Cristian Daniel Torres Osuna1 y Emilia Elizabeth Sánchez
Arellano2
Palabras clave: Seguridad; Narcotráfico; Violencia; Políticas públicas
Para analizar las políticas públicas en materia de seguridad en México y Sinaloa, es preciso contar con un andamiaje teórico que nos permita conducir el trabajo a buen puerto; por lo tanto, nos cimentaremos sobre el marco conceptual para analizar políticas públicas propuesto por Meny y Thoenig (1992), centrándonos en la aparición de los problemas públicos y su implementación a nivel nacional, estatal (Sinaloa), y finalmente, sus particularidades dentro de colonias conflictivas,
específicamente el barrio de “la ciudad perdida” en Mazatlán, Sinaloa.
Es menester mencionar los orígenes de las políticas públicas a partir de los estudios de las ciencias sociales, ya que estas son las encargadas de estudiar los fenómenos humanos, su comprensión a partir de la interpretación, descripción y explicación de los hechos sociales, dicho conocimiento “producido por las ciencias sociales puede ser utilizado para tomar decisiones dirigidas a la solución de problemas relativos al bienestar de las relaciones humanas, entendidas en el contorno social” (Valenti & Flores, 2009; pág. 168). De acuerdo con Valenti & Flores, cuando las ciencias sociales dirigen sus esfuerzos a los problemas del bienestar, entonces se estará entrando en el terreno de las ciencias de la política, siendo esta una ciencia multidisciplinaria en la cual aparece el estudio de las políticas públicas.
Las políticas públicas estudian problemas públicos y sus decisiones, a través de enfoques multidisciplinarios y multimetódicos, con el claro objetivo de la resolución de problemas que obstaculizan el bienestar público.
Para Valenti & Flores, las ciencias de la política surgen en el periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial; no obstante, puntualizan que “lamentablemente, el campo de los estudios de política pública en América Latina no ha tenido un desarrollo amplio y tampoco una identificación o surgimiento de alguna especie de paradigma preeminente” (Valenti & Flores, 2009. Pág.: 180). En México fue a partir de los años ochenta cuando se empezaron a utilizar las políticas públicas, de manera desorganizada como acertadamente apunta Aguilar: “la puesta en práctica de las políticas corrió a cargo de organizaciones saturadas, incontrolables, a veces incompetentes y no raramente en el filo de la legalidad” (Aguilar, 1992).
Bajo este contexto, es preciso cuestionarse, para bien del enfoque que guía a este trabajo,
¿Qué son específicamente las políticas públicas? Evidentemente la respuesta no es sencilla, ya que existen diversas definiciones; sin embargo, podemos trazar algunas convergencias útiles; por ejemplo, una de ellas aborda las políticas públicas como las acciones de gobierno, es decir la gestión emitida que busca cómo dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad, como señala Chandler y Plano (1998), se pueden entender como uso estratégico de recursos para aliviar los problemas nacionales.
Para Aguilar (2010), se trata de una disciplina que pretende contribuir a la elaboración de decisiones públicas más eficaces, que sin cuentos y con sustancia, sean capaces de ir abordando,
oportuna y sistemáticamente, desoladores problemas y defectos públicos.
Ahora bien, es necesario hacer una distinción entre lo público y lo privado, para entender el sentido de la política, la función, ámbito y responsabilidades del Estado, ya que bajo esta perspectiva se hace cargo de lo público, que tiene que ver con necesidades, intereses y proyectos de alcance general. Aguilar reflexiona sobre lo anterior, como las decisiones del gobierno que incorporan las opiniones, participación, corresponsabilidad, y el dinero de los privados en calidad de ciudadanos electores y contribuyentes. Por lo tanto, las políticas públicas son las acciones del gobierno, que tienen como propósito realizar objetivos de interés público y que los alcanzan con eficacia y eficiencia (Aguilar, 2010). En este sentido, enfocaremos nuestros esfuerzos considerando a las políticas públicas como los programas que un gobierno, cualquiera que sea, desarrolla en función de un problema o situación determinada.
Ahora bien, para poder ejecutar una política pública, de acuerdo con Valenti & Flores, (2009), es necesario contar con información sobre la capacidad del gobierno para ofrecer soluciones, y definir cuáles problemas tienen posibilidades más viables para generar mecanismos de solución, ya que es muy importante tomar en cuenta la capacidad gubernamental de generar y procesar información, para tomar decisiones adecuadas sobre cuestiones puntuales de políticas y de situaciones de riesgo. Por lo que las características propias de cada país, y el contexto político- institucional en gran medida determinarán las demandas de conocimiento científico-social estratégico, para orientar el rumbo de las políticas públicas y su relación con la agenda nacional, así como con la demanda de conocimiento técnico y científico para la corrección de las fallas en las mismas.
En México la lucha contra la violencia social criminal, había estado relativamente contenida, pero a raíz de la llegada del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, se desplomó como resultado de una lucha entre el crimen organizado y el Estado por obtener el monopolio legítimo del poder. A raíz de la llamada “guerra contra el narcotráfico” han crecido los homicidios en el país y con ello, los niveles de inseguridad han despuntado. De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública, tan solo en el año 2016, de enero a julio se registraron 11 257 a nivel nacional. Luis Astorga señala que en México la palabra narcotraficante surgió por primera vez en la prensa de la Ciudad de México en los años cincuenta, aunque pocas veces era utilizada. En la misma línea, a partir de los años setenta, el término narcotráfico, representado como “el fenómeno que integra
todas las fases del negocio ilícito, se usa con mayor frecuencia en el lenguaje oficial y adquiere carta de naturalización en los medios de comunicación, y por lo mismo en las percepciones del sentido común” (Astorga, 2005: 145).
Actualmente el narcotráfico es definido y conocido como una actividad ilegal, que hace parte de la delincuencia organizada. Por lo que vamos a entender en esta investigación, el fenómeno del narcotráfico más allá de los ámbitos legales, políticos y económicos, estableciéndolo como una problemática social intensificada por los procesos de globalización. Coincidimos en que “las nuevas escalas del negocio y su profesionalización generaron la necesidad de contar con estructuras empresariales, cárteles que operan a escala internacional.” (Valenzuela, 2003: 294).
El narcotráfico ha repuntado en las últimas décadas, como una actividad delictiva generadora de crímenes, y el fenómeno ha llegado a inmiscuirse en ámbitos que antes permanecían alejados, llegando a afectar también a mujeres y a la niñez. El narcotráfico trae consigo prácticas de violencia, que conceptualmente nos presentan varias aristas de análisis, ya que se trata de sucesos que se han venido practicando desde los inicios de la humanidad, la violencia pues, “es relativa, y se percibe en una forma muy distinta según las épocas, los medios sociales, los universos culturales” (Crettiez, 2008; 12).
Las prácticas violentas no pueden objetivarse, y como todo fenómeno social es una pugna por las definiciones; sin embargo, un enfoque que se adecua a nuestro trabajo es la que postula que se trata de “un acto de coerción dolorosamente experimentado, cuyo objetivo es actuar sobre alguien, o hacerlo actuar contra su voluntad” (Crettiez, 2008; 13). Por lo tanto, si bien la violencia no es un fenómeno característico de la época moderna, sí es un problema social, con sus propias características, que ha venido ocupando mayor relevancia en los medios de comunicación en los últimos años.
La violencia por narcotráfico es un fenómeno que día a día golpea a México, en la realidad y en nuestra percepción sobre ella, aportada en gran medida por los medios de comunicación, al respecto Norbert Elias (1994) argumenta que quizás no haya aumentado la violencia, sino que nuestra sensibilidad a la violencia es lo que hace que no podamos soportar lo que nuestros ancestros antes soportaban; lo cierto es que los integrantes del crimen organizado, han encontrado otras formas para manifestar los crímenes, han recurrido a una aterrorización de la sociedad y a una salvajización para obtener el monopolio del poder. Cada vez más novedosas son las tácticas que
utilizan para intimidar tanto al Estado como a la sociedad en general. En otras palabras, J.B. Thompson argumentaría que “la vida social no es solo una cuestión de objetos e incidentes que se presentan como hechos en el mundo natural: también es una cuestión de acciones y expresiones significativas” (Thompson, 1993: 183).
Existen tres paradigmas sobre los que se ha explicado tradicionalmente la violencia: funcionalista, utilitarista y culturalista. De acuerdo con Arteaga Botello (2004), el paradigma funcionalista está relacionado con la desorganización o la marginación social de ciertos grupos de esta forma “la violencia puede surgir en cualquier momento principalmente de una forma pre política- criminal.” (Arteaga, 2004; pág. 25). Uno de los grandes aportes de este paradigma es el de indicar desde el sistema, el escenario de emergencia de la violencia, sin embargo, no señala cómo se construye. En cuanto al paradigma utilitarista, en contraposición con el paradigma funcionalista, no trata de explicar la violencia como una reacción al ambiente social, si no que la considera como un medio racional para alcanzar un fin.
El paradigma culturalista corresponde a la búsqueda de la localización de las relaciones que hacen posible la creación de una cultura de la violencia “ver donde se forjan las identidades individuales, las ligas de solidaridad y de convivencia, pero de igual forma, analizar como adquiere significación la propia violencia en tanto mecanismo fundamental e integrante de las redes sociales. Esta perspectiva tiene el mérito de clarificar las redes de socialización y reclutamiento que permiten la producción y reproducción de la violencia; pese a todo presenta dificultades al explicar el sentido de la acción violenta y de las condiciones sociales que la hacen posible”. (Arteaga, 2004; pág. 26- 27).
El narcotráfico, y la violencia que trae consigo, afecta a todas las partes que componen la sociedad, desde lo económico, político, a la seguridad nacional, las familias, la educación, a los jóvenes, a los niños. Por lo que caben los siguientes cuestionamientos: ¿Qué ha hecho el gobierno para aminorar las esquirlas que ha dejado la violencia por narcotráfico? ¿Existen políticas públicas encaminadas a atacar este problema?
En México son muchos los fenómenos sociales que requieren de una intervención de las políticas públicas, ámbitos como el de la salud, la pobreza, la cultura, y por supuesto, la inseguridad, que se
erige como una prioridad en el país, debido al constante incremento de los hechos que vulneran las condiciones de los connacionales, la protección de su vida, sus familias y sus bienes, más aún cuando en los últimos años, desde el expresidente Calderón para ser más precisos, se han constatado una serie de transformaciones que han afectado la estabilidad social, lo que condiciona la seguridad y la justicia.
Lo anterior se evidencia en el notable crecimiento de lo que Bauman considera “la incidencia de la criminalidad: hay más robos de casas y automóviles, más tráfico de drogas, más atracos y más corrupción económica. También hay una incómoda y molesta sensación de inseguridad, difícil de soportar y ya no digamos de vivir con ella en forma permanente, una incertidumbre ambiental y difusa y enojosa todavía” (Bauman, 2009, 12). En estas condiciones la implementación de los programas de gobierno es fundamental.
Para Arellano & Alvarado (2011), las políticas de seguridad pública están cambiando en todo el mundo, y en México esta mudanza tuvo un arranque importante en el periodo 1994-1995, cuando se modificó la Constitución para hacer de esta materia un tema concurrente de los gobiernos federal, estatal y municipal.
En este sentido, y de acuerdo con el Gobierno de la Republica actual, a cargo del presidente Enrique Peña Nieto, el pasado 15 de diciembre del 2017, se aprobó la Ley de Seguridad Interior, en la que se define y prioriza la actuación de las fuerzas armadas en las actividades de seguridad pública en México, esto de acuerdo con el poder ejecutivo, es para beneficiar al control de la seguridad de nuestro país. Bajo ese contexto, en la Ley se estipulan los momentos en los que las fuerzas armadas pueden intervenir, ya que desde que inicio la guerra contra el narcotráfico, las fuerzas armadas, han acudido en apoyo de las entidades federativas por necesidad, han salido a las calles porque las fuerzas policiales locales habían sido rebasadas por el fenómeno delictivo1.
Esta encomienda de apoyo, hasta diciembre del 2017, había sido establecida sin el respaldo constitucional, por lo que teóricamente había tenido a los encargados de la defensa de la nación y a la ciudadanía mexicana, en riesgo e incertidumbre. Al momento que se escriben estas líneas, se desarrolla un extenso debate con respecto a la Ley de Seguridad Interior mexicana, defensores y detractores tendrán que esperar a ver resultados tangibles que puedan ser analizados en profundidad.
Así mismo, en materia de seguridad también se cuenta con la Política Pública de Seguridad
y Procuración de Justicia del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, que tiene como propósitos fundamentales, en la escritura, la reducción de la violencia y el combate a los delitos que más vulneran a la sociedad (homicidio, el secuestro y la extorsión), en aras del restablecimiento de la paz en nuestro país, tal cual lo establece el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, y que constituye un análisis fundamental para el presente trabajo, particularmente en el eje rector “México en Paz”, que contiene las bases para fortalecer el pacto social, reforzar la confianza en el gobierno, alentar la participación social en la vida democrática y reducir los índices de inseguridad.
Lo anterior se sustenta en diez estrategias que orientan la política pública: 1. Prevención del delito y reconstrucción del tejido social. 2. Justicia penal eficaz. 3. Profesionalización y fortalecimiento de los cuerpos de Policía. 4. Transformación del sistema penitenciario. 5. Promoción y articulación de la participación ciudadana. 6. Cooperación internacional. 7. Información que sirva al ciudadano. 8. Coordinación entre autoridades. 9. Regionalización. 10. Fortalecimiento de la inteligencia.
La estrategia: prevención del delito y reconstrucción del tejido social, sirvió como trampolín para situar en la agenda: El Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED) y que tiene su origen en la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en enero de 2012.
Como podemos observar a partir de las cifras actuales relacionadas con la violencia y el narcotráfico, las estrategias encaminadas a la prevención de la violencia y la búsqueda de la paz en México, son mucho más complejas en su aplicación que en su escritura, pues existe un amplio trecho entre sus objetivos y sus logros; por ejemplo, en el sexenio de Felipe Calderón, en plena “guerra contra el narco” hubo 120 935 muertes dolosas; mientras que en el sexenio actual de Enrique Peña Nieto, para noviembre de 2017, se sumaban 114 061 asesinatos, el 94% de las ocurridas en el sexenio pasado. Dichas cifras, sin contar las extraoficiales, dan un total de 234 000 muertes dolosas en los dos sexenios más violentos de la historia reciente en México2.
Las esquirlas que ha dejado el problema de la violencia por narcotráfico y crimen organizado en el país (la desintegración familiar, aumento de la delincuencia, infantes en círculos delictivos, etc.), son hechos sociales que deberían de estar permanentemente en la agenda pública de los gobiernos,
ya que la sociedad mexicana ha sido sacudida por los distintos fenómenos de inseguridad; por lo tanto, es de vital importancia poner a las políticas públicas de seguridad en los objetivos de los distintos niveles de gobierno, así como los programas sociales encaminados a promover la protección y proyectos de vida de la niñez mexicana, a partir del fortalecimiento de la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado, a través de la creación de espacios para el aprovechamiento del tiempo libre y múltiples expresiones de desarrollo de actividades culturales, deportivas, artísticas, participativas, tecnológicas o cualquier otra expresión identificada a partir del interés de los participantes.
En uno de los reportes más recientes sobre las colonias más violentas, entregado por la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación a la Cámara de Senadores, se destaca que “de los dos mil 440 municipios en el país, Sinaloa fue identificado con 46 sectores con problemas de violencia, y es hacia donde el Gobierno de la República pretendía enfocar sus esfuerzos para erradicar de fondo la situación a través del PRONAPRED”3. Bajo este antecedente, se crearon los programas sociales encaminados a la rehabilitación de colonias conflictivas y violentas, con los objetivos centrales de generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana; reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de atención prioritaria; así como incrementar la corresponsabilidad con la ciudadanía y actores sociales en la prevención social, mediante su participación y desarrollo de competencias. Dentro de las acciones se encuentran:
- Construcción de un centro comunitario para niños y adolescentes en riesgo, o en camino de ser dependientes de drogas y violencia, sin precisar sus características, ni su ubicación.
-Rehabilitación de parques para generar espacios seguros para los asistentes, ya que en estos puntos se han presentado robos violentos4.
El Programa Nacional de Prevención del Delito “ha destinado para Sinaloa: 104 millones de pesos: Culiacán 64 millones; Ahome 31.5 y Salvador Alvarado: 8 millones”5.
En este sentido, la iniciativa ha sido secundada por instituciones como el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y Municipios (FASP) y el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN), ahora FORTASEG; de tal forma, se inserta y dialoga
con la diferenciación de grupos de acuerdo a su capacidad para movilizarse propuesta por Meny & Thoening (1992). Ya que, en su incorporación a la agenda, podemos distinguir la necesidad y el impulso a que diversos actores e instituciones se movilicen social y políticamente, a través de formas de participación y de organización eficaces para el beneficio de esta política pública y la ciudadanía en general.
La implementación es donde se hace lo que se dijo que se iba a hacer, y en variadas ocasiones sucede que lo que se planteó, diverge de lo que se implementará al momento de la ejecución, cambios, re-adaptaciones y ajustes son usuales en la aplicación de las políticas públicas. En otras palabras “la implementación designa la fase de una política pública durante la cual se generan actos y efectos a partir de un marco normativo de intenciones, de textos o de discursos. Poner en práctica, ejecutar, dirigir, administrar: no faltan palabras para identificar lo que, a primera vista, parece evidente a cada uno”. (Meny & Thoening. 1992; pág., 158).
En cuanto a la ejecución de esta política pública y resultado del análisis, concluimos con que se trata de la utilización del enfoque Top Down, debido a que la toma de decisiones fluye de los que realizan estudios para identificar los problemas y construir la política, hacia los que llevarán a cabo la implementación de las decisiones que ya se tomaron; este enfoque agiliza el proceso. En los ajustes, podemos vislumbrar el marco analítico de esta política pública: establece un diagnóstico, objetivos y actividades claras, encaminados a cumplir con lo propuesto.
Dentro del periodo más violento a nivel histórico en México, con los homicidios y otros delitos al alza en 2016, durante el mandato de Enrique Peña Nieto se aprobó, a través del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017, la desaparición del programa y el recorte significativo de otros rubros destinados al control de las adicciones, al rescate de espacios públicos, entre otros.
Paradójicamente está cancelación de recursos, se realiza dentro de uno de los climas más violentos del país desde el 2012, según reportes del Observatorio Nacional Ciudadano. (Recuperado el 10/01/2018 de Animal político: http://www.animalpolitico.com/2016/11/prevencion-violencia-recorte-presupuesto/).
En Mazatlán, Sinaloa, existen diferentes zonas que podrían haber sido consideradas para el Programa Nacional de Rehabilitación de Colonias Conflictivas, una serie de territorios que se han convertido en centros de distribución de productos ilícitos y generadores de conflictos que involucran a todos sus habitantes; no obstante, para trazar esa tendencia analizaremos el caso de la colonia Gabriel Leyva, popularmente conocida como La Ciudad Perdida, situada en la Avenida Emilio Barragán, paradójicamente frente a la Armada de México.
Este asentamiento, de acuerdo con datos del INEGI6, en el 2015 tenía una población total
de 466 habitantes, cuenta con 155 viviendas, todas particulares, de las cuales 125 se encuentran habitadas y 30 deshabitadas y vandalizadas. La población infantil, según la estadística, es de 80 infantes de entre 0 y 14 años. La mayoría de la población es de 60 años y más.
La ciudad perdida, es una zona conocida y señalada por la población mazatleca como peligrosa; su apodo se debe a que sus calles son angostas, y en su mayoría, impiden el paso vehicular; además de que existen tiendas con venta de droga, traficantes y peligrosidad latente.
De acuerdo a las observaciones empíricas7, durante la noche y parte del día, a la vista de
todos los residentes se lleva a cabo la venta de drogas, y las personas que atienden y cuidan el lugar deambulan portando armas de fuego. La problemática ha sido documentada y las autoridades están al tanto, pero aparentemente esto no es motivo de alarma, pues de acuerdo con los vecinos del lugar los policías municipales recolectan una cuota semanalmente.
Uno de los factores más paradójicos de la situación, es que la tienda de estupefacientes está a la vista de todos y situada frente a las instalaciones oficiales de la Armada de México; eventualmente se han realizado cateos y decomisos de dinero y droga, sin embargo, no ha sido suficiente para erradicar el problema. Según la observación realizada, los mismos habitantes del barrio dan aviso a los encargados cuando ven una patrulla, militares o marinos cerca. Dentro de sus calles, en los callejones donde venden la droga, solo pasan los vecinos y la gente que va y compra, ya que en ocasiones tienen cerrado el paso al callejón con troncos de árboles y sillones viejos; asimismo, impera la suciedad, pues el lugar muestra basura de todo tipo, esparcida por múltiples lados y provocando olores desagradables.
En dos de los callejones principales se encuentran puntos de venta de drogas, y los encargados de la venta están todo el día trabajando, en ocasiones solo se ve a una o dos personas, y por las tardes, de las 5 p.m. en adelante, el grupo crece a 5 o 6 personas debido al aumento de la demanda; existen diversas técnicas para llevar a cabo las transacciones de manera más ágil, destacamos la de cargar en una jaba de plástico la mercancía, así se garantiza que al mínimo acercamiento de alguien, sea caminando o en vehículo, se aproximan y la venta se agiliza.
Los vendedores de droga son en su mayoría jóvenes, entre 14 y 25 años de edad, y consumidores del producto que comercian. En un reportaje del Periódico Noroeste, la zona ha sido llamada la favela mazatleca; “Los callejones, que en ocasiones se bloquean con muebles o troncos para imposibilitar el paso de vehículos, recuerdan mucho a las famosas favelas de Brasil, aunque con un estilo más mexicano” (Noroeste, 2014).
Los habitantes del lugar se desarrollan dentro de esta problemática, una normalización de la violencia y el narcotráfico que permea a las familias. Los menores de edad, no son ajenos a esta situación, y se encuentran creciendo en un ambiente de ilegalidad y olvido; a la niñez parece generarle gran interés y se desenvuelven en el entorno creando representaciones sociales de la problemática, dependiendo de la posición que ocupen en relación con ella, ya sea de manera directa o como espectadores de la amplia y manifiesta información que reciben, que ven, que viven, a través de los medios de comunicación, la música y el entorno, crecen y van formando sus proyectos de vida.
Los menores están siendo parte crucial del entorno violento de la Ciudad Perdida, y pudimos constatar algunas tendencias de manera empírica; por ejemplo, el día 18 del mes de noviembre en punto de las 7 de la noche, mientras estábamos en un Kiosko ubicado en la esquina donde inicia este barrio, cerca de 10 adolescentes corrían persiguiendo a otro chico de no más de 12 años de edad, al alcanzarlo lo golpearon con palos y patadas. Presenciando el conflicto, había un grupo de señoras, que preocupadas por lo que estaba ocurriendo, empezaron a gritar amenazando que le llamarían a la policía, dos de ellas gritaban eufóricamente que lo dejaran; mientras tanto, el chico que estaba siendo golpeado intentaba pararse y dado que los golpes eran múltiples se volvía a caer al piso, hasta que finalmente pudo irse corriendo.
Minutos después de la revuelta, nos acercamos a las señoras y las cuestionamos sobre el motivo de la golpiza, una de ellas nos comentó que el chico golpeado no era de ese barrio, y que
de acuerdo a lo que ella había preguntado a los que lo golpearon, el chico se había pasado de lanza y había robado mercancía, por lo que ellos reaccionaron pues cuidaban su territorio (María, entrevista personal, noviembre 2017).
Otra de las señoras, al cuestionarle sobre la inseguridad en este asentamiento, nos comentó que se sentía más segura ahí que en cualquier otro lado, argumentando que había presenciado un asalto a mano armada, en un banco ubicado en la avenida ejército mexicano, y que la situación la había atemorizado, segundos después nos aseguró que no había lugar más seguro que la Ciudad Perdida, pues ahí los mismos encargados de las tienditas de droga, cuidan a los demás habitantes (Guadalupe, entrevista personal, noviembre 2017).
Asimismo, meses atrás, en agosto de 2017, cuando realizamos la segunda visita a este barrio, entrevistamos a una señora de 87 años que ha vivido la mayor parte de su vida ahí, nos comentó que toda la vida había sido clienta de una tienda de abarrotes que se encuentra dentro de los callejones, que por su edad avanzada ya casi no iba, pero que le gustaba mucho ir y platicar con la dueña de la tienda. Al cuestionarla que si sentía temor pasar por donde están los jóvenes vendiendo droga nos dijo que no, que ellos cuando la veían con bolsas al regresar de la tienda, la ayudaban a cargarlas, la acompañaban a su casa y que hasta le decían abuela.
Incluso, comentó que un día que tuvo un accidente en el segundo piso de su casa, su hija salió a pedir ayuda a estos jóvenes, y que ellos la ayudaron a bajar al primer piso, pero nos dijo riéndose que ella pensó que no la iban a ayudar, pues días atrás habían realizado un cateo los marinos en el barrio y unos de los jóvenes se encontraba trepado en las casas, por lo que un marino le pidió permiso para poder subir al techo de su casa para realizar la detención, a lo que ella dijo que sí, argumentando que en su casa no se consentían delincuentes y detuvieron al joven, el mismo que el día de su accidente la ayudó a bajar (Gonzales, C. Entrevista personal, agosto 2017).
La observación y las narraciones realizadas, nos permiten dar cuenta de algunos de los conflictos que viven día con día los habitantes de este lugar, y se trata de una evidencia de las tendencias de delincuencia, violencia y narcotráfico que permean algunas colonias, que necesitan con urgencia la aplicación eficaz de los programas sociales, con el objetivo de aminorar los conflictos y brindar mejor calidad de vida a sus habitantes.
Dentro de las políticas públicas la participación del Estado es de suma importancia, como parte de un conjunto de organizaciones, ya que en gran medida las decisiones y estrategias a considerar recaen en él, para poder implementar un programa y que este sea aplicado con éxito.
La construcción de alianzas con organizaciones de los sectores públicos y privados, es fundamental para ampliar el panorama, explorar diversas posturas que enriquezcan la propuesta. Es necesario pues, cuidar la implementación de las políticas públicas, ya que, de acuerdo a los procesos de gestión y desarrollo, afectará de manera positiva o negativa a la población receptora.
Del mismo modo, la participación ciudadana en distintos momentos, es imprescindible para construir programas efectivos, en armonía con un sistema democrático ideal, que invita a la participación ciudadana en los proyectos sobre diversas temáticas relacionadas con la seguridad, impulsando la parte pública de la política, y permitiendo que la democracia, no sea solo electoral, sino una democracia participativa.
Por ejemplo; en el marco de las políticas públicas encaminadas a fortalecer el tejido social, observamos el caso del Programa de Prevención del Delito como política pública como un proyecto sólido en papel, pero cancelado, con objetivos congruentes y que impulsaba la participación de distintos actores, desde la esfera federal hasta los gobiernos municipales y la sociedad en general. Es evidente que se requiere la misma participación, a la par de la academia, para evaluar continuamente los resultados de la aplicación de los programas, para constatar qué objetivos se han cumplido, sus fortalezas y debilidades. Se exhorta pues, a seguir proponiendo un mayor y más abierto acceso a las fuentes de información que nos permitirán robustecer el análisis y por ende las
propuestas.
Dicho lo anterior, creemos de vital importancia poner en la agenda pública, de los distintos niveles de gobierno, las políticas de seguridad encaminadas a los adultos y con especial interés a los infantes, desarrollando programas sociales encaminados a promover la disminución de la violencia, el narcotráfico, así como para la protección y proyectos de vida de los ciudadanos, a partir del fortalecimiento de la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado, creando espacios para el aprovechamiento del tiempo libre y múltiples expresiones de desarrollo de actividades culturales, deportivas, artísticas, participativas, tecnológicas, empresariales, entre otras.
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Notas
1 La redacción, 21-12-2017; Revista proceso. Consultado en: http://www.proceso.com.mx/515988/pena- promulga-ley-de-seguridad-espera-que-la-revise-la-scjn
2 Hernández, Borbolla, (2017). Peña y Calderón suman 234 mil muertos y 2017 es oficialmente el año más violento en la historia reciente de México. Recuperado el 04/01/2018 de:
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3 PRONAPRED en: http://parquesalegres.org/programa-nacional-prevencion-del-delito-pronapred/
4 Datos consultados en el PRONAPRED: http://parquesalegres.org/programa-nacional-prevencion-del- delito-pronapred/
5 IBÍD
6 Se consultó el portal del Instituto Nacional de Estadística y geografía(INEGI) en septiembre del 2016.
7 Las técnicas de recolección de datos para este apartado, consistieron en la observación y la entrevista de los habitantes durante el mes de agosto de 2017.