Nelly Azalia Martínez Torres1 y José Luis Plata Vázquez2
Palabras clave: Conservación; saberes locales; discurso; recursos naturales
Contextualizar el discurso de conservación de la naturaleza sería una tarea extensa, pues el ser humano ha tenido relación con los recursos naturales desde sus inicios, sin embargo, el pensamiento occidental del siglo XVII resulta determinante respecto al contexto de la conservación, pues es durante esa época que surge la dicotomía entre hombre-naturaleza, en la
1 Licenciada en Geografía, actualmente estudiante de la Maestría en Antropología Social en El Colegio de San Luis
A.c. en la línea de investigación Sistemas Agrarios, Propiedad y Trabajo. Correo: nelly.azalia.martinez@gmail.com
2 Doctor en Ciencias Agrarias, actualmente investigador en el Colegio de San Luis A.C. en Antropología Social, Sistemas Agrarios, Propiedad y Trabajo. Correo: jlplatau2@yahoo.com.mx
cual considera al ser humano como un ente externo a la naturaleza.
A través del tiempo, la idea de que el ser humano tiene que proteger a la naturaleza se hizo más aceptable, considerando que había espacios prístinos donde era necesaria la nula intervención humana para su conservación, estas ideas paternalistas permiten acortar el análisis del concepto de conservación, pues en la actualidad el ser humano continúa dominando la naturaleza en diferentes modalidades que se resumen en dos cuestiones, deforestación o conservación.
Una de las disciplinas que se ha encargado de estudiar y analizar el discurso dominante de conservación es la ecología política, la cual han abordado mayormente los geógrafos y antropólogos. Los antecedentes de la ecología política datan desde 1970 con estudios entre seres humanos y medio ambiente que fueron retomados primeramente por la ecología cultural y la antropología ecológica.
Blaikie y Brookfield (1987) así como Bryant (1992), sostienen que la ecología política consiste en un enfoque que combina la ecología con la economía política y que es como un esfuerzo entre las fuerzas ambientales y políticas para mediar el cambio social, así mismo, hacen hincapié en la confluencia estratégica de los procesos políticos y ecológicos en el análisis de los cambios ambientales.
Por su parte, Nygren y Rikoon (2008) afirman que la ecología política se ha enfocado más en el control y acceso a los recursos naturales y se ha prestado relativamente poca atención a lo que los científicos naturales tienen que decir acerca de los cambios ambientales, por lo tanto, una parte importante de la explicación de las interacciones humanas del medio ambiente se ha perdido.
Con base en lo anterior Grossmann (citado en Nygren, 1999:153) sostiene que los estudiosos tienden a ''retratar el medio ambiente como una entidad pasiva, moldeado por las fuerzas político-económica''. Al mismo tiempo, algunos críticos han advertido que la ecología política puede estar mutando en ''política sin ecología'' (Vayda y Walters 1999, 168).
Aún con las deficiencias que pudiera tener la ecología política, gracias a sus análisis de estudio se ha podido comprender las formas y procesos del ser humano para controlar los recursos naturales.
Así, a finales del siglo XX la concepción sobre la dicotomía naturaleza – ser humano
comenzó a dar un giro hacia la integración de la vida, en 1972 con la Cumbre de la Tierra se debatió sobre qué habría de conservarse, puesto que toda la vida era importante, básicamente en esta reunión, surgió el concepto de biodiversidad, donde se especificó que todo lo biótico era importante y que para conservar la flora y la fauna era necesario la integración del ser humano en este proceso, en cierta forma era una especie de paternalismo menos radial.
Para 1992, en la cumbre de Río de Janeiro con la conservación de la biodiversidad como eje de la discusión se pacta el concepto de desarrollo sustentable discutido y debatido hasta la fecha puesto que sus detractores argumentan básicamente que dicho concepto se relaciona con la mercantilización más que con la conservación de los recursos naturales.
El concepto de sustentabilidad planteado en el informe Brundtland no ha facilitado su aplicación puesto que terminológicamente se refiere al sustento del crecimiento y este principalmente es económico. Por tal razón, Almenar denomina al Desarrollo Sustentable como “Desarrollo Humano Medioambientalmente Sostenible”. (Almenar y Diago, 2002).
Así mismo, otros autores sostuvieron que “el pensamiento de la sustentabilidad se enfoca en objetivos económicos y sociales y no en mantener una salud ambiental” (Foladori y Pierri, 2005)
Con base en lo anterior, Gómez (citado en Martínez, 2015) sostiene que el Desarrollo sustentable debe cumplir con tres principios fundamentales: 1. Crecimiento económico, 2. Equidad social e intergeneracional y 3. Conservación ambiental, así mismo, afirma que través de estos principios se puede aprovechar los recursos de tal forma que no se altere el equilibrio ecológico y las generaciones venideras realmente podrán satisfacer sus necesidades al igual que lo hacen las generaciones actuales.
Los debates anteriores no solamente fueron académicos, sino que dicha incongruencia de conservar la naturaleza y al mismo tiempo aplicar el uso y manejo de lo “sustentable” llegó a las comunidades, para algunas, fue la oportunidad de crecer económicamente, pero para otras resultó en conflictos socio-ambientales.
Para abordar los conflictos socio-ambientales relacionados con el aprovechamiento forestal nos parece pertinente recuperar los discursos que giran en torno a la conservación desde los discursos dominantes a lo largo de la historia y los que siguen dominando.
El discurso según Foucault (1970) está estrechamente relacionado con el deseo y el
poder, así, sostiene que cada elemento del discurso viene con una historia, debido a esto es necesario entender que todos los discursos presentan una tendencia al control, al poder y reproducen la hegemonía hereditaria, porque ellos eligen la razón y lo que está fuera de la razón.
En este sentido es necesario reflexionar a qué instituciones está ligado el concepto y las estrategias de conservación como las Áreas Naturales protegidas, los Parques Nacionales, el Ecoturismo y los programas de gobierno con temáticas socio-ambientales, pues no son en sí estrategias sino discursos con un legado histórico e intereses particulares.
Durand (2017), sostiene que la diversidad de discursos sobre la conservación de la biodiversidad puede simplificarse al observar los extremos entre los que se despliega el gradiente de posturas. Para comenzar esta contextualización del discurso de conservación primeramente se tiene que entender que la conservación de la naturaleza y la biodiversidad, es en sí ya un ámbito de disputa.
Se entenderá como conservación de la biodiversidad todo aquello que comprende los actos formales o informales que buscan mantener alguna porción de la diversidad de ecosistemas, especies y genes que existen en un sitio determinado (Büscher y Whande, 2007).
Existen diversos modelos de conservación que se han desarrollado a través del tiempo (Cuadro 1.1)
Wilderness XIX
Y XX
Se entiende como un área donde la tierra y sus comunidades vivientes no son tocadas por el hombre, la naturaleza se expresa en su forma más pura de gran belleza escénica y permite una reflexividad sobre el verdadero sentido de la vida. También es conocido como la naturaleza prístina y salvaje
(Noss 1998, 522);
(Cronon 1998;
Colchester 2000);
Parques Nacionales XIX Moldeó las políticas de conservación durante
los siguientes 100 años, eran territorios donde la actividad humana no podía existir por lo que habitantes amerindios fueron desterrados de sus tierras. Esta situación
(Stevens 1997;
Neumann 2002;
Colchester 2000; Brockington et al.
tuvo consecuencias materiales muy claras para los pueblos indígenas, cuyas propias interpretaciones del mundo fueron descartadas y sus derechos sobre la tierra ignorados.
Biodiversidad XX Se refleja un cambio en la manera en que los
científicos observan el mundo, la naturaleza y la forma de protegerla. Fue necesario comprender no sólo el origen y la extinción de la diversidad, sino también el papel de las actividades humanas en su transformación. Las poblaciones rurales empezaron a ser consideradas como creadoras de paisajes diversificados, y su cultura, como un recurso importante para la conservación.
Los esfuerzos se concentraron entonces en generar esquemas de conservación que combinaran el cuidado ambiental con el desarrollo local, dando lugar a la conservación basada en la comunidad.
Capital natural XXI Se comienza a creer que para tener un mejor
rendimiento en la conservación se debía pagar por servicios ambientales. Los individuos y unidades familiares son observados y transformados en empresarios rurales o microempresarios, capaces de utilizar su capital natural para crear nuevos productos y servicios, promoviendo de forma paralela el desarrollo local sustentable y la conservación, en lo que hoy se conoce como conservación neoliberal. Supone que la naturaleza sólo puede ser preservada si se asigna un valor monetario a sus componentes.
Postnaturalezas XXI La naturaleza comienza a ser cada vez más
alterada y reconfigurada por la actividad humana y sería también cada vez más
2010).
(Takacs 1996); (Gerrits
Morales 2001; Wiersu
Schackleton 2005);
(Hutton et al. 2005; Dressler 2010; Lele
2010; Fletcher y
Breitling 2012; Büscher y Dressler 2012); (Büscher et al. 2012; Lele et al. 2010; Roth y Dressler 2012).
(Cronon 1998;
McKibben 1989)
Elaboración propia
complicado distinguir entre lo natural y lo humano, comenzamos a pensar en la existencia de otras y nuevas naturalezas.
La autora Leticia Duran (2017) en su libro “Naturalezas desiguales: discursos sobre la conservación de la biodiversidad en México” distingue tres discursos de conservación dominantes y además aclara que evidentemente no son los únicos: la conservación de la integridad ecológica, la conservación de las relaciones con el entorno y la conservación de la viabilidad del desarrollo, además señaló que estos discursos tomarán nuevas formas en distintos contextos y épocas históricas.
A finales del siglo XX se comenzó a incluir a la población local para el manejo “sustentable” de los recursos naturales, los proyectos que se implementaban no fueron aplicables para todas las comunidades, pues no todas compartían los mismos intereses y la visión de conservar junto con otras variantes trajo consigo en diversos pueblos fracaso, desesperanza, rezago económico, marginación y agotamiento de los recursos naturales.
Los problemas sobre desigualdad, pobreza y medio ambiente en México es una realidad indiscutible, se observa a menudo que los pueblos en México luchan por el sostenimiento de las familias, y aunque se presume que el gobierno mexicano ha implementado programas de gobierno tanto socio-económicos como ambientales para el desarrollo de las comunidades, los casos de marginación y deforestación siguen latentes.
Como parte esencial en el conocimiento del rezago económico y la crisis ambiental el ejemplo de los bosques en México, permite un acercamiento a las comunidades que no han logrado implementar estrategias de éxito socio-ambiental promovidas por el gobierno para sus propios intereses.
El discurso de conservación, del cual se habló en la primera parte del trabajo, resulta pertinente por la incongruencia de un aumento en la deforestación masiva que se ha dado en México, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sostiene que, entre 1990 y 2000, la cobertura forestal de México se redujo 1% cuando la tasa
global estimada era de 0.2% (FAO, 2001), en Martínez (2015)
En el 2010, la FAO declaró que 13 millones de has de bosque cambiaron su uso del terreno, mientras que, en la década de los noventa, se perdieron 16 millones de hectáreas anuales. De forma particular, para fines del presente trabajo, en cifras más recientes, en el periodo 2000 – 2011 el municipio de Santiago Jamiltepec perdió 22 375 has de bosque mesófilo y selvas (Leija, 2013).
En México, el 80% de los bosques y selvas son propiedad de campesinos, indígenas y mestizos (Kloster 2003). Pese a lo anterior, el hecho de que los ejidatarios posean las tierras, no se fomentaron las actividades forestales en la propiedad social para aprovechar los montes, que entre 1935 y 1992 representaron el 30%, además, “se concesionó a particulares el aprovechamiento de los bosques” (Warman, 2001).
Asimismo, Simonian (1999) sostiene que a mediados del siglo XIX la conservación no tuvo importancia en México por lo que solamente se consideraban las ganancias que esta pudiera dejar, por tal motivo le dieron prioridad a la industria y a la revolución verde.
Hacia finales de 1970 por múltiples crisis de contaminación y deforestación en México, diversos científicos y activistas protestan por las consecuencias de los planes modernizadores y la agricultura tecnificada (Quadri 1990; Simonian 1999). Además, se decretan las primeras reservas de la biosfera en el país (Mapimí, La Michilía y Montes Azules).
En los años ochenta, la conservación ambiental comienza a tener una mayor presencia dentro de las instituciones mexicanas y se observa ya como una función y responsabilidad del Estado (Durán, 2017). Así mismo, la autora sostiene que a finales del siglo XX se fortalece el movimiento ambientalista en México y se inician las ONG y se crean empresas importantes hasta la actualidad como Pronatura México y Amigos de Sian Ka´an.
México estaba insertado en la conservación con una visión externa y “para la segunda mitad de la década de 1990 e inicios del siglo XXI, México consolida su inserción en el modelo económico neoliberal, lo cual implica la realización de grandes cambios en la legislación agraria y en los modelos de conservación.” (Durán, 2007).
Autores como Wilshusen 2010; Pérez Castañeda y Mackinley 2015, en Durand (2017), coinciden en que se da por terminado el reparto agrario y se crean mecanismos legales que permiten la privatización y desagregación de las tierras colectivas, la compra de tierras por
empresas nacionales o extranjeras y la asociación comercial entre ellas y los ejidos. De esta manera se permite incorporar herramientas de mercado basadas en incentivos directos o pagos por conservar.
Con base en lo anterior se constituyen las áreas protegidas privadas, el pago por servicios ambientales, la promoción del ecoturismo, el aprovechamiento comercial de la vida silvestre y las empresas forestales.
Uno de los trabajos más relevantes sobre el estado de conservación de los ecosistemas mexicanos y su gestión se titula Capital natural de México y considera que la conservación implica “modificar las estrategias económicas [de los campesinos] hacia esquemas rentables […] para lo cual es indispensable que desarrollen capacidades locales relacionadas con el acceso a los mercados y con garantías de permanencia” (Sarukhán et al. 2012, 27, en Durand (2017)
A finales de la primera década del siglo XXI resurgen algunos movimientos ambientalistas que se habían debilitado durante los primeros años de la administración de Vicente Fox (Durán, 2017). La apertura del territorio a la expansión de la inversión privada ha despojado de sus territorios y recursos a muchas comunidades, pueblos y ciudadanos.
Para terminar este apartado, cabe resaltar que, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la política ambiental continua con una visión de conservación neoliberal ampliando el financiamiento al sector empresarial y privado y reduciendo al sector ambiental, dejando con recortes graves a dependencias como la CONANP y la CONAFOR.
De acuerdo con algunos analistas, “de seguir esta tendencia reduccionista será imposible alcanzar las metas de cero deforestaciones, reducción de emisiones, conservación de la biodiversidad, restauración forestal, incremento en la producción forestal, y consecuentemente seguirán deteriorándose los bosques y la calidad de vida de los habitantes de los territorios forestales” (Bennet 2016, en Durand (2017).
De acuerdo con Durán 2017 los proyectos o estrategias hegemónicas de conservación no están diseñadas a partir de cero con los actores implicados, sino que los actores son un elemento o variable más a considerar para el logro de los objetivos de conservación.
Las estrategias adoptadas pretenden, básicamente impulsar a los habitantes a transformar los paisajes y otros elementos de su entorno y cultura, en nuevas mercancías e incentivos económicos y, a sí mismos, en empresarios de su capital natural bajo esquemas sustentables
(Sarukhán, 2011, en Durand (2017)). Entre las estrategias más mencionadas se encuentran el pago por servicios ambientales, el ecoturismo, las empresas forestales y la producción de alimentos orgánicos, entre otros tipos de certificación.
El pago por servicios ambientales, solamente por dar un ejemplo, son aquellas funciones de los ecosistemas benéficas para los seres humanos y, a diferencia de los recursos naturales su valor no depende de la extracción y uso sino del buen funcionamiento de los ecosistemas. Se promueven a través de Agencias Internacionales de Desarrollo, Gobierno, ONG y Corredores Financieros, y los fondos generados se pagan a individuos, comunidades, empresas o gobiernos que tienen derechos de propiedad sobre los ecosistemas. Los esquemas de pagos por servicios ambientales en México iniciaron antes del año 2000 con proyectos más pequeños y localizados en estados como Oaxaca y Chiapas. Comenzó en 2003 como un programa piloto ideado por investigadores del Instituto Nacional de Ecología (INE), y se le llamó, pago por servicios ambientales hidrológicos y en 2004 se desarrolla una segunda iniciativa dirigida por CONAFOR a la que se le llamó Programa para desarrollar el mercado de servicios ambientales por captura de carbono y los derivados de la biodiversidad para fomentar el establecimiento y mejoramiento de sistemas agroforestales (psa-cabsa). McAfee y Shapiro, 2010 Osborne, 2011, en Durand (2017).
Leticia Duran (2017) en su libro “Naturalezas desiguales: discursos sobre la conservación de la biodiversidad en México” aclara que, para comprender los éxitos, fracasos y consecuencias de la conservación, tanto ambientales como sociales, es útil observar a la conservación como una serie de relaciones sociales que se tejen en torno al control y acceso a la diversidad biológica por parte de actores con recursos de poder muy distintos (Sundberg 2006; Singh y Van Houtum 2002, en Druand (2017).
El gobierno con sus instituciones como SEMARNAT, CONANP, CONABIO, CONAFOR y las empresas privadas en diversas ocasiones exponen cifras y documentos donde evidencian los logros obtenidos en las estrategias de conservaciones implementadas en las comunidades. Por tal motivo se presentan ejemplos generalizados de éxito del modelo hegemónico de conservación.
CONAFOR (2013) publicó como éxito El Fondo Monarca: Un instrumento innovador de
pago por servicios ambientales en apoyo a la conservación de bosques y a la retribución a las comunidades forestales. La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (RBMM) se localiza en el Eje Neovolcánico Tranversal, al este del estado de Michoacán y al oeste del Estado de México (figura 1). Abarca los municipios de Temascalcingo, San José del Rincón, Donato Guerra y Villa de Allende, en el Estado de México, y Contepec, Senguio, Angangueo, Ocampo, Zitácuaro y Áporo, en Michoacán.
El documento informa sobre los avances en la conformación del mecanismo local, el pago por servicios ambientales hidrológicos para la conservación de bosques, la participación de los dueños de las tierras forestales y las experiencias de trabajo multi-institucional en la construcción de un modelo que recién extendió su vigencia a quince años.
De los logros que expusieron fue que “El Fondo Monarca es en México uno de los ejemplos de primer incentivo para la conservación y, ahora, de pago por servicios ambientales que tiene éxito”. Eduardo Rendón, Coordinador del Programa Mariposa Monarca del WWF México.
En términos sociales, se ha logrado establecer una relación de confianza, trabajo y colaboración con las comunidades, basado en el respeto y el reconocimiento del papel histórico de éstas en la conservación de la biodiversidad. Como resultado, predios que fueron durante mucho tiempo considerados conflictivos y focos rojos de deforestación hoy cuentan con planes de trabajo anuales, diseñados, consensuados y avalados por las autoridades locales, que apoyan las labores de conservación.
Se abatió el problema de deforestación y la tala clandestina en la zona núcleo. El Fondo Monarca logró su principal meta de conservación, se aplica un sistema de monitoreo anual de la cobertura forestal, brinda información de los resultados de la conservación de los recursos forestales. Además, más del 73% de la superficie de la zona núcleo está cubierta por el Fondo Monarca y el empoderamiento de las comunidades locales ha permitido la conservación, restauración y protección de los bosques en zona núcleo.
En el 2006, CONAFOR también comparte como éxito la iniciativa de reducción de emisiones (ire) programa de inversión Región Lacandona, Chiapas. Benemérito de las Américas, Maravilla Tenejapa, Marqués de Comillas y Ocosingo. El objetivo fue detener la deforestación y degradación de los bosques de Chiapas. Esta iniciativa busca mediante la articulación coordinada
de los programas de gobierno, orientarlos hacia la mejora y diversificación de las actividades productivas.
Entre los logros que compartió fueron la reducción de tala de pinos en el bosque, inclusión de las comunidades con los proyectos gubernamentales y la organización de los habitantes para su crecimiento económico.
Sin embargo, como se mencionó anteriormente, no todos los casos fueron de éxito, las comunidades heterogéneas tuvieron otros finales, tal es el caso de San José de las Flores que se expone a continuación.
En el presente apartado se pretende dar a conocer los saberes locales del uso del bosque de tal forma que nos aproxime o nos facilite un análisis a la comprensión del fracaso constante de las estrategias de gobierno referentes al discurso hegemónico de conservación.
Con base en lo anterior se destacarán los factores que dan lugar a una incompatibilidad de los saberes locales con el discurso dominante de conservación, además, que es de vital importancia estudiar y comprender las prácticas locales para un mayor acercamiento al medio natural.
El ejido de San José de las Flores se encuentra al norte del municipio de Santiago Jamiltepec, como parte de los cuatro ejidos que conforman al municipio perteneciente al estado de Oaxaca, ocupando una superficie de 4641 has. Colinda al norte con El Huamuche, al oeste con los ejidos de San Luis Yucutaco, La Unión y San Agustín Chayuco, al sur con el ejido de Santa Cruz Flores Magón, y al este con el ejido de Ocotlán de Juárez, los municipios de Santiago Ixtayutla y San Agustín Chayuco. (Imagen 1.1)
En la cabecera municipal de Santiago Jamiltepec, a 40 minutos del ejido de San José de las Flores, se encuentra ubicada la carretera federal 200, la cual conecta sitios turísticos de gran importancia; Acapulco, Parque Nacional Lagunas de Chacahua, Puerto Escondido y Bahías de Huatulco.
En el ejido existe una sola localidad rural con un nivel alto de marginación, la cual cuenta con 997 habitantes. Así mismo, en la actualidad existe el proyecto de la construcción de una
carretera federal que conectará a la costa chica con la ciudad de Oaxaca, el Gobierno argumenta que con dicha vía de comunicación se reducirá el tiempo de traslado, dicha carretera que está en proceso desde hace diez años pasa por el ejido de San José de las Flores y la mayoría de los habitantes tienen una leve esperanza de encontrar oportunidades económicas para el futuro, estableciendo comercios, desarrollando un plan ecoturístico, ofreciendo diversidad de medios de transporte o estableciendo equipamiento como hospedaje y alimentos.
El ejido de San José de las Flores era indígena cuando se fundó en 1927, sin embargo, la lengua mixteca se perdió en su totalidad y en las últimas décadas se han declarado como indígenas ante la CDI (Comisión Nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas) valiéndose de 5 habitantes mixtecos que recién llegaron a la comunidad.
Acorde con lo anterior, cabe destacar que una parte considerable de los habitantes de San José de las Flores reconoce que las familias que fundaron al pueblo provienen de las regiones de la Mixteca Alta y los Valles de Oaxaca, lo que los identifica con grupos étnicos pertenecientes a dichas regiones, situación que han aprovechado en distintas ocasiones para hacerse acreedores de
programas públicos, hoy en día han perdido su vestimenta y lengua mixteca, aunque en las últimas décadas se establecieron personas de los pueblos vecinos de origen mixteco, sin embargo, son una población minoritaria.
En cuanto a límites agrarios hasta 2002 una porción importante de su territorio correspondía a tierras de los municipios de San Agustín Chayuco y Santiago Ixtayutla, una vez que este ejido se certifica por el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE) la configuración del municipio de Santiago Jamiltepec se amplía hacia el norte y con ello gana porciones de bosque de pino-encino que antes no tenía.
Por la delimitación geográfica de su ejido tuvieron problemas de tipo verbal como amenazas de golpes y gritos, sin conflictos físicos, ni de muerte con los municipios aledaños, sin embargo, con el PROCEDE (Programa de certificación de derechos ejidales y titulación de solares) los ejidatarios sostienen que todo quedó en orden y pudieron hacer convenios para que se beneficiaran en conjunto. En la actualidad la mayoría están conformes con los límites de su ejido, aunque el trabajo de campo evidenció que desconocen los procesos de medición, los cambios de los límites e incluso la ubicación de las parcelas de la mayoría de sus compañeros, además una minoría estaba todavía inconforme con el resultado que PROCEDE dejó como límites de su ejido.
En cuanto a los programas de gobierno orientados a la conservación del bosque de pino encino de su ejido han fracasado en su totalidad, desde 1971 con la implementación de una empresa maderera en donde fueron estafados por el empresario Jorge Núñez, quien les robó, pues no les pagaba lo justo por el aprovechamiento del bosque.
En 1991 los ejidatarios fundaron su propia empresa maderera orientados por CONAFOR (Comisión Nacional Forestal) sin embargo, no les dieron seguimiento y al cabo de tres años fracasaron por conflictos internos y tuvieron que cerrar su empresa, en el año 2000 gestionaron por medio de un tercero el programa del café orgánico, sin embargo, fueron nuevamente estafados por un tercero que no reportaba al gobierno las cuotas que les pedían y así mismo cayó una plaga en los cafetales y no se le dio seguimiento. En el año 2007 gestionaron un recurso hidrológico que les fue aprobado e iban renovando cada cierto tiempo, pero nuevamente por conflictos en la comunidad el presente año no les volvieron a renovar el recurso económico. Así mismo, en el año 2008 el gobierno implantó un vivero como parte de un programa de
reforestación de los bosques de la región con la promesa de que, pasados 10 años de servicio a la región, ese vivero sería propiedad de San José de las Flores, sin embargo, se han cumplido los 10 años y el vivero está en condiciones deplorables e inservible.
El bosque ha sido un tema de conflicto entre los habitantes locales y la implementación de estrategias de conservación hegemónicas por parte de instituciones gubernamentales y federales. Con base en trabajo de campo y la realización de etnografía de los saberes locales del uso del bosque en el ejido se observaron tres posturas de conservación.
La primera es que existen habitantes que durante las entrevistas recordaron que sus antepasados no deforestaban el bosque, pues el bosque es indispensable para la siembra del café, su principal actividad económica a principios y mediados del siglo XX, por lo tanto, dichos habitantes sostenían que el bosque debería ser conservando, así como sus antepasados, cabe mencionar que la mayoría de estas aseveraciones las hicieron mujeres.
La segunda postura, derivada en su mayoría por ejidatarios, sostiene que la conservación del bosque se fundamenta en mantenerlo limpio y cortar árboles de forma ordenada, además de la gestión constante de permisos a la Comisión Nacional Forestal para talar el bosque de pino y encino. De este modo, aunque obtienen recursos para la conservación del bosque, estos son utilizados para los viáticos del comisariado y otro monto se reparte equitativamente entre los 103 ejidatarios, pero el recurso no se utiliza para el fin que se otorgó.
La última postura es una indiferencia de conservación por parte de los que no son ejidatarios, pues ellos sostienen que el dinero que se da para el bosque no les llega, y que en numerosas ocasiones los ejidatarios sostienen que son dueños del bosque, un ejemplo de esto, fue el incendio que tuvo lugar en Abril del 2017, donde se convocó al pueblo para contrarrestarlo, sin embargo, los no ejidatarios, se negaron pues decían que si los ejidatarios eran los dueños del bosque, ellos deberían cuidarlo.
Los saberes locales que se le dan al bosque desde sus antepasados fue su permanencia primeramente para el cultivo del café, en segundo lugar, utilizan plantas medicinales y recursos maderables para leña y rituales en el Carnaval de Semana Santa.
De acuerdo con Duran (2017) San José de las Flores se ha apegado al discurso de conservar la
viabilidad del desarrollo en donde el objeto de observación es la calidad de los ecosistemas y los servicios ambientales en el que se implementan las estrategias como instrumentos económicos y de mercado e incorporación del sector privado a la conservación y donde su valor asociado a la biodiversidad es económico, instrumental.
Lo anterior se puede constatar porque de los tres modelos de conservación que se encontraron en San José de las Flores, el que más predomina es el de los ejidatarios, pues constantemente están en conflictos socio-ambientales, los cuales son pleitos entre ellos por el recurso económico que llega para la conservación del bosque, otro de los conflictos tiene que ver con los que no quieren que se talen más los pinos, así mismo, uno de los conflictos internos es con los no ejidatarios, quienes reclaman derechos a los recursos naturales.
Así mismo, se reconoce que el ejido tiene conflictos externos, pues las dependencias de gobierno han retirado en numerosas ocasiones recursos destinados para ellos o para la conservación del bosque de pino – encino, lo que triplica los conflictos socio-ambientales internos.
A manera de conclusión, el ejido de San José de las Flores, ha cambiado sus formas de conservación por la implementación de constantes programas de gobierno en su interior, lo que ha desencadenado en la división de posturas internas referentes al bosque y su destrucción continúa, es necesario que se haga un análisis más profundo sobre cuál es la mejor forma de conservar los recursos naturales en un ejido heterogéneo como lo es San José de las Flores.
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