizativamente con la Masacre de Masacre de Mapiripán.
La tierra como valor social económico importante y principal motor de la violencia y la colonización en los Llanos (Gómez, 1991), fue forjando una sociedad regional, que germinó con la expansión de la frontera agrícola y las luchas que surgen alrededor de la ocupación de la tierra. El reconocimiento jurídico de la existencia del conflicto armado en Colombia y de un gran número de personas que eran afectadas directamente por él, además de las responsabilidades que el Estado debió empezar a asumir para proteger sus derechos y brindarles una atención especial, es algo relativamente nuevo, se empezó a decretar desde 1997 con la Ley 387; en ese momento el Estado reconoció solo una de las problemáticas del conflicto, el desplazamiento; ocho años después Ocho años después, con la Ley 975 de 2005, más conocida como la Ley de Justicia y Paz, por medio de la cual los paramilitares se acogen al proceso de desmovilización, sin reunir los elementos jurídicos para garantizar los derechos de los que por primera vez fueron nombrados como “víctimas”, en cuanto a la “verdad , justicia y reparación”, sin que estas pudieran obtener verdades completas sobre sus familiares violentados. Y luego se vuelve a definir la noción con la actual ley 1448, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, con la cual se supone que se encuentra está todo el respaldo jurídico para los sobrevivietes pues las “víctimas” como son reconocidos los sobrevivientes en Colombia, son asumidos como meros actores dolientes, secundarios y apolíticos.
6 alcaldes de Casanare sellaron pacto con ·paras· al estilo Ralito. (20 de febrero de 2007). El Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2394097A partir de hoy, no más Intendencias ni Comisarías. (05 de octubre de 1991). El Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-166769
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Notas
1 “(…) el acontecimiento de dar cuenta de unos acontecimientos. Un relato es un acto de enunciación, un acto de tomar la palabra para dar cuenta, ahora, de algo que pasó, antes (…)” (Ramos, 2001:37)
2 “Es también el relato hacia otros, lo que permite, la comunicación emocional y la solidaridad y, en este sentido, que “mi dolor resida en tu cuerpo”. (Veena Das, 2005: 278)
3 El Tiempo (1997) Entrevista a Carlos Castaño.
4 En versión libre ante el fiscal de justicia y paz, Eliécer Manuel Herrera Mercado alias ‘El Moña’, declara que fueron 140 hombres, entre esos él, otras versiones oficiales dicen que fueron 150.
5 En este suceso estuvieron involucrados solo por nombrar algunos, el Comandante Jaime Humberto Uscátegui de la VII Brigada, el Coronel Rito Alejo del Río de la Brigada XVII, el Coronel Lino Hernández Sánchez Prado del Batallón Joaquín París y otros mandos.
6 Subregión del departamento del Meta que comprende los municipios: Cuparral, Lejanías, Fuente de Oro,
El Dorado, El Castillo, San Martín, San Juan de Arama, Granada, La Macarena, La Uribe, Mapiripán, Mesetas, puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico y Vista Hermosa. El río que cruza éstos municipios es el Ariari.
7 Aunque las FARC – EP nacieron en Marquetalia – Tolima en 1964, fue diez años después (1974) que
realmente dejan de ser autodefensa y se conforman como una estructura, y una de sus células más fuertes apunta hacia la región de los Llanos, que históricamente tenía una fuerte influencia liberal. Su presencia fue tan relevante en la región que en 1984 las negociaciones de paz con el gobierno de Belisario Betancurt, se hicieron en La Uribe, Meta.
8 El 15 de septiembre de 2016, antes de la firma del Acuerdo Final del Proceso de Paz con las FARC – EP, el Gobierno reconoció en un acto público en la Casa de Nariño, la responsabilidad del Estado en el exterminio de la UP:
Dentro del proceso que adelanta la Sala de Justicia y Paz en contra de ÉverVeloza, alias ‘HH’, ex jefe paramilitar del Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, la magistratura aseguró que, de acuerdo con el análisis histórico y las pruebas presentadas por la Fiscalía, el exterminio de la Unión Patriótica, UP, fue un genocidio político.
Cabe aclarar que este tipo de genocidio, según el fallo de la Sala de Justicia y Paz, se refiere a la intención de destruir total o parcialmente a un grupo humano por razones políticas, y ocasionar la muerte a sus miembros por razón de su pertenencia al mismo, descripción que responde a la persecución de la que fue víctima la UP [sic]a manos de paramilitares y miembros de la fuerza pública durante la década de los 80 y los 90. (Verdad Abierta, 2016)
9 Porcentaje sobre el valor del peso de la pasta base de coca que se sacaba y con la cual se fabrica la cocaína. 10 Verdad Abierta (2013) Las FARC sacaban un porcentaje de la producción, procesamiento y transporte de la coca y de la pasta de coca.
11 Testimonio de Claudio Tique sobreviviente Masacre de Mapiripán.
12 Entrevista a Alfonso Gómez Méndez, Exfiscal General de la Nación en el año 1997 (presidencia de Ernesto Samper Pizano).
13 El Estado colombiano fue demandado ante la Corte Interamericana de Derechos humanos y condenado por acción y omisión; violación del Derecho a la vida, la integridad personal y la libertad personal, y al debido proceso; además de la violación de las garantías judiciales y protección judicial.
14 En la entrevista que le hace El Tiempo, Castaño dice que “Fue el combate más grande que han tenido las
autodefensas en su historia. Nunca habíamos dado de baja a 49 miembros de las Farc, ni recuperado 47 fusiles” (El Tiempo, 1997).
15 “En varias versiones libres, Salvatore Mancuso y Jorge Humberto Victoria alias ‘Don Raúl’confesaron
que (...) ese julio de 1997 [fue planeado] junto con ‘Guillermo Torres’, Héctor Germán Buitrago alias ‘Martín Llanos’ (...) y con Jesús Pimiento alias ‘Juancho Diablo’. De este último aseguraron que era el representante de Víctor Carranza” (Verdad Abierta, 2013)
16 Según un informe periodístico publicado por el investigador Michael Evans del National Security Archive, documentos secretos de la época del gobierno estadounidense aseguraban que los llamados "Carranceros" eran una organización dirigida por el mismo Víctor Carranza” (Verdad Abierta, 2013) y dominaban el Magdalena Medio y parte de los Llanos, esto además es ratificado por algunos sobrevivientes y desmovilizados paramilitares acogidos a Justicia y Paz.
17Versión libre de Jesús Ramos Machado alias ‘Cabo Machado’ ante Justicia y Paz. (Jiménez, 2013)
18 Fecha que nombramos como “El Bogotazo”, día en que asesinan al candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán, el candidato más aclamado en ese momento por las clases populares y campesinas. Las protestas violentas se fueron como una ola por todo el país, empezando el primer periodo más duro del conflicto armado, un periodo que nombró como: “La Violencia”.
19 El militar Gustavo Rojas Pinilla se toma el poder político tras el golpe de Estado al gobierno de turno de Laureano Gómez en 1953.
20 Las guerrillas se organizan, pero su acción primera es como autodefensa, un movimiento guerrillero de
defensa de la población ante la policía.
21 Ídem (Guzmán, Fals y Umaña, 1962) Utilizan este término para referirse a grupos sociales que rompen con las pautas sociales de conducta establecidas evidenciado las necesidades insatisfechas desde el Estado y su institucionalidad
22 O ‘Chulavitas’, se conformaron como bandas o facciones armadas de campesinos conservadores, procedentes de la vereda Chulavita del municipio de Boavita del departamento de Boyacá.
23 Forma en que los llaneros se referían despectivamente a los conservadores, manifestando que eran
invasores y totalmente ajenos a ellos; pero esta palabra también se utiliza hasta hoy para nombrar a las personas foráneas a la región de los Llanos, especialmente del centro del país.(Gómez, 1991)
24 Presidente colombiano del partido conservador, entre el periodo de 1946 – 1950.
25 “Las dimensiones del conflicto exigen la presencia del Ejército. Al principio a éste se le quiere y se les respeta. El pueblo colombiano se enorgullece de él. Pero el cataclismo lo envuelve en sus círculos gigantes y entra en acción por razones de orden público” (Gómez et al., 1962:263)
26 Esta configuración de la Fuerza Pública se evidenció en primera instancia con los ‘Chulavitas’.
27 Con la Constitución Política de 1991 el Estado de Sitio se reemplazó por el Estado de excepción, que también funciona como mecanismo constitucional pero en un caso de situación extrema, a diferencia del primero que fue mantenido en el tiempo dando facultades a la Fuerza Pública para reprimir a la sociedad civil.
28 Es una práctica de violencia mal nombrada, en la cual “Grupos de personas encubiertas (…) asesinan a otras personas en estado de completa indefensión (…) Es una “limpieza” —dicen quienes perpetran esos
crímenes—, queriendo significar que se ocupan del acto de remover la inmundicia y la suciedad. Los cuerpos que yacen portan consigo una marca de identidad: habitar la calle, un oficio sexual, delinquir, ser joven popular… Esa identidad —dicen de nuevo los perpetradores— condena y despoja de toda dignidad a las víctimas, reduciéndolas a la condición de mal que es necesario extirpar. El veredicto es implacable, la muerte (…)” (Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], 2016:15) En la investigación del documento citado “limpieza social” se nombra como “(…) exterminio, aniquilamiento o matanza social” (Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], 2016:17)
29 Decreto Legislativo 3398 de 1965.
30 Región del Río Magdalena (río más importante del país), ubicada en el centro del país y rica en recursos naturales: oro, petróleo, fauna y flora. Comprende una parte de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cesar, Cundinamarca, Santander y Tolima.
31 Departamento ubicado al sur – occidente de Colombia, su capital es Popayán y en ella se encuentra ubicada la Universidad del Cauca, donde me encuentro terminando mis estudios de pregrado.
32 En el prefacio que le hace Jean – Paul Sartre a Frantz Fanon en su libro Los Condenados de la Tierra.