Gerda Ursula Seidl1
Palabras clave: áreas naturales protegidas; producción campesina; Reservas de la Biosfera
Las políticas ambientales y de conservación muchas veces no toman en cuenta las valoraciones de las personas, ni las maneras de convivir con su ambiente y aprovechar la naturaleza - o lo que en las últimas décadas llegó a llamarse “los recursos naturales”. Especialmente en el caso de comunidades campesinas dentro de Áreas Naturales Protegidas que viven de la agricultura, la restricción de su producción agrícola por las políticas ambientales es un tema muy sensible que
puede llevar a más exclusión, desigualdades y pobreza, y no necesariamente garantiza la protección adecuada de los bosques (Legorreta y Marquez, 2012).
El articulo presente forma parte de una investigación sobre cambios alimentarios y políticas públicas en el contexto de una comunidad campesina chiapaneca que se encuentra en un Área Natural Protegida en el Noroeste del Estado, la Reserva de la Biósfera Selva El Ocote, REBISO. Allí se está indagando, junto con las personas del ejido “Emiliano Zapata Uno” 1la influencia que tiene la política de las diferentes instancias gubernamentales, en su forma de producir y de alimentarse. En este trabajo aquí presentado se enfatiza el aspecto de la política ambiental, materializada en la obligación de conservación del área donde habita y trabaja la comunidad, pero también por proyectos y programas supuestamente de desarrollo sustentable, todo ello ejecutado a través de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, CONANP.
Arturo Escobar muestra en su ensayo “Cultura política y biodiversidad: Estado, capital y movimientos sociales en el Pacífico colombiano ” (Escobar, 1999) como aproximadamente a finales de los años 80’s de repente despertó un interés mundial en las selvas tropicales, especialmente las selvas lluviosas, como la Selva Amazona, las Selvas de Indonesia, o la Selva Lacandona. Las selvas están percibidas como los últimos reservorios de biodiversidad, y, quiero añadir, como los últimos bastiones contra el calentamiento global y por ende son percibidos de interés internacional, no solamente de la población que allí habita y que ha sido olvidada por siglos. El autor mantiene que la conservación y el desarrollo sostenible se convirtieron en problemas ineludibles que obligaron al capital de cambiar su estrategia anterior, la de la destrucción y explotación2. “Después de dos siglos de destrucción sistemática de la vida y de la naturaleza, la supervivencia de la vida ha surgido como aspecto crucial de los intereses del capital y la ciencia (…) “(Escobar, 1999, 205).
La estrategia del desarrollo sustentable, acuñada en el llamado informe Brundtland (1987)3 y concretizada en la Cumbre para la Tierra en Río de Janeiro 1992, fue concebida como la panacea para romper el ciclo vicioso pobreza - destrucción del medio ambiente, partiendo de la premisa que son los pobres los que se ven obligados a destruir la naturaleza para sobrevivir y que esta naturaleza degradada los vuelve aún más pobres.4 Existe una larga e interesante controversia
sobre el tema de la pobreza y la destrucción del medio ambiente y aun se plantea la misma pregunta: ¿qué ocasiona cuál? Muñoz y Guevara (1997) hacen un recuento de esta controversia y muestran efectos de las políticas ambientales en los pobres así como efectos de las políticas contra la pobreza en el medio ambiente. Aquí por razones de espacio no voy a ahondar más en esta discusión, pero quiero señalar la pertinencia de este debate y la importancia de profundizar más en las interrelaciones de pobreza/exclusión y políticas ambientales.
La Declaración de Río sobre medio ambiente y desarrollo sustentable fue ratificada por 178 países, entre ellos México, y con la llamada Agenda 21 se adoptaron medidas concretas de cómo llegar al desarrollo sustentable. Con la idea de que aquel tiene que equilibrar las tres esferas economía, medio ambiente y sociedad/cultura, se pretendió llegar a un desarrollo que garantice economías funcionales y al servicio de la sociedad, con un medio ambiente sano que sirva para reproducción de las culturas y de las economías.
Sobra decir que este desarrollo sustentable, más de 20 años después de su proclamación, no se ha alcanzado, a pesar de múltiples esfuerzos que se están haciendo en diferentes lados. Sin embargo, el discurso ha sido y sigue siendo hegemónico e importante, con diferentes matices y énfasis. Si bien, algunas áreas naturales protegidas ya existían desde mucho antes, la declaración de Rio también es un sustento importante para las políticas de conservación en México y la creación de la CONANP.
En la Conferencia Internacional sobre Reservas de la Biosfera de 1995, se definió la función de desarrollo como equiparable a la función de conservación y a medida que gana importancia el cambio climático (como fenómeno real y como discurso), se empieza a presentar a las ANP como la solución natural ante el cambio climático, de manera que por lo menos la última década se ha dado mayor importancia a esta figura.
En vez de realmente disminuir Gases de Efecto Invernadero u otros contaminantes, transitar a energías limpias, y socialmente justas, resolver los grandes problemas de tráfico y contaminación en las ciudades, parar la explotación desmedida de los recursos mineros etcétera, en la política ambiental mexicana, se pone el mayor peso en la conservación de las áreas naturales. Así se termina por poner los costos de la conservación de la biodiversidad y del mantenimiento de los funciones de los ecosistemas sobre los hombros de unos pocos, las poblaciones que viven dentro las Áreas Naturales Protegidas.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, “las ANP son una de las herramientas más efectivas para conservar los ecosistemas, permitir la adaptación de la biodiversidad y enfrentar los efectos del cambio climático.” (CONANP, s/f). Por ello, el decreto de áreas naturales protegidas es la principal estrategia de la política ambiental, tanto en México como en el mundo.” (Legorreta y Marquez, 2012, 286).
En México, existen actualmente 176 Áreas Naturales Protegidos (ANP), de los cuales 41 son Reservas de la Biosfera (con casi la mitad de la superficie total de las ANP) y 27 son Áreas de Protección de Flora y Fauna (con aproximadamente un cuarto de la superficie total de las ANP). A esto se suman otras cuatro modalidades de ANP.5 En total las ANP ocupan casi un 13% de la superficie nacional, un área considerable para la conservación y para las interrelaciones ser humano-naturaleza. Es importante señalar que la gran mayoría de las áreas protegidas, al momento de ser declaradas como tales, tenía ya habitantes, propietarios formales o informales. A partir de esta situación, hubo dos “soluciones”: se expropiaron los terrenos, reubicando a la gente voluntaria o involuntariamente y otorgando (o prometiéndoles) una compensación, o se les permitió que continuaran habitando en ellas con una serie de restricciones (Muñoz y Guevara, 1997, 182).
En la tabla que sigue se enlistan los números y categorías de ANP en México en 2013.
Número de ANP | Categoría | Superficie en hectáreas | Porcentaje de la superficie del territorio nacional |
41 | Reservas de la Biósfera | 12,652,787 | 6.44 |
67 | Parques Nacionales | 1,398,517 | 0.74 |
5 | Monumentos Nacionales | 16,268 | 0.01 |
8 | Áreas de Protección de Recursos Naturales | 4,384,990 | 2.26 |
37 | Áreas de Protección de Flora y Fauna | 6,795,963 | 3.40 |
18 | Santuarios | 146,254 | 0.07 |
176 | TOTAL | 25,387,972 | 12.92 |
Tabla 1: Números y Categoría de ANP en México 2013. Fuente: Wikipedia: Anexo: Áreas Naturales Protegidas en México.
Las ANP federales son un mecanismo importante de gobernanza ambiental y un punto crucial en donde se muestra el interés por la conservación de los recursos naturales, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sustentable.
De todas las categorías de áreas naturales protegidas, las Reservas de la Biosfera (REBIs) destacan con el 50% del total de la superficie bajo un esquema de protección. Las REBIs tienen como objetivo conciliar la conservación con el desarrollo sustentable; en ellas por decreto cohabitan seres humanos con otros seres vivientes.
Aparte del decreto del ANP que muchas veces ocurre sin consulta a las poblaciones afectadas, se elaboran planes de manejo y ordenamientos. Todas las ANPs están zonificados, todos tienen una zona núcleo y una zona de amortiguamiento que puede ser sub-zonificada a su vez. El artículo 48 de la LGEEPA establece que “en las zonas de amortiguamiento de las reservas de la biosfera sólo podrán realizarse actividades productivas emprendidas por las comunidades que ahí habiten al momento de la expedición de la declaratoria respectiva o con su participación, que sean estrictamente compatibles con los objetivos, criterios y programas de aprovechamiento sustentable, en los términos del decreto respectivo y del programa de manejo que se formule y expida, considerando las previsiones de los programas de ordenamiento ecológico que resulten aplicables (LGEEPA, DOF, 2015).
Las ANP son por definición espacios con límites territoriales específicos, lo que en teoría ayuda a las autoridades correspondiente de tener un mayor control sobre el uso de los recursos naturales dentro del área y sobre los éxitos o no de la conservación. Sin embargo, este hecho de la limitación espacial (que a menudo es bastante arbitraria) siempre lleva consigo la amenaza y posibilidad de transgresión del límite (Romero y Vallejo, 2017). Llevado a un nivel no-espacial, también está implícita la posibilidad de transgredir los límites impuestos sobre el uso y aprovechamiento de los recursos que se encuentran dentro de esta área delimitada.
Chiapas es, después de Oaxaca, el segundo estado con más biodiversidad del país, según datos de la CONABIO. Siete de los nueve ecosistemas más representativas de México, están en Chiapas. En Chiapas se ubican 21 ANPs federales, también cuenta con alrededor de 20 ANPs estatales, varios municipales y esquemas de Áreas Naturales comunitarias. Mientras que aproximadamente
el 13% del territorio nacional se encuentra en alguna ANP, es el 20% del territorio chiapaneco, o sea un porcentaje relativamente aún mayor.
Es importante destacar que las poblaciones, que viven dentro de las ANP, la mayoría de ellas en situación de pobreza, dependen fuertemente de los recursos naturales, ya que realizan actividades agrícolas y forestales, y otras prácticas “menos” visibles pero cotidianas como la recolección de hierbas curativas, hongos, leña, actividades de caza y pesca (Romero y Vallejo, 2017).
Esto aplica también para el caso de la REBISO. En esta reserva, que abarca un área de 101 mil hectáreas de selva tropical húmeda, actualmente viven alrededor de 17 mil personas en 64 comunidades en los 3 municipios Cintalapa, Ocozocoautla y Jiquipilas, de los cuales el 72% de los habitantes son indígenas tsotsiles, seguido de indígenas zoques y habitantes mestizos. (Zamora Lomelì, 2017).
El área donde ahora se encuentra la reserva había sido poblada desde tiempos ancestrales, por pueblos zoques cuya ascendencia probablemente es olmeca como demuestran los hallazgos arqueológicos en el área. En tiempos recientes, entre 1968 y 1994, empezó a haber migración hacia El Ocote, sobre todo de los Altos de Chiapas, de donde las personas decidieron migrar en busca de tierras para trabajar y habitar. Aparte de los “ranchos” ya existentes, que son pequeñas propiedades, la mayoría de las localidades ahora son ejidos de campesinos y campesinas donde las personas siguen viviendo predominantemente de la agricultura y, en años más recientemente, de la ganadería.
Ya en el año 1972, un decreto estatal había declarado 10,000 ha como “Área Natural y Típica del Estado de Chiapas, tipo ecológico bosque lluvioso alto”. En 1982, se declararon 48,000 ha de la reserva actual como “Zona de Protección Forestal y Fáunica Selva el Ocote (Zamora Lomelí, 2017). Sin ninguna consulta a las comunidades afectadas, en el año 2000 se recategorizó y amplió el ANP Reserva de la Biósfera Selva el Ocote (Hernández, 2001) con el efecto que el ejido Emiliano Zapata, así como muchas otras comunidades quedaran dentro del polígono de la reserva (ver figura 1).
Emiliano Zapata
Figura 1: Mapa de ubicación de la REBISO y del ejido Emiliano Zapata. Fuente: Pérez, 2016 y SEMARNAT/CONANP, 2001.
En el caso del ejido Emiliano Zapata Uno, un pequeño ejido con 188 habitantes y 33 hogares, las personas llegaron a mediados de la década de los 80s y en una lucha tardía por la tierra a principios de los años de 1990, lograron la dotación del ejido todavía en 1994, en medio de un contexto turbulento en Chiapas. Todas las familias de la comunidad viven de la agricultura
campesina, y complementan sus ingresos con actividades de comerciantes, o con poca migración laboral temporal, sobre todo de jóvenes.
Si bien en Chiapas hay comunidades que se declaran “en resistencia” y están caminando diferentes veredas de la autonomía (siendo el ejemplo más famoso los zapatistas), sobre todo en las regiones Selva, Norte, Altos y algunos en la Costa, éste no es el caso para el ejido en cuestión. Las personas de este ejido, como la mayoría de las comunidades chiapanecas, reciben programas y proyectos de las distintas instancias gubernamentales, permiten la educación impartida de la SEP y utilizan servicios de salud y demás por parte del estado.
Emiliano Zapata cuenta con una extensión territorial de 297-00 hectáreas reconocidos oficialmente para los cuales recibió su registro agrario en el año 1994 (Pérez, 2016). Aparte de los 297 hectáreas que corresponden al llamado “ejido”, la comunidad tiene en posesión aproximadamente 900 hectáreas en la zona núcleo de la REBISO ya que de la tierra de dotación ejidal aproximadamente solo un 20%, o sea 60 ha es aprovechable para uso agropecuario, lo demás es “puro pedregal”. Aparte del terreno posesionado y del ejido, algunas personas están comprando terrenos de comunidades vecinas, sobre todo aquellas personas que apuestan a la ganadería. Reconoce un funcionario de la CONANP: “El terreno que tienen de dotación realmente no les sirve; les sirve lo que ya compraron o van comprando.” (Entrevista con Ing. Román Pérez, subdirector de la REBISO, Marzo 2017).
Según el Plan de Manejo de la reserva del año 2001 - plan que no ha sido revisado ni actualizado, a pesar de que eso se debería hacer cada 5 años - Zapata se encuentra en la zona de amortiguamiento, zub-zona de recuperación. Allí – a diferencia de otras sub-zonas como la de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, o la sub-zona de uso tradicional - según el plan de manejo, solo están permitido plantaciones dendroenergéticas, o sea plantaciones de árboles para leña, actividades de restauración de cauces, cuencas y áreas productivas e investigación científica y tecnológica (SEMARNAT/CONANP, 2001).
La realidad, sin embargo, no es así. En esta zona y en zonas aledañas, la comunidad, igual que las comunidades vecinas, practican la agricultura campesina, siendo los cultivos más importantes para el autoconsumo maíz, frijol, calabaza. Tambien se cultivan chayote, chile blanco y tomate, así como frutas y café de los cuales se venden los excedentes. Debido a los decrecientes rendimientos de maíz en el área (aproximadamente 1.8 ton/ha), varios campesinos
han empezado a cultivar con agroquímicos, y están experimentando con semillas híbridas, desplazando la semilla “criolla” adaptada a la región. Se está sembrando dos veces al año, milpa de año y tornamilpa, aprovechando la humedad alta y las precipitaciones seguidas en esta zona. La ganadería extensiva, como se practica en Zapata con creciente importancia desde el año 2000, es una actividad muy importante para aproximadamente tres cuartos de las familias. A pesar de que implica un proceso de deforestación fuerte, está en aumento, debido al buen precio que tiene la carne en el mercado, y debido a que casi no hay otras fuentes de ingreso en Zapata. Algunas familias complementan sus ingresos siendo comerciantes, o por migración temporal de algunos integrantes jóvenes a las ciudades o a campos agrícolas en el Norte del país.
Una particularidad de Zapata, en comparación con otras comunidades de la región oriente de la REBISO, es la importancia de la recolección de hierbas, verduras y frutas silvestres. Debido a la cercanía de la Zona Núcleo existe una gran variedad de plantas comestibles, medicinales y ornamentales la cual solo es posible encontrar en ambientes relativamente sanos, poco perturbados y biodiversos. Se cosechan en las parcelas, en los solares, se recolectan en el cafetal en la zona núcleo, dependiendo de la época - chipilín, hierbamora, chapay (Astrocaryum mexicanum) pacaya, chayotes, lima, limón, naranja, limón mandarina, guineo, plátano, frijol tierno, elotes, chiles, hongos. Son sobre todo las señoras quienes realizan esta labor y quienes usan lo que recolectan la alimentación de la familia o para la venta en la cabecera municipal, Ocozocoautla.
No obstante esta ventaja mencionada, en comparación con los años de fundación del ejido, ahora las personas reportan fuertes problemas ambientales-productivos que probablemente son efectos de la deforestación y del Cambio Climático global: aumento de plagas y enfermedades, baja fertilidad de suelos, cambios en temperatura, humedad y precipitación lo que resulta en bajos rendimientos de maíz y frijol, la necesidad de aplicar plaguicidas o en la pérdida total de la cosecha como ocurrió con la roya (Hemileia vastatrix), un hongo fitoparásito que afectó fuertemente los cafetales en los últimos 4 años.
Relata una joven de la comunidad:
Ahora en muchas comunidades ya no llueve pero siguen talando, es más potrero que otra cosa. Ahora quieren convertir todos sus terrenos para la ganadería y la consecuencia es que ya no llueve más. Además, no dejan descansar la tierra. La gente quiere producir más y meten más
agroquímicos y por ende también ya se va a producir más plagas. Ya no hay equilibrio. (Angélica Anahí Pérez, 26 años)
El resultado de las bajas cosechas, aunado al crecimiento demográfico fuerte en la comunidad, es que los productores intenten incursionar más a la Zona Núcleo o que compren terrenos boscosos en zona de amortiguamiento y los convierten en milpa o en potreros.
Tal como lo constata la cita de un ejidatario en otra comunidad de la REBISO, San Joaquín, es el caso en Zapata:
Nosotros como dueños de la tierra tenemos la responsabilidad de conservar, pero la falta de recursos nos empuja a cultivar más; sin embargo, si se tumba deja de llover y perdemos muchos cultivos, cada vez hay menos cosechas por la destrucción y por eso conviene conservar; nuestras parcelas son en su mayoría pura montaña, tenemos muy poco terreno para trabajar. Se dice que es el pulmón de Chiapas pero tenemos muy poco para sembrar (ejidatario de San Joaquín, citado en: Zamora Lomelí, 2017)
Para frenar la extensión de áreas con uso pecuario o agrícola hacía el bosque, la CONANP, a través de la dirección de la REBISO, se mueve entre la prohibición y la amenaza por un lado y el ofrecimiento de proyectos productivos y de otro índole, por el otro.
Hay una prohibición general de vender madera o de cazar, aparte de otras restricciones, pero el conflicto mayor es sobre todo en torno a los terrenos trabajados en la zona núcleo. Mientras que los pobladores de Zapata insisten en que ellos han trabajado “allá adentro” desde siempre, o sea desde antes de la ampliación de la reserva y que no están abriendo más “trabajaderos”, solamente siguen utilizando los que ya están, la postura de la CONANP es que a largo plazo los campesinos deberían salir de esta zona. “Ya les han dicho que va a llegar un día que no pueden trabajar, que no pueden entrar allí”, dice Doña Benita Pérez Pérez, campesina de Zapata, refiriéndose a que algún día ya no podrán sembrar en la Zona Núcleo. A mi pregunta, si el ejidatario entrevistado cree que la CONANP en algún momento los quiere sacar de allí adentro, Don Armando me responde: “Según decían ya no, porque ya tenemos mucho tiempo allá, pero otros dicen que sí. Una vez vino alguien de la CONANP decía, “si no quieren salir, les metemos a un federal y tienen que salir”. (Armando González, Zapata).
En este “estire-y-afloja” alrededor de las actividades agropecuarias en la reserva, especialmente en la zona núcleo, la CONANP ofrece proyectos. El subdirector de la REBISO, Inge. Román Pérez, lo explica de esta manera:
Nosotros le hemos apostado e hicimos un acuerdo hace aprox. 8 años, con la comunidad, de que si nosotros hacíamos financiamientos de proyectos donde se pudiera hacer un uso intensivo de la tierra en menos superficie, e impactaba en el beneficio económico de la gente, o sea mayor producción a menos superficie, y se mejoraban las condiciones económicas, entonces también pedíamos que la comunidad paulatinamente nos fueran abandonando las tierras que tienen en posesión en la zona núcleo. Eso es un acuerdo que hemos tenido con el ejido. Solamente que eso no se ha cumplido.
A lo largo de los años, desde la entrada en vigor del plan de manejo en 2001, la comisión ha apoyado a un número grande de proyectos, entre ellos producción de conejos, lombricomposta, hortalizas, aves de traspatio, borregos, apicultura, estufas ahorradoras de leña, impulso a una red de cafeticultores orgánicos, pago por servicios ambientales, cultivo intensivo de tomate, módulos para ganadería silvopastoril (incluyendo galeras, cortadoras de pasto, arbolitos de forraje), y otros más. La atención a Zapata parece desmedida: solo entre los años de 2011-2015 Zapata se “benefició” con aproximadamente 2 millones de pesos a través del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) para los dos proyectos más fuertes, cultivo de tomate y ganadería silvopastoril (Pérez, 2016), más aparte asistencia técnica y otros apoyos, así como todos los proyectos de años anteriores.
Tristemente, tanto el sub-director de la REBISO, como los pobladores de Zapata, coinciden en que casi ninguno de los proyectos sigue funcionando.
En la visión de los pobladores, los proyectos son bien-intencionados, pero si faltan las condiciones reales no funcionan. En algunos casos falta un acceso continuo al mercado (por ejemplo en los proyectos de conejos y tomates), en otros las condiciones ambientales no son las adecuadas (falta de agua para un proyecto productivo, demasiado frio para apicultura). En otros proyectos el problema es, según los pobladores de Zapata, que no se toma en cuenta la forma del
trabajo campesino, donde se apuesta por la diversidad de fuentes de ingreso y ocupaciones, mientras que por ejemplo el ganado estabulado requiere muchísimo atención y tiempo, y obligaría al productor a sólo dedicarse a esta actividad.
Pero también la falta de interés de parte de los pobladores puede ser un factor: debido a que la comunidad no participa realmente en el diseño de las actividades y proyectos, toman lo que viene, pero no necesariamente nace desde una necesidad o un interés propio.
Pérez (2016) resalta que los proyectos de la CONANP sólo son para hombres, y más para hombres grandes, ejidatarios, poco para hombres avecindados o jóvenes. De las 25 personas beneficiadas de los tres últimos proyectos grandes (tomate, café orgánico, ganadería silvopastoril), 20 son ejidatarios y 5 son avecindados, ninguna era mujer, como si las mujeres no tuvieran que ver nada en la producción sustentable o en la conservación.
El primer interlocutor de la CONANP es la asamblea comunitaria que está constituida de hombre ejidatarios y avecindados. Los que más poder de decisión tienen son hombres ejidatarios (grandes, en su mayoría), y a ellos se les da la mayoría de los proyectos sin que tomen en cuenta la necesidad y el interés de las señoras o de los jóvenes avecindados que no cuentan con papeles sobre la tierra y no tienen voto en la asamblea comunitaria.
“Pregunta: ¿Cuando hay la oferta de algún proyecto, quién decide en la comunidad como se va a usar?
Doña Benita: A veces con la autoridad, ya lo agarran el comisariado y el agente, lo platican y se decide quien quiere entrar en el proyecto. Así lo hacen”
(entrevista con Benita Pérez Pérez, 2017)
Los múltiples proyectos productivos y de ecotecnias para mujeres que ha habido en la comunidad no han funcionado por la sobrecarga de trabajo de las mujeres, por no corresponder necesariamente al interés, la necesidad y la forma de trabajo de las señoras y porque no hubo asistencia técnica y seguimiento adecuado. Pero como toda la información llega primero a la asamblea y allí es donde se decide, las mujeres tienen que “contentarse” con lo que las instancias de gobierno ofrecen y lo que los hombres de la comunidad aceptan o gestionan para ellas. Muy contrario a lo que se dice en los reglamentos y planes de manejo de la SEMARNAT, CONANP
sobre la atención integral y generación de oportunidades de manera equitativa para mujeres y hombres, “esto evidencia la inexistencia de la participación de las mujeres en los procesos de decisión sobre el manejo de los recursos naturales” y de los recursos económicos (Pérez, 2016).
Al parecer, los proyectos para hombres si bien funcionan un rato (mientras que se siga financiando o dando asistencia técnica), a mediano plazo también dejan de funcionar o se usa la infraestructura dada (laminas, galeras, mallas etcétera) para un trabajo individual o diferente al intencionado inicialmente. Los intentos de la CONANP de dar proyectos colectivos no han funcionado en Zapata. Con el proyectos de ganadería, la propuesta de la CONANP fue dar varias galeras grandes, para grupos de trabajo de ganadería, pero los ejidatarios beneficiados, en una lógica de trabajo individual, querían una galera cada quien, aunque sea pequeña. Estas galeras actualmente no están siendo usadas para mantener las vacas allí, sino siguen vacías, ya que son poco funcionales, y los animales siguen en los potreros amplios sin que se haya logrado una reducción del espacio necesario para la ganadería.
Otra razón para el no-funcionamiento parece estar en la falta de acompañamiento y seguimiento a los proyectos. Si bien se da un acompañamiento técnico inicial (por ej. para instalar sistemas de riego, enseñar ciertas técnicas de cultivo), éste se termina pronto y no se da acompañamiento para la parte de la comercialización, siendo ésta muchas veces el cuello de botella para los proyectos productivos. La CONANP, si bien ve este problema, lo justifica con que en el fondo no es una dependencia de desarrollo, sino tiene su función más en “la parte normativa” (Inge. Román Pérez, entrevista, 2017).
“Todo lo que tiene la CONANP son estrategias para la conservación, para que la gente ya no tale tanto. Pero que se llevara a cabo como tal, que no quedara solo como un proyecto y la gente le sacan provecho económico. Eso es lo que he visto, que queda más como un proyecto. Las estrategias según van dirigidas hacia la conservación y todo eso, pero no se aplican bien las estrategias.” (Angélica Pérez Díaz, entrevista 2016)
Los proyectos de “desarrollo sustentable” de la CONANP no han podido parar que la gente de Zapata siga usando la selva como su recurso, tanto para extraer leña (y a veces, pero en menor medida, madera), hierbas, hongos, frutas, verduras, cazar algunos animales, como para usar los
terrenos para cultivar y criar animales allí. La gente se mete a la reserva, no importa su estatus de conservación, a utilizar los recursos si lo necesitan para su subsistencia. “De manera que mientras no existan otras alternativas fuera del ANP que les proporcionen lo necesario (o mínimo) para su sobrevivencia continuarán “trasgrediendo” los límites sobre uso de recursos naturales establecidos institucionalmente” (Romero y Vallejo, 2017, 20). Si bien estoy de acuerdo con esta aseveración, sugiero cuestionarnos si realmente es una transgresión, ya que tanto el decreto/establecimiento del ANP como sus planes de manejo en primer lugar ocurrieron sin tomar en cuenta las poblaciones ya existentes dentro de la reserva.
El gobierno impone medidas restrictivas, sin consulta, negociación o compensación a una población que de por si se encuentra en condiciones de extrema pobreza y marginación (Legorreta y Marquez, 2012, 287), y que además no tiene las mismas posibilidades de negociación. Y después, como vimos, también muchos proyectos de desarrollo que se les ofrece a las poblaciones como compensación, tampoco no toman realmente en cuenta a la gente y fallan en incluir a muchas personas.
Aunque actualmente es bien sabido que el éxito de los esquemas de conservación depende de la inclusión de las necesidades e intereses de la población local, se puede observar en muchas ocasiones que esta inclusión no ocurre, ocurre a medias o refuerza viejos esquemas de favoritismos y exclusiones como vemos con el ejemplo de Zapata. En su estudio sobre estrategias de participación en la Selva Lacandona, Durand, Figueroa y Trench (2012) describen minuciosamente cuan superficial y fallido son los intentos de procurar una participación de los habitantes en la planeación y ejecución de los proyectos relacionados a las áreas naturales protegidas.
Estas autoras concluyen en su estudio sobre la participación en la REBIMA (Reserva de la Biosfera Montes Azules) que, a pesar de ciertos avances en la voluntad de dialogo y en la posibilidad de llegar a acuerdos, hace falta mucho por llegar a una inclusión plena y efectiva que supone un diálogo en igualdad de condiciones y la facultad de influir en las decisiones finales (2012, 265).
Legorreta y Marquez (2017, 289) señalan que la política ambiental está entrampada en un círculo vicioso, resultado de formas autoritarias de toma de decisiones: por un lado, hay una grave omisión por parte del Estado que no cumple con el mandato legal de impulsar el desarrollo
sustentable, o lo hace muy limitadamente. Con ello restringe a la población el acceso a recursos económicos lo que agrava su condición de pobreza y desigualdad. Por el otro lado: los habitantes a menudo hacen un uso irracional de los recursos naturales, y en un momento de descuido de las autoridades, los explotan al máximo. Todo eso crea más desconfianza y distanciamiento entre la población y las autoridades, las cuales reaccionen con más prohibiciones, o sanciones. Al final, las relaciones se vuelven más tensas y se logra muy poco en materia de conservación o sobre bases muy frágiles. El caso presentado del ejido Emiliano Zapata todavía no indica que se haya entrado en un círculo vicioso entre prohibición y trasgresión, ya que las relaciones con la CONANP son relativamente buenas, a pesar de ciertos desencantos o exigencias mutuas no cumplidas. Sin embargo, con la perspectiva del crecimiento poblacional en Zapata, en un par de años, es posible que las incursiones hacia la selva y el seguir cultivando allí se percibirán como trasgresiones que serán respondidas con prohibiciones o sanciones por parte de la autoridad estatal. A mi pregunta, como ven el futuro de la producción campesina en Zapata, tanto habitantes del lugar como el funcionario de la CONANP expresan su preocupación.
Pregunta: Si su hijo, su hija quisieran regresar aquí y ustedes tienen nietos aquí, ¿qué es lo que van a sembrar o qué es lo qué van a producir? De que van a vivir ellos?
Don Armando: Ya no hay dónde, porque todo aquí por dentro ya es reserva, donde ya se trabajó todo está ocupado, si, donde una persona ya lo trabajó ya no dejan entrar otra persona, ya no hay donde ampliar porque es pura piedra pues, si, ya no hay donde. (Entrevista con Don Armando González, Zapata, 2016)
Inge. Román Pérez: Nos preocupa mucho el simple hecho del permanente crecimiento demográfico. El sistema va a llegar a un momento que ya no lo va a resistir. Aquí se tiene que tomar algunas medidas diferentes. Darles opciones de estudio a las nuevas generaciones, para que la orientación a la necesidad laboral no sea la tierra, porque eso es lo que menos hay en el ejido. No hay tierras, hay que buscar otra forma de trabajo para las generaciones que vienen.
(…) La reserva va a ser muy presionada. Quizás hasta con menos superficie. Quizás nos vemos obligados a modificar la superficie de la zona núcleo para entonces (…) Y va a haber una disputa entre el gobierno y las comunidades, los grupos sociales que van a
demandar comida. Y la comida va a estar en la reserva. Entonces, muy presionada. (Entrevista con Inge. Román Pérez, subdirector de la REBISO, CONANP)
El estado mexicano oficialmente apuesta por una estrategia equilibrada entre el desarrollo y la conservación, para alcanzar el desarrollo sustentable como lo demuestran muchos documentos oficiales y discursos. “Sin embargo, en los hechos la política ambiental en México manifiesta una constante tensión donde dominan las orientaciones autoritarias que dan prioridad a medidas prohibitivas y restrictivas como mecanismos de conservación, en prejuicio de posturas más democráticas e incluyentes, que consideran la participación efectiva de la población.” (Legorreta y Márquez, 2012, 283).
La política ambiental actual mexicana, en su forma de política de conservación, es antidemocrática. El estado abandona su responsabilidad para generar formas sustentables de manejo de los recursos naturales y las sustituye por una política de conservación, como señalan Legorreta y Márquez, 2012, Yo añadiría que es una conservación a medias, ya que dada la creciente desigualdad social y económica, ni siquiera se pueden cumplir los objetivos de conservación y mucho menos las del desarrollo sustentable.
A lo largo de esta investigación me estuve preguntando, cual es el enfoque de la política ambiental en cuanto a la alimentación. Me parece más bien, que la política ambiental de conservación tiene muy poco enfoque en la alimentación, pero mucho efecto sobre ella. La prohibición de sembrar en la zona núcleo, la prohibición de quemar la milpa, la prohibición de cazar o recolectar ciertas especies de la zona núcleo, etcétera tienen un fuerte efecto en la producción campesina de alimentos, aunado a proyectos productivos, que, si bien no son muy exitosos a largo plazo si pueden impulsar ciertos cambios en la alimentación.
No hay que olvidar que la tensión entre conservación y producción campesina, descrita a lo largo de este texto, se ubica en un contexto de crisis alimentaria prolongada que se manifiesta en precios bajos para los productos campesinos, insumos caros para la producción, precios altos de alimentos básicos para los consumidores del campo y de la ciudad, deterioro de los recursos naturales, aumento de plagas, desastres naturales y una pérdida de (agro-) biodiversidad sin precedente. Si se quiere evaluar el impacto de la política ambiental conservacionista sobre la
producción de alimentos, hay que tomar en cuenta también este contexto.
Durand, Leticia, Fernanda Figueroa y Tim Trench. 2012. “Inclusión, exclusión y estrategias de participación en áreas protegidas de la Selva Lacandona, Chiapas”, pp. 237-267 en Leticia Durand, Fernanda Figueroa y Mauricio Guzman, editores, La naturaleza en contexto. Hacía una ecología política mexicana. México: UNAM, CEIICH-CRIM, Colegio de San Luis
Escobar, Arturo. 1999. “¿De quién es la naturaleza? Conservación de la biodiversidad y la ecología política de los movimientos sociales”, pag. 233-272 en: El final del Salvaje. Naturaleza, cultura y política en la Antropología contemporánea. Bogotá, Colombia: Instituto Colombiano de Antropología, CEREC.
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Notas
1 Expreso mi agradecimiento profundo a la familia Pérez Díaz, especialmente a Benjamín, sin quienes esta ponencia ni mi investigación doctoral en general no sería posible.
2 Actualmente co-existen proyectos de destrucción y explotación, junto con los de conservación, como estrategia del capital, a veces en espacios territoriales muy cercanos, como muestra la existencia por en Chiapas de proyectos mineros, de producción de agrocombustibles y de áreas naturales protegidas, entre otros.
3 Según esta definición, el desarrollo sustentable es “aquel capaz de satisfacer las necesidades de la
generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.
4 Esta premisa está siendo fuertemente criticada por algunos que mantienen que son sobre todo los países ricos y sus economías las que destruyen el medio ambiente, más que campesinos pobres que viven con y de sus recursos naturales.
5 Los datos disponibles en fuentes oficiales de la CONANP se contradicen. Mientras que en la página web
www.conanp.gob.mx se habla de 176 areas con aprox. 25,400,000 ha., en otra fuente son 182 ha que milagrosamente abarcan más de 90 millones de hectáreas (www.gob.mx/conanp).