Pablo Elías Vargas González1
Palabras clave: pospolítica en México; crisis de la democracia; concepto de lo político.
En 40 años de transición consolidación política se han producido cambios en los modos de percibir la política y lo político en México. Las reformas político electorales desde 1977-2014 han tenido fuerte repercusión en los escenarios de la disputa del poder pero no han logrado una gradual aceptación de los actores y sujetos de la política mexicana ni tampoco se han instalado los procesos transparentes y competitivos que permitirían la institucionalización y “modernización” de la democracia, junto a ello han persistido acciones de desinstitucionalización e informalización de la política que han obstruido sistemáticamente la democratización.
La consolidación de instituciones ha sido inconclusa, permanecen viejas prácticas de poder y de ejercer la política, y si bien se encuentran nuevas formas de expresar la política, predominan la despolitización, la falta de credibilidad y el uso de métodos alejados de la
1 Doctorado en Ciencias Sociales, profesor de la Academia de Ciencia Política y Administración Urbana de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), pablo.vargas@uacm.edu.mx.
democracia instrumental (Bobbio, Sartori), lo que puede ser equivalente una crisis de representación, que se traduce en una crisis política de gran envergadura.
En el contexto político mexicano prevalece la antipolítica y el desgaste de los partidos políticos y demás instituciones, reformas legales de baja repercusión que carecen de aceptación social, es ahí donde hacen crisis los conceptos tradicionales que se han utilizado de la política, puesto que “ya no es lo que era antes” (Lechner, 1996): “democracia”, “representatividad”, “legalidad” y muchos otros son conceptos vaciados de contenido.
El propósito principal de este trabajo es analizar los cambios que se han producido en la conceptualización de lo político en México, en el periodo de la transición-consolidación política, particularmente los ocurridos desde la alternancia del año 2000-2017, que llevan a mecanismos de agotamiento de las instituciones de la representación política, en el marco de la crisis de la democracia o posdemocracia1.
En el 2000 México inició la alternancia política en el poder presidencial, un acontecimiento que permitió expresar una nueva etapa de condiciones políticas y de participación ciudadana, se habló de una “consolidación democrática”, de que por fin había traspasado los lastres del pasado autoritario, expresado no solo por la hegemonía partidaria sino principalmente por un conjunto de rasgos y prácticas políticas que impusieron una dominación social y cultural, sin embargo, 17 años después la “democracia mexicana” ha presentado un déficit democrático, síntomas e inclusive degeneraciones que padecen otras democracias (Bovero, 2014, Lechner, 1996 y 2015, Mouffe, 2007, Roetmer, 2010; Salazar Carrión, 2014).
La ola de cambios registrados en las décadas 70 y 80 del siglo XX marcaron el inicio de una nueva etapa en los procesos democratizadores en el mundo. España, con el Pacto de la Moncloa, Portugal con la “revolución de los claveles” y Grecia con el fin de la dictadura de los Coroneles, marcaron un cambio en los regímenes democráticos, con la garantización de las libertades públicas, elecciones libres y regulares que produjeron parlamentos y ejecutivos representativos así como un conjunto de instituciones que propiciaron el pluripartidismo, los derechos humanos, la cultura política y cristalización de la sociedad civil (Benedicto y Reinares, 1992; Schmitter, 1988).
Ese ambiente global de cambios llevó a influir en otras latitudes, como en Europa oriental, la glasnot y la perestroika de Gorbachov dieron como resultado el desmembramiento de la Unión Soviética, con la doctrina Sinatra – I did it my way- siguiendo su propio camino sin depender de Moscú, la formación de estados nacionales como Checoslovaquia con su “revolución de terciopelo”, Polonia con la movilización obrera de Solidarnosc, Yugoslavia y muchos otros que se abrieron hacia procesos políticos pero principalmente económicos de carácter liberalizador.
Cuando ocurrió el desmoronamiento del muro de Berlín en 1989, los cartones cómicos reflejaban a un hombre que festejaba el fin de la era soviética, pero al final decía: “y ahora que hacemos?”. La incertidumbre reinaba en lugares donde era completamente indeterminado el rumbo del cambio de régimen.
En América Latina, particularmente en el Cono Sur, en ese periodo vivieron el derrumbe de las dictaduras militares, prototipo de fuertes regímenes autoritarios y se empezó hablar de una “primavera democrática” que se fue instalando, aunque de manera dosificada, titubeante y frágil. En México a partir de 1977 se empezó un ciclo de “reformas” gatopardistas con limitados alcances democratizadores.
La caída de regímenes autoritarios y, en consecuencia el resurgimiento de la democracia en varios países en la década de los noventa, permitió que varios analistas hicieran una revisión de los alcances y límites de los estudios sobre la transición a la democracia. Algunos propusieron cambios en las estrategias de investigación, distanciándose de las perspectivas macro sociológicas, con determinación estructural, para dar paso a un enfoque de “política comparada con perspectiva histórica”, que puso atención en el estudio de las élites, como una de las variables explicativas dentro de un marco histórico estructural, que permite reducir el excesivo voluntarismo de los actores políticos en estos procesos (Agüero y Torcal, 1994).
En este marco de acontecimientos y de una revisión crítica de la teoría, aparecieron reconsideraciones de autores, que desde diferentes perspectivas metodológicas, hicieron aportaciones a los estudios del cambio político como un proceso de transición-consolidación, con cambios institucionales y movilización social y política (Huntington, 1994; Przesworki, et al, 1996; O’ Donnell, 1994).
Otros (Remmer, 1996), pusieron el acento en los aspectos que comprenden el desafío teórico, sobre todo para la ciencia política comparada, siendo las críticas principales el que se asociara a la política doméstica los estudios de cambio de régimen, y a una amplia variedad de factores (estructurales y de coyuntura) que complicaron los esfuerzos de síntesis y generalización, y que no estuvieron preparados para comprender que la democratización llegó en períodos de crisis y declinación económica, lejos de cómo lo plantea la teoría macro sociológica.
Los cambios registrados pusieron el acento en la acción política y en lo político, es decir en el tipo de procesos de cambio, en las características específicas de la instrumentación de las políticas públicas, en el grado de apertura, pluralismo y transparencia en la participación ciudadana y en la movilización social no institucional (Benedicto y Reinares 1992). En lo político se refiere al modo en que se procesan los conflictos y el antagonismo político de una manera pluralista y pocos países que realizaron cambios atendieron a fondo (Mouffe, 2007).
La inadecuación de políticas públicas en un nuevo contexto, por demás crítico, que no consideraron los significados de los modelos de Estado, así como la disociación de las esferas políticas y económicas, como dos estancos separados condujo a elaborar agendas distintas con calendarios diferentes que originaron problemas de relación entre Estado-sociedad, afectando la gobernabilidad y desde luego haciendo incierta la consolidación, son otros aspectos de importancia (Alcántara, 1995).
Se hizo prestigiada la frase de Lechner (1996b) “no es lo mismo tener democracia que gobernar democráticamente” no obstante este mismo autor dijo que lo que estaba en juego con el cambio de régimen era la política misma, que los nuevos “gobiernos democráticos” se alejaban singularmente del credo democrático, y que se dio paso a cambios que quedaron a medio camino, empero la política “ya no es lo que fue”, se mudaron discursos, pero se siguió gobernando con los actores del pasado, elites y sectores corporativos, sin considerar la especificidad de cada país y región.
Los ámbitos de transformación de la política y lo político
En los últimos treinta años, que incluye al siglo XXI América Latina vivió olas y contraolas en un largo proceso por instaurar poliarquías. Tanto en países que dejaron atrás regímenes autoritarios como en los que pasaron por una fase previa de transición, contaron en mayor o
menor medida con procesos democratizadores inconclusos (Roetmer, 2009) y con un bajo desempeño general (ámbitos político, económico y social). Por lo que resultaron frágiles las condiciones de durabilidad de la democracia (Mainwaring; 1996; Przeworski 1996).
Tempranamente se alertó de los problemas en el cambio de régimen (O´Donnell y Schmitter; Linz, 1989), de los factores y causas que llevaron al colapso de las democracias, antes y después de los procesos de transición, es decir en una consolidación inconclusa, frágil, o poco duradera. Entre otros, la incapacidad de formular políticas públicas profundas y de amplio consenso para resolver los grandes problemas, la pérdida de confianza de los partidos políticos para agregar demandas y la erosión de la legitimidad política junto con amplias movilizaciones sociales incontrolables que dan lugar a una crisis de la democracia.
Paradójicamente mientras se descongelaba una parte de Europa oriental a finales de los noventa, en la otra se padecían rápidos procesos de erosión democrática, España, Grecia, Italia, con gran descontento y desafección. Mientras, en Latinoamérica la “primavera democrática” sucumbía en pocos años, por la aplicación de los modelos hegemónicos, sin construir políticas e instituciones propias de desarrollo económico político.
Los grandes ámbitos donde repercutió el cambio de régimen o proceso democratizador fue en la economía y en la acción política. En la economía se coincidió con la globalización y el neoliberalismo, que como recetas generales se identificaron con el “liberalismo democrático”, que tenía como premisa la disminución del Estado, como causante de los males, y con ello el predominio de la economía capitalista de mercado, dominaban la escena mundial el conservadurismo de Tacher y Reagan.
En estos cambios económicos siguieron figurando las elites viejas y nuevas que impusieron su agenda ante gobiernos débiles y con poco apoyo popular. La apertura a la inversión extranjera, el endeudamiento externo, pero sobre todo se dieron a la tarea de desmantelar las instituciones del Welfare State, cambiar los mecanismos de seguridad social y como lanza en ristre y eje transformador la privatización de bienes y recursos naturales de carácter patrimonial (petróleo, minas, energía, bosques, mares, playas). Se acabó el dinero y las fianzas públicas quebraron, por ineficacia y corrupción.
Se redujeron y cortaron programas sociales. En adelante servicios públicos tendrían que ser pagados por la población. El Estado dejó de ser responsable de muchas áreas (Salud,
vivienda, educación). Esto empezó a generar posiciones distintas en sindicatos y sectores sociales; a cambiar las mentalidades y actitudes sobre todo en nuevas generaciones; el consumismo y el individualismo fue un motor de la nueva economía. La heterogeneidad social, como dijo Luhmann la vida social sin centro, sin articulador.
Los cambios en la acción política, es decir, las relaciones entre ciudadanos, gobierno y política fueron significativos y en algunos casos profundos, sobre todo en aquellos lugares que dejaban atrás regímenes militares o autoritarios. La apertura a la lucha de partidos, a las ideologías plurales, a las nuevas instituciones políticas de rendición de cuentas y participación, a crear mecanismos de intervención para asociaciones y comunidades fue la constante en muchos países (Benedicto y Reinares, 1992).
Como dijo Lechner (1996): “Cabe suponer, por el contrario, que cambia no solamente el contexto de la política sino la política misma”, y la política inmovilista, sectaria y excluyente fue paulatinamente desplazada pero no del todo. Llegaron los procesos electorales abiertos y en muchos casos de alternancia y reemplazo al ancie regime, pero no se consolidaron del todo las instituciones electorales y permanecieron sectores corporativos y clientelares, liderazgos personalistas y populistas, pero sobre todo prácticas y mentalidades tradicionales y subordinadas que solo produjeron una tensión en la nueva cultura política. El marqueting sustituyó a la comunicación y la imagen a la palabra. Los partidos de la democracia no cambiaron en su interior, permanecieron prácticas autoritarias que distaban de su agenda.
La llegada del siglo XXI, con el derrumbe de las torres gemelas el 11/S de 2001, con el conservadurismo, cierre de fronteras y “combate al terrorismo”, dio entrada a la era de la posdemocracia internacional. Empero, no en todos los países se produjo la consolidación, en algunos las reglas del juego democrático tuvieron poco calado, dando lugar democracias frágiles o delegativas, con baja calidad democrática y sin rendición de cuentas, o bien a “antidemocracias” con “tiranías electivas” (Bovero, 2014).
El centro de la crisis de la democracia fue la representación política, el desgaste de los mecanismos de transmisión de las demandas sociales a legislativos y ejecutivos, la pérdida de legitimidad de los partidos tradicionales y la desconfianza a los gobiernos e instituciones políticas fue creciente en pocos años, hasta convertirse en problema global (Salazar, 2014; Bovero, op cit.).
La crisis de la democracia deja grandes problemas, gobiernos, parlamentos e instituciones impopulares, ineficaces, sin responsividad ni rendición de cuentas, desgaste de partidos políticos, desafección y alejamiento de la participación pero también hartazgo y despolitización, emergencia de nuevos movimientos sociales y formas no institucionales de hacer política, liderazgos de derecha e izquierda, personalistas y populistas, prácticas de “antipolítica”, una nueva tensión en la cultura política entre mentalidades sumisas frente actitudes democratizadoras, en fin donde se juega la consolidación democrática o su regresión en cualquiera de sus modalidades.
40 años después de un largo proceso de transición política, de carácter gradualista y con un largo ciclo de reformas políticas en México, se ha repercutido en las formas y procesos del poder y la política. Sin embargo, los cambios a las prácticas y los significados de la política han sido de poca fuerza en los elementos constitutivos del régimen democrático, esto es, las modificaciones de la política han sido meramente nominativas y declarativas sin haber procurado transformaciones permanentes, de esencia, y con un sentir democratizador.
Para algunos teóricos de la “transición”, la alternancia en la elección presidencial del 2000, sustitución de un partido por otro en el poder, constituyó un proceso “consumado”, vía reformas electorales y elecciones (Woldenberg, et al, 2005; Gómez Tagle, 2011) es decir una vía meramente instrumental e institucionalista, sin considerar la profundidad de las reformas ni la calidad de las elecciones.
En la idea fuerza de los “transitólogos” fue observar los cambios de un régimen político a otro, de la disolución del autoritarismo a la instalación de la democracia (O´Donnell y Schmitter, 1991), en México el establecimiento de reglas del juego para acceder al poder tuvo un flujo largo y dosificado y también ardua contienda, de fricciones constantes con los actores de la oposición para fijar pautas de elecciones limpias y de construcción de instituciones imparciales, y sobre todo obstáculos para fortalecer la franja ciudadana de la sociedad vía organizaciones y la participación amplia.
Antes y después de la alternancia del 2000: parafraseando a O´ Donnell “lo viejo no terminó de irse y lo nuevo no terminó de instalarse”. Las prácticas políticas del ancie regime que
fueron el leitmotiv de la transición continuaron en un largo periodo, con liberalización limitada: el clientelismo, el corporativismo, la parcialidad y opacidad de las instituciones, la exclusión a oponentes, la criminalización de la movilización social, organismos públicos y elecciones poco consolidadas, al grado que son propiciadoras de carencia de condiciones de igualdad para los actores, confrontación, desencanto e insatisfacción con la democracia, despolitización e inclusive la violencia y el odio político. Antes y después de la alternancia se siguió polemizando con elecciones fraudulentas.
Esto sin incluir el fracaso de las políticas públicas del desarrollo, específicamente de la política social y del “combate a la pobreza” que empezaron en 1977, el mismo año del inicio de transición, donde no solo no ha disminuido la pobreza sino que ha aumentado la desigualdad social, con fuerte repercusión en las prácticas políticas clientelares, y en la dependencia de la población hacia el control político2.
Las expectativas que se generaron en el 2000 y que se prolongó en 2006, cuando el Partido Acción Nacional (PAN) reemplazó al PRI luego de 71 años en el poder, fueron múltiples (Gómez Tagle, 2011). Fue una elección donde funcionaron las instituciones electorales ante el hartazgo ciudadano que demandaba otra opción. Esta transición mexicana apostó principalmente a “reformas político-electorales” esperando que con apertura solo en el nivel de competencia de actores políticos trajera por sí misma la democracia, la extensión de derechos, y la inclusión de la sociedad civil, así como el fortalecimiento de instituciones, lo cual no ocurrió por la resistencia al cambio de las elites políticas y económicas. El debate de la democracia mexicana se intensificó debido a que no se dieron los pasos para profundizar el proceso de consolidación política ni mejorar la calidad democrática.
Los reducidos avances que se habían configurado con la alternancia después de 70 años de hegemonía, en el periodo de Vicente Fox (2000-2006) se volvieron críticos en el sexenio siguiente, puesto que se fueron congelando las medidas de reforma política. En el transcurso del sexenio de Felipe Calderón, a partir de 2006 no solo permaneció la fragilidad democrática y la desconfianza de las elites políticas y económicas, sino que en el nivel político persistieron los desacuerdos y la falta de consenso, y la ausencia de aceptación acerca de los resultados electorales y de las reglas del juego democrático3.
En los doce años de alternancia el PAN produjo un modelo de transición política timorata4, calculando más los riesgos de eficiencia que la gobernabilidad, en donde el desarrollo de la participación democrática y de la ciudadanía se mantuvo latente y no se incorporó a la solución de los principales problemas nacionales.
Las organizaciones de la sociedad civil sintetizan de la mejor manera los años de la alternancia, particularmente en el segundo lapso de ésta (2006-2012), con la “guerra contra la delincuencia” se desmoronaron los pocos avances que se tenían en materia de liberalización y derechos políticos. El desmantelamiento del tejido social, y de múltiples instituciones que afectaron el conjunto del Estado de derecho; contra las garantías individuales, y derechos humanos, un clima de “criminalización”, desapariciones forzadas, tortura, secuestro. En resumen, un severo retroceso en la liberalización, una “transición traicionada”5.
La elección presidencial de 2012 produjo otra alternancia, un enroque donde el “nueva PRI” regresó al poder con Enrique peña Nieto, en condiciones de amplias irregularidades y donde los organismos electorales y de justicia actuaron en complicidad con las anomalías. Las críticas y el descrédito social forzaron a una reforma política más, en 2014, formulada para tener una mayor “igualdad política”, fiscalización, reducción de costos y eliminación de la captura de los órganos electorales locales y federales; también quedó incompleta, a “medio camino”6.
El “nuevo PRI” involucró a los principales partidos (PAN y PRD) a un “Pacto por México” en una coalición oportunista y ventajosa para el gobierno, que permitió aprobar las “reformas estructurales” más difíciles para una administración neoliberal, como la energética – privatización de Pemex y CFE-, en telecomunicaciones que fortalece a los grandes monopolios, la reforma laboral, que agudizó la flexibilización, y la reforma política electoral, que planteaba un “sistema nacional electoral” dio lugar a un defectuoso Instituto Nacional electoral (INE) con exageradas facultades pero sin capacidad para organizar elecciones nacionales pero eso si generando una intervención grosera en las elecciones locales que lo ha llevado a procesos fuertemente impugnados de 2014 a 2107.
El Pacto por México se liquidó en 2014 cuando ya se habían aprobado las reformas draconianas; el gobierno de Peña Nieto siguió con la “política de seguridad pública” del sexenio anterior, militarización y mano dura, pero de poca efectividad para disminuir la violencia delictiva y para garantizar las libertades y derechos humanos. Esta administración ha traslucido
los principales problemas de un gobierno ineficaz e ineficiente, usual en las democracias débiles
–“democracia delegativa”- decisiones impopulares, interferencia a las políticas de transparencia y justicia, abierta opacidad y corrupción, impunidad y carencia de rendición de cuentas, lo que ha propiciado la pérdida del consenso social, como nunca un presidente del país había tenido una caída de la legitimidad y fuerte impugnación social dos años antes y hasta el fin de su periodo.
Desde 2015 los epígonos de la “transición” instrumental, partidos en alternancia y elecciones ininterrumpidas, daban visos de capitulación, la democracia mexicana estaba agotada en sus primeros 15 años, las expectativas no solo no se cumplieron sino que fueron defraudadas, un gran desaliento e indignación, “desilusión democrática”, el concepto de “democracia” estaba vaciado de contenido en todo referente real, México padecía una gran “cruda democrática”: “No solo no había arreglado todo, sino que había empeorado algunas cosas”7. Aunque se quedaron cortos aludieron a temas pendientes en que la consolidación se truncó: la representación política ubicada en los partidos ha tendido hacia la fragmentación, más que a un signo de pluralidad; gobiernos simulados e improvisados, falso federalismo, complicidad entre poderes, corrupción e impunidad.
En los 21 años de la joven “democracia mexicana”, 1997-2018, se fundieron los problemas arrastrados de la transición con las dificultades propias de la consolidación. Ni mayor democracia social ni mayor democracia política o construcción de ciudadanía. Políticas de desarrollo fracasadas, reformas estructurales que solo hicieron más ricos a los poderosos en detrimento de masas de pobres8, eso sí con el uso pragmático de gran reserva electoral. Todo ello llevó a una etapa de la “posdemocracia” la “pospolítica” y la “antipolítica”, de amplia incertidumbre.
En 40 años de política mexicana de transición-consolidación, es pertinente saber cómo se han modificado las percepciones de la política y el poder. Ante la profunda crisis, la pospolítica y la antipolítica dirimen su batalla en las ruinas de la democracia representativa, la tensión política se centra en el derrotero “desde arriba” o “desde abajo”. Podemos ver en tres ámbitos, no exhaustivos, algunos visos, parafraseando a Lechner, de cómo “la política ya no es lo que fue”9.
La política, institucionalización y desinstitucionalización
Este gran rubro, requiere gran atención y estudio, porque abarca un gran número de aspectos. En México la “transformación de la política” y lo político tuvieron pretensiones de gran calado en lo que se refiere a las instituciones y normas electorales del régimen político mexicano, empero con la gran contradicción y tensión constante de la permanencia de fuertes actores y prácticas políticas arraigadas del ancie regime. Es decir, se modificaron paulatinamente las “reglas del juego” de la hegemonía al pluralismo partidario sin que haya cambiado paralelamente la cultura política de la población, la politización de la sociedad ni las formas de participación en los partidos políticos, por consiguiente la forma de percibir la política se modificó parcialmente, en el antes y después de la alternancia.
En México se repitió lo que pasó en Latinoamérica en esta “transformación de la política”, ocurrió un descentramiento, esto es “perdió centralidad como núcleo rector del desarrollo social”, lo que dio paso a la informalización de la política, es decir la desinstitucionalización y, por otra parte, la presencia de “acuerdos informales” por encima de las reglas del juego, y produjo una restructuración entre lo público y lo privado (Lechner 1996, 7).
Un aspecto estructural de la política mexicana es y ha sido el presidencialismo, la fuerte concentración de poder en una persona o poder ejecutivo, de carácter piramidal que se reproduce en los siguientes ámbitos estatales y locales, solo fue modificada de modo tangencial, y no el cambio profundo que se requería ni por el mayor poder que ha tenido el Legislativo, cuya mayoría ha sido inestable, según su composición, ni por la alternancia 2000-2006 con el PAN, y 2012 en el regreso del PRI, por el contrario, en este último parece ir hacía una “autocracia unipersonal” (Salazar, 2014: 251). A su vez, la cultura política mexicana sigue viendo al “presidencialismo” de una manera subalterna, con una omnipotencia, por encima de todo, que supone la obstrucción del pluralismo y la poliarquía o por lo menos el equilibrio de poderes.
Si bien durante la transición se fueron reduciendo facultades extraordinarias al Ejecutivo (Reveles, 2006) con la alternancia (Fox, Calderón, Peña Nieto) ha sido grande la tentación para anular, con diferentes modalidades, los espacios de negociación y consenso entre actores sociales y políticos, incluido la firma del “Pacto por México”, que incluyó a los partidos de izquierda y derecha, que aprobaron “reformas estructurales”, que se considera como un “ultra presidencialismo” (Salazar, 2014: 250).
Algunos cambios del “viejo” presidencialismo que quedan en la impronta fueron, por ejemplo aquellos ligados a los rituales del culto a la personalidad o bien de las festividades cívico-populares realizadas con la población, que tuvieron como corolario banalizar hechos históricos.
Por ejemplo, la toma de posesión de los presidentes de la alternancia, y como portar la banda presidencial fue motivo de cambio a la ley con Felipe Calderón en 2010 y poner de manera diferente el orden de los colores. El informe presidencial en los tiempos de la hegemonía era el culto a la personalidad por excelencia, conocido como “el día del presidente”, en que todos los medios en cadena nacional se conectaban al unísono, y después autoridades de los tres poderes y sectores sociales formaban una lista para el “besamanos” donde pasaban a felicitar al ejecutivo por su discurso, salía del Congreso y en un auto descapotado saludaba a la población, que se era llevada para vitorearlo, en una romería en las calles hasta el palacio nacional donde ofrecía un ágape a sus congéneres. El informe presidencial dejó de darse en el Congreso por las furibundas críticas de legisladores de oposición, y a partir de Fox se decidió solo entregar al Congreso su informe y dar un mensaje por cadena nacional. En 2007 Felipe Calderón no pudo dar el mensaje ante los legisladores ante los furibundos gritos de la oposición, tuvo que retirarse, y más tarde se modificó la Constitución para eximir al mandatario de presentarse en el congreso. Con ello se acabó el “día del presidente” pero también la responsabilidad de la rendición de cuentas.
La informalización de la política, es decir la desinstitucionalización, poco contribuyó al fortalecimiento de los procesos democratizadores, sobre todo porque la sociedad no percibió cambios profundos en la forma de hacer política. El tomar acuerdos desde el poder por encima de las “reglas del juego” propició arreglos entre actores que atropellaron la competencia y reforzó prácticas subrepticias e ilícitas (Bobbio). El periodo de la transición fue empañado por la fuerte presencia del poder hegemónico y de prácticas informales.
Las elecciones presidenciales de 1988 fuertemente impugnadas por la ilegalidad, marcaron el “parteaguas” de una transición controlada “desde arriba”, con normas e instituciones dóciles. El PRI obtuvo el reconocimiento del PAN en ese descalabro. En 1989 dio lugar a que, en elecciones por la gubernatura en Baja California, con dudosos resultados oficiales que daban el triunfo al PRI, y ante la movilización popular, desde el Centro el presidente del PRI y no los órganos electorales reconocieron la primera victoria de la oposición. Esto va dar lugar a la
práctica de las “concertacesiones”, no dar validez a la expresión de los votos, con Salinas de Gortari reconociendo “triunfos” del PAN, su aliado fiel en elecciones sucias y de resultados inciertos en dos entidades más (Guanajuato y Chihuahua)10.
La fragilidad de la transición mexicana permitió que, en cada elección competitiva por el poder, se “pactaran” reformas políticas, esto sucedió en 1994, en 2000, 2006 y 2012. Y al mismo tiempo fraguó alianzas y arreglos fácticos entre el PAN y el PRI, siempre cobijados por instituciones endebles. En la elección presidencial de 2006 altamente impugnadas, el PRI pudo pagar la llegada de Felipe Calderón con disciplinarse y apoyar su agenda de reformas. Fue altamente desconcertante que el primer presidente de la oposición actuará de modo gansteril para impedir una elección limpia, pasando por encima de la voluntad popular. No solo fue el ilegal “desafuero” de Andrés Manuel López Obrador jefe de gobierno del Distrito Federal y principal candidato opositor en la Cámara de diputados –PRI-PAN- sino la grosera injerencia, operando directamente desde la presidencia11, de Vicente Fox en el resultado de las elecciones.
En 2012 se cambiarían los roles de alianza fáctica para mantener entre ambos PAN-PRI el control del acceso al poder, lo que ha mostrado una consolidación vulnerable con una fragilidad de las instituciones representativas (Lechner, 1996:10).
El corporativismo no se desmanteló en este largo periodo. Los actores corporativos permanecieron jugando un rol estratégico e interviniendo de manera formal e informal en los asuntos decisivos del poder. Las grandes centrales sindicales siguieron manteniendo su movilización controlada de trabajadores en favor del poder autoritario. En reciprocidad, los gobiernos en turno siguieron dando poder a los viejos líderes sindicales; tanto en cargos legislativos como en puestos en la administración.
Carlos Romero Deschamps, líder de trabajadores petroleros de PEMEX, una organización que moviliza 120 mil trabajadores y apoyos en favor de su partido y del gobierno ha sido tres veces diputado federal y dos veces Senador. Llama la atención que en 2017 el Ministro del Trabajo, Navarrete Prida, quién es el encargado de verificar que su elección haya sido con legalidad, fue el primero en celebrar la cuarta “reelección” sindical hasta 2024, en una asamblea cerrada donde no entraron los opositores.
“El #STPRM, pilar del movimiento obrero en México, ha sabido adaptarse a los tiempos y retos que marca la Historia, así como a un mercado cada vez más competitivo y diversificado.
Gracias a #Sindicatos como el de @Pemex, ha hecho posible el periodo más largo sin huelgas en
#México, la recuperación del #SalarioMínimo y la cifra histórica de 3.5 millones de
#EmpleosFormales en la Administración del Presidente de la República @EPN”.12
Es pertinente mencionar el papel que tuvo el liderazgo de Elba Esther Gordillo al frente del sindicato de trabajadores de la educación (SNTE) un fuerte grupo de presión, quien durante la alternancia (Fox-Calderón) tuvo espacios fundamentales el poder ejecutivo, en materia educativa. En 2006 siendo del PRI operó electoralmente a favor del PAN con gobernadores que intervinieron turbiamente en los comicios. En 2012 pretendió presionar al ejecutivo, pero fue contenida y enviada a prisión por delitos que podrían adjudicarse a muchos líderes sindicales que sostienen el sistema político.
En los arreglos fácticos de la transición consolidación política, destacan los organismos empresariales, tanto con organizaciones formales (CCE, Coparmex, Canaco) como informales con las que tiene mayor ascendencia no solo en materia económica, sino prácticamente en asuntos públicos de interés social, en asociaciones informales con amplia injerencia en los asuntos políticos, y quienes determinan quienes son los amigos y enemigos del régimen13. En 2006 el corporativo Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN) fue el principal operador político empresarial en contra del candidato de la izquierda, y fue el más beneficiado en alianzas económicas.14
En esto se involucran otras cúpulas con amplio poder informal: la iglesia y los propietarios de los grandes medios de comunicación (Televisa y TV azteca). Pueden influir en asuntos de educación pública, en la obstrucción de derechos civiles, pero sobre todo oponerse a partidos y liderazgos no afines a su proyecto conservador.
Gobierno y perfil de las elites políticas: enroque empresarial y su agenda
La principal tensión –contradicción en lo político- del periodo (1977-2018) en este rubro, se produjo en la conformación de gobierno, en la incorporación de perfiles de políticos profesionales, técnicos- especialistas y empresarios. Estos últimos no se limitaron a “presionar” e influir sobre sus agendas, sino que ambicionaron llegar al poder máximo y cargos principales (Fox 2000-2006) y alternar la gerencia de la empresa privada (CEO) con altos cargos en el poder ejecutivo y legislativo. Esto ocasionó no solo la direccionalidad del conjunto de las políticas
públicas neoliberales sino una tendencia hacía al más puro pragmatismo15, donde imperaron los grupos de interés, y donde la ideología, principios políticos, y la ética fueron desechados.
En México hay una coincidencia, y sabemos según frase popular en “política no hay nada accidental”, entre el inicio de la transición política en 1977 y comienzo de gobiernos “modernizadores”, de la planeación estratégica, con un discurso que se acoplaba a los tiempos de los lineamientos del “nuevo sistema financiero internacional”, estilo Bretton Woods, y el inicio de ajustes uniformes en los sistemas de gobierno a nivel global. Empieza una tensión que provenía del sexenio anterior –Luis Echeverría- de confrontación con los empresarios. Se buscó adecuar a México con los cambios económicos mundiales. Con ello se dio paso a la integración de los técnicos, los economistas, y en general, a la tecnocracia.
El gobierno de López Portillo pese a que inauguró la presencia de “técnicos”, no pudo concretar modificaciones profundas de un sistema económico y político arraigado en arreglos discrecionales en la regulación de la economía por décadas predominantemente estatista, en una cultura que esperaba cumplir sus demandas del “estado de bienestar” anclada en una corrupción sin freno. Fue con Miguel de la Madrid (1982-1988) donde se instaló el modelo de capitalismo neoliberal, promovido por un gabinete ejecutivo principalmente de “técnicos”, economistas, sin experiencia en política, recién egresados de universidades norteamericanas (MIT, Harvard, Yale), que construyeron un discurso “modernizador” que convenció a las elites económicas del país.
Este tipo de gobierno se prolongó en el posterior gobierno de Salinas de Gortari (1988- 1994) que siguió los postulados de reducir el Estado y la privatización. Los empresarios fueron sacudidos por un liderazgo empresarial –Manuel Clouthier- que no solo quería “influir” en los “políticos profesionales” sino que ambicionaba cambiar el régimen en la elección presidencial de 1988. Está presión llevó a un gobierno de dominio tecnócrata y de modernización salvaje donde se pulverizó, vía privatización, los recursos patrimoniales del Estado social y son entregados a la empresa privada; y se negoció el TLCAN con los gobiernos de EUA y Canadá.
Durante 18 años (1982-2000) irrumpieron con gran fuerza las políticas y el discurso neoliberal, que dio paso a un gobierno de matriz dura conformado por empresarios, que le dieron vuelo a su agenda e intereses, sin hacer los cambios que prometieron, tales como combate a la pobreza y la corrupción. Con Vicente Fox (2000-2006) al frente los antiguos gerentes (CEO) de grandes empresas, que permanecían marginados de la toma de decisiones, por fin llegaron al
poder político, en lo que implicó la alternancia de partidos en la presidencia del país, los empresarios subordinaron a los políticos profesionales.
El gabinete –llamado por Fox “gabinetazo”- y su actuar fue sacada de una obra bufa: El ministro de Gobernación fue Rafael Abascal Carranza un conservador recalcitrante, que se persignaba cada día, y que quitó de su oficina el retrato del presidente Juárez –el más liberal, que separó las relaciones Estado-iglesia. En la Secretaría de Agricultura, encargada de generar políticas para el medio rural y los campesinos, pusieron al empresario Javier Usabiaga, el “rey del ajo”. En Comunicaciones y Transportes, encargada de construir grandes obras se puso al empresario de la construcción Pedro Cerisola. En PEMEX, la empresa petrolera estatal de mayor importancia, fue conducida por el gerente de la empresa Dupont. En fin, así todos los perfiles combinaron negocios, intereses de empresa y poder político como nunca.
Esta tensión subió de tono con la politización de los gerentes, que llegó muy lejos. Principales organismos empresariales fueron los impulsores de la connivencia de empresarios y poder político; no solo las grandes corporaciones (CCE, Coparmex, etc) sino principales centro de influencia que concentraban una elite de altos dirigentes que actuaban en varios corporativos y que eran ideólogos e consultores de los políticos (Consejo Mexicano de Hombres de Negocios) vinculados a la cúpula de la iglesia o los monopolios televisivos Televisa, TV Azteca. Las decisiones o políticas tenían que ser bendecidas por esta elite y a sus contrarios los declaró “políticos populistas”, enemigos del desarrollo.
Se sembró el terreno para que se viera “normal” que los managers llegaran como altos funcionarios, y lo chusco que altos funcionarios fueran empleados de empresas privadas, nacionales e internacionales. Los ex presidentes Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Fox y Calderón pusieron el ejemplo16. Hicieron lo imposible (Bobbio): no hay separación entre el interés económico y el político, se enterraron los conflictos de interés, no existe un problema de ética pública. Es impresionante lo común que se volvió ver a Secretarios de Estado llevando la información estratégica a las grandes empresas, al término de su gestión: José Córdova (Oficina de presidencia), Pedro Aspe (SHCP), Francisco Gil (SHCP, Pemex), Luis Téllez Kuenzler fue subsecretario de Agricultura, jefe de la oficina de la Presidencia de la República, secretario de Energía y secretario de SCT. Jaime Serra Puche (SECOFI, SHCP), Luis Videgaray, pero sobre todo los encargados de empresas del Estado como Pemex y CFE que se incrustan en empresas
extranjeras de energía, como Jesús Reyes Heroles, Luis Ramírez Corzo, Georgina Kessel, Juan José Suárez Coppel, Emilio Lozoya Austin, entre muchos otros17.
Como colofón de obra de lo absurdo, del surrealismo mexicano más barato, que pareciera no tener significados, los poderes públicos, la democracia representativa en pleno se conjuntaron para obsequiar la Medalla Belisario Domínguez, la distinción más dilecta del país a los pro hombres, entregada por el Senado a Alberto Baillères18 un poderoso empresario beneficiado por la apertura modernizadora del Estado y fundador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) institución educativa formadora de los gerentes (CEO) y que alimentan la administración pública desde 1982, con un credo tecnócrata, enemigo del populismo y del Estado.
Se pueden agregar más imágenes, inagotables, sobre el fin de la política en México, y su paso a ser lo que Bobbio, el genio turinés, cuestionaba, que la finalidad de la acción política solo pudiera ser el poder por el poder mismo, sin ideología sin moral alguna.
Partidos, antidemocracia interna, la decadencia
El gradualismo expresado en la transición consolidación mexicana se reflejó fehacientemente en la modificación del sistema de partidos, de la hegemonía al pluralismo, de la presencia omnímoda en todos los cargos de elección de un partido hasta la competencia. La política de cambio se centró en los partidos políticos se les fue dotando de recursos financieros, de acceso a los medios de comunicación hasta convertirlos en “partidos nacionales” (Woldenberg, 2005, 63). Sin embargo, no pudieron con las grandes tareas de transformación interna de “las jaulas de oro” ni tampoco con aportar en el desarrollo de la cultura política y en la construcción de ciudadanía. Se olvidó a la sociedad civil en la trama de construcción de un nuevo sistema político19.
Es importante señalar dos aspectos, aunque brevemente, que marcaron el crepúsculo de los partidos desde la transición hasta la decadencia o “crisis de la democracia” en el momento actual, donde estos son parte corresponsable, la restructuración interna e los partidos y la conformación de alianzas o coaliciones.
La refundación interna de partidos no llegó
Hasta las elecciones presidenciales de 1988, salvo el PRI, los partidos eran un conjunto de intereses desarticulados, focalizados en el territorio, con una vida interna precaria, empero este
proceso innovó en la conformación de fuerzas políticas aliadas y el aglutinamiento de ciudadanos en torno a ideologías más o menos definidas. El efecto que tuvo la alternancia en el 2000 en la vida interna de los partidos fue profunda.
La elección presidencial del 2000 impactó en la estructura interna de los tres principales partidos (PRI, PAN, PRD), generando alteraciones que incidieron en el orden organizativo, es decir que resquebrajaron la estructura de autoridad, las reglas del juego, la logística y la forma en que se “administra la democracia interna”, lo que implicó una crisis organizativa incluso de identidad desencadenada por un factor exterior (Vargas, 2005).
Estos partidos tuvieron la oportunidad de dar pautas de transformación interna, en el corto periodo de 2000-2006, empero se enfrentaron a largas y bien cimentadas tradiciones antidemocráticas, de intereses personalistas y de grupo que impidieron dar mensajes a la sociedad de prevalencia de la política, como forma interna y externa de resolver conflictos; prevalecieron las prácticas bárbaras de lucha por el poder interno; una desarticulación de representantes ante el poder público, y una desconexión entre las cúpulas partidarias con sus militantes y adherentes.
La primavera democrática cayó muy pronto, en las elecciones legislativas de 2003 hubo 59% de abstencionismo, los partidos fueron incapaces de convocar al electorado. Asomaba una fuerte contradicción, en medio de la apatía los ciudadanos quizá expresaban que la democratización no se agotaba en elecciones. La confianza ciudadana hacía las instituciones políticas caía estrepitosamente incluyendo al gobierno de la alternancia.
Destacaba el PRI en la renuencia a refundarse. La dependencia con el presidencialismo, por décadas hegemónico, entró en crisis en el 2000 pero no desaparecieron sus rasgos arraigados de control político, corporativismo, decisiones cupulares y clientelismo. Las Asambleas Nacionales, que de acuerdo a sus estatutos son el máximo órgano de autoridad nacional, no escaparon a la injerencia del liderazgo real, del presidente en turno. De hecho, las asambleas no constituyeron una instancia interna para nombrar a sus dirigentes ni para establecer estrategias y lineamientos programáticos que posicionaran al partido en clara diferencia con el poder ejecutivo. En 2006 y 2012 en que se nombró candidato a la presidencia fueron expresiones de la lucha faccional y de grupos de poder.
El Partido Acción Nacional (PAN) que fue el principal opositor, en el 2000 y durante doce años se convirtió en gobernante no escapó a la cultura política del personalismo y de las
decisiones cupulares. En el PRD el predominio de grupos de interés, “tribus”, la carencia de institucionalización y las fracturas internas constantes, a pesar de triunfos electorales, le impidieron adecuar sus estructuras y normas hacia una estabilidad interna. Ambos partidos, con las dificultades del periodo (2000-2012) se condujeron más como partidos del régimen (cartel), dependientes del financiamiento y volcados hacía elecciones formales, inclusive a costa de dejar a un lado a la sociedad.
Alianzas sin ideología ni proyecto
Las elecciones legislativas de 2009 fueron un vendaval por la llegada del PRI al control de la Cámara de Diputados, y la caída del voto de los grandes partidos PRD y PAN que controlaba la presidencia. En las elecciones locales el PRI recuperaba espacios. Fue entonces que estos partidos empezaron a proyectar alianzas entre ambos, lo que parecía difícil, no solo porque uno era de izquierda y otro de derecha, sino porque en 2006 habían sido antagónicos.
Empero en aras del pragmatismo estos partidos hicieron lo imposible. En una lógica de búsqueda del poder, sin medir el efecto en su proyecto ideológico, en 2010 de doce elecciones locales la alianza PAN-PRD ganó en tres20. Aunque se enfrentaron por la presidencia en 2012, el antagonismo no les hizo mengua a los líderes de estos partidos. Al contrario, fueron los “negociadores” principales del “Pacto por México” que el nuevo presidente Peña Nieto del PRI los envolvió, haciendo a un lado los conflictos post electorales, y aprobando las “reformas estructurales” en el congreso, que en otras contiendas no se aprobaron por las amplias diferencias de programa y proyecto político.
La tensión de este entreguismo se aprobación ciega a las decisiones del gobierno, llevó a la fractura de la izquierda y a la conformación de un nuevo partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Aunque los líderes del PAN-PRD se deslindaron del pacto, calcularon que solo en coalición podrían tener dividendos políticos. Estos los llevó a toda costa a formar coaliciones. En 2016 fueron ambiciosos y de doce elecciones ganaron siete gubernaturas.
Empero los triunfos tanto en 2010 como en 2016 no fueron grandes transformaciones políticas, en la mayoría de ellas pusieron candidatos provenientes del PRI –un “quítate tú para ponerme yo”-, con agenda y grupo propio, sin responsabilidad partidaria ni rendición de cuentas. El ganador ha sido el PAN que ha puesto mayor número de candidatos y se ha llevado más
triunfos, siendo el PRD el perdedor, que ha ido atrás y a la baja, con su emblema, historia y prestigio, inclusive en sitios donde gobernaba. Estos resultados y el avance de Morena hacia las elecciones presidenciales del país han llevado al PAN-PRD a una coalición hacía la presidencia en 2018 y en varios estados.
El corolario de estos años de post alternancia y pospolítica, es que los partidos fueron los grandes actores de la transición que no se adaptaron a nuevos contextos de competencia puesto que siguieron manteniendo sus estructuras de decisión y movilización sin que “refundaran” ni institucionalizaran su vida interna. Por el contrario, siguieron las luchas faccionales con decisiones cupulares (PRD, PAN) y las formas rituales del autoritarismo del PRI de imposición de candidatos.
Los partidos en esta etapa pospolítica, han dejado de ser los grandes intermediarios entre el Estado y la sociedad; y por el contrario la presión de la sociedad civil mexicana fue seguir ampliando las opciones de expresión política y electoral. Tardíamente se pusieron en marcha las “candidaturas independientes” 2015 que dan la puntilla al monopolio de partidos en el control de las candidaturas, empero en condiciones que hacen difícil que cualquier persona con proyecto de base ciudadana pueda aspirar a competir con las grandes maquinas partidarias incrustadas en el poder.
Todo ello junto a la exigencia del régimen, de partidos dependientes del financiamiento y las prebendas, como también el alejamiento con los electores y la sociedad, ubica a estas grandes maquinarias políticas agotadas y desfiguradas y sin contenido, que generaron en los ciudadanos una baja de confianza y de credibilidad, que sin lugar a dudas abona en la “crisis de la democracia”.
En estos 40 años de transición- consolidación política en México observamos cambios en la manera de hacer política y en el modo en que se ha procesado lo político, las negociaciones y el conflicto entre actores. En un proceso dirigido “desde arriba”, con toda una gama de reformas estructurales y políticas, no se ha podido consolidar la democracia, en todas sus vertientes –como régimen de instituciones para la libertad y la igualdad- ni mucho menos para el desarrollo de la cultura política, la politización y la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.
La “crisis de la democracia” de la etapa pospolítica en México, se ubica en un periodo corto donde los actores e instituciones corresponsables de instrumentar las políticas de la consolidación, en veinte años, 1997-2017, carecieron de capacidad y voluntad para formular políticas de desarrollo sociopolítico de calidad democrática, una serie de acciones y decisiones de carácter desinstitucionalizador y de informalización política fue quebrantando las “reglas del juego”, pactadas por ellos mismos, para traspasar los rasgos del régimen autoritario.
La principal decisión fue el de propiciar condiciones competitivas para el cambio del poder, “la transición votada”, mismas que se fueron haciendo de modo paulatino y dosificado durante cuarenta años, el largo “ciclo de reformas políticas”, pensando que la simple organización “ininterrumpida” de elecciones y la alternancia daban por consumada la consolidación mexicana. Careciendo de un marco de condiciones de calidad electoral, de verificación de cumplimiento de las reglas del juego, del compromiso de las elites y actores, sobre todo de poderes públicos y fácticos, los partidos dejaron ser la “correa de transmisión”, ha llevado a elecciones de calidad inestable y volátil, intervenidas por prácticas ilegales e inclusive de violencia gansteril, tanto en el nivel local como en el federal.
En este marco, de una democratización de baja calidad crecieron las tensiones y contradicciones para procesar lo político en México. Junto a la persistencia de prácticas de control político, como el clientelismo y el corporativismo a gran escala, se dejó a un lado la libre expresión y movilización de la sociedad, poniendo obstrucción e impedimento para la más elemental demanda de transparencia, legalidad y justicia. El contexto se llenó de actitudes de desaliento y desafección por las políticas públicas ineficaces y sin consenso. Todo ello abonó a la incertidumbre política, a la despolitización y a la baja participación e interés por los asuntos públicos.
La pérdida de autonomía de la política (Sartori, Bobbio) por la intromisión de intereses privados, el desmantelamiento de las bases institucionales anteriores no fueron suplidas por nuevas reglas que fueran de aplicación universal, socavaron los ámbitos de poder político y se antepusieron los intereses particulares sobre el interés público. Esto dio lugar a una connivencia de elites que permitió procedimientos de opacidad en la administración pública, que atrajo fenómenos de descomposición y corrupción inéditos.
En los significados del cambio de la política se pueden encontrar múltiples orientaciones
y lecturas; la apertura dio amplias visiones acerca de la pluralidad y del voto pero pronto se comprendió que eran limitadas; y por otra parte mensajes desde el poder y las instituciones de que existe un nuevo orden pero en la práctica prevalecieron o persistieron métodos y estilos del ancie regime, la interpretación de la ciudadanía es de ruptura y alejamiento a lo “político”. No es extraño que haya amplias y grandes expresiones de “antipolítica” cuestionadores del discurso rígido y vacío de “estado de derecho” y “legalidad”. Los nuevos tiempos abren una arena de conflictividad por un nuevo orden político, de gran incertidumbre.
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Notas
Retomo a Bovero (2014) las consideraciones de pospolítica o posdemocracia como deformaciones de la democracia, una crisis de aplicación de las condiciones y principios democráticos o alteración de las reglas del juego, que conduce a una “autocracia electiva”.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la política de desarrollo (Coneval) en 2014 se registraron 55.3% de la población en condiciones de pobreza extrema.
Pablo Vargas “México: Reforma política obstruida. La resistencia al cambio (2006-2012)”, Revista Mexicana de Estudios Electorales No.13, 2014.
Según Freidenberg (2009) el PAN actuó como una “coalición gobernante vergonzosa” que se enfrentó al riesgo de no llevar adelante la tarea de gobierno (gobernabilidad), contando con bajos niveles de legitimidad por parte de ciertos sectores críticos.
RTDT, Transición Traicionada: Los derechos humanos en México durante el sexenio 2006-2012, 2013. 6 Pablo Vargas “Nueva organización electoral subnacional (OPLES) y su repercusión en las elecciones locales en México”, Ponencia al 9° Congreso de ALACIP, Montevideo, Uruguay, 2017.
Héctor Aguilar Camín, “Nocturno de la democracia mexicana”, Nexos, 461, mayo de 2017.
Gerardo Esquivel Desigualdad extrema en México. Concentración del poder económico y político, Oxfam México, 2015.
En otros trabajos abordaré temas como las relaciones Estado-sociedad, la diplomacia que se encuentran relacionadas con los aspectos políticos que se modificaron.
Reportajes, estudios y periodistas recuerdan como se dieron estas alianzas, véase Carlos Ramírez “BC: sí fue concertacesión… y qué”, El financiero, 16 de julio de 2013.
“Declara Vicente Fox guerra total a López Obrador”, El Universal, 19 de agosto de 2004.
Rosalía Vergara, “Romero Deschamps, reelecto por cuarta vez; estará al frente del Sindicato de Petroleros hasta 2024”, Proceso, 11 diciembre, 2017
Lourdes Galaz “Salinas y Alemán inventaron el pase de charola en el PRI”, La Jornada, 30 de mayo de 1999.
Eduardo Camacho, “Los empresarios que apoyaron a Calderón a llegar a la presidencia abren la cartera en 2011”, El Universal, 13 jun 2011.
Véase sobre este punto Gloria Luz Alejandre Ramírez “Planteamiento teórico y evidencia del desplazamiento gradual del Estado autoritario al Estado pragmático en México: la transformación de las élites”, 2014.
Roberto Garduño y Enrique Méndez “Gobernantes tejen relaciones con empresas y terminan sirviéndoles de empleados”, La Jornada, 3 de abril de 2015.
Jesús Ramírez Cuevas “¿Qué ex-funcionarios mexicanos trabajan para petroleras extranjeras?” reportaje especial, Portal Regeneración, 18 marzo, 2017.
El emporio industrial de Bailléres ocupa el quinto lugar entre las 100 empresas más importantes: “Alberto Baillères recibe la Medalla Belisario Domínguez”, CNN- Expansión, 12 de noviembre de 2015. 19 Los tres elementos básicos de la democracia: Estado, partidos y sociedad civil (Mair y Katz, 1997).
20 Véase Francisco Reveles, “El pan y sus alianzas en el 2010”, 2011.