José Juan Huerta Coronel1
Palabras clave: ciudadanía; participación; espacio público virtual.
La irrupción de las Tecnologías de las Información y Comunicación (TIC) en la vida cotidiana ha permitido el surgimiento de un nuevo espacio público en la escena virtual. En este espacio los ciudadanos tienen la posibilidad de ocupar y construir (reconstruir) un nuevo lugar de enunciación frente al Estado y el gobierno. Sin embargo, está posibilidad no va a distar mucho de las orientaciones sistémicas que imperen en la escena física; el uso de las TIC, entonces va a estar reducido a un horizonte de acción limitado por el propio devenir histórico de la comunidad, es
decir por su concepción de lo político y las tecnologías.
En ese marco, las TIC han permitido el surgimiento de nuevos canales de comunicación entre los ciudadanos que pueden desembocar en actos políticos; pero por el otro lado, también ha permitido el desarrollo de mecanismos de vigilancia digital que transgrede la posibilidad de una ciudadanía digital con la potestad suficiente para incidir en los procesos de toma de decisiones.
Esta investigación tiene el propósito de analizar la construcción del ciudadano como sujeto político en el espacio público virtual, tomando en cuenta las posibilidades de participación política y las restricciones que imperan en el sistema; como la vigilancia del gobierno a los ciudadanos. Para ello, el presente trabajo se compone de tres apartados: 1) Un acercamiento teórico al concepto de ciudadanía digital y espacio público virtual; 2) Una lectura del contexto de uso de las TIC en México; 3) Una descripción de las principales interpretaciones de la investigación.
La ciudadanía es la tensión constante entre la búsqueda y reconocimiento de derechos y todas sus implicaciones subsecuentes relacionadas con el ejercicio de esos derechos. Se construye mediante un “proceso de inclusión progresiva y de adquisición de poder por la sociedad, lo cual se relaciona con la existencia de luchas y movimientos sociales que demandan al Estado el mantenimiento y la posible ampliación de los derechos ciudadanos” (Bobes, 2000, p.50). Es decir, la ciudadanía no se puede entender como algo estático, sino en constante construcción a partir de los procesos políticos y culturales que orientan la apropiación de los significantes políticos. En ese sentido, los actores se apropian de las herramientas disponibles para negociar, participar y expresarse; sin perder de vista que cada comunidad “va a dotar de unos perfiles específicos y concretos a los vínculos de pertenencia de cada persona con su comunidad” (Pérez, 2002, p. 38). Entonces, en medida de cómo una comunidad defina lo público (y la ocupación del espacio público) va a construir un lugar de enunciación frente a la otredad: la posición que ocupa el ciudadano para establecer un diálogo frente al Estado.
T. H. Marshall (1998) explica la ciudadanía como la relación que se sostiene entre el estado y los individuos de una comunidad política, donde el Estado es el que les brinda certeza a los individuos sobre sus derechos, pues es quien se los reconoce. En el trabajo de Marshall se
reconocen tres tipos de orientaciones en los derechos que adquiere la ciudadanía; los derechos civiles, políticos y sociales. El elemento civil, que se compone por todos los derechos para la libertad individual, y hace referencia a la libertad individual: las libertades de las personas, de expresión, de pensamiento y de religión, derecho a la propiedad y a establecer contratos válidos y acceder a la justicia (Marshall, 1998, p. 22-23). Los derechos políticos se refieren a la libertad de participar en el ejercicio del poder. El ciudadano, a partir de esta dimensión política, se construye como un sujeto como la capacidad de incidir, una capacidad asegurada por un reconocimiento jurídico.
“la ciudadanía política se define por la participación en el ejercicio del poder. El ciudadano es un miembro de un cuerpo investido con autoridad política. Participa también como elector de los integrantes de ese cuerpo. Es a partir de esa participación que puede aparecer la democracia, la que está ligada a la formación del poder a través del sufragio. Esto implica cambios institucionales que se expresan en modificaciones profundas en la legislación electoral.” (Arredondo, 2000, p. 309)
Los derechos sociales abarcan ámbitos como el derecho a la seguridad y a un mínimo bienestar económico. También este elemento está ligado con el acceso a la educación y servicios sociales, lo cual implica una atención. Se refiere a los “derechos que proporciona a los ciudadanos un mínimo de bienestar económico y seguridad de manera que se otorgue a cada uno de ellos el derecho de participar en la herencia social y a vivir una vida civilizada” (Gallardo, 2010, p. 12).
Marshall nos permite hablar de una evolución histórica en el reconocimiento de los derechos, lo que nos lleva a la pregunta ¿cómo se ha gestado el reconocimiento del ciudadano en el espacio público virtual? Para contestar esta pregunta se sugiere partir de la idea de que la ciudadanía implica una relación de poder (de ejercicio y sedición). El ciudadano adquiere cierta potestad al adquirir derechos, que a su vez le permiten la búsqueda de más. “El poder es la capacidad relacional que permite a un actor social influir en las decisiones de otros actores sociales de modo que se favorezcan la voluntad, intereses y los valores del actor que tiene el poder” (Castells, 2009, p. 34).
¿En dónde está el poder del ciudadano? El Estado mantiene el poder, pues en una idea Weberiana, es quien tiene la posibilidad de usar la fuerza de forma legítima, “la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera sea el fundamento de esa probabilidad” (Weber, 1964, p. 43). Entonces ¿cómo logra romper el ciudadano con el ordenamiento establecido por el Estado? En medida que logra ocupar espacios. Al ocupar el espacio público, el ciudadano no sólo se puede asumir como un sujeto político, sino como un agente con capacidad de incidir. El ciudadano sólo puede ostentar a irrumpir a momentos del orden, haciendo legítima su narrativa, sus exigencias: haciendo legítimo el desacuerdo.
El ciudadano puede usurpar el poder del Estado cuando logra imponer su voluntad, cuando logra un lugar de enunciación que le permita negociar y exigir una demanda. Cuando hace política, visto desde la concepción de Ranciaré:
(…) la política surge cuando el orden de la dominación es interrumpido por una parte de los que no tienen parte. En este sentido, la política supone la irrupción de lo que Rancière denomina "el desacuerdo". Éste no es ni el desconocimiento ni el malentendido. Más bien, es una situación en la que está en pugna la misma significación. Como expresa Rancière, el desacuerdo no es entre quien dice blanco y quien dice negro, sino entre dos formas distintas de entender el significado de la blancura. En este sentido, no hay política sino por la interrupción, la torsión primera que instituye a la política como el despliegue de distorsión o un litigio fundamental. (Landau, 2006, p. 195)
La ciudadanía en la escena virtual tiene una ventana de oportunidad, pues puede extenderse de la concepción de una cualidad jurídica, a la posibilidad de ocupar los significantes. En esta idea, el ciudadano hace política al (re)construir una narrativa hegemónica, alterna a la impuesta por el Estado. Los ciudadanos tienen en Internet un medio que les permite no sólo ser receptores, sino productores y difusores de información. Difundir sus interpretaciones. Pero esto no implica necesariamente que exista una comunidad con la cultura política para utilizar las TIC como herramienta de participación política.
Bobes (2006) menciona que existen tres elementos que permiten entender la relación entre
ciudadano y Estado: dimensión procedimental1, carácter situacional2 y dimensión moral3, esto implica que se debe pensar a la ciudadanía como un proceso complejo limitado por la cultura4. La ciudadanía está constituida por lo que es la comunidad política: es autorreferencial y autopoiética. En ese mismo sentido, se debe entender que la función que adquieran las TIC, como herramienta política, no va a rebasar el marco dispuesto en la ciudadanía.
La ciudadanía digital no se debe entender ajena a la ciudadanía, por el contrario: la ciudadanía encuentra en la escena virtual un nuevo espacio público de expresión, y en medida del desarrollo de potestades, un lugar de incidencia sobre lo político. Esta construcción se dará no ajena de los significados de lo político que se encuentre expresados en el espacio físico; quizá varíen las herramientas o las estrategias, pero se compartirán significados e interpretaciones de lo real en ambos espacios.
Winocur (2009) explica que los temas consultados en las redes no son ajenos a las dimensiones físicas o virtuales. Los jóvenes viven en medio de dos mundos con distintos alcances que se complementan entre sí, esta habilidad les permite traspasar la frontera de un mundo a otro y aprovechar ambas posibilidades. Es decir, coexistimos en dos escenas que son inseparables. Desde esta idea podemos reflexionar en torno a la ciudadanía en el espacio virtual como algo no ajeno al espacio físico, por el contrario, correlacionado y en constante intercambio de significados.
Esto implica que el horizonte de significación del ciudadano en el espacio virtual no va a estar alejado del espacio físico; esto quiere decir que los significantes, como el de participación, van a tener una correspondencia con la escena virtual, a pesar de que haya una reinterpretación del término en la acción cotidiana. El gobierno ha construido los límites jurídicos de la participación ciudadana, y establecido los canales, pero en el espacio virtual el ciudadano puede distorsionar ese significado, reconstruirlo a partir de nuevas narrativas.
La ciudadanía digital implica un cierto grado de competencia para desenvolverse en el ámbito de lo público, pero además requiere competencias para poder desempeñar un rol tanto en el plano físico, como en el virtual. La apropiación e interacción de las TIC por parte de los ciudadanos no se limita únicamente a un acceso material a nuevas tecnologías, incluye una apropiación cultural y política que permita que estas herramientas se integren en la vida cotidiana de las personas. “Para ser un ciudadano digital se deben cumplir al menos tres condiciones:
acceso a internet, conocimiento en el manejo de las herramientas de internet y reconocimiento del usuario de la utilidad de internet para la interacción política” (Natal, Benítez y Ortiz, 2014, p.38). Las TIC se vuelven relevantes para un ciudadano, en una concepción desde lo político, cuando sirve de instrumentos de participación en ámbitos administrativos y políticos.
El uso de las TIC para la expresión de una postura política no asegura incidir en las estructuras sociales, pero si brinda al ciudadano nuevos canales de expresión. La participación en espacios virtuales y digitales no se ejerce de la misma manera, pero parte del mismo fundamento: el ejercicio de derechos y un auto-reconocimiento como sujeto político con capacidad de agencia en una comunidad política. Las TIC permiten actualizar la interacción entre estado y ciudadano, pero esta suerte de comunicación entre ambos actores resulta ser más compleja debido a las características de Internet, a las brechas sociales, las brechas digitales y la construcción del yo del sujeto en la escena virtual.
En ese tenor la participación, en el marco de la ciudadanía, a través de internet ha ampliado los márgenes de intermediación con la articulación de redes cívicas en las que el ciudadano participa de una comunidad de productores de medios y mediaciones, pasando de un consumidor y audiencia a sujeto activo en los procesos de capitalización del desarrollo económico y la creación cultural autóctona (Sierra Cabello, 2012, p. 263). Los ciudadanos han encontrado en las redes virtuales la posibilidad de interacción y difusión que antes no se tenían. Sin embargo, esto no significa que exista una participación más efectiva, o la interacción se dé a partir de distintos lugares de enunciación desde donde la expresión y participación de los ciudadanos sea tomada en cuenta en una comunidad política. La posibilidad de expresarse en las plataformas digitales puede ser un falso reflejo de libertad política.
Bennett, Wells y Freelon (2011) proponen dos tipos de participación en línea: i) La participación política en línea de estilo obediente, que se refiere a ciudadanos que participan en las instituciones públicas formales: ya sea enviando correos electrónicos o hacer contribuciones en línea; ii) La participación política de estilo actualizado, que sigue una línea de participación que se centra en la autoexpresión, con aportes cívicos que abarcan diversos contextos de acción. “Este estilo de participación hace hincapié en la interacción comunitaria donde los ciudadanos son a la vez los creadores y consumidores de la inteligencia colectiva.” (Ibrahim, 2016, p. 54). Wakabi (2016) menciona que:
Las TIC pueden enriquecer las formas en que los ciudadanos participan en asuntos cívicos y políticos. Muchos teóricos de la participación en línea, o eParticipación, proclaman el potencial de las tecnologías para empoderar a los ciudadanos con maneras convenientes de participar en los procesos democráticos y hacer que los líderes den cuenta. Sin embargo, no está claro si y cómo la tecnología digital, en particular los medios de comunicación social, puede contribuir a un sistema más democrático y hacer público en un país donde la expresión abierta es limitada. (p. 5)
La participación política que ejerce un ciudadano dentro de una comunidad tiene “el potencial de influir en las políticas públicas o en la elección de políticos, incluyendo (pero no limitando) a votar, trabajar en campañas políticas, firma de peticiones y asistiendo a manifestaciones” (Ibrahim, 2016, p. 54). ¿Qué pasa en la escena virtual? La participación ya no se limita a un encuentro cara a cara; mediante plataformas digitales, los ciudadanos pueden informarse en páginas oficiales sobre candidatos o políticas, ver videos y fotos, dar un seguimiento de los temas de interés. (Gil de Zuñiga, Molyneux y Zehng, 2014). La participación política incluye actividades políticas como las votaciones, firma de peticiones, la adhesión a partidos políticos o compañas electorales, la participación en protestas o manifestaciones, el contacto con figuras públicas y representantes políticos, así como funcionarios gubernamentales o medios de comunicación; y se pueden expresar opiniones sobre asuntos políticos o gubernamentales en línea (incluso en el acto de compartir noticias en línea), conversando, discutiendo, participando en charlas cívicas en el espacio público en línea, etc. (Skoric, Zhu y Pang, 2016, p. 17) Pero se deben tomar en cuenta temas como la igualdad del acceso, participación y empoderamiento en las TIC; las cuales pueden desempeñar un papel relevante para amplificar las voces de los ciudadanos. (Wakabi, 2016, p. 52)
La posibilidad que existe en internet de vincular a distintas personas a partir de un tema de interés es infinita, en la red se generan vínculos con gran pluralidad y con distintos niveles de compromiso, de la misma manera permite la diversificación de interacciones. Esto, sin embargo, no conlleva necesariamente a comunidades virtuales politizadas o con interés en la vida pública.
“las comunidades virtuales nacen de la búsqueda de contacto y colaboración entre
individuos que tienen ideas, intereses y/o gustos comunes. Las redes telemáticas han hecho posible la comunicación interactiva técnicamente igualitaria; en ese sentido cada dispositivo que en una arquitectura de red opera al mismo nivel” (Lorente en Pérez y Castañeda, 2009, p.54).
Las comunidades virtuales, por un lado, se desarrollan en términos de alcances organizativos y materiales, es decir se van construyendo a partir de la especialización y competencias de los usuarios, orientadas por los intereses culturales de sus integrantes. Un rasgo importante es que los usuarios de la red se cohesionaran en torno a sucesos relevantes para ellos como individuos de un sistema comunicativo, que está particularmente relacionado con su entorno físico y virtual. Ninguna interacción generada a partir de las TIC se distanciará del contexto de los individuos involucrados. En ese sentido, un gobierno violento, encontrará (y actualizará) sus mecanismos de vigilancia y coerción en las plataformas digitales.
El espacio público virtual lo podemos entender como aquel espacio con gran pluralidad de debates y temáticas; en el que, gracias a las características de la red, un usuario puede ingresar casi inmediatamente a los temas de su interés, discutir en ellos, aprender sobre las dinámicas propias del espacio, además de permitirle asumir un rol en ese espacio. La búsqueda de una identidad, un reconocimiento a su posibilidad de ser visible. La visibilidad “garantiza la inclusión en un mundo cuya representación se ha desplazado de lo palpable a lo comunicable: la era de la comunicación mundial se caracteriza porque la percepción de la comunicación sustituye a la percepción del mundo.” (Winocur, 2009, p. 69)
Estar visible para el otro de una forma en la que el usuario puede incidir y no ser sólo espectador, sino también generador y difusor de información. Lo espacios virtuales le dan la pauta al sujeto de ser/hacerse visible en el contexto que le sea relevante. El ciudadano, antes de poder ejercer algún tipo de participación, requiere autoreconocerse en el espacio público virtual como un sujeto con la capacidad de incidir, debe apropiarse de las herramientas y construir formas de interactuar y expresarse que le permitan ejercer su ciudadanía. Internet da pauta para el reconocimiento (propio y de otros), “Internet es el resultado de un acto voluntario e individual” (Trejo Delabre, 2009, p. 222). Esto conduce a pensar en un sujeto activo, con la capacidad de discernir que quiere o que le interesa dentro del mar de información de la red. Pero ser un
consumidor y productor activo de información no significa una consciencia política preocupada por el bien común. La participación del sujeto en la red, está orientada por sus aprendizajes cívicos en el terreno físico. Como menciona Winocur, ambos terrenos coexisten.
Trejo Delarbre (2009) menciona que las comunidades en el ciberespacio se encuentran sustentadas en identidades que sus integrantes comparten, pero no implica que haya una esfera pública donde los ciudadanos deliberen sobre asuntos públicos. Dice:
(…) un nuevo espacio público no es sinónimo de una nueva esfera pública. Como espacio público, Internet proporciona otro foro para la reflexión política. Como Esfera pública, internet podría facilitar la discusión que promueva un intercambio democrático de ideas y opiniones. Un espacio virtual incrementa la discusión, una esfera virtual incrementa la democracia (Delarbre, 2009, p. 5).
La existencia de mayores espacios de discusión y expresión no significan mayores espacios para la deliberación política, por lo tanto, este tipo de espacios no representan una mejora en la democracia, a menos que se construyan bajo una lógica de integración e inclusión de los derechos digitales de los ciudadanos.
La importancia del concepto de esfera virtual radica en que brinda la posibilidad de concebir la idea de una discusión y deliberación que lleve a generar acuerdos. Papacharisi señala que una virtud de las esferas virtuales es facilitar la discusión sobre asuntos públicos. Sin embargo, el modelo de democracia actual está orientado por intereses comerciales, lo cual convierte a la política en un lugar donde la opinión pública se reduce a encuestas y votaciones, en lugar de argumentos y debates con relativa profundidad. Nos encontramos en una sociedad la cual privilegia la retórica en la actividad política. Esto reduce la posibilidad de que el ciudadano haga tangible su desacuerdo en la escena virtual. Zizi Papacharisi (2008) dice:
Tal vez sea más significativo pensar a la esfera pública como una metáfora que sugiere un modo ideal para la participación cívica y la interacción, como Habermas pretendía originalmente. En este contexto, los medios de comunicación en línea, incluido Internet, podrían albergar una esfera virtual o revitalizar la esfera pública. Varios académicos han
estudiado esta cuestión y han examinado cómo los medios de comunicación en línea sirven como foro de discusión política, alientan modelos de democracia deliberados o más directos, en última instancia, también reviven la participación cívica en los asuntos políticos. (p.8)
Internet facilita el surgimiento de espacios de interacción y discusión, pero estos no necesariamente fortalecen la democracia. Las TIC puede servir como herramientas para promover espacios de discusión política cada vez más directos, pero también como espacios de control o una libertad política falaz. La relevancia de reflexionar en la esfera virtual y la ciudadanía digital es que permite vislumbrar un espacio donde el ciudadano puede (re)negociar las dinámicas entre los distintos actores de la sociedad; cosa que sería más complicada en un espacio físico. Porque las capacidades de las TIC permiten un tipo de mediación distinto a los procesos en el plano físico, donde las estructuras institucionales se han consolidado por siglos.
En una esfera virtual el lugar de enunciación de los sujetos cambia, se vuelve relevante para el ejercicio del poder público.
Como espacio público, Internet ofrece otro foro para la discusión política. Como Esfera pública, Internet podría facilitar la discusión que promueve un intercambio democrático de ideas y opiniones. Un espacio virtual mejora la discusión, una esfera virtual contribuye a la democracia (Papacharisi, 2002, p. 11).
Zizi Papacharisi (2002) dice que existen al menos tres variables que pueden jugar a favor o en contra de la construcción de una esfera virtual:
El acceso a la información ha significado la posibilidad de que los ciudadanos se enteren de infinidad de temas, pero esta posibilidad no implica necesariamente que los usuarios de la red usen la red para informarse sobre asuntos políticos, ya que esto requiere tiempo y competencias mínimas de análisis, características que no todos los usuarios poseen.
Internet facilita la interacción con diferentes personas, pero no implica que entre ellos haya acuerdos. En algunos casos, podríamos pensar en la red como un mar lleno de
islas, que comparte un espacio pero nunca se tocan. Los usuarios de la red comúnmente acceden aquellas temáticas y espacios que refuerzan su identidad e intereses, lo cual los aísla que posturas distintas. La pluralidad que existe en las plataformas digitales dan pauta al surgimiento de comunidades virtuales cada vez más segmentadas y especializadas. Esta diversidad, también, permite el empoderamiento de comunidades y minorías ya que tienen la oportunidad de interactuar. Esto, no garantiza que se pueda incidir políticamente.
Internet surge en un sistema capitalista, por ello es lógico pensar que adopte y reproduzca sus orientaciones. Si bien la red permite la construcción de una identidad en línea muy distinta a la que se tiene en el mundo físico, esto no significa que los usuarios no reproduzcan la cultura comercial y mercantilista en las comunidades virtuales.
Dice Barber (2006) que Internet “está sujeta a los mismos monopolios corporativos que dominan el mercado y su toma de decisiones” (p. 26), por lo cual es lógico que en Internet se reproduzcan orientaciones capitalistas (Papacharisi, 2002).
Entonces, sí las TIC tiene la posibilidad de ser usadas con el objetivo de empoderar al ciudadano frente al Estado, brindarle una base enunciativa (canales) que pueden hacerse relevantes en un contexto. Pero también, el Estado encuentra en las TIC herramientas de vigilancia cada vez más especializadas.
Conectividad y Brecha Digital
Según el estudio de la AMIPCI, el uso de las TIC ha aumentado en los últimos años, hace poco más de una década, en el 2006, tan sólo existían 20.2 millones de internautas en toda la República Mexicana. Cifra que ha aumentado a 70 millones de internautas. (AMIPCI, 2017, p.4) Pero este crecimiento si bien permite que un porcentaje de la sociedad mexicana tenga la posibilidad de desarrollarse profesional, académica y políticamente por medios digitales, deja a otro sector de la población en desventaja, porque sistemáticamente se está excluyendo a sectores vulnerables.
De los Internautas existentes en el país, la mayoría se concentra en el Centro Sur del país
(Estado de México, Ciudad de México y Morelos), con 26%. Diez por ciento más que los concentrados en la zona Noreste (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora) con 16 %; y casi veinte por ciento más que en el Suroeste (Chiapas, Guerrero, Oaxaca) donde sólo hay un 5 % de internautas. En cuanto a las zonas Oeste (Colima, Jalisco, Michoacán) y Noreste (Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas) ambas cuentan con 13% de los internautas; la zona Centro Norte (Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas) y zona Este (Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz) poseen cada una 10%; y la Zona Sureste (Campeche, Querétaro, Tabasco, Yucatán) el 8% de internautas. (AMIPCI, 2017, p. 5)
Además de factores geográficos, la brecha digital también implica hablar del tema del tema generacional, al menos en países latinoamericanos donde la edad implica un factor en la carencia del desarrollo de habilidades digitales. En México la edad sigue siendo relevante en el uso de las tecnologías, ya que las nuevas generaciones que han crecido cercanas al Internet tienen mayores habilidades para descifrar e interactuar en el mundo virtual. De total de internautas el 15% tiene una edad de 6 a 11; el 21% de 12 a 17; 18% de 18 a 24 años; 35 a 44 con el 13%; 9% el rango de edad de 45 a 54 años y; el 6% para mayores de 55 años (AMIPCI, 2017, p.5).
En el mismo sentido, según cifras del INEGI en la encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015 mostró que los trámites públicos a nivel nacional sólo el 1.7% utilizó Internet. Esto se puede entender desde dos aspectos, una planeación poco pertinente en la implementación de políticas orientadas al Gobierno Electrónico; y como un elemento que no se ha logrado integrar en las dinámicas cotidianas de los mexicanos.
En el ICT Development Index 2017, en el cual se mide el desarrollo de los países en temas de Sociedad de la Información México ocupa el lugar 87 de 176 países. Mientras que los primeros 10 lugares los ocupan: Islandia, República de Corea, Suiza, Dinamarca, Reino Unido, China, Holanda, Noruega, Luxemburgo y Japón. Mientras que los países que presenta menor desarrollo en esta área son: Haití, Malawi, Madagascar, Etiopia, Burundi, Chad, República Central Africana. A nivel de América el primer puesto en desarrollo de las TIC lo ocupa Estados Unidos, le continúa Canadá, Barbados, St. Kit and Nevis, Uruguay, Argentina, Chile, Bahamas, Costa Rica, Brasil, Trinidad y Tobago, Granada, Antigua y Barbuda, Dominica, St, Vincent and the Genedines, Colombia, Venezuela y México, que ocupa el lugar número 18 en el área geográfica.
Libertad de expresión en las TIC
Una de las posibilidades de las TIC es su funcionamiento como herramienta de vigilancia por parte de gobierno a ciudadanos. En ese sentido, México en numerosas ocasiones ha enfrentado críticas respecto al tema de espionaje. Como lo señala Freedom House (2016)
México siguió siendo uno de los entornos más violentos del mundo para los periodistas y blogueros en línea, y el gobierno ha utilizado la inseguridad como una justificación para aumentar la vigilancia. Una serie de investigaciones arrojaron luz sobre las prácticas de vigilancia ilegal en el país, después de que revelaron cómo se abuso de las tecnologías de espionaje vendidas exclusivamente a los gobiernos para atacar a periodistas, abogados de derechos humanos, activistas y figuras políticas.
Como se describía, la violencia contra los periodistas no sólo se presenta en el terreno físico, también trastoca la escena virtual. La violencia, como acto de intimidación no sólo afecta a un nivel físico, sino también simbólico. Quien está a la merced de un acto violento vive en la incertidumbre de verlo tangible, cuando la violencia la ejerce el Estado, no sólo provoca un temor, sino también una limitación en la actividad cotidiana. En el caso de la censura a periodistas, políticos, activistas, etc.; la promesa de violencia provoca inactividad. Un encierro. Una censura al sujeto, a su identidad.
En el documento publicado por la Red en Defensa de los Derechos Digitales se rescatan una serie de punto como:
El artículo 190 fracción II de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) obliga a las empresas que prestan servicios de telecomunicaciones a conservar por 24 meses una serie de datos de comunicaciones comúnmente conocidos como “metadatos de comunicaciones” o “datos de tráfico de comunicaciones” dentro de lo que la ley llama “Registro de Comunicaciones”. (R3D, 2016, p. 15)
El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos reconoce y limita la posibilidad de llevar a cabo la intervención de comunicaciones privadas. Esta posibilidad se contempla, a su vez, en diversas leyes federales. (R3D, 2016, p. 17)
La legislación mexicana también contempla la facultad de requerir a empresas que prestan servicios de telecomunicaciones, la localización geográfica, en tiempo real, de equipos de comunicación móvil. (R3D, 2016)
Entre los órganos administrativos con la posibilidad de intervenir líneas privadas y realizar geolocalización se encuentran: 1) Procuraduría General de la República; 2) Policía Federal; 3) Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (CISEN).
Entre 2013 y 2015, se ha documentado la realización de 3182 solicitudes de autorización judicial para llevar a cabo la intervención de comunicaciones privadas (ICP). (R3D, 2016, p. 45)
El CISEN es la autoridad que más veces ha hecho este tipo de intervenciones, seguido de la PGR y la Policía Federal. (R3D, 2016, p. 45)
En 2013, de 872 solicitudes, únicamente 54 fueron negadas por un juez. (R3D, 2016, p. 45)
En 2014, de 1165 solicitudes, únicamente 52 fueron negadas. (R3D, 2016, p. 45)
En 2015, de 1144 solicitudes, fueron negadas 62. (R3D, 2016, p. 45)
Durante todo el periodo de 2013 a 2015, únicamente el 5.28% de las solicitudes documentadas fue rechazada por la autoridad judicial. (R3D, 2016, p. 45)
El gobierno ha construido en torno a las TIC una herramienta de vigilancia poco vigilada, que violenta constantemente la seguridad de los ciudadanos. Otro caso relevante es el caso de la firma italiana Hacking Team, de quien fueron filtrados correos al público. Entre los que se encontró que México es uno de los países con mayor inversión en espionaje digital.
De un total de 35 naciones, México que resultó ser el principal cliente de la firma, con transacciones hechas por parte de diferentes gobiernos locales, dependencias y agencias federales a través de empresas intermediarias y, en prácticamente todos los casos, sin facultades legales para hacerlo. Este gráfico muestra el gasto de México en relación con
otros países clientes de Hacking Team. (R3D, 2016, p. 86)
Tabla: Gastos en Hacking Team por países (en euros)
Fuente: Red de Derechos Digitales, 2016, p. 79.
Tabla: Gasto en México en Hacking Team (en Euros)
Fuente: Red de derechos digitales, 2016, p. 81.
Fuente: Red de derechos digitales, 2016, p. 82.
En agosto del 2016 Citizen Lab reveló información sobre un software de vigilancia comercializado a los gobiernos, llamado Pegasus. (R3D, 2016)
La escena virtual da la posibilidad que puedan participar los ciudadanos de formas que antes eran impensables, pues brinda un canal de comunicación que puede ser horizontal. Facilita la organización, y la construcción de espacios para el intercambio de información. Si la comunidad
virtual tiende a una esfera virtual, las posibilidades de los ciudadanos para incidir en la toma de decisiones se amplían; si se tiende a sólo un espacio público la participación en Internet estará orientada a la discusión.
En medida que el ciudadano logre ocupar un lugar en el espacio público, va a tener mayor incidencia en él; pues al ocupar espacios cambia su lugar de enunciación, se vuelve un sujeto político con cierta potestad para hacer frente a la otredad. Para defender el desacuerdo. Cuando un sujeto político logra transgredir la significación de los significantes ocupados por el Estado, se podrá incidir en la toma de decisiones.
Pero esto no es un proceso fácil, el Estado defiende y utiliza los instrumentos a su disposición para perpetuar el orden hegemónico. Las TIC son aliadas de cualquiera. Por un lado, pueden fortalecer redes de comunicación entre ciudadanos, pero por también son instrumentos del Estado que pueden usar para la vigilancia y el control.
En medida que se logren consolidar derechos políticos en la escena virtual, los ciudadanos estarán en menor incertidumbre sobre el uso que haga de las TIC un gobierno. Sin embargo, esto es un proceso que puede llevar años, y sólo se dará en medida que se ocupen espacios estratégicos para limitar ello.
Si bien en México el grado de penetración de las TIC aún no alcanza el 100%, lo que pasa en el espacio virtual afecta (a mayor o menor grado) en los procesos políticos.
La escena física y virtual van siendo más significativas entre ellas en medida que se rompe la brecha digital.
Las redes colaborativas que se gestan en la escena física se pueden ver reforzadas en la escena virtual.
En el espacio virtual las comunidades van a estar orientadas a organizaciones temáticas, y en medida que se cumplan las expectativas de los individuos estas van a fortalecerse o desaparecer.
La escena virtual permite que existan comunidades virtuales en latencia, es decir que fácilmente se pueden activar, reactivar o desactivar.
En México no existe una norma regulatoria que garantice los derechos políticos de los ciudadanos en la escena virtual.
En México no existen regulaciones suficientes para proteger la privacidad de los ciudadanos en el espacio virtual.
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Notas
1 Se refiere al conjunto de derechos y mecanismos para su ejercicio, constituido por un modelo de reglas, aplicadas y reconocidas igualmente para todos (y por todos), al que se encuentra ligado todo individuo por el hecho de ser miembro de la comunidad. (Bobes, 2000, p. 50)
2 Dimensión de carácter situacional (o locativa) que implica a la vez un aspecto relacional. Esta dimensión apunta a un grupo de funciones de las cuales los individuos se ubican en la división del trabajo político. Aquí las interacciones entre individuos se establecen a partir del mutuo reconocimiento, y en razón de ello los hombres pueden esperar ser tratados (por el Estado y sus instituciones, y por otros individuos) en
condiciones de igualdad a partir de ciertos principios abstractos compartidos que definen la autoridad y las jerarquías. (Bobes, 2000, p. 50)
3 Tiene que ver con un conjunto de ideales acerca de la vida pública y con los valores cívicos que orientan los comportamientos considerados adecuados o justos para la coexistencia y la acción pública (universalismo, igualdad, libertad individual, tolerancia, justicia etc.). (Bobes, 2000, p. 50)
4 Por cultura se debe entender “el conjunto de valores y creencias que dan forma, orientan y motivan el comportamiento de las personas” (Castells, 2009, p. 65)