El Geoparque Mundial Mixteca Alta como espacio de defensa colectiva del territorio frente al extractivismo


The Mixteca Alta Geopark as a communitarian territory defense front extractionist model


Efrén Orozco López1


Resumen: A principios del año 2000 surgió el concepto Geoparques mundiales como espacios de conservación de patrimonio geológico. En Latinoamérica se pueden llegar a convertir en bastiones de formación política y construcción de alternativas desde conocimientos propios. En Oaxaca desde el año 2014 funciona el Geoparque Mixteca Alta, actualmente cuenta con el aval de la UNESCO, los pobladores se capacitan a partir del trabajo realizado por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). A continuación, se presentarán algunos avances del trabajo metodológico que se realiza desde la universidad.


Abstract: The geopark is a geological and cultural protection project. It began in Asia and Europe in the beginning of the new century. In Latin American countries could take a way based in new modes to understand the development, understood as an educative, economic and organizational practices from the communities’ knowledges. the Mixteca Alta Geopark in located In Oaxaca state, there is a space where converge community and academic interests and efforts since 2014. Since 2016 the Mixteca Alta Geopark is guaranteed as a UNESCO site. This paper provides the first fieldwork methodological notes.


Palabras clave: Geoparque; defensa del territorio; metodología participativa; extractivismo.


Antecedentes

El concepto geoparques mundiales de la UNESCO es un proyecto relativamente nuevo que se ha convertido en una opción de sustentabilidad y cuidado del territorio para el siglo XXI. Las primeras ideas sobre geoparque se presentaron a finales del siglo XX en el congreso de geología en Beijing. Los países impulsores fueron Alemania, Francia Grecia y España fundamentados en la necesidad de potenciar comunidades rurales con serios problemas económicos, pero con un alto potencial geológico, sin una categoría particular, en todo caso son espacios con diversidad


1 Doctor en Ciencias Sociales y Humanísticas, investigar Universidad Nacional Autónoma de México en el Instituto de Geografía, líneas de investigación: Lucha y resistencia indígena, educación popular y alternativa, metodologías participativas. lopez_efren@hotmail.com.


social, agrícola, de producción, de conservación y en muchos casos en contextos de población indígena (Fernández Da Silva, Morbeck De Oliveira y Ramos, 2016).

Se ha planteado que el concepto geoparque se deriva de un creciente interés por la valoración del patrimonio geológico y su conexión con elementos culturales de territorios específicos que dan cuenta de un funcionamiento holístico en una región determinada, al mismo tiempo responde a un proceso de desarrollo de las ideas sobre la conservación a partir de la declaración de áreas naturales protegidas a finales del siglo XIX (Bahía de Aguiar et al, 2013).

Se parte de la concepción de parques nacionales que se enfocan a la preservación de la diversidad biológica, ya para mediados del siglo XX el concepto adquirió nuevos matices y se proponen reservas de la biosfera que se fundamentan en la diversidad biológica, pero en su relación con el ser humano. En el último tercio del siglo XX esta idea se reforzó con la creación de la convención del patrimonio mundial impulsada por la UNESCO, y finalmente a principios del siglo XXI se concretó la red europea de geoparques que rompió con el concepto tradicional de área protegida, planteando la posibilidad de que los habitantes de las comunidades implicadas en los proyectos manejen su territorio y generen alternativas productivas desde sus formas de vida y conocimientos, muchas veces catalogados como ancestrales (Sánchez, 2013).

Si bien el concepto de geoparque se originó en Europa, en continentes calificados como “subdesarrollados” o “en vías de desarrollo” ofrece una gran oportunidad para generar procesos alternativos de producción y de empoderamiento de las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad, debido a su potencial en el componente de lo social y cultural. Específicamente en Latinoamérica son espacios de oportunidad para revertir procesos de empobrecimiento, exclusión y discriminación enraizados estructuralmente en muchos de los países que conforman el continente. En este sentido se han evaluado algunos de los primeros intentos de implementación de geoparques en Latinoamérica (Sánchez, Arredondo et al 2014). La evaluación se realizó en 11 territorios comprendidos en cuatro países (Brasil, Chile Ecuador y México), a partir de los resultados se ha establecido que, con relación a aspectos geológicos y de biodiversidad, en los cuatro casos analizados el componente de lo social adquirió menor calificación, por lo que existe la necesidad de generar y/o reforzar estrategias de comunicación, educación y desarrollo económico.

En otros estudios enmarcados en el análisis de los geoparques se ha destacado la


implementación de procesos de trabajo interdisciplinario en donde participan diversos actores, desde los pobladores del lugar, hasta geólogos, geógrafos, antropólogos, estudiantes, y autoridades de diversos niveles con el objetivo de elaborar y desarrollar estrategias conjuntas para el bien de las localidades involucradas. En estos procesos se definen y estudian espacios de interés geológico, biológico y cultural con potencial turístico en donde se ofrecen desde panorámicas espectaculares, hasta espacios que llevan al pasado a través de pinturas rupestres, el geoparque también permite vincular los cambios geológicos con el desarrollo de las formas de vida de los lugares en cuestión (Carut et al, 2017, Schilling et al, 2015). Estos hallazgos se interpretan como una ruptura epistemológica que decanta en una nueva racionalidad en donde dialogan los aspectos científicos con los culturales.

También se ha planteado que la importancia de los geoparques radica en que permite la vinculación entre geopratrimonio y la cooperación comunitaria a través de la elaboración de planes de conservación de espacios geológicamente valiosos que son amenazados debido a la implementación del turismo desordenado, de prácticas extractivas como la minería u obras de infraestructura sin medidas de cuidado ambiental. Además, ofrece oportunidades para la elaboración de materiales educativos, el trazado de rutas educativas y la vinculación con universidades e instancias de investigación que pueden detonar en procesos de fortalecimiento local de la economía con la participación directa de la población local (Maestrocola, Salgado y Casadío, 2014) así como fortalecer procesos de investigación y de creación de metodologías participativas.


Los geoparques en México

En México existe una diversidad de espacios que pueden llegar a ser considerados como candidatos a ser geoparques y se han establecido lugares de difusión del conocimiento científico que han sido documentados e impulsados por diversas instituciones, como por ejemplo el museo de historia natural del Cabo San Lucas puesto en marcha por el Departamento de Geología Marina de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, el Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas de la Universidad de Guadalajara identificó doce sitios con potencial para ser considerados como patrimonio geológico, también existen varios espacios de interés geológico enclavados en zonas mineras no activas. La UNAM desde diversos espacios como el


Instituto de Geografía o el de Geofísica han participado en proyectos de valoración del geopatrimonio (Palacio, 2013).

En el marco de los geoparques existen tres experiencias que llevan su proceso más avanzado. Por un lado, se encuentra el geoparque en el distrito minero Tlalpujahua-El Oro en los estados de México y Michoacán, que se encuentra en espera de la acreditación por parte de la UNESCO y los geoparques, Comarca Minera en Hidalgo y el Mixteca Alta, que ya cuentan con reconocimiento de la UNESCO.

Con respecto al distrito minero Tlalpujahua-El Oro se ha planteado que este es un espacio que cuenta con atractivos como la mina fuera de uso Dos Estrellas, el Cañon del Mogote o el Cerro Somera, entre otros. Dentro del diagnóstico de este espacio se determinó que tiene un gran potencial para la creación de georutas, aunque, en aspectos sociales relacionados con organización, comunicación entre autoridades, administración y planeación, aún existen grandes retos. Se destaca que es un territorio indígena con problemas de vulnerabilidad debido a la falta de políticas de protección del patrimonio (Espinosa, 2016).

El geoparque Comarca Minera en Hidalgo1 se compone de nueve municipos que ofrecen 31 espacios de visita en los que se destacan la presa El Cedral, el ex convento de San Andrés Apóstol, la reserva de la biosfera y los prismas basálticos. En este proyecto colaboran la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la Secretaría de Turismo y Cultura del estado de Hidalgo y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). También se desarrolla el proyecto de investigación “riesgo geológico”. Finalmente se plantea que existe la participación de consorcios privados en los que destaca la empresa Artesanías de Barro “La Palma” donde se ofrecen productos locales, la operadora turística “Quinto Sol” que ofrece recorridos y renta de cabañas y el tranvía turístico “SAYJO”.

Con respecto al geoparque Mixteca Alta en Oaxaca (GMA), se ha establecido que este surgió en el año 2014 bajo la coordinación del Dr. José Luis Palacio de la UNAM. En el área que comprende al geoparque convergen nueve municipios indígenas catalogados como de muy alta marginación. El GMA ofrece paisajes erosivos que a lo largo de la historia han generado una relación estrecha con el desarrollo de la cultura y de los procesos productivos en la región. Desde la UNAM el trabajo en el geoparque se ha realizado desde una perspectiva metodológica participativa e interdisciplinaria, lo que ha generado una relación estrecha entre los académicos


con las autoridades y poblaciones involucradas (Rosado y Ramírez, 2017).

Como se ha observado muchos de los geoparques de reciente creación en Latinoamérica se enclavan en espacios con población indígena, lo cual plantea un escenario complejo en el que se entrelazan diversos procesos de distintos niveles, muchas veces contradictorios. Desde procesos de lucha indígena (Orozco, 2015) por hacer valer derechos internacionales a la tierra y el territorio que se cruzan con reformas estructurales que favorecen el despojo del mismo a partir de la acumulación por desposesión (Harvey, 2005) al privilegiar los intereses de grandes monopolios económicos dedicados a la extracción de minerales y generación de energía, hasta conflictos internos derivados de la descomposición del tejido social a partir del debilitamiento de instituciones tradicionales como la asamblea y el tequio y la incursión de los partidos políticos en espacios regidos por sistemas de “usos y costumbres” o también llamados Sistemas Normativos Internos (Singer, 2013).

Los nuevos modelos de conservación fundamentados en una visión holística del territorio, con una participación directa y activa de sus pobladores, como los planteados desde la concepción de los geoparques conviven con prácticas ancladas en el extractivismo, actividad que se fundamenta en la explotación intensiva de los recursos naturales, donde el grado de procesamiento de los insumos es prácticamente nulo y éstos se vinculan directamente con la exportación. Las principales actividades vinculadas con el extractivimo son la industria de la minería y de los hidrocarburos. En este escenario el Estado garantiza políticas que aseguren la protección de las necesidades del capital privado, muchas veces en detrimento de las poblaciones que habitan los territorios (Portillo, 2014).

Se ha documentado que en México se presenta un proceso paradójico en donde muchos de los espacios que han sido denominados como áreas protegidas y de conservación, también han sido cedidos para la explotación de recursos naturales a través del otorgamiento de concesiones que benefician a empresas privadas y públicas. La privatización de la tierra, a pesar de la modificación del artículo 27, no se ha concretado del todo debido a la resistencia de grupos de ejidatarios y comuneros. En este sentido Oaxaca cobra importancia debido a que en su territorio se disputan recursos como regiones terrestres prioritarias, regiones hidrológicas, montañas, bosques y recursos minerales (Sandoval, 2015). Desde esta perspectiva la implementación del geoparque Mixteca Alta GMA es un espacio de oportunidad para lograr coadyuvar en procesos


de conservación y educación más allá del territorio comprendido en el GMA y de lucha y resistencia por el territorio, que sin duda abonarán a encontrar nuevas formas pacíficas de construcción de autonomía indígena.

La insistencia en el despojo de territorios desde la autoridad hacia pueblos indígenas no es nueva, se ha planteado que históricamente, desde la colonia hasta la actualidad, el paradigma económico-social del país se ha fundamentado en el despojo de territorios. En nuestros días el despojo se presenta a partir de la fortaleza de los sectores privados frente al debilitamiento del Estado, lo que genera confrontaciones violentas entre pobladores que gozan de territorios ricos en recursos naturales y quienes pretenden hacerse de esos territorios a partir de políticas de compra y venta, e incluso de expropiación fundamentada en planteamientos retóricos como “el bien de la nación o el bien común” , casos de este tipo son la masacre de Aguas Blancas en Oaxaca que se generó en el marco de la protección de bienes naturales por parte de sus pobladores, en Mulato Sonora se despojó a comunidades de sus territorios por parte de la minera canadiense “Álamos Gold” y en Cocula Guerrero en donde el derrame de arsénico por parte de la minera “Media Luna” provocó graves daños ambientales (Azamar y Ponce, 2014).

El gran auge que tiene en distintos países latinoamericanos el extractivismo responde a la necesidad de expansión de la acumulación del capital en pocas manos, lo cual lleva a una demanda por el control de nuevos territorios con potencial de explotación, pero también a la conformación de resistencias ante estos hechos. Estas resistencias han generado modelos teóricos alternativos como por ejemplo la llamada ecología política que se ha conformado a manera de un campo de estudio dedicado a la develación y reconocimiento de los juegos de poder involucrados en los procesos de despojo, apropiación e industrialización de diversos territorios en diferentes partes del mundo y su incidencia en el medio ambiente (Delgado, 2013 a).

La ecología política también ha sido definida como una vertiente del pensamiento crítico que reflexiona en torno a la complejidad medio ambiental que vivimos en la actualidad, en el entramado de las relaciones de poder entre individuo y mundo globalizado donde se encuentra en juego la supervivencia en un contexto en el que se presenta la apropiación de la naturaleza a partir de intereses dominantes. Esto lleva a un contexto de desigualdad que es enfrentado por movimientos sociales que se reivindican frente al deterioro ambiental y crean formas alternativas de reapropiación de territorios (Leff, 2003).


Otras interpretaciones plantean que la ecología política puede considerarse como un campo de reflexión y de construcción de conocimiento interdisciplinario que se centra en el análisis de los efectos nocivos de ciertas tecnologías y la generación de desechos que comprometen el equilibrio de los procesos ecológicos del planeta que son limitados y están siendo llevados a niveles extremos. De ahí que se agudice la crítica al desarrollismo. En este sentido la ecología política se ha convertido en una herramienta teórico-práctica ideal para el análisis y la incidencia en América Latina debido a la calidad de las resistencias emergentes y la voracidad de los grandes capitales en el continente (Delgado, 2013 b).

Otro paradigma teórico surgido desde la resistencia al despojo y en contra del neocolonialismo es la llamada necropolítca (Mbembe, 2011). Algunos de los elementos de los que se compone la necropolítica son el ejercicio de la autoridad mediante la violencia, la concepción del ser humano como elemento remplazable-despojable, el establecimiento de la soberanía a través de la autoadjudicación del derecho a hacer la guerra, el entendimiento de la política como un procedimiento puramente técnico y la territorialización que implica la producción de líneas de demarcación a partir de criterios jerárquicos que responden a intenciones de extracción de recursos, estos elementos coadyuvan a la deshumanización.

Se podría plantear que la necropolítica se encuentra estrechamente relacionada con las guerras del territorio en donde la generación de escasez y la manipulación se convierten en herramientas de apropiación de riquezas naturales que decantan en la instauración de jerarquías de poder. Este despojo del territorio se extiende al despojo de significados y prácticas culturales como visiones del mundo y relaciones con el entorno (Ceceña, 2017).

En el contexto del geoparque Mixteca Alta se ha presentado un caso que se podría enmarcar en este universo analítico. Durante el pasado mes de septiembre (2017) en el municipio de Yucuita los habitantes decidieron desconocer a sus autoridades y nombrar un nuevo cabildo a través de la asamblea comunitaria. El hecho que detonó la situación planteada fue que el presidente municipal destituido realizó convenios con una empresa china para que ésta pudiera instalarse en el municipio. La decisión de la autoridad fue unilateral, sin consultar ni informar a la comunidad. El día pactado para el establecimiento de la primera piedra del nuevo corporativo la comunidad tomó la presidencia e impidió que se realizara el protocolo. Hasta antes de los acontecimientos planteados las autoridades de Yucuita no habían tenido participación en el


geoparque, a partir de la destitución, las nuevas autoridades se han involucrado de manera importante en las actividades del geoparque, y según sus propias palabras “El geoparque es un espacio que ayuda al cuidado y la protección del territorio2”.

El geoparque Mixteca Alta (GMA) no escapa al escenario planteado, se enmarca en un contexto en el que los derechos indígenas, si bien existen constitucionalmente y en tratados internacionales éstos difícilmente se respetan. En un espacio en el que se han entregado concesiones mineras sin previa consulta a comunidades indígenas, lo cual violenta sus derechos y fortalece el sistema extractivista, en donde los partidos políticos ingresan a comunidades a partir de prácticas como la cooptación y el clientelismo y desestabilizan sistemas políticos fundamentados en el trabajo voluntario y la organización colectiva.

En este sentido, esta nueva propuesta de geoparque se convierte en una alternativa de protección del territorio, del patrimonio geológico, en un espacio de formación técnica pero también política encaminada al cuidado y protección de espacios catalogados como ancestrales por su tradición cultural e histórica. Abre un nuevo camino de construcción de autonomía indígena no necesariamente de carácter confrontativo, sino fundamentado en la negociación, el diálogo y el respeto al estado de derecho con fundamento en políticas de protección ambiental, de respeto a los derechos indígenas y del cuidado del patrimonio geológico, también se convierte en un espacio de oportunidad para la generación de otras formas de potenciar procesos económicos centrados en conocimientos locales, saberes milenarios y formas de organización comunitaria.


Acercamiento metodológico

En América Latina ha existido un desarrollo muy importante con respecto a las metodologías de corte cualitativo que parten de experiencias concretas vinculadas a la transformación social y al compromiso con grupos sociales excluidos, empobrecidos y violentados simbólica y físicamente. El desarrollo de estas metodologías puede rastrearse hacia la segunda mitad del siglo XX, a partir de dos acontecimientos importantes. Por un lado, la creación de la Pedagogía de la liberación del brasileño Paulo Freire (2002;1969) y por otro la declaración de barbados3, espacio de reflexión en donde antropólogos y científicos sociales de distintas latitudes se comprometieron a erradicar el saqueo de información y a colaborar con los pueblos originarios que pujaban por su emancipación neocolonial.


Se ha planteado que las metodologías participativas se enmarcan en procesos en los que los individuos y sus decisiones que impactan en lo cotidiano son precisamente el centro de la reflexión. El objetivo es promover mecanismos de participación que decanten en acciones concretas (Dueñas et al, 2012). Algunos de los elementos que dan forma a las investigaciones participativas son el diagnóstico, la sistematización, la descripción, la valoración del saber local y el diseño de propuestas de transformación de la realidad (Cox, 1996). Algunos de los resultados esperados por las investigaciones participativas son la transición de los individuos de objetos de políticas para convertirse en sujetos de política, sujetos de derechos y partícipes de sus procesos de desarrollo, lo cual lleva a una participación activa y en el fortalecimiento de la democracia (Contreras, 2002).

El taller es una de las herramientas más importantes dentro de los procesos de investigación participativa, éstos se suelen fundamentar en los principios de la educación popular que en Latinoamérica se puede considerar un producto de la Pedagogía de la Liberación freireana. Los talleres participativos desde la concepción de la educación popular se caracterizan por su dimensión política que implica un posicionamiento con respecto al o los grupos con los que se trabaja, su dimensión pedagógica implica trabajar en la lectura del mundo a partir del análisis de la realidad y la dimensión ética-metodológica que implica la coherencia entre el decir y el hacer, entre los medios y los fines que se pretenden. Estas dimensiones se enmarcan en la generación de una estrategia que se dirige al análisis, pero también a la concreción de actividades por lo que se trata de procesos en los que se vincula la teoría con la práctica, el diálogo de saberes y la producción colectiva de aprendizajes (Cano, 2012).

La investigación participativa también se encuentra vinculada con los movimientos sociales, también llamados movimientos populares, en muchos casos, de carácter indígena. En este sentido se ha planteado que algunos de estos movimientos se enfocan a la defensa del territorio y a la concreción de un nuevo modo de vida centrado en aspectos como la organización colectiva y la movilización. La organización y movilización tienen un fundamento político en el que se analizan elementos económicos, culturales y sociales que se articulan con diferentes temáticas, como por ejemplo la defensa de los derechos humanos o la incorporación de los sectores en cuestión a la lucha por la consecución de sus intereses (Freedman et al, 2014). Algunos otros temas de interés pueden ser el uso y disfrute colectivo del territorio, el cuidado del


medio ambiente y la naturaleza, o el respeto por la identidad cultural.

Profundizando en el fundamento político de la investigación participativa y su relación con los movimientos indígenas se ha planteado que el análisis de lo social y lo cultural tendría que decantar en prácticas políticas, es decir, en la concreción de proyectos a partir de las concepciones de la realidad de los sujetos implicados en los procesos en cuestión, creando con esto nuevas rutas de conocimiento y prácticas de diversa índole (Medina, 2006). También se ha establecido que la cultura enmarcada en modos específicos de vida se circunscribe a concepciones materiales y simbólicas específicas en un contexto de desigualdad y discriminación que debe ser develado con el objetivo de generar estrategias de defensa de la vida, de la dignidad y la justicia (Rauber, 2016).

Algunos de los efectos de la formación política han decantado en la concreción de escuelas, e incluso sistemas educativos alternativos a los que ofrece el Estado, en el diseño y aplicación de currículas fundamentadas en los saberes y valores propios, en la experiencia de luchas por la democracia comunal y la creación de alianzas entre organizaciones sociales por la defensa de los recursos naturales, a partir de estrategias en las que se combinan conocimientos catalogados como científicos y otros reconocidos como comunitarios y ancestrales (Baronnet, 2017).

En mi experiencia de trabajo con comunidades indígenas a partir de metodologías participativas he encontrado en la asamblea comunitaria un espacio privilegiado para la construcción de conocimiento, el intercambio de visiones y la concreción de proyectos. Entre los años 2010 y 2014 en la comunidad de Aurora Esquipulas en el municipio de Pantelhó, Chiapas participé en la construcción del proyecto de educación independiente de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. Mediante asambleas se discutieron las necesidades y referentes educativos de los habitantes, a partir de sus inquietudes se sistematizaron ejes de enseñanza-aprendizaje anclados en conocimientos tradicionales, historia de lucha y la palabra de los y las ancianas de la comunidad.


Diseño del proceso investigativo

Para el diseño de la investigación en el geoparque se partió de un diagnóstico fundamentado en tres visitas (5 y 6 de agosto, 15 y 16 de agosto y 1 de octubre). Los recorridos han permitido


analizar el contexto y elaborar un primer diagnóstico de los actores involucrados en el proyecto a partir de observaciones etnográficas y elaboración de diario de campo. Desde los primeros recorridos resaltó la importancia que tienen los guías del GMA, debido a que se han convertido en actores clave en este espacio que comprende nueve municipios (Tonaltepec, Soyaltepec, Chachoapam, Yucuita, Sinaxtla, Tillo, Topiltepec, Teposcolula y Yanhuitlán).

El cargo de guía es una responsabilidad conferida a individuales por parte de las propias comunidades, lo cual se enmarca en los procesos de organización socio-política de “usos y costumbres”. El rol asignado a los guías les da una responsabilidad ante las comunidades, pero también capital político de negociación que debe aprovecharse para el mejoramiento y consolidación del proyecto.

La importancia de la posición política de los guías también radica en su potencial para generar relaciones y estrategias de trabajo conjunto con autoridades locales, por lo que el diseño, elaboración y aplicación de las actividades deberán ser en coordinación con ellos. A este primer círculo de trabajo se integran Xóchitl Ramírez Miguel pasante de Geografía de la UNAM quien es originaria de la región y se desempeña como vínculo entre comunidades, autoridades y guías, la Dra. Isabel del Rayo Estrada Herrera quien realiza una estancia posdoctoral en el Instituto de Geografía de la UNAM. Este es el equipo de trabajo con el cual se estará generando el proceso de investigación participativa.

Para la realización del diagnóstico, a las visitas al geoparque se suman la realización dos talleres dirigidos a guías, uno sobre sistematización de experiencias realizado el día 8 de octubre y uno sobre defensa del territorio llevado a cabo el día 22 de octubre. Tanto las visitas como los talleres aplicados han dado insumos para la identificación de problemáticas que deben ser resultas de manera colectiva. Los objetivos derivados de esta primera etapa de diagnóstico son los siguientes:


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Notas


1 La información sobre la Comarca Minera en Hidalgo se consultó el día 22 de octubre del 2017 en: http://geoparquehidalgo.com


2 Cita tomada de audio del taller sobre defensa del territorio realizado el día 22 de octubre del 2017.

3 Para profundizar sobre la declaración de Barbados consultar el siguiente link: http://www.libertadciudadana.org/archivos/Biblioteca%20Virtual/Documentos%20Informes%20Indigenas

/Documentos%20Internacionales/Declaracion%20de%20los%20Pueblos%20Indigenas/Declaracion%20B arbados%201971.pdf