Carlos Andrés Acevedo Rodríguez1
Palabras clave: neoliberalismo; clases sociales; coaliciones promotoras; oportunidades vitales; pingüinos.
La mayor parte de la población de América Latina no posee la propiedad de medios de producción, no controla los tiempos productivos y participa de forma desfavorable en la percepción de la riqueza social; asimismo, posee una posición subordinada en la toma de decisiones vinculantes. En consecuencia, esta población se integra con elevadas carencias a los circuitos políticos, culturales y económicos: obtiene muy poco de lo que está en juego en estos
espacios. La falta de integración adecuada a estas esferas forma parte de “carencias” o “privaciones” que en las sociedades latinoamericanas se agudizan debido a la historia común de colonialismo y dependencia. A continuación, se profundiza en la necesidad de utilizar perspectivas analíticas más amplias que las comúnmente utilizadas para dar cuenta de los obstáculos y oportunidades de avanzar en integración social.
En América Latina, con diversos grados dependiendo del país, desde los años 80 se promueven políticas basadas en la ideología “neoliberal”. Sobre este base se configura un proceso en que las seguridades sociales que otorgaba el “Estado” pasan en gran medida a ser otorgadas por privados, es decir, se debe pagar por éstos tal como si fueran bienes de consumo, de inversión o servicios. La salud, la educación y el sistema de previsión, pasan a ser espacios de ganancia para el capital privado, generalmente del capital financiero de corte internacional (Yocelevzky, 2014, p. 68). En este modelo, la protección social se remite a aquellos que por sí mismos no pueden lograr bienestar en el mercado y de un “Estado industrial, interventor de compromiso” (que va de los años 40 a los 70 del siglo pasado) se transita a un “Estado subsidiario” con un carácter asistencial, pues, se argumenta: “…no hay razón alguna para que una sociedad que, gracias al mercado, es una sociedad tan rica como una sociedad moderna, no deba procurar fuera del mercado un mínimo de seguridad para todo aquel que dentro del mercado queda por debajo de un cierto nivel.” (Hayek, 1982, p. 198). Para los ideólogos de este modelo el “Estado” sólo debe preocuparse y asistir a aquellos (minoría, se piensa) que “no son capaces” de asistirse a sí mismos en el “juego justo” del mercado (Hayek, 1982, p. 198).
Sobre esta base, la preocupación por la población carenciada o privada se remitió (y se remite) a aquella que se denomina como pobre, y es considerada como tal en tanto no consigue un “ingreso” mínimo o ciertas necesidades “básicas” sin las cuales un ser humano no podría reproducirse.
Si bien se logró una reducción de la población pobre, en la década de los noventa los países latinoamericanos se caracterizaron por problemáticas asociadas a la desigualdad e integración social en las diversas esferas sociales: violencia, delincuencia, desafección política, deslegitimación de la democracia, sentido de injusticia, inseguridad, desconfianza entre los
individuos, etc. (Latinobarómetro, 1995-2000; Lechner 2002; Abad & Trak, 2013). Un contexto en que se potencian “miedos” que “pueden provocar reacciones agresivas, rabia y odio que terminan por corroer la sociabilidad cotidiana” (Lechner, 2002, p. 45).
Se tornó evidente que el modelo de desarrollo seguido en América Latina traía emparejado el problema de la desigualdad y cohesión social. Además, las economías decayeron debido a la baja de los precios de las materias primas en contraste a los precios de los productos importados. Esto en el marco del deterioro de los términos de intercambio en una inserción periférica en los circuitos productivos a nivel mundial.
Diversos países latinoamericanos hicieron suyas consignas dictadas por organismos como la CEPAL o el Banco mundial, tales como crecimiento con equidad y “gobernabilidad”, y se propusieron recuperar “algo” del rol de “compromiso” que otrora presentaba el Estado. En relación a la población carenciada se comenzó a trabajar con perspectivas como la inclusión/exclusión social, la cohesión y la estratificación social. Estos análisis, sumados los intentos actuales de pensar la inclusión social en la latitud latinoamericana, ya sea desde los activos y oportunidades laborales (Katzman, 2005) o sobre los derechos ciudadanos (Fleury, 2005), si bien subrayan una problemática de integración social, no son suficientes para profundizar en el análisis de los aspectos estructurales que impiden avanzar hacia una mayor integración social. No basta con contar con mayores ingresos (estratificación social), con activos, oportunidades laborales y derechos ciudadanos (inclusión), etc., para romper con las dinámicas que reproducen desigualdades sociales persistentes. El estar “excluido” es un tipo de integración o inclusión que obedece a fenómenos estructurales arraigados en dinámicas de “clase” (Osorio, 2014, p. 116). En lo que sigue se profundiza en esta afirmación.
Desde una perspectiva amplia de integración social, ésta depende de las opciones que están abiertas en una situación, así como a las relaciones con otros individuos que se pueden establecer. Aspectos que forman parte de las “oportunidades vitales” o “life chances”. “Las opciones son las posibilidades de elección existentes en las estructuras sociales, las alternativas de acción.” (Dahrendorf, 1983, pp. 52-53). Por su parte, “Las ligaduras se refieren a la integración en los grupos; también podría denominárselas vinculaciones.” (Dahrendorf, 1983, p. 53). La relación
específica de estos elementos constituyen las oportunidades “que dan significado” a la “vida” de los seres humanos en “sociedad” (Dahrendorf, 1983, p. 52).
Las oportunidades vitales “Pueden ser excesivamente grandes para el individuo, y, en consecuencia, exigirle el crecimiento y el desarrollo; o bien pueden ser demasiado limitadas y exigirle la resistencia.” Son “posibilidades de crecimiento individual, de la realización de capacidades, de deseos y esperanzas” que “están determinadas por las condiciones sociales.” (Dahrendorf, 1983, pp. 51-52).
En América Latina las mayorías sociales son excluidas de la propiedad de medios de producción, no controla los tiempos productivos y participa de forma desfavorable en la percepción de la riqueza social; asimismo, posee una posición subordinada en la toma de decisiones vinculantes. Sobre esta base, se han configurado situaciones estructurales que amplia y constantemente favorecen a las clases sociales privilegiadas y que caracteriza a las clases sociales desfavorecidas por un escaso acceso sistemático a oportunidades vitales en los ámbitos económico, cultural y político.
El concepto de “clase social” resuena algo anacrónico en el marco de a visión individualista en la que, junto al azar, el individuo sería el principal responsable de sus éxitos y fracasos. Desde esta visión se afirma que, si alguna vez las clases sociales existieron, en la actualidad se fragmentaron con la “diversidad” de situaciones y trayectorias individuales. Sin embargo, si se analiza el fenómeno a profundidad se constata que, al contrario, las oportunidades vitales de los sectores desfavorecidos y favorecidos de la sociedad: se asemejan en su interior y entre ellos existen brechas abismales que se profundizan. Fenómeno que precisamente revela el concepto de clase social. A continuación, se citan algunos ejemplos de países latinoamericanos y a nivel regional que son generales e ilustrativos de estas profundas desigualdades sociales.
Se ha señalado que en la economía mundial categorías laborales se fragmentan teniendo una de sus manifestaciones la diversidad de ingresos (entre otros elementos) (Fitoussi & Rosanvallon, 1997), no obstante en América Latina los ingresos de los sectores desfavorecidos siguen siendo altamente semejantes y se encuentran a enorme distancia en relación a los que perciben grupos favorecidos. En el ámbito educativo mexicano, por ejemplo, el 90% de los estudiantes de primaria que asisten a la modalidad pública provienen de familias cuyos ingresos son iguales o menores a 7499 pesos mexicanos o 405 dólares; mientras el 70% de estudiantes de
primaria que asisten a escuelas privadas provienen de familias con ingresos ampliamente superiores a tal cantidad (el 45% provienen de familias con ingresos superiores a 15000 pesos u 825 dólares y el 21% lo hacen de familias con ingresos mayores a 30000 pesos o 1650 dólares) (ENLACE, 2012). Esto en un contexto en el que cerca del 90% de los estudiantes que asisten a la educación básica en el país lo hace en establecimientos públicos (INEE, 2014, p. 47).
En el mismo sentido y en el ámbito de la jubilación en Chile, los dueños de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), han tenido ganancias exorbitantes mientras la gran mayoría de los chilenos percibe (o tiene prevista) una jubilación que alcanza un porcentaje bastante menor al promedio de su ingreso percibido1. “Las AFP’S, han generado un marketing a nivel mundial de que es un sistema exitoso, situación que discrepa de la realidad al ver los resultados de las pensiones obtenidas por los trabajadores(as). En promedio las pensiones de los trabajadores cotizantes activos alcanzan un 38% de los ingresos que obtenían en su vida activa, y en el caso de las mujeres es más dramático, las pensiones sólo alcanzarán en promedio a un 28% de los ingresos que recibían en su vida laboral”2. Tal situación tiene al 90% de los jubilados en Chile recibiendo menos de 256 dólares mensuales, a saber; un poco más de la mitad del sueldo mínimo (432 dólares)3.
Asimismo, en América Latina el acceso a las instituciones de educación superior si bien se ha incrementado, conjuntamente se han ampliado las desigualdades en el acceso a estas instituciones en términos de poblaciones favorecidas y desfavorecidas. En consecuencia, los sectores favorecidos acceden en mayor medida a las instituciones más prestigiosas y solventes financieramente, mientras los sectores desfavorecidos acceden a instituciones de cuestionada calidad y que tienen elevadas carencias en una diversidad de ámbitos (infraestructura, profesores, financiamiento, etc.). Ejemplificador es el caso chileno, en donde el acceso a la educación de las universidades más prestigiosas y demandadas (universidades públicas que forman parte del CRUCH y otras privadas de creación más reciente)4 se ha visto fuertemente incrementado para los jóvenes que provienen de familias que poseen los mayores niveles de ingreso per cápita, educación y ocupaciones que requieren elevada calificación (Cabrera, 2016, pp. 133-134).
La profundización de las desigualdades sociales también se expresa en la concentración de los medios de producción, tomemos el caso de Ecuador: “‘un 5% de propietarios concentra el 52% de las tierras agrícolas, mientras que otro 60% de pequeños productores solo son
propietarios del 6,4% de las tierras’ (SENPLADES, 2013: 298).” (Caria & Domínguez, 2016, pp. 25-26). Lo mismo ocurre:
-Con el recurso del agua, en el que “los campesinos representan el 86% de los usuarios del agua de riego y controlan apenas el 13% del caudal, mientras que el 1% de los propietarios, los grandes, controlan el 64% del agua de riego” (Fernández, Liliana, & Salamanca, 2014, p. 110);
-Con las ventas, en donde “las grandes empresas controlan el 96% de las ventas” (Acevedo Rodríguez & Valenti Nigrini, 2017, p. 10);
-Así como en las utilidades de los “cien grupos económicos más grandes”, que en el “período 2007-2011 crecieron en un 50% más que en los cinco años anteriores; es decir, durante el período neoliberal” (Fernández, Liliana, & Salamanca, 2014, p. 111).
También se ha profundizado aquella brecha entre un gran sector “atrasado” de baja productividad que se enfoca hacia la producción interna, en la economía informal y que se caracteriza por el desenvolvimiento de las pequeñas y micro empresas; y aquel sector “moderno” de elevada productividad que se basa, principalmente, en la explotación y exportación de recursos naturales (además de una participación importante del sector de electricidad y del sector financiero) y que se caracteriza por el desenvolvimiento de la gran y mediana empresa. En esta “heterogeneidad estructural”, el sector atrasado deviene cada vez más amplio y, debido a que el sector moderno no genera encadenamientos productivos, se amplía la brecha entre estos segmentos económicos:
En la Región “la productividad minera es siete veces más alta que la productividad media, mientras que la del sector de la electricidad es cuatro veces más elevada y la del sector financiero es dos veces superior. En el otro extremo se encuentran la agricultura, el comercio y la construcción. Otros sectores, como la industria y el transporte, tienen una productividad casi similar al promedio de la economía. Esta desigualdad sectorial en los niveles de productividad se amplía entre 1990 y 2008.” (Cepal, 2010, p. 95). En contraste, en USA “se destaca una menor diferencia entre los sectores (…) Los sectores de mayor productividad (electricidad y financiero) muestran niveles dos veces superiores al promedio, una diferencia muy inferior a la registrada en la región. Además, a diferencia de lo que ocurre en América Latina, en la economía de los Estados Unidos estas desigualdades se reducen entre 1990 y 2008.” (Cepal, 2010, p. 96).
La problemática de la heterogeneidad estructural consiste que el sector “atrasado” concentra a la mayoría de la población en trabajados altamente precarizados (Acevedo Rodríguez, 2011). Al respecto, en un estudio comparativo entre México y Costa Rica, se concluye que la misma configuración de la economía genera empleos precarios especialmente en los ámbitos de la agricultura, construcción y servicios personales (Mora & de Oliveira, 2008). Precisamente, las actividades que concentran la mayor cantidad de población ocupada en América Latina.
Subrayando otra dimensión de las desigualdades, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI), publicó un informe sobre movilidad social en que se constata que tanto ésta y la inserción laboral están altamente asociadas con el “autoreconocimiento de color de piel” de los individuos. De modo que los individuos con pieles más obscuras tienen menor movilidad social y se insertan en empleos más desventajosos5.
Asimismo, si bien desde la ideología neoliberal se ensalza el acceso al consumo y la diferenciación que se logra a partir de éste, las masas sociales no han dejado de consumir productos altamente similares respecto a tecnología, costo y utilidad6, mientras los grupos aventajados tienen acceso a productos que o no están al alcance de las masas populares o que están disponibles para éstas en versiones “económicas” (con el degrade tecnológico y de calidad que esto significa) y sólo mediante el “crédito”.
Tampoco se han acortado las brechas entre aquellos que participan y que no participan en la escena política. Incluso en los casos que han sido más emblemáticos en promover la democratización de la política como Ecuador, se ha constatado una elevada “cooptación y división” de los movimientos sociales por parte de la sociedad política (Caria & Domínguez, 2014, p. 158). Y los plebiscitos que se han impulsado, han sido caracterizados como prácticas que sólo buscan aprobar “las propuestas emanadas por el presidente” (Treminio, 2014, pp. 83- 84).
A partir de este tipo de fenómenos generalizados en América Latina, recientemente la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL ha destacado que no sólo existen profundas desigualdades entre conglomerados sino que éstas se acentúan sostenidamente en América Latina7.
Estos fenómenos tienen raíces en la posición económica subordinada de amplios conglomerados, en el debilitamiento de los colectivos de trabajadores y la profundización de la
brecha en el poder de negociación y de adquisición de las ganancias entre el capital y el trabajo (Cepal, 2010, p. 91), y en general, en la profundización de la brecha de la participación “política” entre sectores favorecidos y desfavorecidos.
Lo común que tienen los grupos que se encuentran en el lado desfavorecido de las desigualdades sociales que se han señalado (bajos ingresos, piel obscura, consumo de productos de mala calidad y económicos a partir de elevado endeudamiento, desempeño en el sector atrasado de la economía, etc.), es que corresponden a amplias mayorías que ocupan un lugar altamente subordinado en el sistema de producción; y tienden a no participar del proceso de toma de decisiones vinculantes (sólo se expresan en las elecciones de sus “representantes” en amplios lapsos temporales).
En consecuencia, estos fenómenos se entienden en términos de “clases sociales”, de desigualdades que se explican por mecanismos estructurales que estructuran profundas desigualdades de oportunidades vitales entre conglomerados humanos. Los estudios de desigualdad social que se han llevado a cabo en América Latina se han centrado en perspectivas de cohesión social, inclusión, estratificación, etc.; y han perdido de vista los mecanismos de clase que la configuran. Al no comprender estos mecanismos de clase, no logran visualizar los mecanismos que le otorgan un carácter persistente a estas desigualdades. Desigualdades que se reproducen sistemáticamente y resisten a diversos embates de distinto sello que han realizado gobiernos “progresistas”.
Para avanzar en el entendimiento de la reproducción, profundización y potencialidad de transformación de estas desigualdades persistentes, es necesario entender de una forma compleja las nociones de “Estado” y “política”.
De una perspectiva simplificadora se puede decir que “El gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa.” (Marx & Engels, 2008, p. 126), y que este Estado está compuesto por aquellas clases que actúan en favor del capital (Osorio, 2014, pp. 43-44, 96-97).
Si bien estos son aspectos que simplifican bastante las características del Estado, dirigen la atención a hechos que se tienden a olvidar cuando se hace referencia al “Estado neoliberal”.
Con Estado neoliberal, se apunta a sociedades en las que el mismo Estado se repliega del mercado y en donde se promueve la puesta en marcha del libre mercado, la desregulación laboral, la apertura comercial y financiera, privatizaciones de empresas estatales, etc. Es decir, un poder político (Estado) que busca retirarse del poder económico. Sin embargo, en los hechos se constata un fuerte enlace entre estos poderes, de modo que se torna sistemática la “utilización estatal” por los grupos políticos gobernantes en aras de promover monopolios privados, la ganancia del capital, el rescate de empresas privadas, implementación de políticas públicas dictadas por Estados externos, etc.
Esta confluencia entre poder político y económico no corresponde a una característica específica de un modelo de desarrollo que tiene lugar en el seno del capitalismo, corresponde al propio capitalismo. Por este motivo Gramsci conceptualiza al “Estado” como la suma entre sociedad política y sociedad civil, subrayando el fenómeno de la fuerza en la primera y el consenso en la segunda (Gramsci, 1999a, p. 281 c7) (Gramsci, 1999c, pp. 75-76 c13). Para este autor, la clase dirigente que ocupa las posiciones fundamentales en la sociedad política extiende sus redes a la sociedad civil de tal modo que logra que los individuos “gobernándose a sí mismos” su acción se convierta en “la continuación normal”, en el “complemento orgánico” de la sociedad política (Gramsci, 1999a, p. 281 c7). Lo cual se consigue con la capacidad que tiene la clase dirigente no sólo de utilizar medios de coacción para gobernar (sociedad política), sino de difundir y legitimar en la sociedad civil (escuelas, universidades, medios de comunicación, iglesias, empresas, es decir, diversas instituciones que se desenvuelven en la sociedad civil8) una visión de mundo que es funcional a la reproducción de sus posiciones dominantes, especialmente, de sus posiciones en el sistema de producción (Acevedo Rodríguez, 2012, pp. 116-124) (Gramsci, 1999c, pp. 42, 75-76 c13). Así, sociedad política y sociedad civil son parte de una misma “civilidad” en que se reproduce un modo determinado de “producir y vivir”.
No obstante, a esta perspectiva habría que agregar que la sociedad política no es un ente
monolítico pues en su interior existe conflicto entre individuos que pertenecen a la misma o distintas clases sociales. Asimismo, este conflicto no se dirime únicamente con la fuerza, sino que también entran en juego ideologías (visiones de mundo), persuasión, negociaciones y alianzas. Esto quiere decir que al interior de la sociedad política existen diversos grupos y clases que pugnan entre sí por llevar a cabo diversas ideologías o proyectos9.
Asimismo, hay que agregar que la sociedad civil no sólo también está compuesta por una diversidad y conflictos en su interior, sino que de acuerdo al sector de la sociedad y al momento histórico en que ésta se encuentre, puede tener más o menos autonomía respecto a la sociedad política. En períodos en que demandas alternativas a la ideología hegemónica adquieren amplia fuerza movilizadora de importantes conglomerados sociales, desde la sociedad política se hace menester recuperar “algo” de estas demandas en aras de mantener la coherencia entre sociedad política y sociedad civil, o sea, mantener al Estado. En estos períodos las clases dirigentes se ven ante la necesidad de agregar demandas que no estaban contempladas en el menú de ofertas que ésta brindaba.
Sobre esta base, sociedad política y sociedad civil son entes complejos compuestos por diversos grupos, recursos, ideologías, conflictos, consensos y alianzas; y la fortaleza de la conexión entre estas esferas puede variar de acuerdo al momento histórico, sin embargo, al contar con un cierto grado de coherencia dan forma al Estado. Este grado de coherencia varía dependiendo del momento histórico de una sociedad particular.
Así conceptualizado, el Estado corresponde a espacios en que existe conflicto, disputa e intereses en conflicto. Cuando en estos espacios están en juego “decisiones vinculantes”, deviene la “arena o escena política”. La escena política, entonces, es el espacio (o conjuntos de espacios) en que diversos grupos están en disputa por dar forma a decisiones vinculantes, es decir, decisiones que se refieren al “curso de la vida en común” (Osorio, 2014, pp. 86-87)
En aras de transformar su situación, los grupos o categorías subordinadas deben realizar transformaciones en estos espacios. Por tanto, crear, modificar o potenciar sus enlaces al interior y entre las esferas que componen el Estado.
Una forma de comprender este fenómeno es recurriendo a la perspectiva de las coaliciones defensoras o promotoras (Advocacy Coalition Framework ACF).
La arena política se caracteriza por el desenvolvimiento de agrupaciones que reúnen a diferentes clases sociales y que defienden ideologías en disputa. A estas agrupaciones las podemos denominar “coaliciones”. Con este concepto se dirige la mirada a individuos de origen social diverso, que están unidos a partir de ciertas ideologías que enmarcan y movilizan la acción de un
grupo (creencias normativas, en los términos del ACF).
Para llevar a cabo una política o enfrentarse a ella, individuos de diversas clases sociales, buscan aliados entre aquellos individuos que compartan elementos ideológicos comunes respecto a una problemática social, sus soluciones y sobre el bienestar de quién cuenta (Sabatier & Jenkins-Smith, 1999; Sabatier & Weible, 2007). Su objetivo es “trasladar componentes de su sistema de creencias a la actual política antes que sus oponentes puedan hacer lo mismo” (Sabatier & Weible, 2007, p. 196). Con esta intención conforman redes con otros individuos, a través de las cuales transmiten información, construyen confianza, comparten recursos, desarrollan estrategias en común, etc.
Estas redes dan cuenta de un grado de organización que puede variar de un rango que va de fuerte a débil y se componen de actores más o menos homogéneos y heterogéneos (Adam & Kriesi, 2007, p. 134), y que pueden proceder de la sociedad política o (y u o) sociedad civil.
Al reunir a coaliciones, en la escena política se encuentran: funcionarios públicos, organizaciones internacionales, capitalistas, trabajadores, partidos políticos, grupos de género, raciales, étnicos y religiosos (Rodríguez Romero, 1998, p. 179). Espacios en donde están en disputa coaliciones con diversos proyectos.
Con este planteamiento se dirige la mirada a la complejidad de las coordinaciones entre individuos que se establecen al interior de la sociedad política, de la sociedad civil y entre estas esferas: respecto a lo político. Es decir, respecto a quiénes y cómo gobiernan (Osorio, 2014, pp. 59-67).
Es de esperar que las coaliciones más fuertes sean aquellas que logren mayores grados de organización y las que logren integrarse no sólo por “subunidades” de las agencias gubernamentales, como inexactamente sostienen Estévez y Esper (Estévez & Esper, 2008, p. 55); sino que también alcancen diversos espacios en la sociedad civil.
Ahora bien, hay que agregar a esta perspectiva que un aspecto importante de la capacidad que tiene una coalición para aumentar los enlaces que la conforman, consiste en el rol que llevan a cabo sus líderes: no sólo de construcción de acuerdos, sino en la legitimación de una ideología (sistema de creencias o proyecto). En consecuencia, esta dirigencia no desarrolla únicamente un liderazgo político, sino que también desarrolla un liderazgo en el ámbito intelectual y moral (ideológico). Esta doble faceta da cuenta de lo que hemos de denominar “líder político-
ideológico”. Así, el líder político-ideológico no es aquel que en un momento determinado enlaza los intereses de determinados individuos sin configurar una ideología que movilice las prácticas.
Por otra parte, hay que sostener que las coaliciones y sus líderes se desenvuelven en un marco de relaciones de fuerza, es decir, condicionamientos y límites históricos que implican situaciones de hegemonía. Esto significa que no toda ideología logra hacer sentido, movilizar, o es permitida en una época determinada.
La hegemonía es un proceso en el que el grupo o clases (coaliciones en adelante) que dirige a la sociedad, al ocupar la posición fundamental en un Estado (sociedad política + sociedad civil), no sólo dispone y lleva a cabo prácticas de fuerza; sino que también recurre a prácticas que consisten en legitimar una ideología (visión de mundo en palabras gramscianas) y realizar relaciones de compromiso en el marco de ésta, con la mayoría de la población. La ideología que difunde la coalición/es dirigente/s, es coherente con sus intereses y posiciones económicas.
De acuerdo a la complejidad del Estado y de la política que se ha presentado, hay que agregar que la hegemonía es un proceso que nunca está completo, pues en la arena política están presentes diversas coaliciones que defienden ideologías con distinto nivel de antagonismo a la ideología hegemónica. Así, la misma existencia de la hegemonía implica un proceso de disputa entre coaliciones con diversos grados de relevancia en la sociedad política y sociedad civil.
Para lograr cambios de su situación los grupos subordinados deben pasar a formar parte de coaliciones y participar en la escena política, lo que implica seguimiento de una ideología y organización. La fortaleza de una coalición dependerá de la integración de diversos funcionarios de gobierno y de miembros de la sociedad civil. Sobre esta base se puede pensar la “construcción” o “adquisición” de poder “político”, a saber: de aquella “capacidad” de dar forma a las decisiones vinculantes.
Ahora, si bien la existencia de hegemonía implica ideologías con diversos grados de antagonismo: la “crítica” social movilizadora se puede desenvolver únicamente dentro de ciertas fronteras históricas. La hegemonía, la ideología y relaciones de compromiso que la sostiene, marca los límites de lo posible y pensable de cada período determinado: constituyen fronteras simbólicas que enmarcan las prácticas.
Así, en el contexto de las relaciones de fuerza que existen entre la coalición dirigente, aliadas y subordinadas, se torna de suma relevancia comprender que no toda ideología o proyecto puede hacer sentido y movilizar a los individuos que se desenvuelven en una época. Es decir, una determinada hegemonía conforma correlaciones de fuerza que demarcan las correspondientes fronteras ideológicas -de lo posible, lo pensable y actuante- de un contexto histórico. Aquellos que desborden estos límites, y en la medida que este desborde plantee una amenaza a la reproducción del sistema económico en que la coalición dirigente ocupa el lugar fundamental, serán considerados como adversarios. Por consiguiente, serán atacados con toda la fuerza de represión desnuda (Gramsci, 1999c, pp. 387, c19).
Es importante analizar las fronteras de la crítica que pueden llevar a cabo las coaliciones subordinadas, y entender el tipo de crítica que tiene mayor o menor posibilidad de convocar a determinadas poblaciones y las posibilidades “objetivas-históricas” que existen para mover estas fronteras. No hay que perder de vista que la hegemonía conforma al mismo Estado, conforma un tipo particular de civilidad que marca límites al pensamiento y a la misma organización política y económica.
Esto no implica que no se pueda cuestionar la misma hegemonía. Estas situaciones ocurren cuando existe una elevada erosión y fragmentación al interior de la coalición dirigente (Tilly, 2000, pp. 234-237). Al configurarse coaliciones fuertes y antagónicas, se produce una brecha importante entre sociedad política y sociedad civil, y se puede hablar de crisis de autoridad o “crisis de hegemonía” (Gramsci, 1999c, p. 52 c13). Se configura un proceso en el que se encuentra en disputa la misma conformación de un Estado (Osorio, 2014, p. 82). En estas situaciones “la diversidad de posiciones y sectores que normalmente caracterizan la escena política tienden a agruparse en grandes bloques político-sociales (…) aquí la atención se centra en los factores que apuntan a transformar el Estado, por lo que nociones como crisis prerrevolucionaria o revolucionaria se hacen necesarias…” (Osorio, 2014, p. 82).
De todos modos, es necesario subrayar que las situaciones hegemónicas son ampliamente las más comunes, al menos en el momento actual latinoamericano.
Sobre esta base, se torna importante analizar las relaciones conflictivas en un contexto de hegemonía, en tanto visibilizan las ideologías y relaciones de compromiso que dan forma a las coaliciones en disputa; y se pueden apreciar los niveles de radicalidad permitidos en una
determinada época histórica (hegemónica). Por lo que es posible constatar las ideas fuerza que movilizan a grupos subordinados y, a partir del grado de concreción de sus demandas y de la fortaleza de las coaliciones en disputa, prever las direcciones y las velocidades con las que se irán, o no, moviendo las fronteras simbólicas y materiales de una época determinada.
Hasta acá se ha subrayado la necesidad de retomar el concepto de clase social. Si bien es importante el control que los grupos poseen de los medios y tiempos de producción y de la percepción de la riqueza social; se ha enfatizado la necesidad de considerar su posición en la toma de decisiones vinculantes: pues es en la escena política donde confluyen coaliciones con diverso poder económico y político, y es en ésta donde se toman las decisiones vinculantes. En un contexto hegemónico, llamamos la atención a la política como instrumento de transformar las oportunidades vitales. Una posición subordinada en la política implica corolarios negativos en las oportunidades vitales y viceversa.
En la escena política, el abanico de opciones y de ligaduras viene dado por los grupos a los que se pertenezca. Desde la perspectiva presentada, esto significa formar parte de coaliciones y significa que la política no es una actividad “individual”. Ser parte de coaliciones implica contar con “poder” en la toma de decisiones vinculantes. Poder que variará de acuerdo al rol y función del individuo en la coalición, así como a la fortaleza de ésta en relación a sus enlaces en la sociedad política y en la sociedad civil, es decir, su fortaleza en el “Estado” mismo.
El hecho es que en América Latina las mayorías sociales son excluidas de coaliciones y de la escena política, por lo que se han configurado situaciones estructurales que amplia y constantemente favorecen a las clases sociales privilegiadas.
Pues bien, también se ha desarrollado la importancia de considerar que en América Latina existen contextos hegemónicos que implican que la crítica y movilización debe enmarcarse en los límites simbólicos y prácticos de una época. Se ha hecho hincapié en el rol de los líderes político-ideológicos para desenvolverse en estas situaciones y, de acuerdo a la fuerza de las coaliciones que encabezan, se ha centrado la atención en la posibilidad o no de movilizar las fronteras hegemónicas. Resta esclarecer los mecanismos de desigualdad social que deben “enfrentar” las coaliciones subordinadas y sus líderes en aras de superar desigualdades sociales persistentes.
Las manifestaciones históricas de las desigualdades del tipo que se han descrito corresponden a desigualdades de clase que se reproducen persistentemente a través del tiempo y el espacio.
Dos importantes mecanismos que están a la base de esta reproducción consisten en la explotación y el acaparamiento de oportunidades (Tilly, 2000). Estos mecanismos apuntan a los procesos por los cuales el valor creado de la coordinación y esfuerzo de grupos de individuos son apropiados por otros, así como a los monopolios y barreras de acceso que estos últimos (o sus subordinados) crean respecto a tales recursos. En consecuencia, son mecanismos que sostienen los procesos en los que sectores de “altos ingresos”, “universitarios de universidades prestigiosas”, “modernos”, “no precarizados”, “blancos”, “capital”, etc., se apropian no sólo de cantidades considerables de una parte del producto del esfuerzo de individuos de “bajos ingresos”, “no universitarios o con educación superior de baja calidad”, “atrasados”, “precarizados”, “piel obscura”, “trabajadores”, sino que generan barreras de acceso al disfrute de estos valores apropiados. En la escena política, estos mecanismos se expresan en que la mayoría de estos individuos no forman parte de coaliciones y carecen de las redes, recursos y liderazgos político-ideológicos que caracteriza a estas agrupaciones. En consecuencia, no son considerados en la toma de decisiones vinculantes y no tienen incidencia en el uso de los “recursos públicos” que ellos mismos han generado.
Debido a esta carencia de poder político, la reproducción sistemática de una distribución desigual para sectores desfavorecidos tiende a manifestarse a lo largo de una diversidad de organizaciones, por lo que es altamente probable que los individuos de bajos ingresos, también accedan al sector atrasado de la economía, sean trabajadores precarizados, no ingresen a universidades prestigiosas, etc. Son desigualdades transversales a las organizaciones que dan cuenta de una articulación de situaciones desventajosas para amplios conglomerados sociales10.
Tal situación, como se ha presentado, limita el incremento de oportunidades vitales, de opciones y vinculaciones para una amplia mayoría de la población de América Latina.
En estos términos se configura una sociedad política que presenta características oligárquicas en la que confluye el poder político y el poder económico de coaliciones favorecidas minoritarias. En un contexto hegemónico, esta situación implica que se excluye de la escena política y de las oportunidades vitales que están en juego en este espacio, a gran parte de la
población.
En aras de incrementar las oportunidades vitales de amplios conglomerados sociales, se requiere de organización de coaliciones que, en el marco de una ideología o proyecto, enlace a individuos que se desenvuelven en la sociedad política y en la sociedad civil. Esto, con el objetivo de transformar mecanismos de explotación y acaparamiento de oportunidades que articulan sistemáticamente desigualdades en diversas esferas. Mecanismos y articulación de desventajas que tienden a ser invisibilizadas cuando se pierden de vista los mecanismos de clase social.
Desde esta perspectiva de modo alguno se plantea alguna imposibilidad de modificar estados desventajosos de oportunidades vitales, contrariamente, se llama la atención al tipo de organización política que puede ser útil en este objetivo y a los mecanismos estructurales que ésta debe enfrentar.
En diversas situaciones latinoamericanas se han desarrollado procesos que han avanzado en este sentido. Situaciones en que se ha roto o resquebrajado el predominio oligarca y donde la sociedad política debe adoptar y adaptar demandas de grupos de la sociedad civil para mantener la configuración estatal (coherencia sociedad política + sociedad civil). Estos procesos se han sostenido en demandas de amplios movimientos sociales que han formado fuertes coaliciones, ideologías y liderazgos políticos ideológicos. A continuación, se presenta un caso emblemático al respecto.
Desde el golpe militar de 1973, primero en un contexto de dictadura y luego proseguido por los gobiernos “democráticos” de la Concertación, se difundió y legitimó en gran parte de la población aspectos relacionados con la ideología “neoliberal” como el individualismo, el “Estado” subsidiario y focalizador, la privatización y mercantilización de derechos sociales; de modo que estos últimos fueron aprehendidos de forma generalizada como un bien de consumo, de inversión o como servicios. Se arraigó la idea de que cada cual conseguía en el mercado lo que correspondiera a sus habilidades y esfuerzos. El mercado dejado a su devenir generaba una sociedad “meritocrática”, por ende, “justa”. En consecuencia, la intervención “estatal” sólo debía remitirse a asistir a aquellos que por sí mismos no podían integrarse por la vía del mercado.
Estos componentes ideológicos pasaron a formar parte del adhesivo entre sociedad política y sociedad civil (del Estado mismo, tal como lo hemos conceptualizado). Luego de 17 de años de dictadura militar y de 16 de gobiernos de la Concertación, en el año 2006 se expresó un movimiento social educativo que logró una amplia adhesión popular en el cuestionamiento respecto a que la “meritocracia y la justicia” se lograran por los componentes “neoliberales” señalados. Promovió un cuestionamiento generalizado de bases fundamentales de la unidad entre sociedad civil y sociedad política.
El movimiento tuvo como antecedente períodos en que la economía experimentó sus mayores tasas de crecimiento del PIB y del producto por persona (139% el primero y 90% el segundo, desde los 90s), al mismo tiempo en que se acrecentó la distancia entre los grupos de ingresos (Vega, 2007, p. 155), de modo que el decil más rico concentraba el 56% de los ingresos, frente al 4% que alcanzaba el decil más pobre (Tironi & Carreras, 2008, p. 2). Una situación en que se hizo mayoritaria la percepción de que “el nacimiento en una familia rica genera ventajas imposibles de equiparar” (Cumsille & Garretón, 2000, p. 8).
Desde 1993 el sistema educativo chileno se dividía en cuatro modalidades: la educación particular pagada (privada), educación particular-subvencionada con y sin financiamiento compartido (la última era muy menor), y la educación municipalizada (pública). A diferencia de la educación privada, los sostenedores11 de las restantes modalidades reciben un subsidio estatal.
En este contexto, los sectores desfavorecidos no accedían a las escuelas privadas o a las de financiamiento compartido de mayor costo12, y obtenían sistemáticamente bajos puntajes en las pruebas como SIMCE13 y en los resultados de la PSU14. Contrariamente, los estudiantes provenientes de familias favorecidas ingresaban a las escuelas privadas y a las de mayor costo de financiamiento compartido, y obtenían sistemáticamente los mejores puntajes. Como ya vimos en otro apartado, también accedían mayoritariamente a las universidades más prestigiosas del país. Los estudiantes desfavorecidos que lograban acceder a la educación superior ingresaban a universidades, institutos técnicos o centros de formación de cuestionada calidad y con problemáticas de todo tipo (infraestructura, recursos, etc.).
En este contexto surgió el movimiento secundario que fue conocido como la “revolución de los pingüinos” (en referencia al uniforme que utilizan los estudiantes secundarios en este país), y que alcanzó la mayor envergadura movilizadora desde la era postdictadura. Encabezado por
sus líderes político-ideológicos, este movimiento señalaba que no existía una efectiva igualdad de oportunidades que asentara las bases de una sociedad meritocrática y justa. Afirmaba que para avanzar en esta dirección, se debía garantizar el acceso a la educación por un “Estado” garante de derechos sociales universales de calidad, con un rol interventor en la redistribución para la mayoría (popular) de los elevados recursos cada vez más concentrados en grandes empresas; así como a partir de la instauración de una democracia participativa, que permitiera el acceso a la toma de decisiones en el ámbito educativo y del uso de recursos públicos15.
El conflicto estudiantil, que en su momento más álgido llegó a tener a 800 mil estudiantes movilizados en todo el país, forzó al Gobierno a plantear una agenda que se dividía en el corto y largo plazo y a desarrollar un Consejo Presidencial para la Calidad de la Educación (compuesto por 74 miembros representantes de diversos ámbitos del mundo educativo) que tenía como objeto otorgar propuestas para la modificación de la configuración del sistema educativo. Además, debido al ampliamente criticado manejo del conflicto por parte del Ejecutivo, el 14 de julio de 2006, la presidenta Michel Bachelet, solicita la renuncia del ministro de Educación, Martín Zilic, así como del ministro del Interior, Andrés Zaldívar. Este último fue destituido debido al mal manejo del conflicto estudiantil, especialmente con relación a la represión ejercida sobre los estudiantes (que también costó la remoción del prefecto de fuerzas especiales). Todo esto, en un contexto en el que la encuesta Adimark (una de las más legitimadas en el país) le otorgaba un 10% de descenso de aprobación a la presidenta.
Mientras el Gobierno actuaba con esta “brutalidad”, el movimiento llamó la atención por la organización de actividades pacíficas (realizar clases en la calle, actividades culturales, etc.) y por el tipo de organización democrática participativa, en la que se reunían estudiantes de diversos orígenes sociales y en la que todas las acciones se decidían en la Asamblea de Estudiantes Secundarios16. Esta Asamblea representaba especialmente a la Región Metropolitana, sin embargo, a medida que el conflicto fue avanzando, adquirió un carácter nacional integrando a dirigentes de todas las regiones, por lo que en junio de 2006 se pasa a denominar Asamblea Nacional de Estudiantes Secundarios –ANES-. En este sistema, los representantes de los estudiantes (voceros de la Asamblea), sólo tenían permitido comunicar las decisiones de la Asamblea y eran removibles en cualquier momento. Estas acciones materializaron prácticas democráticas que no se habían manifestado en ocasiones anteriores.
Ahora bien, la fuerza de este movimiento se explica por la creación de coaliciones de redes densas entre estudiantes favorecidos y desfavorecidos (diverso origen social), académicos, personeros de partidos y movimientos políticos subordinados como el partido Comunista, Movimiento de Izquierda Revolucionaria –MIR-, y diversas izquierdas universitarias. De especial relevancia es la crítica que se realiza a la explotación que las coaliciones gobernantes llevaban a cabo en una configuración de un sistema educativo cuyas bases fueron asentadas en dictadura y ampliadas por los gobiernos de la Concertación. En este sentido, este movimiento cuestionaba la mercantilización de la educación que dejaba a los dueños de las escuelas (sostenedores) con enormes ganancias que no eran invertidas en mejorar la calidad de sus escuelas y la educación de los estudiantes. En este momento es cuando se cuestionó sistemáticamente el “lucro” con la educación consagrada en la Constitución de Pinochet.
Por otra parte, los mismos sectores favorecidos que formaron parte del movimiento, cuestionaron su propia posición como acaparadores de oportunidades educativas, pues lograron elevada conciencia de la injusticia de lo que esto significada respecto a las oportunidades vitales. En este período se tornó común ver a estudiantes favorecidos y desfavorecidos marchando juntos por una educación más “justa”.
Antes de que el conflicto estallara se venían entrelazando redes que se expresaban en visitas de personeros políticos y académicos a las escuelas, realización de actividades entre estos personeros y estudiantes secundarios, y participación en medios de comunicación de los estudiantes secundarios como revistas universitarias y programas de radio. Particularmente importante en el debate entre estudiantes secundarios favorecidos y desfavorecidos tuvieron los medios digitales. Al respecto, “Fotolog” antecedente de “Facebook”, llegó a tener en Chile del año 2006 la mayor cantidad de cuentas en el mundo. Mediante la utilización de estos espacios físicos y virtuales germinaron liderazgos y se fue generando una coalición que enlazaba a individuos de la sociedad civil (secundarios de colegios municipales, subvencionados y privados, universitarios, profesores, padres de familia, trabajadores, medios de comunicación, académicos), con individuos que se desenvuelven en la sociedad política (enlaces al interior de estas esferas y entre ellas, recuérdese). A diferencia de intentos anteriores de conformación de coaliciones que buscaban criticar al sistema social y educativo desde visiones “marxistas o anarquistas”, una de las fortalezas de este movimiento es que planteó las demandas en una lógica “socialdemócrata”
de derechos universales de calidad, mayor intervención “estatal” en la economía y en el sistema educativo, redistribución de los recursos y democracia participativa. Lógica “permitida” en una época concreta de hegemonía. Una época en que el marxismo y el anarquismo eran (y son) considerados como una utopía, locura o en caso de que sus detentores presenten una amenaza, un movimiento a eliminar.
Un eje central de esta recuperación socialdemócrata consistió en cuestionar que la “igualdad de oportunidades” se llevara a cabo en el contexto de elevada desigualdad de “origen”. Este movimiento y sus líderes político-ideológicos lograron que se asentara como una idea común que sólo sobre la base de una “efectiva igualdad de oportunidades” se podía construir una sociedad “meritocrática”. Una sociedad de este tipo se podía lograr en un contexto en que se alinearan esfuerzo y logro, y no en uno en que los logros estuvieran determinados desde el nacimiento. Todo ello, sin cuestionar el sistema de producción capitalista, aunque sí la distribución que se realizaba de las ganancias de mano de las coaliciones gobernantes, así como el rol del “Estado”.
De este modo, el movimiento construyó una ideología (o proyecto) que si bien rescató aspectos del discurso que las clases dirigentes habían venido difundiendo y legitimando (igualdad de oportunidades y meritocracia) cuestionó que éste tuviera lugar en condiciones “neoliberales”. Esta ideología (en tanto tal) guio prácticas concretas y cotidianas que conformaron una coalición promotora.
Este movimiento prosiguió el año 2007, aunque se vio debilitado sobre todo por medidas dilatadoras por parte del Ejecutivo (Consejo Presidencial, comisiones y cambios de leyes que no cubrieron las demandas de los estudiantes) y por la problemática de que los líderes político- ideológicos (altamente emblemáticos en este proceso) dejaron de ser estudiantes secundarios para integrarse a la educación superior o al mercado laboral.
En el año 2011, no obstante, los estudiantes universitarios (muchos ex pingüinos) prosiguieron con estas demandas y las profundizaron en la exigencia de educación universitaria gratuita. En los años venideros estas demandas no sólo se remitieron al ámbito de la educación, sino que se ampliaron a diversos derechos sociales con tal fuerza que las campañas electorales que prosiguieron se vieron en la obligación de retomarlas. Tales demandas no estaban contempladas en el menú de ofertas que brindaba la clase política en este amplio período
histórico de la dictadura y en los años de “democracia” (Acevedo Rodríguez, 2012), sin embargo, en aras de mantener la coherencia entre sociedad política y sociedad civil, desde la sociedad política se recuperaron. Sobre todo, fueron recuperadas en las propuestas de los candidatos presidenciales del año 2013 y en las actuales del año 2017.
En este período también se gestó una coalición electoral que unía a ex-pinguinos, ex- universitarios y diversos grupos de izquierda. Esta coalición defiende un proyecto que si bien amplía las demandas de los pingüinos recupera sus demandas fundamentales. Esta coalición, denominada Frente Amplio, el pasado 19 de noviembre de 2017 logró transformarse en la tercera fuera política de Chile, obteniendo un 20,27 % de los votos (los candidatos que pasaron a segunda vuelta alcanzaron el 22,70 % y 36,64 % de los votos). Un hecho inédito en la historia de Chile que desde 1990 se ha caracterizado por la primacía de dos coaliciones electorales, la Concertación (hoy La Fuerza de la Mayoría) y la Alianza por Chile (hoy Chile vamos). Asimismo, esta coalición electoral en las elecciones parlamentarias (que fueron simultáneas a la primera vuelta) lograron veinte diputados y un senador.
El proceso descrito enmarca la ampliación de las oportunidades vitales para los sectores desfavorecidos: se eliminó el lucro con la educación así como la educación que subvencionaba al privado con recursos públicos (financiamiento compartido); se aumentaron los recursos en educación y se puso como eje la “equidad”; se ha ido instaurando la educación gratuita universal universitaria de forma progresiva; y se ha tornado una demanda generalizada la transformación del sistema de jubilación, entre otros logros de gran envergadura.
Experiencias similares en el ámbito educativo se pueden constatar en la huelga de Uruguay de 2013 y en el movimiento por el 4% que ocurrió en República Dominicana de 2010 y 2012.
En casos atípicos como Venezuela conviene utilizar más bien conceptos de “crisis prerrevolucionaria o revolucionaria”.
No se puede perder de vista que el proceso de hegemonía es uno de negociación y conflicto constante tanto en la sociedad política como en la sociedad civil. Por lo cual es relevante no sólo poner atención en las situaciones de reproducción de las desigualdades sociales persistentes, sino
principalmente en las situaciones en que se cuestionan. Como ya se señaló, los conflictos sociales de gran envergadura otorgan diversos elementos que tornan estas situaciones ricas en su análisis.
En América Latina, cuando existe cuestionamiento de las desigualdades sociales persistentes generalmente éste es promovido por movimientos sociales y sus líderes político- ideológicos, que precisamente forman parte de la escena política y conforman coaliciones en que confluyen individuos y grupos que se desenvuelven en la sociedad política y en la sociedad civil.
La perspectiva analítica presentada se compone de elementos que permiten avanzar en el análisis del cuestionamiento de la explotación, del acaparamiento de oportunidades y de la articulación de desigualdades, precisamente porque estos cuestionamientos atacan de forma directa la reproducción de las desigualdades sociales de clase. Es importante profundizar en las circunstancias que sirven de base a estas situaciones en términos de mecanismos analíticos estructurales. Como primera instancia, entonces, contamos con herramientas analíticas para examinar aquellas circunstancias en que grupos situados en desventaja han logrado ser parte de coaliciones y pasar a jugar roles relevantes en la escena política. Es preciso situar el interés en las relaciones y coordinaciones que establecen grupos en la sociedad civil y en la sociedad política (al interior de éstas y entre ellas), en las coaliciones que configuran, en las ideologías y relaciones de compromiso que logran movilizar y en el rol de los líderes político-ideológicos. Se pretende esclarecer, a partir de una perspectiva analítica estructural arraigada en una visión compleja de Estado y política, aquellas “circunstancias estructurales especiales”: en la que “los organizadores” trabajan “arduamente para estimular la conciencia compartida de la opresión y la resolución de resistir, y que aun con intensos esfuerzos de organización fracasan excepto en circunstancias estructurales especiales.” (Tilly, 2000, p. 234).
Todo esto, en el marco de comprender el cambio que estos movimientos logran (o no) en los mecanismos estructurales de explotación, acaparamiento, articulación de desigualdades y su expresión en las oportunidades vitales.
Un análisis de este tipo lleva a comprender la intensidad y la dirección en que pueden moverse las fronteras simbólico-prácticas de las desigualdades persistentes en la Latinoamérica del siglo XXI.
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Notas
1 La AFPs son instituciones creadas en dictadura y que tienen como función administrar los fondos individuales que los trabajadores ahorran para sus pensiones. Esto, en un contexto de capitalización individual obligatoria.
http://www.nomasafp.cl/inicio/?page_id=8
2 http://www.nomasafp.cl/inicio/?page_id=8
3 http://www.fundacionsol.cl/2017/08/afp-buenas-pensiones-una-ecuacion-imposible/
4 Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH). El CRUCH reúne a dieciséis universidades públicas y nueve universidades privadas. A diferencia de otras universidades éstas son las más antiguas del país y reciben un aporte fiscal directo, es decir, un financiamiento directo de las arcas públicas.
5 16 de junio de 2017 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/mmsi/mmsi2017_06.pdf
6 Respecto a las marcas y productos mayormente consumidos a nivel mundial y en Latinoamérica, ver Brand Footprint - Kantar Worldpanel: https://www.kantarworldpanel.com/brand-footprint-ranking/
7 El pasado 20 de junio de 2017, en el evento “Fracturas en la globalización y sus implicancias para las
economías emergentes”, “realizado en Ciudad de México en el marco del decimoctavo Congreso Mundial de la Asociación Económica Internacional (IEA), organizado en conjunto con el Centro mexicano de Investigación y Docencia Económica (CIDE).” http://www.emol.com/noticias/Economia/2017/06/20/863446/Cepal-critica-modelo-economico- capitalista-Nos-lleva-a-problemas-sociales-politicos-y-ambientales.html
8 Se podría pensar que en sintonía con el pensamiento hegeliano (al que sigue Gramsci) en el que la sociedad civil abarca tanto el sistema de necesidades y relaciones materiales, así como su reglamentación
–sistema de justicia, policía y corporaciones-, las empresas capitalistas (unidades “privadas” del sistema económico) pertenecen a la esfera de la sociedad civil. Empero, Gramsci identifica sociedad civil con las “superestructuras” (Gramsci, 1999b, p. 357 c12). En nuestra reflexión sobre sociedad civil, adherimos al pensamiento hegeliano.
9 Ideología es aquel sistema simbólico que moviliza y dota de sentido estratégico a las prácticas. Se homologa a “proyecto” en tanto este último se entiende como “un conjunto de objetivos que expresan el estado futuro de un ámbito social, sea éste el del Estado, el de una institución o el de la sociedad. Aun cuando pretende ofrecer una dirección futura y unos ideales que pretende movilizar a diversos sectores, un proyecto representa una expresión racionalizada tanto de los objetivos históricos que materializan en prácticas los grupos que luchan por el poder, como de sus posiciones frente a las necesidades sociales definidas por ellos como tales para un determinado momento histórico (McGinn, 1983) […]. Como término analítico, ‘proyecto’ ayuda a concebir el aparato burocrático del Estado como ‘arena de conflictos políticos’ (Oszlak, 1980)” (Street, 1984, p. 14).
10 Tilly explica estos procesos organizativos mediante los mecanismos de adaptación y emulación. Éstos llaman la atención a las configuraciones organizativas jerárquicas diferenciadoras que son ampliamente transversales en los espacios sociales pero que desarrollan ciertas particularidades de acuerdo a contextos específicos de funcionamiento (Tilly, 2000, pp. 22-23, 98-106). Es decir, funcionamientos organizativos que se imbrican con la explotación/monopolios. Sobre esta base, pares de categorías “generales” (transversales a las organizaciones) son reproducidos en estas organizaciones y son mezclados con categorías internas a éstas. Así, el lado desfavorecido de pares categoriales externas se mezcla con categorías subordinadas que cobran sentido al interior de las organizaciones, es decir, rangos y roles subordinados. Desde nuestra perspectiva estos mecanismos tienen bastante de “esencialista” pues estas categorías transversales o externas a las organizaciones son diferenciaciones adscriptivas como sexo, edad y etnia. Tiene razón Tilly al observar desigualdades persistentes en estos pares categoriales, aunque la desigualdad de clase tiene su origen en posiciones económicas y en la participación política y no en categorías de adscripción de origen “biológico” (aunque ya se sabe que el término raza no se sustenta en criterio biológico alguno).
11 El sostenedor es el administrador y dueño del establecimiento educativo. De acuerdo a la modalidad educativa, el sostenedor puede ser el alcalde de la municipalidad, instituciones confesionales, organizaciones sin fines de lucro, grupos empresariales, privados con fines de lucro, etc.
12 En el año 2014 las escuelas de financiamiento compartido podían a llegar a cobrar 150 dólares y las escuelas privadas cobraban valores mayores a este monto (de acuerdo al valor promedio del dólar en el año 2014).
13 Sistema Nacional de Evaluación de resultados de aprendizaje del Ministerio de Educación de Chile.
14 La Prueba de Selección Universitaria corresponde a un conjunto de exámenes estandarizados a nivel nacional, que debe rendir todo postulante a la educación universitaria.
15 Para profundizar en el análisis empírico de las doctrinas sociopolíticas e ideologías que estuvieron en
disputa entre las diversas coaliciones que dieron forma a este conflicto, véase (Acevedo Rodríguez, 2012). 16 La Asamblea de Estudiantes Secundarios es un órgano en el que “las reuniones se extienden por horas, y el sistema es muy democrático. Cada uno opina, con el único límite de no repetir las mismas ideas. Así, la discusión se enriquece y se aúnan los criterios básicos. Pero cada presidente de centro de alumnos es autónomo y tiene la última palabra.” (La Nación (edición digital), 2006, p. 28 de mayo). “Las decisiones más importantes de la “Asamblea de Estudiantes Secundarios” las toma el “pleno”, al que pueden asistir un máximo de tres representantes de cada uno de los casi cien liceos que la integran.” (El Mercurio on line, 2006, p. 28 de mayo). Por otra parte, la Asamblea dispone de distintos órganos denominados comités (comité político, de propaganda y temáticos). Estos comités tienen el rol de profundizar los temas en sus áreas respectivas, coordinar las asambleas y reuniones con la autoridad, así como la relación con la opinión pública.