Segundo Gregorio Ballinas Cano1 y Apolinar Oliva Velas2
Palabras clave: Política económica; política ambiental; áreas protegidas; recursos naturales
La región fisiográfica de la Sierra Madre del Sur en el estado de Chiapas constituye un área de elevada biodiversidad dentro de la geografía estatal y nacional. Sin embargo, pese a la riqueza del medio ambiente natural de la región, han existido y prevalecen en la mayoría de sus localidades, condiciones de alta marginalidad y pobreza, a la par de un importante proceso de degradación ambiental como consecuencia de la erosión de los suelos y la pérdida de los bosques; situación que ha aumentado la vulnerabilidad de las comunidades a desastres naturales y pérdidas
1 Estudiante del doctorado en Estudios Regionales de la Universidad Autónoma de Chiapas.
2 Profesor investigador del doctorado en estudios regionales de la universidad autónoma de Chiapas.
considerables en el sector productivo.
Esta situación se agrava en el contexto de las políticas neoliberales en las que México se inserta a partir de la década de los ochentas. En este texto, se analiza las implicaciones de la política económica neoliberal y ambiental de México en las formas de gestión de los recursos naturales en la Sierra Madre de Chiapas, así como los procesos de tensión entre la conservación y el desarrollo.
Para ello, en un primer apartado se analiza los efectos de la política económica mexicana en el sector agrícola, posteriormente se analiza la política ambiental con relación a las areas naturales protegidas y finalmente se estudia las implicaciones de ambas políticas en la Sierra Madre de Chiapas.
A principios de los años cuarenta México aplicó el Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) como base de su política económica. En dicho modelo se apoyó fuertemente el crecimiento de la industria manufacturera nacional, favoreciendo para ello, la creación de polos urbanos y el abasto de materias primas y alimentos baratos.
Considerando lo anterior, los estados del sur de la republica cumplieron el papel de proveedores de bienes agropecuarios, en tanto que los estados del norte y centro del país se erigieron como los centros de desarrollo de la industria manufacturera nacional.
Así, durante la permanencia del modelo ISI - desde la década de los cuarenta hasta finales de la década de los setentas- la agricultura contó con la protección estatal en tanto que se buscaba mantener los precios bajos en alimentos y materias primas (Sánchez, 2015), “de tal forma que el campesinado jugo un papel estratégico en el modelo de desarrollo, aunque en condiciones desfavorables” (Sánchez, 2015:43).
Dicha protección se tradujo en acciones concretas como la creación de infraestructura básica para el acopio, como bodegas y caminos rurales; así como por la creación de sistemas de riego, y el apoyo mediante subsidios a los campesinos. Se suma la creación instituciones gubernamentales de acopio (CONASUPO), crédito (BANRURAL) y de producción de insumos (FERTIMEX).
Un elemento fundamental de las acciones de apoyo sector agrícola fue el impulso de la
llamada revolución verde, que comprendía la mejora de los rendimientos de la productividad agrícola, por medio de insumos químicos y tecnología agrícola. Siendo, los granos básicos y en el café dos de los bienes agrícolas más importantes en recibir dicho apoyo.
En este contexto, como lo señala Huerta (1991) el sector agrícola entre la década de 1930 y 1950 el sector agropecuario generó el 19.8% del PIB, en tanto que él sector manufacturero aportó el 14.3%. Con ello, se manifiesta la importancia del sector agropecuario en la contribución del PIB, en la balanza de pagos y en la producción de insumos y bienes alimentarios.
Sin embargo, como lo señala Ballinas:
conforme avanzaba el proceso de industrialización, se empieza a establecer una brecha entre los ritmos de crecimiento entre el sector industrial y el sector agropecuario. Dictado por el deterioro de los términos de intercambio entre bienes1, la canalización de mano de obra y la falta de progreso técnico dentro del sector agropecuario (Ballinas, 2008: 8).
Es decir que, el desarrollo del sector agropecuario se antepuso el desarrollo de la industria manufacturera, creando procesos de desigualdad económica entre estados; originando, además, un decrecimiento en los ritmos de producción y la pauperización de la economía a finales de la década de los sesenta.
Del mismo modo, el sector industrial empezó a presentar problemas ya que la sustitución de importaciones no incluyó bienes de capital y por lo cual, dicho sector se hizo dependiente de las importaciones y del avance tecnológico externo. Es así, que a finales de los años setentas el modelo ISI se hizo insostenible.
Con ello, los 80´s marcan el inicio de procesos de cambio en la política económica, buscándose la inserción dentro del modelo neoliberal, a través de una menor injerencia del Estado en los temas macroeconómicos.
En los noventas estos cambios se acentuaron con la búsqueda de la integración a la economía mundial por medio de una apertura comercial y financiera que favoreciera el crecimiento de la economía. Siendo, el Tratado de Libre comercio con América del Norte (TLCAN) uno de los pilares de dicha apertura.
Sin embargo, con dicho tratado, pese al crecimiento económico en algunos sectores, el
sector agrícola mexicano intensificó los problemas que ya se presentaban desde el modelo sustitución de importaciones, a saber: balanza comercial agropecuaria deficitaria, que indica la pérdida de soberanía alimentaria; el empobrecimiento rural y el éxodo rural; entre otros.
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Gráfico 1: Saldo de la balanza comercial agropecuaria 1993-2017 (miles de dólares corrientes)
4,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
- (1,000,000.00)
(2,000,000.00)
(3,000,000.00)
(4,000,000.00)
(5,000,000.00)
Fuente: Elaboración propia con base en BANXICO.
Como se observa en el gráfico desde 1996 hasta el 2015 el saldo de la balanza agropecuaria ha sido negativa, derivado de la decreciente producción agrícola. Esto a raíz de que la política económica de México consistió además de la apertura comercial en: la eliminación de precios de garantía, la eliminación de subsidios a la producción, el control de precios agrícolas, la liberación de los precios de bienes y servicios, criterios selectivos de asignación de crédito, la contracción del gasto en inversión pública en el sector y la desaparición de las instituciones de apoyo al campo como Fertimex, Banrural y CONASUPO, que el modelo ISI se habían creado.
Este saldo deficitario demuestra lo que Vázquez en el (2006) aseveró: primero, que existe la pérdida de capacidad productiva del país; segundo, demuestra la fuerte dependencia alimentaria que además se vuelve creciente, tercero, la incapacidad de recomponer el rumbo para lograr el aumento de alimentos, cuarto el incremento de la pobreza rural, que al final se vuelve
urbana, finalmente, la perdida de importancia del sector agropecuario en la economía nacional.
En conclusión, el tipo de política neoliberal basada en la privatización de empresas públicas, la apertura comercial y financiera, la disminución del gasto, etc., ha creado un país dependiente que ha olvidado el objetivo de soberanía alimentaria, expresada en una fuerte crisis en el sector agropecuario” (Ballinas, 2008:29).
Pese a lo anterior y ante esta perspectiva de crisis, se suma la apertura del mercado de tierras ejidales y con ello erosión de las instituciones comunitarias y los mecanismos de gestión de los recursos naturales de forma comunitaria, mediante la reforma del artículo 27 y el PROCEDE.
Así, los estados del sur del país que jugaron el papel de periferias con una especialización productiva centrada en la producción de alimentos y materias primas se encontraron con factores adversos. Primero, debido a la apertura comercial se enfrentaron a productores con mayor capital y más capacitados para competir en un mercado sin protecciones. Segundo, por la instauración de una política subsidiaria que, bajo la lógica de saldar los efectos negativos de la pauperización económica en el ámbito rural, ha generado procesos paternalistas que del mismo modo han erosionado la capacidad productiva de las unidades campesinas.
Desde el impulso a la industrialización tras la Segunda Guerra Mundial, la preocupación por el deterioro ambiental se trató de forma marginal. De hecho, en el contexto del pensamiento económico, Colby (1991), señala como se tenía la perspectiva del medio ambiente natural como mero proveedor de recursos que en la mayoría de los casos se presentaban como ilimitados.
Esta perspectiva es conocida como Economía de Frontera, donde el ser humano es tratado fuera del ambiente y “se buscaba entonces el crecimiento económico material sin considerar los efectos sobre el entorno y el colectivo social” (Martínez & Casas, 2014: 16). En este sentido, se justifica el aprovechamiento ilimitado de los recursos naturales en las primeras fases de modernización de los países.
Otro elemento central en este enfoque es que el desarrollo tecnológico se orienta al aumento de la productividad o para reducir el efecto de la naturaleza sobre las actividades productivas. Como ejemplo de tecnologías con en este enfoque se tienen la agricultura industrial,
la producción mecanizada y el control de plagas.
México aplica esta perspectiva en el modelo ISI y al impulsar la revolución verde, los efectos de las políticas agrícolas e industriales propiciaron un costo ambiental alto. Por ejemplo, en varias regiones del país, la expansión agrícola del maíz o de la actividad pecuaria significó la sobreexplotación de los recursos naturales y su subsecuente degradación a términos irreversibles.
La década de los sesentas y setentas son puntos álgidos donde se da cuenta de procesos de deterioro ambiental tras publicaciones como: The Population Bomb (1968), The Tragedy of Commons (1968), The Entropy law and the Economic Proces (1971) y The Limits to Growth (1972).
En este contexto surgen las políticas ambientales de corte neoclásico que tratan de internalizar las externalidades negativas, en un primer momento se enfatizan políticas correctivas como la creación de reservas naturales restrictivas, seguidas de aquellas preventivas como los pagos por servicios ambientales y finalmente articuladas al crecimiento económico.
En México, en el contexto de políticas pública, algunos territorios con características particulares (alta biodiversidad, sumidero de residuos, ecosistemas representativos de selvas o bosques, arrecifes marinos y paisajes naturales) se vieron en la necesidad de ser conservados.
Para su conservación se planteó el establecimiento de áreas protegidas que regularan el uso de los recursos naturales a través de la acción estatal; siendo el objetivo básico de dicha acción, la preservación de los ecosistemas y paisajes naturales en cuanto a su composición, estructura y funcionalidad de sus elementos.
México en este sentido profundizó la creación de áreas naturales protegidas, en especial bajo la figura de parques nacionales que tenían un enfoque restrictivo, planteándose la reubicación de comunidades mediante decretos expropiatorios. En otros casos, se optó por mantener la propiedad federal que ya existía.
No obstante, dicho enfoque fue incapaz de generar procesos que disminuyeran el impacto de las actividades humanas en el medio ambiente, incluso en los lugares donde existieron los decretos de parques nacionales. Se suma en este sentido, la perspectiva mexicana de conservación propuesta por Halffter (2011). En ella, se busca integrar a las comunidades en la conservación de sus territorios en tanto también se generen procesos de desarrollo social.
Esta perspectiva se fundamenta en el enfoque de desarrollo sostenible, el cual plantea la
necesidad de la sustentabilidad en tres aspectos: ecológica, social y económica. Siendo las reservas de la biosfera fungen como uno de los principales mecanismos de protección ambiental, bajo la perspectiva mexicana con un enfoque desarrollo sostenible.
La creación de zonas de amortiguamiento donde se es permitida algunas acciones humanas que no atenten con la integridad de los ecosistemas y de zonas núcleo donde se restrinjan las actividades productivas, permitió a las reservas de la biosfera la flexibilización del enfoque restrictivo.
Ante la flexibilización se reconoció la importancia de otras formas de gestión que, además, contenían objetivos diversos. Entre las diversas formas de gestión de los recursos naturales llama la atención aquella realizada por las comunidades dentro de sus territorios. En ésta se expone la capacidad de los actores locales para decidir los objetivos de la gestión, así como para movilizar sus recursos y plantear normas internas que permiten regular la explotación de los recursos naturales. Dicha gestión responde a antecedentes históricos de manejo de los recursos naturales en comunidades y pueblos indígenas, anteriores, incluso a los decretos y la elaboración de los planes de manejo en las ANP.
Sobresale también la gestión de tipo privada que surge a partir de la importancia que organizaciones civiles, organizaciones religiosas, propietarios privados y universidades, adquieren en el contexto de la conservación ambiental.
Finalmente, sobresale la gestión de tipo público- privada, como una propuesta que permite movilizar la acción estatal de la mano de la iniciativa privada o por las comunidades y, con ello mejorar la eficacia de las a protegidas en cuanto al logro de los objetivos que se proponen.
De lo anterior, se plantea cuatro formas de gestión de los recursos naturales: gestión estatal, gestión privada, gestión público-privada y la gestión comunal.
La expansión del sistema de plantación de café desde el Soconusco incentivó procesos de colonización de las partes medias y altas de la Sierra Madre de Chiapas, que de acuerdo a Waibel (1946), hasta finales del siglo XIX permanecían prácticamente despobladas.
Como hecho fundamental de dicho proceso, se registra el deslinde de 287 950 hectáreas
entre México y Guatemala a favor del primero, donde, la Compañía Inglesa de Terrenos y Colonización, encargada de realizar el deslinde, recibió como pago el 30% de la superficie, las cuales al presentar mayor fertilidad fueron vendidas en lotes de 2, 500 hectáreas a finqueros extranjeros. En tanto que con el 70% restante, de propiedad nacional, se promovieron la creación de comunidades agrícolas que constituyeran una oferta permanente de mano de obra para las nacientes fincas cafetaleras. Ya que, siendo intensivas en mano de obra, las fincas, en su mayoría de capital extranjero, demandaron trabajadores para las labores relacionadas con la siembra, limpia, corte, secado, entre otras.
Con el auge de las fincas cafetaleras y la colonización sumada a ellas se demandó también alimentos. Con ello, las áreas destinadas a la milpa fueron creciendo sobre la cobertura forestal, bajo un sistema de roza, tumba y quema, donde el empleo de insumos agrícolas era nulo. En tanto que, los territorios de la Depresión central y la Llanura costera del Pacífico, se integraron a la dinámica de la finca mediante la producción de granos básicos y ganado bovino.
Se genera así, en el territorio, importante cambio de uso de suelo y cambio del paisaje, en el que las nuevas poblaciones desmontaron parte de los bosques para la siembra de maíz y frijol.
A partir de los años veinte comienza una etapa marcada por diferentes movimientos sociales que demandaban mejores condiciones en las fincas. Con la reforma agraria estos movimientos cobran mayor relevancia, pero esta vez para demandar la dotación de tierras a los ejidos.
En este periodo comienza el desmantelamiento de la finca cafetalera de capital extranjero, y así la expansión del café, a partir de 1930, recae en el movimiento agrario. Y si bien las demandas atienden a una o dos décadas antes, es durante el Cardenismo que se realiza las mayores dotaciones y que se relaciona a procesos políticos en los cuales se buscó la disminución de las inversiones extranjeras.
Así, con base en Carpio (1998) entre la zona cumbres (las partes más altas de la Sierra que se encuentra en el sureste de la región) y la vertiente del Atlántico se repartieron casi 180,000 hectáreas en un lapso de 50 años de reforma agraria, siendo la década de los 30’s cuando se dio la mayor parte de la repartición, al menos en lo que respecta a esta región.
Sin embargo, existieron casos especiales donde el reparto agrario fue mera simulación ya que conservó privilegios de los finqueros a raíz del movimiento contrarrevolucionario
Mapachista, que consistió en una lucha por el mantenimiento de la propiedad privada con el apoyo de los trabajadores que habían recibido la promesa tierras por parte de finqueros.
No obstante, frente al incumplimiento de la repartición, la lucha campesina continuó y se logró la creación de nuevos ejidos hasta muy entrada la década de los setentas.
Con todo esto, la forma de tenencia de la tierra en la Sierra se configuró en un sector social (ejidos y comunidades), un sector privado (ranchos) y un sector conferido a propiedad de tipo federal.
Como parte de este proceso histórico, la especialización productiva se centró en el cultivo del café, el maíz y la producción de ganado bovino, productos que con el modelo ISI y el impulso a la revolución verde en 1940 adquirieron mayor importancia en la configuración del ingreso de las familias campesinas y por ende en su reproducción social.
Sin embargo, con el impulso de las políticas económicas impulsadas desde los ochentas a raíz del deterioro del modelo de sustitución de importaciones, los estados del sur del país se vieron excluidos del proceso de desarrollo económico, y en lo que concierne al café como lo menciona Sánchez:
las políticas neoliberales se profundizaron y el Estado abandonó el campo y los campesinos, situación que redundó en una caída de la inversión pública y del gasto social dirigido a la producción, sustituyéndose por políticas de combate a la pobreza y liberalización del mercado, con lo cual el campesinado que había sido alentado por el propio Estado para incursionar en cultivos comerciales como el café, quedó desprotegido y a merced de las implacables leyes del mercado. (Sánchez, 2015:21)
En el caso del maíz por su parte Ballinas (2008) señala como existió un deterioro en la actividad productiva especializada en la producción de dicho grano. Situación que describe como una crisis estructural y productiva que se traduce en la disminución de los ingresos de las familias campesinas, la disminución de la superficie sembrada y con ello del trabajo, la disminución del valor de producción y la presencia de flujos migratorios. Si se analiza el valor de la producción de los principales cultivos se tendría lo siguiente:
Tabla 1: Principales cultivos según Valor de la producción (base 2010=100)
cultivo | 2005 | 2010 | 2015 | TCG |
Pastos | 1,713,541.35 | 1,547,535.78 | 857,496.60 | -49.9576357 |
Maíz grano | 824,656.83 | 981,240.82 | 759,877.91 | -7.85525765 |
Café cereza | 409,972.87 | 469,307.22 | 283,424.51 | -30.8674954 |
Palma africana o de aceite | 32,817.40 | 108,514.20 | 135,336.07 | 312.391272 |
Mango | 94,706.51 | 119,782.63 | 133,611.44 | 41.0794653 |
Papaya | 65,156.14 | 74,695.79 | 96,086.99 | 47.4718863 |
Frijol | 85,853.61 | 75,695.01 | 86,747.95 | 1.04170283 |
Cacahuate | 41,403.57 | 59,053.81 | 79,262.44 | 91.4386473 |
Sandia | 33,137.67 | 21,670.61 | 78,059.36 | 135.560763 |
Sorgo grano | 29,586.70 | 68,569.34 | 35,276.07 | 19.2294909 |
Fuente: Elaboración propia con base en Secretaría de información agroalimentaria y pesquera (SIAP, 2017).
Las tablas 1 presentan la importancia de los cultivos del maíz, el café y el frijol, así como el cultivo de los pastos. Sobresale también el impulso a la palma de aceite, en cuanto a su valor de producción colocándose dentro de los cinco principales cultivos. Sin embargo, en el caso del valor de producción del pasto, maíz y el café a pesos constantes de 2010, se puede observar la disminución; resalta la disminución del valor de producción del café2 a pesar de presentar un aumento en cuanto a superficie sembrada. Lo anterior nos señala un proceso de deterioro en los ingresos para muchas familias que dependen tanto de los cultivos de maíz como de los de café, dos productos históricamente relacionados a la configuración de la región.
De ahí la caída de los ingresos y el aumento de la pobreza extrema. Si se analiza en 13 munipios de este territorio se encuentra lo siguiente:
Gráfico 2: Ingreso per cápita anual a pesos constantes de 2010 (2000-2005)
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2,000 2,005 2,010
Fuente: Elaboración propia con base a datos del Programa de desarrollo de las naciones unidas (PNUD) y Banxico.
Tabla 2: Porcentaje de población en condiciones de pobreza alimentaria, capacidades y patrimonio
Alimentaria | Capacidad | es | Patrimonio | |||
Municipio | 1990 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 |
Acacoyagua | 57.6 52.6 | 54.7 | 62.4 | 66.1 | 82.1 | 87.1 |
Ángel Albino Corzo | 49.6 49.0 | 57.0 | 60.0 | 67.6 | 81.4 | 87.5 |
Arriaga | 28.8 33.8 | 30.4 | 45.0 | 41.6 | 72.0 | 69.8 |
Cintalapa | 42.9 52.9 | 40.0 | 61.9 | 51.0 | 80.5 | 76.4 |
La Concordia | 44.3 55.0 | 64.0 | 65.8 | 74.0 | 86.2 | 91.2 |
Jiquipilas | 28.6 56.0 | 42.8 | 66.6 | 54.3 | 85.0 | 78.9 |
Mapastepec | 49.0 36.9 | 39.8 | 44.3 | 51.6 | 62.7 | 78.3 |
Pijijiapan | 46.5 42.7 | 46.6 | 53.1 | 58.2 | 75.9 | 82.2 |
Siltepec | 61.3 72.2 | 72.3 | 78.5 | 80.7 | 91.1 | 94.0 |
Tonalá | 34.6 36.6 | 39.4 | 47.1 | 50.7 | 72.4 | 76.5 |
Villa Corzo | 38.9 48.9 | 49.2 | 60.1 | 60.4 | 82.0 | 83.0 |
Villaflores | 35.7 47.6 | 41.9 | 58.0 | 53.2 | 78.7 | 78.4 |
Montecristo de Guerrero | 53.9 64.5 | 70.6 | 72.4 | 80.3 | 87.6 | 94.9 |
66.9
59.3
38.5
52.7
53.7
37.1
58.3
56.0
70.3
44.4
48.1
45.3
63.4
Fuente: Elaboración propia con base en Coneval (2010)
85.0
79.6
63.8
74.8
75.2
60.4
78.2
76.7
87.5
68.2
70.5
68.6
83.0
En el gráfico se puede observar la caída del ingreso en la mayoría de los municipios, en tanto que en el cuadro es notable el aumento de la población en pobreza extrema.
La actividad pecuaria en este contexto ha ganado cobrada importancia, incluyendo a pequeños productores que ven en ella una fuente de ahorro más estable que la producción de maíz y de café.
Tabla 3: Tasa de crecimiento del valor de la producción de ganado bovino en toneladas en pie y de canal a pesos constantes de 2010 (2006-2015)
MUNICIPIO | pie | canal | ||||||
2006 | 2010 | 2015 | TCG | 2006 | 2010 | 2015 | TCG | |
PIJIJIAPAN | 159,105.106 | 272,740.556 | 504,158.891 | 216.87 | 190,819.223 | 326,133.613 | 523,269.486 | 174.22 |
TONALA | 119,102.105 | 100,778.583 | 206,423.754 | 73.32 | 131,340.378 | 124,466.584 | 211,271.970 | 60.86 |
VILLA FLORES | 140,572.602 | 109,376.832 | 191,474.636 | 36.21 | 141,929.848 | 144,303.089 | 195,995.481 | 38.09 |
VILLA CORZO | 161,473.995 | 124,064.825 | 191,208.152 | 18.41 | 121,539.421 | 125,434.117 | 192,282.716 | 58.21 |
CONCORDIA LA | 110,077.267 | 84,527.460 | 139,826.483 | 27.03 | 92,580.083 | 97,923.614 | 147,637.339 | 59.47 |
ANGEL ALBINO CORZO | 92,528.640 | 62,914.521 | 100,717.440 | 8.85 | 78,420.419 | 73,464.714 | 106,096.124 | 35.29 |
MAPASTEPEC | 68,327.163 | 68,675.921 | 82,243.476 | 20.37 | 103,036.172 | 102,703.192 | 89,952.136 | -12.70 |
ARRIAGA | 27,439.207 | 27,733.851 | 58,511.047 | 113.24 | 29,146.023 | 37,833.517 | 61,546.734 | 111.17 |
CINTALAPA DE FIGUEROA | 32,173.020 | 23,051.296 | 43,087.949 | 33.93 | 28,824.840 | 26,839.525 | 43,413.509 | 50.61 |
MONTE CRISTO DE GRO | 6,997.635 | 11,314.832 | 61.70 | 8,291.442 | 11,921.193 | 43.78 | ||
JIQUIPILAS | 5,071.358 | 6,010.118 | 10,466.133 | 106.38 | 6,209.690 | 6,812.288 | 10,518.309 | 69.39 |
ACACOYAGUA | 4,262.266 | 4,110.774 | 5,354.020 | 25.61 | 6,072.837 | 6,516.561 | 6,353.468 | 4.62 |
SILTEPEC | 3,754.895 | 4,604.481 | 4,303.258 | 14.60 | 4,938.596 | 5,180.093 | 4,541.284 | -8.05 |
Fuente: Elaboración propia con base en Servicio de información agroalimentaria y pesquera
(2017)
El valor de la producción de ganado en toneladas, por su parte, ya sea en pie o en canal, ha presentado para la mayoría de los municipios de la región un aumento considerable, especialmente en Pijijiapan y Arriaga, donde se observan tasas de crecimiento especialmente altas, por lo cual se denota una rama de la producción agropecuaria muy dinámica, que ha incorporado nuevas unidades de producción. Sin embargo, pese al dinamismo de las actividades pecuarias, la caída de los principales cultivos ha tenido una fuerte repercusión en los indicadores sociales y económicos de la región.
En este contexto, de crisis agrícola y aumento de la importancia de la producción ganadera se ha aumentado la degradación ambiental de la Sierra Madre de Chiapas, incluso dentro de las reservas naturales.
Gráfico 2: Proporción de degradación del bosque (2000-2007)
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
La Sepultura La Frailescana
El Triunfo Volcan Tacaná Pico Loro-Paxtal Otras Reservas
Fuente: Elaboración propia con base en Vidal- Rodríguez et al. (2014)
Como se observa en el gráfico, existe un importante porcentaje de degradación del bosque en especial en la reserva de la Sepultura donde los municipios que en ella se encuentran tienen una mayor propensión hacia las actividades ganaderas. Siendo este hecho una de las principales fuentes de tensión entre la protección ambiental y el desarrollo agropecuario de la mano de la importancia de la actividad ganadera.
A forma de contexto, el establecimiento de la RB El Triunfo y la Sepultura tuvieron fuertes implicaciones en la reglamentación legal sobre los usos de territorio. Dándose en función de las categorías y de la zonificación que se pueden sintetizar con forme a lo siguiente:
Protección (zonas núcleo y algunos sitios bien conservados de la zona de amortiguamiento).
Conservación (zona de amortiguamiento).
Aprovechamiento (zona de amortiguamiento).
Restauración (zona de amortiguamiento).
En las primeras, las únicas actividades contempladas para esta área son los usos con fines científicos, investigación, educación y monitoreo, siempre y cuando no modifiquen el hábitat o introduzcan especies exóticas y se sujeten a la autorización por parte de la Dirección de la reserva y las instancias competentes de la SEMARNAP.
En la zona de amortiguamiento, por otro lado, los usos de suelo permitidos son: plantaciones de café orgánico, establecimiento de plantaciones para el aprovechamiento de palma, ecoturismo, sistemas de producción agroforestales, aprovechamientos forestales basados en programas de manejo silvícolas, aprovechamiento de plantas medicinales.
Como parte de esta institucionalización una de las principales implicaciones como bien nos señala D´Amico “es esperable que los usos históricos de ese territorio queden superpuestos o solapados con los objetivos conservacionistas (instrumentados bajo normas jurídicas), generando en ocasiones conflictos o tensiones de diversas magnitudes (2015:210)”.
En este caso, uno de los primeros problemas es las desterritorializaciones a la que son sometidos los pobladores en tanto se generan mecanismos de restricción y sanción.
En este sentido podemos hablar de una trasformación en cuanto al uso de los recursos dictado por limitaciones formales contenidas en los artículos que correspondían al plan de manejo y decreto de creación.
Los conflictos resultan de las limitaciones que se establecen con la finalidad de salvaguardar las condiciones y por lo cual las comunidades no pueden ejercer el derecho de dominio, considerando un despojo del territorio y de sus usos.
Con el decreto de las áreas únicamente se pueden emprender actividades relacionadas a la conservación, restauración, monitoreo, vigilancia e investigación, limitando las actividades relacionadas a la caza, la pesca, y actividades ganaderas, agrícolas, de las cuales depende las comunidades.
Existen trabajos que han documentado la tensión existente cuando de instauran el reglamento de uso de suelo, Cano-Díaz, Cortina y Soto-Pinto (2015) exponen bajo el estudio de caso en un ejido de la reserva la Frailescana como en su momento los ejidatarios se opusieron a los técnicos cuando les exigieron:
Evitar la agricultura de roza, tumba y quema; en su lugar, cultivar sin utilizar las quemas agrícolas y sin desmontar los terrenos. También se pidió evitar que el ganado ramoneara en el bosque, la suspensión de la cacería, la extracción de la flora y fauna silvestres, el vertido de los residuos del café en los ríos y la cancelación de la extensión de los cafetales hacia la zona núcleo (Cano-Díaz et al., 2015, p. 84).
En este contexto han aumentado la injerencia de organizaciones gubernamentales
enfocadas en la protección del ambiente como la Comisión de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) con programas de conservación a la biodiversidad,3 programas de empleo temporal y capacitaciones a productores orgánicos; La Procuraduría Federal de Protección Ambiental (PROFEPA) mediante la atención de delitos ambientales; y la Secretaría de Recursos Naturales, Medio ambiente y Pesca (SEMARNAP) junto con la Comisión Forestal (CONAFOR) con el esquema de pago por servicios ambientales, entre otros.
Con ello, las ANP no solo contaron con una pluralidad de actores relacionados a la actuación estatal, sino también con una arquitectura financiera compuesta por las fuentes del financiamiento (gobierno federal), los intermediarios (banca de desarrollo, Fondos monetario patrimoniales), canales (organizaciones del sector ambiental), beneficiarios (comunidades, asociaciones de productores, ejidos, sociedad civil). Constituyéndose así, estos organismos como una parte fundamental de la estructura institucional.
Cuatro, derivado de la aceptación de la profundización de la crisis ambiental, se ha generado acciones vinculantes a través de acuerdos ambientales y se han ampliado esfuerzos a través de la cooperación internacional.4 Este esfuerzo de igual forma va acompañado por procesos de descentralización donde provincias, estados y municipios pueden firmas acuerdos y tratados de cooperación con entidades subnacionales. Lo anterior ha llevado a la consolidación de actuaciones en los tres polígonos de descritos de actores internacionales entre los que destacan: The Nature Conservancy (TNC), The National Fis and Wildife Foundation (NFWF) y Fauna & Fauna Internacional que de igual forma apoyan con financiamiento económico actividades productivas y de investigación principalmente en estos tres polígonos ANP.
Partiendo de lo expuesto, podemos pensar en un entramado institucional con inferencia en la gestión de los recursos naturales (uso, conservación, restauración, manejo, extracción) de tipo dual, por un lado, las leyes formales de tipo ambiental en el extremo las normas sociales propias de las comunidades, que interactúan dentro de un espacio y reconfiguran los usos que se le daban a los Recursos naturales en el territorio.
Por otro lado, en cuanto a la gestión de los recursos naturales, las reservas se han presentado como una arena de interés, en el cual las comunidades percibieron oportunidades y los organismos institucionales de carácter federal y estatal condicionaron la participación por medio de programas, empero ha empezado a representar valorizaciones de las reservas por sus
beneficios ambientales, en especial, ante procesos de vulnerabilidad.
Es válido pensar que el ejido adquiere importancia mayúscula dentro de la toma de decisiones y las cuales se basan en acuerdos de asamblea. Este es un tema importante en cuanto a la gestión de los RN ya que a excepción de algunas áreas núcleo, la mayor parte de la superficie bajo protección está bajo la tenencia de ejidos, comunidades o pequeños propietarios. En efecto, la legitimidad o acciones sociales emprendidas por los actores locales en relación con las normas formales estarán dadas por el grado de articulación que se tenga con los ejidos, así como en sus intereses.
La política económica mexicana ha creado procesos de desigualdad económica y social. Estos procesos se desigualdad se acentúan en regiones donde existe especialización productiva en el sector agropecuario que desde la década de los setentas empezó a mostrar los primeros signos de una crisis estructural y productiva.
Las poblaciones de la Sierra Madre de Chiapas que basaban su reproducción social en actividades relacionadas a la producción de café y maíz en particular, se vieron ante un contexto adverso, propiciado por el abandono de la primacía del campo como sector estratégico del desarrollo nacional.
Esta situación se puede observar con el aumento de la pobreza extrema, la pérdida de soberanía alimentaria, la caída de los ingresos y la presencia de flujos migratorios a partir de la década de los noventas.
La instrumentación por otro lado de las reservas de la biosfera ha traído tensiones en cuanto a los usos históricos de los recursos naturales y los objetivos de conservación, sin embargo, estos se han ido atenuando en lugares donde la normatividad de las anp es legitimada por los habitantes y las acciones de conservación se suman a los objetivos de las comunidades.
La erosión de las instituciones comunales por otro lado, se han alentado por medio de la reforma al artículo 27 y la instrumentación del PROCEDE, con lo cual los arreglos por asamblea se dejan a un lado y prima el interés particular sobre el interés colectivo. No obstante, donde aún la asamblea tiene poder de injerencia, se ha logrado tener mecanismos eficaces de gestión de los recursos.
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Notas
1 Existe el deterioro en los precios de los bienes del sector agropecuario ante la industria, debido a que la demanda de los bienes de los bienes agropecuarios tiende a crecer con extremada lentitud frente a los bienes de la industria.
2 La disminución del valor de producción del café, es relacionado a la roya.
3 Este programa involucra a personas de las comunidades en actividades como el monitoreo biológico.
4 Véase el caso del Programa de Desarrollo Social, integral y sostenible para la Sierra Madre de Chiapas que presentó un esquema de colaboración entre la Unión Europea y el Gobierno de Chiapas.