Francisco Javier Pedroza Ortiz1
Palabras clave: socialización; cultura constitucional; legitimación; constitución.
En 2017 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumplió su primer centenario. Ello representa una oportunidad para la construcción de análisis y reflexiones en torno a la misma. Desde su promulgación hasta la actualidad la Carta Magna ha tenido variadas modificaciones; además, y de manera evidente, la sociedad mexicana también ha sufrido cambios. De modo que resulta obligado cuestionarse si la Constitución mexicana sigue teniendo
pertinencia en el actual contexto nacional intranquilo: frente al descontento social y la incertidumbre general, es necesario cuestionarse respecto al papel de la Constitución Política en la resolución de las necesidades individuales y sociales. De acuerdo a lo dicho, el presente trabajo tiene como objetivo vislumbrar si la Carta Magna mexicana continúa logrando legitimidad dentro de la sociedad. Para lo anterior se parte de un análisis de comunicación política, abordando temas como las imágenes políticas y la cultura constitucional.
El contenido del trabajo se organiza de la siguiente manera. En el apartado número 2 se ofrece una definición de comunicación política, con el objetivo de exponer la disciplina científica desde la cual se aborda y entiende el problema tratado. En el apartado número 3 se vincula a la comunicación política con los fenómenos de la cultura política y la cultura constitucional, especificando qué es cada una. El trabajo continúa con el apartado número 4, que presenta una propuesta teórica proveniente de la Ciencia Política, con énfasis en los procesos comunicacionales, con la cual puede abordarse el estudio de la legitimidad constitucional; también se expone un abordaje sobre las formas de adaptación ante los esquemas de valores y metas culturales dominantes. Con todos estos puntos formando un marco teórico se pasa a la aplicación del mismo al caso mexicano, de modo que en el punto número 5 se propone un análisis de la cultura constitucional, ello a partir de los resultados de la Tercera Encuesta Nacional de Cultura Constitucional. Como última parte y en forma de conclusión, el punto número 6 ofrece algunas reflexiones y comentarios finales.
Si se pretende construir un análisis a partir de la Comunicación Política primero se necesita aclarar qué se entiende ante esa conjunción de palabras, que muchas veces se pierde entre la ambigüedad y la confusión. María José Canel (2016) tiene el acierto de evidenciar una primera diferenciación entre comunicación política (con minúsculas), y Comunicación Política (con mayúsculas). En términos generales, comunicación política hace referencia al fenómeno, mientras que la Comunicación Política se desarrolla como el campo académico que estudia al fenómeno.
La comunicación política es una extensión particular del proceso general de la comunicación. En este sentido, “es precisamente la capacidad comunicatoria del hombre lo que
hace posible la vida social (y en consecuencia la vida política) […] La comunicación resulta básica para toda actividad social y política” (Fagen, 1969: 14). El proceso comunicativo es un fenómeno transversal que permea a toda la sociedad y al total de sus estructuras, entre ellas aquellas destinadas a la organización política, es decir, los sistemas políticos. En este texto no se pretende caer en la reduccionista postura de afirmar que toda política es comunicación, ni que todos los procesos comunicacionales tienen potencialidades políticas. Lo que debe entenderse es que existen ciertos procesos comunicacionales que, en combinación con el ejercicio y las dinámicas del poder, contienen consecuencias políticas.
Requiriendo entonces de la especificidad conceptual, ¿qué es la comunicación política? Fagen la define como “la actividad comunicacional (que) se considera política a causa de sus consecuencias actuales y potenciales para el funcionamiento del sistema político” (Fagen, 1969: 32); Wolton menciona que es “el espacio en el que se intercambian los discursos contradictorios de los tres actores que tienen la legitimidad de expresarse públicamente sobre la política: los políticos, los periodistas y la opinión pública a través de los sondeos” (1989, citado en Mazzoleni, 2010: 37); Nimmo y Swanson, por su lado, comentan que “la comunicación política es al mismo tiempo fuente de poder y de marginación, producida y consumida por los ciudadanos, actores más o menos autónomos, informados, determinados y creativos, pero también modelados por estructuras…” (1990, citado en Mazzoleni, 2010: 38).
Mazzoleni, después del repaso de varios autores, propone una definición sencilla, pero integradora sobre la comunicación política: “el intercambio y la confrontación de los contenidos de interés público-político que produce el sistema político, el sistema de los medios y el ciudadano-elector” (Mazzoleni, 2010: 36). Y Canel, llevando a cabo también una compilación de definiciones, concluye que la comunicación política es “la actividad de determinadas personas e instituciones (políticos, comunicadores, periodistas y ciudadanos), en la que, como resultado de la interacción, se produce un intercambio de mensajes con los que se articula la toma de decisiones políticas, así como (su) aplicación” (Canel, 2016: 27).
¿Qué definición de comunicación política puede construirse a partir de los productos conceptuales citados? Pues bien, y teniendo en cuenta los elementos comunes a todo proceso comunicacional (emisor, destinatario, medios de transmisión y recepción, objetivos del emisor y respuesta del destinatario convertido ahora en emisor, contexto y estructuras donde se realiza el
proceso, etc.), la comunicación política es aquella que tiene consecuencias en el sistema político, que es realizada por una variedad de actores políticos formales (los que son parte constante de las estructuras institucionales relacionadas al ejercicio de la política, como gobiernos, partidos políticos, organizaciones civiles, etc.), e informales (quienes forman parte intermitente de la vida política, como los ciudadanos, las empresas mediáticas, etc.), todos ellos en interacción mutua. La comunicación política es estratégica, explícita e intencionada, así como también implícita e indirecta. La amplia variedad de actores, medios, momentos y objetivos que participan de la comunicación política, junto a sus variadas combinaciones, propicia el que no exista un solo modelo de ésta, sino que haya una diversidad de procesos comunicacionales de índole política1.
La comunicación política se entrecruza con varios tópicos, tales como la opinión pública, la cultura política, la toma de decisiones, el marketing político (electoral, institucional o gubernamental), las políticas públicas, la socialización política, etc.). Pasando a la Comunicación Política (con mayúsculas), puede decirse que es un campo interdisciplinario42, el cual estudia al fenómeno en todas sus combinaciones y relaciones con los temas políticos ya mencionados. De modo que, para el presente caso, la comunicación política se aborda en referencia a la cultura política, y específicamente, en relación con la cultura constitucional mexicana.
¿Qué es, entonces, la cultura política? Almond (2001) desarrolla una compilación de teóricos clásicos, desde Platón y Aristóteles, hasta Maquiavelo, Rousseau y Montesquieu, los cuales ya reflexionaban sobre cultura política en términos de costumbres, usos y valores cívicos y de buen gobierno. Estos pensadores sentaron las bases para construir la noción de subculturas políticas, entendidas como las culturas políticas particularizadas de los diferentes estratos sociales, y que actualmente desarrollan un papel elemental en las investigaciones sobre el tema3.
Y si el presente trabajo se remonta al texto de Almond y Verba, La cultura cívica, se encuentra que estos autores definen a la cultura política como un conjunto de orientaciones “relativas al sistema político y sus diferentes elementos, así como actitudes con relación al rol de uno mismo dentro de dicho sistema” (Almond y Verba, 1970: 30). Almond y Verba dividen estas orientaciones en tres grupos: orientaciones cognitivas (constituidas por el conocimiento acerca del sistema político y sus actores); orientaciones afectivas (es decir, los sentimientos hacia el
sistema político, sus estructuras y actores); y las orientaciones evaluativas (una combinación de las orientaciones cognitivas y afectivas a partir de las cuales se generan juicios y opiniones sobre el sistema político y sus actores).
Almond (2001), en la teoría de la cultura política que propone, añade (además de los componentes cognoscitivos, afectivos y evaluativos ya mencionados), otras tres características acerca del fenómeno: 1) la cultura política se constituye por consideraciones subjetivas sobre la política; 2) se desarrolla a partir de la socialización en círculos primarios y secundarios, donde se aprehenden y reinterpretan los valores y metas culturales; y 3) incide en el desempeño del sistema político y gubernamental. A lo anterior también hay que añadir que la cultura política y sus diversas subculturas contienen un dinamismo inherente que las modifica según los contextos sociales, políticos, económicos y culturales de cada país, y en relación con los fenómenos geopolíticos que tienen consecuencias a nivel mundial. De igual manera, los cambios generacionales, demográficos y coyunturales también son factores de afectación.
Teniendo en cuenta que la cultura política es el conjunto de orientaciones cognoscitivas, afectivas, valorativas, subjetivas y socializantes hacia el sistema político en general, la cultura constitucional puede entenderse como un conjunto de orientaciones todavía más concreto y enfocado hacia la constitución y la legalidad en una nación. Valdría decir que la cultura constitucional es un tipo de subcultura política concreta, ya que dentro de todos los tópicos propios de un sistema político, se refiere al aspecto contractual y jurídico. Dentro del estudio de cultura constitucional analizada, Los mexicanos y su Constitución, se menciona que la cultura constitucional tiene que ver con
El conocimiento que tienen las personas sobre los derechos y las obligaciones que definen la Constitución y las leyes; la disposición a obedecer la ley en relación con otras fuentes de autoridad social; el valor que se otorga a los derechos humanos; el concepto de justicia que se prefiere, etcétera. (Fix, Flores y Valadés (coords.), 2017: 17)
Las orientaciones cognoscitivas, emotivas y evaluativas propias de la cultura política, se desarrollan también dentro de las consideraciones de los individuos sobre una estructura política como lo es la Constitución, ya que ésta se posiciona cual punto central y de referencia común
dentro de una sociedad heterogénea como lo es la mexicana: la Constitución Política “asume una función tanto más relevante cuanto más se requiera definir un orden que goce de un consenso básico, aunque relativo, que sirva de marco y guía tanto para las instituciones como para los individuos” (Fix, Flores y Valadés (coords.), 2017: 18).
Las orientaciones constitutivas de la cultura política y de la cultura constitucional se desarrollan en el proceso de socialización política al que los individuos están expuestos como parte particular del fenómeno general de la socialización. David Easton y Jack Dennis definen a la socialización política de la siguiente manera: “those developmental processes through wich persons acquire political orientations and patterns of behavior” (Easton y Dennis, 1969: 7). Por su parte, Luciano Gallino, desde la sociología, menciona que la socialización política es aquel conjunto de procesos sociales de formación de personalidad, “que por su naturaleza intrínseca y su contenido dan origen a rasgos psíquicos relativamente duraderos, que tienen relevancia directa para el sistema político” (Gallino, 1995: 802).
A través de la socialización política se internalizan y significan elementos cognoscitivos y afectivos generados en torno al sistema político, con los cuales, posteriormente, se desarrollan las mencionadas orientaciones evaluativas hacia el mismo sistema. Gallino (1995) fortalece la explicación cuando comenta que entre los rasgos psíquicos producidos por la socialización política se encuentran: concepciones de la política, conciencia de la existencia de la esfera política (sistema político) y de su especificidad, pulsiones autoritarias o liberales, actitudes favorables o desfavorables hacia la democracia, disposición consciente de participación, capacidad de generar esquemas interpretativos sobre el sistema político, vinculación moral y afectiva hacia una ideología, etc.
Al igual que el proceso general de la socialización, la socialización política inicia desde la niñez. En esta etapa de socialización política dentro de grupos primarios (la familia) y los primeros grupos secundarios (la escuela y los compañeros y amistades formados en ésta), las orientaciones políticas son transmitidas a los niños de diversas maneras: a partir de una enseñanza directa y deliberada; a través de aprendizajes sobre el ejercicio cotidiano de la autoridad y el poder; mediante aprendizajes indirectos; y también a partir de experiencias personales del contacto que cada individuo tiene con figuras de autoridad.
Y como la socialización general, la socialización política continua en las etapas adultas, a
través de los grupos secundarios. La transición de la socialización primaria a la secundaria, implica pasar del conocimiento de un único universo simbólico o paradigma, a conocer una extensa variedad de significantes, y a ocupar nuevos roles y funciones en diversas estructuras.
Ahora bien, ¿cuál es el papel de la Comunicación Política respecto al análisis de la cultura constitucional? La respuesta gira en torno a un concepto central: el de imagen política. Fagen (1969) afirma que las imágenes políticas son un producto de la comunicación política que pueden incluir elementos cognoscitivos, así como recuerdos, evocaciones, creencias, opiniones y actitudes. Las imágenes políticas se constituyen a partir de dos elementos: la información y la evaluación políticas. La primera se desarrolla a partir del cúmulo de datos que se poseen acerca del sistema político, mientras que la segunda hace referencia a la valoración de los elementos del mismo sistema. Así, mediante el estudio de las imágenes políticas pueden abordarse los sistemas de conocimiento, de creencias y de representación que los individuos construyen respecto al sistema político. En otras palabras, las imágenes políticas son productos de la socialización política e indicadores de los significados que las personas le dan al sistema político.
Ciertamente, las imágenes políticas implican representaciones simbólicas, que no sólo se desarrollan entre la ciudadanía, sino que también se gestan en torno a los actores formales del sistema político: “son símbolos e imágenes creadas por unos políticos que buscan votos, mantenidas por unas instituciones que quieren ser aceptadas […] y compartidas o rechazadas por los ciudadanos que las reciben” (Canel, 2016: 12), todo ello como parte de dinámicas socializantes. Elementos como los himnos, las banderas, los escudos nacionales, los edificios públicos y las propias constituciones son ya imágenes políticas, símbolos que en su conjunto organizado generan estructuras simbólicas que, mediante videos, fotografías, desfiles oficiales, discursos y demás evocaciones, buscan comunicar a la sociedad, desde el sistema político, una serie de ideas, valores e imágenes que aluden a la noción de patria, de nación, etc. De modo que la Comunicación Política se vuelve oportuna si se estudia a la Constitución como una imagen política, es decir, como una representación simbólica que pretende legitimidad ante la ciudadanía.
¿Cómo es posible que un grupo ejerza poder sobre el resto de los individuos y dicho poder sea aceptado por estos últimos? Esta cuestión es abordada por Christian Lazzeri (en Labarrière et al.,
2001), quien menciona que el cuerpo político de una sociedad necesita de la instauración de leyes e instituciones que sustenten sus estructuras, y que requieren como condición necesaria para su permanencia, el ser aceptadas continuamente por al menos la mayoría de los ciudadanos.
Lazzeri propone un análisis en donde los procesos comunicacionales de naturaleza política se vuelven cruciales en el proceso de dominación y mantenimiento del poder. Este autor escribe que Pascal “ha reflexionado sobre el proceso de comunicación, que él interpreta como un intercambio de signos lingüísticos o de acciones vinculados con una exigencia de reconocimiento que desemboca en un deseo de dominación” (Lazzeri en Labarrière et al., 2001: 20); cabe aclarar que se habla de un deseo de dominar, y no de ser dominado. Lazzeri menciona que el deseo de dominación, el cual halla sus herramientas en los signos y tiene como objetivo la opinión colectiva, es paralelamente la génesis del sistema político y de sus leyes.
El autor menciona que los individuos buscan en el resto de las personas una buena estima, que produzca aprobación, ya que la aprobación por parte de los demás hacia el yo genera, al mismo tiempo, gloria y admiración hacia uno mismo. Según Lazzeri, la comunicación ocupa un lugar central en la búsqueda de la estima, ya que los signos son el medio para hacer explícitas las cualidades y potencias del yo. Cuando los individuos pretenden obtener la aprobación de la otredad total, el deseo de aprobación se vuelve tanto comparativo como competitivo. Y en la lucha por el reconocimiento supremo, la única forma “de proteger su valor (de cada individuo) consiste en tomar la delantera y tratar de obtener más poder que los demás, a fin de conseguir signos de reconocimiento y una reputación que nos proteja de todos los ciclos negativos” (Lazzeri en Labarrière et al., 2001: 38).
De modo que el deseo individual por el goce último se convierte en una lucha de supremacía de todos contra todos, dentro de la cual cada uno desea ser admirado y estimado por los demás, es decir, en donde el sujeto desea ejercer su dominio en una otredad dominada. En este punto se concretiza el análisis político de Lazzeri: en la lucha por la supremacía y el estado de guerra que le es inherente, terminan por desarrollarse alianzas que cristalizan, dependiendo de las relaciones de fuerza concretas, “en sectores dominantes y sectores dominados” (Lazzeri en Labarrière et al., 2001: 42).
En un inicio son las relaciones de fuerza mencionadas las que permiten que un sector de la sociedad domine a los demás. Los dominados obedecen debido a la coacción que sobre ellos se
ejerce; sin embargo quien obedece bajo la tiranía y la amenaza de reprimendas, tarde o temprano intentará liberarse del sometimiento. De modo que quienes ejercen el dominio “deben asegurar la estabilización y la reproducción de su poder sin que parezca que la fuerza constituya su fundamento primero y último y sin que los gobernados obedezcan por motivos o intereses que parezcan ser abiertamente los de sus amos” (Lazzeri en Labarrière et al., 2001: 43).
La forma para ejercer un dominio sin necesidad (al menos aparente) de actos tiránicos y violentos es a través de la reglamentación del ejercicio del poder. Se desarrolla entonces la estructuración del Estado a través de mecanismos de selección de dirigentes, de la legislación, y del desarrollo general de estructuras gubernamentales y jurídicas. Sin embargo, el problema identificado en un inicio sigue persistiendo, y consiste “en saber cómo podrán aceptar los dominados que un poder de ese género (un gobierno de leyes) suceda a un poder tiránico al cual se oponían abiertamente” (Lazzeri en Labarrière et al., 2001: 44). Y es que, si los dominados se oponían a la voluntad tiránica de los dominantes, los primeros se seguirían oponiendo a dicha voluntad, aunque ésta se haya convertido en ley o norma jurídica.
Lazzeri comenta que “sólo son aceptables las legitimaciones impersonales” (Lazzeri en Labarrière et al., 2001: 49), especificando que los individuos únicamente desean someterse a ideas como la razón o la justicia. De manera que el grupo dominante busca convencer al resto de la sociedad sobre la legitimidad de las leyes en consonancia con estos principios impersonales, a los cuales la propia élite obedece (o al menos eso pretende mostrar). El convencimiento en las leyes también se apoya en la llamada opinión dominante: teniendo en cuenta que la búsqueda de la estima continúa siendo el principal deseo humano, “uno terminará por aceptar la opinión dominante […] uno justificará su propia elección pensando que la opinión colectiva no pudo equivocarse o inventando las razones necesarias para aceptar las elecciones de los demás” (Lazzeri en Labarrière et al., 2001: 52).
Ahora el problema se traslada a conocer cómo puede desarrollarse una opinión colectiva legitimadora en torno al poder dominante. La cuestión radica en adjudicarle a dichas leyes la idea impersonal de justicia, y en lograr que la mayoría de los individuos quede convencida de la justicia de las leyes. Y al cuestionamiento sobre si las leyes son siempre consideradas justas por la sociedad, Lazzeri responde que sí, porque los individuos resignifican la existencia de las leyes “en signo y prueba de su legitimidad: las leyes existen porque son justas; si no hubiese sido así,
no podrían haber sido aceptadas en la opinión de todos aquellos que nos precedieron y no se hubiesen mantenido hasta ahora” (Lazzeri en Labarrière et al., 2001: 54).
Podría decirse que el proceso de aceptación de leyes y su mantenimiento espacio-temporal se logra a través de fenómenos de institucionalización y reificación como los que definen Berger y Luckmann (2015): las instituciones, generadas para normativizar el comportamiento humano, poseen también las características necesarias para prevalecer aún después de la desaparición física de los individuos que las administran, de tal manera que las instituciones perduran aunque las primeras generaciones que las vieron nacer hayan dejado de existir. De acuerdo a la teoría de la socialización propuesta por Berger y Luckmann, las generaciones que nacen después de la instauración de instituciones perciben a éstas como entidades permanentes que se apegan a ideas y objetivos suprahumanos; es decir, reifican a las instituciones, debilitando en su percepción el hecho de que éstas son productos humanos y que obedecen, también, a objetivos humanos.
Los individuos obedecen a las leyes y a las instituciones que las imparten porque antes de ellos sus padres, sus abuelos, y sus ancestros más lejanos ya lo habían hecho. De acuerdo con Lazzeri, este proceso de transmisión y creencia de las leyes se sustenta en operaciones imaginarias con consecuencias reales. Es decir, la ley justa es ya una imagen política, y el conjunto de imágenes políticas sobre la justicia de las leyes, el Estado y el gobierno que lo administra, constituyen un imaginario político que tiene como consecuencia visible la obediencia a la normatividad.
Lazzeri llega así a la tesis de todo su análisis: la obediencia a un poder político no tiene su génesis en razonamientos sobre la justicia o los tipos de derecho, sino en una creencia fáctica por parte de los gobernados que imaginan a dicho poder como fundado en normas y valores, en donde esa imaginación se nutre constantemente de todo un sistema de signos e imágenes. Ciertamente, la propuesta de Lazzeri puede ser viable para analizar a la Constitución Política mexicana, sin embargo, también es de tendencia totalizante. No toma en cuenta, por ejemplo, que las sociedades están constituidas por grupos y estructuras heterogéneas, y que cada grupo contiene, por sí mismo, ciertos valores y metas culturales, los cuales se encuentran en constante interacción, ya sea negociante o de abierta confrontación, con el resto de los otros grupos y de sus respectivos valores y metas.
La Constitución de 1917, como imagen política que reúne ciertos valores y objetivos que
a su vez pretenden ir en consonancia con las aspiraciones democráticas del sistema político mexicano, debe entrar en una negociación con los valores y objetivos de cada grupo social y, aún más, de cada individuo. En este sentido, Robert Merton teoriza acerca de las diversas formas en que los individuos y grupos pueden reaccionar y adaptarse ante una estructura de valores y metas dominante, como lo es la imagen constitucional. En general Merton numera cinco tipos de adaptación: la conformidad, la innovación, el ritualismo, el retraimiento y la rebelión. De acuerdo a los resultados cuantitativos que se presentan más adelante, aquí interesan dos tipos de adaptación en concreto: el ritualismo y el retraimiento.
El ritualismo implica el abandono de los objetivos culturales más codiciosos en pos de aspiraciones “realistas”, todo ello “respetando de manera casi compulsiva las normas institucionales” (Merton, 2013: 229). El ritualismo es frecuente en sociedades que tienen como metas culturales más altas las relacionadas al triunfo individual, pero en donde los medios institucionales y legales para llevarlas a cabo, como por ejemplo la educación superior, o la búsqueda de un empleo, resultan altamente ineficientes. De tal forma que el éxito personal (generalmente relacionado a tener una posición socioeconómica alta) resulta en los hechos difícil o inalcanzable; ante dicha situación, un recurso para mitigar las ansiedades producidas por no poder alcanzar la meta cultural deseada, es “rebajar en forma permanente el nivel de aspiraciones” (Merton, 2013: 229). Un rasgo importante del ritualismo es el miedo presente en los individuos que lo adoptan, y que “produce inacción, o con más exactitud, acción rutinizada” (Merton, 2013: 229).
El otro tipo de adaptación, el retraimiento, implica rechazar tanto las metas culturales dominantes como también los medios institucionales para realizarlas. El retraimiento ocurre cuando “tanto las metas culturales como las prácticas institucionales han sido completamente asimiladas por el individuo e impregnadas de afecto y de altos valores, pero las vías institucionales accesibles no conducen al éxito” (Merton, 2013: 233). Ello genera un conflicto en donde la obligación moral interiorizada de acatar los medios institucionales choca con las presiones de recurrir a medios alternativos o ilícitos para alcanzar el éxito: el individuo no puede “acudir a medios que sean a la vez legítimos y eficaces” (Merton, 2013: 233), ya que la pesada carga moral y emotiva que le asigna a los medios legales se lo impiden. El retraimiento no sólo produce inacción a partir del miedo, como el ritualismo, sino que también la desarrolla a partir de
los sentimientos de frustración de los individuos que no pueden abandonar los medios institucionales, aunque los sepan ineficaces, desarrollando comportamientos derrotistas, quietistas y de resignación.
Ahora bien, conociendo la viabilidad de estudiar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como parte de un sistema de signos, como una imagen política a través de la cual se mantiene la normativización del sistema político, se tienen dos posturas para explicar dicho mantenimiento: una es la de Lazzeri, a partir de la cual se diría que la Constitución es obedecida por la totalidad o al menos por la mayoría de la sociedad mexicana, ya que ésta, gracias a una conjunción de reificación institucional y opinión dominante, cree en la legitimidad de dicha Constitución. Por otro lado, y a partir de los tipos de adaptación de Merton, podría decirse que la Constitución se mantiene y acata ya sea por comportamientos ritualistas, que sujetan fuertemente la imagen de la Constitución dentro de las orientaciones políticas de los individuos, aunque su eficiencia real haya sido rebasada; ya sea por comportamientos de retraimiento, en donde la frustración social produce individuos inactivos que no creen ya en la imagen constitucional, pero que tampoco pretenden modificarla o negarla. Ante estas dos propuestas, ¿qué muestran los datos estadísticos?
Si la propuesta de Lazzeri es viable para el caso concreto que aquí se maneja, los mexicanos estarían obedeciendo a la Constitución y a sus emanaciones por el hecho de considerarlas legítimas y justas. Por el contrario, si los tipos de adaptación de Merton son identificables en los datos, los mexicanos padecerían comportamientos ritualistas y/o de retraimiento, cuya principal consecuencia es la inacción social ante la ineficiencia institucional. Para tratar de corroborar ambas propuestas, este trabajo se apoya en la Tercera Encuesta Nacional de Cultura Constitucional, titulada Los mexicanos y su Constitución (2017), elaborada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México.
La aplicación de esta encuesta se llevó a cabo a nivel nacional, utilizando una muestra de 1,200 unidades distribuidas de manera polietápica, estratificada y por conglomerados. La muestra tiene un nivel de confianza del 95%, con una tasa de no respuesta inferior a 5% y un margen de error de 4.1 puntos porcentuales. Los mexicanos y su Constitución (2017) posee como primer
referente la Primera Encuesta Nacional Cultura de la Constitución en México, presentada en 2003 y que tiene como contenido “información acerca de las percepciones, actitudes y valores sociales cobre la Constitución, así como sobre los patrones valorativos y prácticas de la población en relación con los conceptos de legalidad y de justicia” (Fix, et al. (coords.), 2017: 18-19). Como segundo antecedente se encuentra la Segunda Encuesta de Cultura Constitucional, realizada en 2011; ésta, además de replicar las preguntas del primer estudio, añadía tópicos sobre la legalidad de las instituciones políticas” (Fix, et al. (coords.), 2017: 19). Como se ve a continuación, los resultados de esta tercera encuesta dibujan un “panorama de desconfianza y deterioro en la vida institucional” (Fix, et al. (coords.), 2017: 19).
Recordando que el elemento cognoscitivo es una de las bases para posteriores evaluaciones y valoraciones de elementos políticos, primero es necesario mostrar qué tanto conocen los mexicanos la Carta Magna que los rige desde 1917. En este sentido, algunas de las variables de la Tercera Encuesta Nacional de Cultura Constitucional, muestran el grado de conocimiento que los mexicanos tienen sobre su Constitución. Por ejemplo, a la pregunta ¿Sabe en qué año se aprobó la Constitución que actualmente nos rige? 52.7% de los entrevistados, es decir, la mayoría, contestó que no (Fix, et al. (coords.), 2017). De igual manera, la mayoría de los entrevistados no logran relacionar a la Constitución de 1917 con el fenómeno que la originó: sólo 24% menciona que la Constitución actual se desarrolla a partir de la revolución mexicana, existiendo un 76% de entrevistados que se distribuye en respuestas incorrectas o que definitivamente respondió no saber (Fix, et al. (coords.), 2017).
Ahora, si las variables se trasladan de los conocimientos históricos a cuestiones contextuales más actuales, como las reformas hechas a la Constitución, se observa que los mexicanos entrevistados también adolecen de una ignorancia general: un 31% (porcentaje acumulado más alto en comparación con los porcentajes alcanzados por las otras respuestas), perciben que la Constitución se reforma con poca frecuencia. Este dato adquiere mayor relevancia si se toma en cuenta que, respecto a modificaciones y reformas a la Constitución, en las últimas tres décadas “se acumulan más de dos tercios de los 700 cambios que ha tenido hasta el 15 de agosto de 2016, así como más de la mitad de los 229 decretos reformatorios” (Fix, et al. (coords.), 2017: 54). En este sentido, sólo 12% de los entrevistados considera que la Constitución es reformada con mucha frecuencia; también vale la pena resaltar que un 22.9% de los mismos no
sabe con qué frecuencia se presentan reformas constitucionales (Fix, et al. (coords.), 2017).
Asimismo, al preguntar por las obligaciones de los mexicanos plasmadas en su Constitución, el porcentaje acumulado más alto (23.9%) no puede mencionar alguna de esas obligaciones, ya que los desconoce en general (Fix, et al. (coords.), 2017). No sólo se observa que los mexicanos no conocen aspectos concretos de la Constitución, sino que la mayoría de los mismos afirma que en general la conoce poco o nada: 56.1% afirma que la conoce poco; y 34.4% afirma que no la conoce nada. Debe rescatarse que los mexicanos que no conocen nada su Constitución ha aumentado si se comparan los datos con los resultados de las dos encuestas desarrolladas anteriormente por el IIJ sobre cultura constitucional: en la primera encuesta el porcentaje de mexicanos que no conocían en nada su Constitución era de 20.3%, para la segunda encuesta el porcentaje era de 27.7%, el cual aumentó 6.7% para el último estudio (Fix, et al. (coords.), 2017).
Los datos anteriores muestran que el aspecto cognoscitivo en torno a la Constitución es vago e impreciso: gran parte de los entrevistados no conocen los datos más relevantes acerca de la Carta Magna. Ciertamente, esta orientación cognoscitiva permeada por la ignorancia tiene repercusiones para con el aspecto evaluativo de la Constitución de 1917. De acuerdo a lo dicho,
¿cómo evalúan los mexicanos a la Constitución? Un primer dato es que 60% de los encuestados considera que la Constitución ya no responde a las necesidades del país. Y un porcentaje cercano, de 60.6% percibe que la Constitución se cumple poco, mientras que 23.4% considera que no se cumple nada (Fix, et al. (coords.), 2017). Se habla entonces de que más de la mitad de los mexicanos entrevistados considera que su Carta Magna ya no es operativa, además de que un 84% percibe que el cumplimiento de la misma es bajo o nulo.
Recuérdese la propuesta de Lazzeri: un sistema político puede mantenerse gracias a los signos del poder, es decir, mediante imágenes políticas legitimadoras que se han insertado en el imaginario social por generaciones, reificándose o manteniéndose en el tiempo y el espacio debido a que esas imágenes y las instituciones que las utilizan, se perciben como necesarias y justas dado que “siempre” ha sido así. La cuestión estriba en conocer si la situación mexicana adquiere esta dinámica. Ya se observó que gran parte de los encuestados posee un conocimiento impreciso y erróneo acerca de su Constitución. Y si bien no es necesario que los ciudadanos posean un conocimiento muy extenso ni mucho menos uno especializado acerca de la
Constitución, para generar una evaluación de la misma, la ignorancia generalizada en torno al tema muestra ya un indicio de que la cultura constitucional en México adolece de bases débiles.
Simultáneamente, la Constitución de 1917, entendida como imagen política, ha sido rebasada en su objetivo; es decir, ya no logra legitimarse entre la ciudadanía entrevistada (al menos en la mayoría). El hecho de que la Carta Magna sea percibida como inservible y poco respetada muestra a su vez que el convencimiento en la misma está debilitado. Este debilitamiento en la confianza también se extiende hacia los actores gubernamentales y políticos: 46.7% de los encuestados no confían nada en el gobierno, 16.9% confía algo y 22.2% confía poco. Sumando los porcentajes que confían poco o nada en el gobierno, se obtiene que hay un 68.9% de confianza debilitada, frente a un 3.4% de mexicanos entrevistados que confían mucho en el gobierno. Entre las tres principales razones de desconfianza hacia el gobierno se encuentra la corrupción, el incumplimiento de promesas por parte de los gobernantes y la percepción de que éstos roban. Asimismo, un 77.4% de los entrevistados percibe que la corrupción y los beneficios personales son los rubros en donde el gobierno gasta más dinero; y un 65.3% menciona que el gobierno no responde a las necesidades de la gente (Fix, et al. (coords.), 2017).
Respecto a la confianza en los políticos, un 59.7% de los mexicanos encuestados menciona no confiar nada en aquellos, 14.2% confía poco y 11.8% confía algo. Si se suman las primeras dos cifras se obtiene que hay, entonces, 73.9% de confianza debilitada, frente a un 1.9% de encuestados que confían mucho en los políticos. Entre las principales razones para desconfiar en los políticos se encuentran la corrupción, la percepción de que los políticos roban y abusan de su posición, y la apreciación de que los mismos sólo ven por sus propios beneficios. Como puede verse, la desconfianza hacia los actores políticos es todavía mayor que la desconfianza hacia el gobierno. Así pues, ni los instrumentos gubernamentales, como la Constitución, ni los actores formales del sistema político, como los gobernantes y los políticos en general, poseen una legitimación fuerte entre la ciudadanía mexicana.
Retomando lo dicho por Lazzeri, el objetivo de los signos del poder es mantener el sistema político establecido, a través de la obediencia mediante el convencimiento y no mediante la acción violenta. Es decir, mediante la persuasión de que cierto sistema político junto a sus actores formales (gobernantes y políticos), y sus instrumentos administrativos y de impartición de justicia, derechos y obligaciones (como la Constitución), es justo. Mientras este convencimiento
permanezca fuerte y sustentado en los signos del poder, es de esperarse que el sistema político no esté amenazado de sucumbir ante cambios radicales. Sin embargo, ¿qué sucede si, como en el caso mexicano, tanto los actores del sistema como su instrumento e imagen política más importante, sufren de niveles muy bajos de confianza?
Podrían generarse diversos escenarios. El de repercusiones más radicales, siguiendo la propuesta de Lazzeri, sería de lógica causística: los signos del poder se utilizan para legitimar dicho poder y evitar una revolución que lo revoque; si los signos pierden legitimidad y confianza entre la población queda abierta la posibilidad de revolución, lo que a su vez produciría diversos subescenarios entre los que se encuentra uno en donde el sistema político recurra a la fuerza física para mantener el orden, a falta de un verdadero convencimiento entre la ciudadanía.
Sin embargo, y de manera mayoritaria, el caso mexicano no se encuentra dentro de estos escenarios radicales, sino que, retomando los resultados de la encuesta, mantiene el acatamiento hacia el estado de derecho. En otras palabras, los mexicanos tienen una fuerte inclinación hacia el respeto a las leyes, aunque desconfíen en los actores políticos y tengan poca confianza hacia la Constitución.
Lo anterior puede identificarse desde la propia percepción que los mexicanos entrevistados tienen de la justicia: para una mayoría de 34.9% la justicia significa cumplir la ley; los siguientes dos porcentajes más altos se reúnen cada uno en opciones que denotan el mismo apego a las leyes: para un 16.7% la justicia es entendida como forma de castigo, y un similar 16.7% la entiende como un medio para aplicar el orden. La misma tendencia puede notarse cuando, de entre varias opciones de sociedad (una donde se apliquen y respeten las leyes, una sin delincuencia, una más democrática y otra donde haya menos diferencias entre ricos y pobres), la más importante para la mayoría de los encuestados (57.1%) es una sociedad donde se apliquen y respeten las leyes (Fix, et al. (coords.), 2017).
En cuanto al respeto de la ley, los encuestados califican con un promedio de 6.3 (en una escala del 0 al 10, donde 0 indica nada de respeto y 10 indica mucho respeto), el respeto de las otras personas hacia las leyes; y califican con un promedio de 7.7 (bajo la misma escala), el respeto de los propios entrevistados hacia las mismas leyes (Fix, et al. (coords.), 2017). Es decir, en ambos casos, tanto en la percepción del respeto de los demás hacia las leyes, como en la percepción del propio respeto hacia las mismas, hay calificaciones aprobatorias.
Simultáneamente, 56.5% de los entrevistados considera que la sociedad debe obedecer siempre las leyes, además de que una mayoría de 43.5% y una posterior cifra de 25.1% mencionan estar en desacuerdo y muy en desacuerdo, respectivamente, con la violación de leyes (Fix, et al. (coords.), 2017).
En síntesis, existe un apego muy fuerte hacia el respeto a las leyes. Esta situación puede parecer paradójica: por un lado, hay una baja confianza y alto desapego hacia la Constitución y hacia los actores políticos y gubernamentales y, por otro, una fuerte inclinación hacia el cumplimiento de las leyes ¿Cómo puede entenderse esta dinámica tan peculiar?, ¿A pesar de la desconfianza hacia la Constitución, los mexicanos cumplen las leyes debido al peso de la opinión colectiva mencionada por Lazzeri, o dicho apego obedece a otras situaciones?
La propia encuesta brinda una respuesta: a la cuestión de por qué los entrevistados respetan las leyes, sólo un 8.5% respondió que lo hacen para no ser criticados por los demás (Fix, et al. (coords.), 2017). Ciertamente, Lazzeri comenta que los individuos difícilmente aceptarán que sus decisiones son tomadas debido al peso que tiene en ellos la opinión de los demás y que, aunque en realidad así sea, explicarán su decisión a partir de ideas racionalizadas y concretadas en imágenes impersonales como la justicia, sin embargo, los resultados de la encuesta tampoco parecen confirmar esta suposición, ya que sólo un 22.9% de los entrevistados respondió que respeta las leyes porque es un deber moral (Fix, et al. (coords.), 2017). Así, el porcentaje de respuesta más alto en esta variable (38.1%) responde que cumple las leyes porque hacerlo beneficia a todos. Puede decirse, entonces, que los mexicanos entrevistados no cumplen las leyes debido al peso de la “opinión dominante” teorizada por Lazzeri.
La reificación institucional y legitimadora (apoyada en las imágenes políticas y signos del poder), y la opinión colectiva, dos de los elementos cruciales utilizados por Lazzeri para explicar por qué se acata el poder político, no son entonces las razones por las que los mexicanos obedecen las leyes. Sin embargo, el ritualismo y el retraimiento como formas de adaptación ante las estructuras de valores y metas culturales dominantes, propuestas por Merton, parecen tener mayor nivel explicativo.
La respuesta que en este trabajo se propone, con toda la naturaleza inacabada que el quehacer científico implica, es que aunque los mexicanos no sienten confianza ni legitiman la imagen política de la Constitución y los actores políticos, y teniendo en cuenta que tampoco
juega un papel importante la opinión de los demás hacia uno mismo, los primeros siguen acatando el orden constitucional debido a dinámicas adaptativas que fluctúan entre el ritualismo y el retraimiento, fortalecidas a su vez por una socialización política deficiente que, desde la niñez, no logra generar entre la ciudadanía una introyección de valores democráticos y cívicos. En su conjunto y combinación, estos elementos generan entre la población un ambiente de miedo, preocupación, enojo y pesimismo general, ocasionando una inmovilidad o inacción política y social. Es decir, los mexicanos acatan y mantienen el orden político y constitucional, no por la eficiencia de sus signos (que, como ya se revisó, está en declive), sino porque ante una incertidumbre social general y una percepción derrotista respecto al sistema político en su conjunto, ciertos sectores sociales mantienen vigente, en su inacción, el orden constitucional actual.
Esta incertidumbre y pesimismo se identifican en la misma encuesta: 57.3% de los mexicanos entrevistados considera que la situación actual del país es peor que hace un año; 47.7% piensa que la situación va a empeorar en el presente año; una mayoría de 41.4% describe a la situación política nacional como preocupante; y una mayoría de 37.8% de encuestados no sabe qué es lo que mantiene más unido al país, mostrando que la cohesión social también se ve vulnerada y fragmentada. Asimismo, 73.4% de los entrevistados considera que el país va por el camino equivocado, además de que los sentimientos que más perciben entre la gente son el enojo, el miedo y la preocupación (Fix, et al. (coords.), 2017).
Así, ante el miedo provocado por la inseguridad, los altos índices de violencia y delincuencia, la incertidumbre económica, y frente a la ineficiencia y corrupción de los órganos político-administrativos, los mexicanos encuentran en el mantenimiento y acatamiento de las leyes un medio para sobrevivir, aunque consideren que los lineamientos constitucionales y los gobernantes y políticos que los llevan a cabo carezcan de legitimidad y eficiencia.
La imagen política de la Constitución no logra convencer a gran parte de los mexicanos encuestados, por lo que este signo del poder político es, actualmente, débil en el cumplimiento de su objetivo. Ciertamente, los alcances metódicos de una encuesta no pueden ni pretenden encontrar explicaciones más profundas y detalladas, por lo que se vuelven necesarias posteriores investigaciones con metodologías diversas para poder comprender a cabalidad esta peculiar dinámica. Sin embargo, y a través de esta Tercera Encuesta Nacional de Cultura Constitucional,
pueden darse pasos aproximativos y notar que la imagen política que los mexicanos generan sobre la Constitución de 1917, está construida a partir de informaciones mayoritariamente imprecisas y erróneas, y de valoraciones en su mayoría negativas, en el sentido de que se percibe que la Constitución ya no es suficiente para resolver las necesidades individuales y sociales actuales, y que de manera general no es cumplida.
Estos dos puntos, el del aspecto cognoscitivo y el del aspecto valorativo, que en combinación generan la imagen política sobre la Constitución de 1917, remiten directamente al tipo de cultura constitucional existente en México, la cual, desde su base, presenta debilidades que provienen de la socialización política, que no ha logrado generar entre la mayoría de los mexicanos un conocimiento medianamente amplio o generalizado sobre la Carta Magna. Debe tomarse en cuenta que el principal lugar donde se escucha hablar sobre la Constitución es en la escuela (así lo afirma 47.1% de los mexicanos entrevistados), y en segundo lugar los medios de difusión (con un 34.6% de mención), mientras que el hogar ocupa el tercer lugar (con 29% de mención) (Fix, et al. (coords.), 2017).
Las deficiencias en la cultura constitucional mexicana remiten a situaciones de socialización política, en donde hay una mención baja de la Constitución dentro del grupo primario que es la familia, por lo que las valoraciones cívicas respecto a la Constitución no son aprehendidas ni reinterpretadas desde la infancia en grupos cercanos e íntimos (al menos en la mayoría de los casos); mientras que las menciones en los grupos secundarios escolares adquieren la forma de conocimiento impuesto y memorizado, por lo que se dificulta la generación de verdaderos valores constitucionales.
En síntesis, y como ya se revisó durante el abordaje conceptual de la socialización política, una cultura constitucional fuerte inicia desde el seno familiar, para irse desarrollando posteriormente con ayuda de círculos secundarios como la escuela o a través de otras herramientas como los medios de difusión. Si en la familia no existe una cultura constitucional consistente, difícilmente (mas no imposible) se podrá desarrollar en el individuo adulto4. Los individuos se desarrollan con un conocimiento drásticamente débil sobre su Carta Magna, imposibilitando muchas formas de participación que podrían mejorar la operatividad constitucional. Sin las herramientas cognoscitivas para poder participar en la aplicación de la Constitución, se generan percepciones negativas sobre la misma, mirándola como algo alejado de
la realidad y como parte de un sistema corrupto que no beneficia más que a los políticos que lo administran.
Estos aspectos cognoscitivos y valorativos confluyen con los sentimientos pesimistas actuales, generando la dinámica aparentemente paradójica de obedecer las leyes aunque no se crea en ellas: se obedecen no sólo porque el miedo y la preocupación producen inacción y paralización, sino también porque, al existir una cultura constitucional y de la legalidad deficiente, muchos mexicanos no saben de qué forma se puede generar un cambio en pos de una Constitución que sí se cumpla y que ayude a beneficiar a la sociedad en general, y no sólo a unos cuantos.
A lo anterior también habría que añadir un problema común en la construcción de ciudadanía (especialmente en países con problemáticas de desarrollo social, educativo y económico como lo es México), es decir, el hecho de que muchos mexicanos tienen como prioridad aspectos más inmediatos, como el trabajo, cual medios para asegurar la supervivencia familiar, relegando a la participación política a una posición de menor importancia y que además requeriría de esfuerzos, tiempos y espacios que bien podrían utilizarse para las prioridades inmediatas.
Son pues diversas aristas y diversas combinaciones a considerar, evidenciando al mismo tiempo la complejidad de un fenómeno que ciertamente debe ser investigado a mayor profundidad. Sin embargo, y en un primer momento, se mostró cómo, a partir de un análisis aproximativo a los conceptos de la comunicación política, se llegó a la verificación empírica de los mismos, lo cual trajo como resultado el evidenciar que las imágenes políticas enviadas desde el sistema político no siempre pueden cumplir con sus objetivos. También se expuso cómo una imagen política es reinterpretada por la ciudadanía, y cómo una construcción simbólica tiene consecuencias reales en el sistema político: en este caso esas consecuencias son el desconocimiento, la desconfianza y en general las percepciones negativas hacia la Constitución. Con ello también se vislumbran procesos de resignificación de las imágenes políticas: el resultado que se espera con el envío, desde órganos formales del sistema político, de imágenes políticas y de sus significados, es fluctuante y puede desarrollar consecuencias imprevistas, como la modificación o abandono de
los significados originales de la imagen, en beneficio de nuevas connotaciones desarrolladas desde la ciudadanía. Así se observa que la Constitución comienza a tener más significados negativos que positivos.
Claro está que este tipo de análisis de comunicación política puede y debe ser expandido para aumentar su nivel de explicación de los fenómenos. Sin embargo, se considera que con estas aproximaciones también puede demostrarse que la Comunicación Política es capaz de emprender tareas de análisis y comprensión de fenómenos socio-políticos coyunturales, y, sobre todo, identificar los elementos con los cuales se debe trabajar para la resolución de problemas tales como la cultura política deficiente, la baja participación política, y, en general, la inclusión del ciudadano en los ejercicios políticos y democráticos de su sociedad.
El hecho de que los individuos resignifiquen a la Constitución, ya no como una imagen de justicia y de ley equitativa, sino como parte del sistema político mexicano permeado por la corrupción y la ineficacia, y que el ritualismo o el retraimiento sean los elementos que la siguen mantenimiento, resulta un indicador grave de la vida democrática del país. Sin embargo, y aun con todo el pesimismo y la incertidumbre existentes, muchos mexicanos entrevistados siguen manteniendo la idea de que la democracia es preferible por sobre cualquier otro tipo de gobierno: 48% así lo considera (Fix, et al. (coords.), 2017). En este sentido relativamente esperanzador, es labor no sólo de los actores formales de la política mexicana o de la ciudadanía en general, sino también de los científicos sociales, desarrollar proyectos de naturaleza crítica y estructura propositiva, tendientes a la construcción efectiva de ciudadanía y de valores democráticos viables y operativos que permeen positivamente en la vida política y social diaria del país.
Almond, G. A., (2001). Una disciplina segmentada. Escuelas y corrientes en las Ciencias Política.
Distrito Federal: Fondo de Cultura Económica.
Almond, G. A. y S. Verba, (1970). La cultura cívica. Madrid: Euramerica S. A.
Berger, P. L. y T. Luckmann, (2015). La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu editores.
Canel, M. J., (2016). Comunicación Política. Una guía para su estudio y práctica. Madrid: Tecnos.
Easton, D. y J. Dennis, (1969). Children in the Political System. New York: McGraw-Hill. Fagen, R. R., (1969). Política y Comunicación. Buenos Aires: Paidós.
Fix, H., Flores, J. y D. Valadés, (2017). Los mexicanos y su Constitución. Tercera Encuesta Nacional de Cultura Constitucional. [En línea]. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México. Disponible en: http://www.losmexicanos.unam.mx/MexicanosConstitucion/encuesta_nacional.html, [Último acceso el día 24 de marzo de 2017].
Gallino, Luciano, (1995). Diccionario de sociología. Distrito Federal: Siglo XXI.
Lazzeri, C. (2001). Los signos del poder: ensayo sobre la política de Pascal. En Labarrière et al., Teoría política y comunicación (19-91). Barcelona: Gedisa.
Mazzoleni, G., (2010). La comunicación política. Madrid: Alianza.
Merton, R. K., (2013). Teoría y estructura sociales. Distrito Federal: Fondo de Cultura Económica.
Notas
También hay que tomar en cuenta que la comunicación política se produce en contextos sociales y culturales específicos, lo que le añade complejidad y peculiaridad al fenómeno.
Ciencias de la Comunicación, Ciencia Política, Sociología, Psicología, Antropología, Lingüística, Estadística, Derecho, Relaciones Internacionales, etc., son disciplinas científicas utilizadas para el estudio de la comunicación política.
Los estudios de cultura política modernos, potencializados en un inicio desde los Estados Unidos de América, fueron adquiriendo mayor complejidad y precisión gracias a la utilización de la encuesta y el análisis estadístico, técnicas que siguen prevaleciendo en los estudios actuales.
Ciertamente, el hecho de acceder a niveles escolares superiores y especializados coadyuva fuertemente (sobre todo en el aspecto cognoscitivo) en el desarrollo de la cultura constitucional en adultos. Sin embargo la educación superior no se presenta en el grueso de la población.