Recomendaciones con perspectiva de género para un diseño de políticas públicas para el desarrollo empresarial de pequeñas y medianas empresas del estado de Hidalgo


Recommendations with a gender perspective for the design of public policies for the business development of small and medium-sized enterprises in the state of Hidalgo


Vianey Proa de la Fuente1


Resumen: El presente proyecto de investigación, se encuentra en el proceso de sistematización y análisis de información, el objetivo de su exposición es dar a conocer los avances del proceso de intervención, en relación al uso de la perspectiva de género en las políticas públicas enfocadas al desarrollo empresarial del gobierno del estado de Hidalgo, así como la situación y recursos de los actores sociales identificados a través de las metodologías de Mapeo de Actores Claves (MAC), Análisis de Redes Sociales (ARS) y uso del Triángulo de Actores Sociales, desde los enfoques cualitativo, inductivo y descriptivo.


Abstract: The current research project is in systematization process and information analysis, the aim of this presentation is to make known the progress of the intervention process in relation to the use of the gender perspective in public policies focused on the enterprise development of Hidalgo state government, as well as the situation and resources of social actors identified through the methodologies of Key Actors Mapping (KAM), Social Network Analysis (SNA) and the use of „Social Actors Triangle“ from qualitative, inductive and descriptive approaches.


Palabras clave: Políticas públicas; perspectiva de género.


Las políticas públicas consideran diferentes elementos, que permiten concretar acciones del Estado para el logro de un bienestar colectivo e ir creando una sociedad más igualitaria y funcional. Para de Subirats, Knoepfel, Larrue y Varonne (2008, p. 36) una política pública es:


Una serie de decisiones o de acciones, intencionalmente coherentes, tomadas por diferentes actores, públicos y a veces no públicos - cuyos recursos, nexos institucionales e intereses varían- a fin de resolver de manera puntual un problema políticamente definido


1 Estudiante del 4to semestre de la Maestría en Gobierno y Gestión Local por la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo; políticas públicas, administración pública, género y sector empresarial; viandelafuente@gmail.com.

como colectivo. Este conjunto de decisiones y acciones da lugar a actos formales, con un grado de obligatoriedad variable, tendientes a modificar la conducta de grupos sociales que, se supone, originaron el problema colectivo a resolver (grupos-objetivo), en el interés de grupos sociales que padecen los efectos negativos del problema en cuestión los beneficiarios finales.


Por lo tanto, entendemos a la política pública, como la toma de decisiones de los actores públicos y privados investidos de poder, que tienen como resultado acciones legales, políticas, financieras y administrativas, que permitirán resolver un problema público definido como colectivo. Es importante hacer mención que la participación de los actores es necesaria e indispensable en todas y cada una de las etapas del ciclo de las políticas públicas.

Existen diferentes posturas para analizar el ciclo de vida de las políticas públicas, este trabajo toma como referencia la estructura del Modelo Secuencial (Rojas y la Fuente, 2012), creemos que es un modelo útil el cual a través de la representación de una estructura compuesta por etapas simples y diferenciadas, tiene la ventaja principal de permitir el abordaje integral de una realidad compleja, que permite conocer en mayor profundidad la relación Estado-Sociedad, por medio de un análisis descriptivo, cuya finalidad es otorgar un sentido al proceso de toma de decisiones. El presente trabajo, se enfocará en las recomendaciones para las acciones relacionadas en la etapa de diseño, sin dejar de lado la importancia de los elementos a considerar en las demás etapas del ciclo, así como considerar la no linealidad del modelo secuencial.

Las políticas públicas surgen a través de un problema público, el cual al ser llevado a la agenda pública y gubernamental, deberá ser abordado con diferentes acciones para su solución. Este trabajo se enfoca en el problema público de la existencia de una elevada desigualdad de oportunidades de las mujeres, lo cual limita su desarrollo empresarial en las pequeñas y medianas empresas, debido a que sigue siendo un sector masculinizado, por los estereotipos y roles de género, que se le han asignado social y culturalmente a cada sexo, como la idea de que la mujer debe desempeñar un rol de ama de casa, administradora y cuidadora, percibiéndola así en un ámbito privado, como lo es el hogar, mientras tanto al hombre se le ha percibido como el proveedor dotado de capacidad para la toma decisiones, lo cual le ha facilitado el acceso en el medio laboral remunerado, dentro del ámbito público.

Al implementar el término de “género” en las acciones de Gobierno, para ir erradicando la brecha de desigualdad, se debe partir del concepto del sistema sexo/ género, el cual diferencia entre sexo y género, que con frecuencia se manejan de manera indistinta. El “sexo” se refiere a las características anatómicas y fisiológicas que identifican a una persona como mujer o como hombre; y el “género” se refiere a las ideas y creencias compartidas culturalmente con respecto a mujeres y a hombres, como construcciones históricas y sociales, que son modificadas a través del tiempo en sentido arbitrario sin que exista una relación con el sexo. Lamas (2002) señaló que el hecho de que mujeres y hombres sean diferentes anatómicamente los induce a creer que sus valores, cualidades intelectuales, aptitudes y actitudes también lo son.

Para el presente trabajo, es importante considerar el impacto que han tenido los roles y estereotipos de género dentro del ámbito empresarial, debido a que ha sido un ámbito percibido desde un enfoque androcéntrico, a pesar de que en los últimos años la participación de la mujer como empresaria ha ido rompiendo con los paradigmas sociales y culturales, ha generado el interés de los gobiernos en la implementación de programas y acciones de apoyo a través del uso de la metodología de perspectiva de género, para el logro de la inclusión de la mujer en el sector empresarial y visibilizarlo en una igualdad sustantiva.

El uso de la perspectiva de género, metodología que surgió en la segunda mitad del Siglo XX, tiene como objetivo tomar en cuenta las diferencias de los sexos para realizar acciones y estrategias que permitan corregir y eliminar el desequilibrio existente y la discriminación a la mujer. A raíz de ello, en México de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2015, p.2) se define como una:


Una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos, a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones.

Dicha definición, es considerada idónea para el presente trabajo, en relación a los

objetivos a lograr, y es así como el uso de la perspectiva de género permitirá visualizar a cada mujer y cada hombre en su dimensión biológica, histórica, social y cultural, y encontrar explicaciones y líneas de acción para desestructurar, reestructurar y así transformar las desigualdades. Lo que permite entender que la vida, sus condiciones y situaciones son transformables hacia el bienestar si se construyen desde la equidad y para la igualdad.

México ha participado en la firma de diversos acuerdos internacionales en donde confirma su compromiso ante este tema, como son: La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979), la Declaración y la Plataforma de la Acción de Beijing (1995), la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015); y la promulgación de leyes federales, como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006), el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD 2013-2018), la Ley de Planeación (1983), Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (2002), a su vez se han sido aplicadas en el estado de Hidalgo , como la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Eliminar la Discriminación en el Estado de Hidalgo (2013), Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Hidalgo (2015), Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo (2003), Ley de Fomento y Desarrollo Económico en el Estado de Hidalgo (2007) y el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, todas ellas avocadas a promover la igualdad de oportunidades entre sexos y el respeto a los derechos de las mujeres.

Sin embargo, estos mecanismos jurídicos serán eficaces conforme se vaya modificando el sistema patriarcal de nuestra sociedad. Por tanto, los instrumentos deberán ser de muy distinto tipo y naturaleza, ya que este problema social ocupa transversalmente todo el sistema político, jurídico y socio-económico actual (Monereo, 2006). Asimismo la aplicación de la perspectiva de género en la políticas públicas, se aleja del sentido original acuñado en dichos acuerdos, y se ha utilizado para aludir a cualquier asunto que tenga que ver con las mujeres; por lo que no se trata sólo de cumplir formalmente con los acuerdos internacionales que se han firmado como país ante este tema, y que en la retórica de los discursos se vaya muy por delante de los avances reales en logar un beneficio para las mujeres.

Se debe considerar la utilización de la perspectiva de género, desde una estrategia de transversalización como lo refiere Tepichin (2010), en donde se logre una trasformación del

orden social de género hacia la familia, la vida cotidiana, el mercado de trabajo y el quehacer del Estado, para avanzar en la igualdad de oportunidades y evitar la tendencia del gobierno a planear de una manera neutra y homogénea, en donde las políticas públicas repercuten de la misma forma en mujeres y hombres, cuando en la realidad no lo es así.

Las políticas con perspectiva de género han tenido un impulso cada vez más evidente por parte de organismos internacionales ligados a la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2016) el enfoque de género que se recomienda como principal directriz de política, implica que los gobiernos y los actores sociales deberán fortalecer la adopción de medidas enérgicas y visibles para asegurar que se tome en cuenta la problemática de mujeres y hombres en todas las políticas y programas (Inchaustegui, 1999).

El uso y aplicación de la metodología de perspectiva de género, implica diferentes elementos para el logro de su eficacia, desde la sensibilización, voluntad política y profesionalización en el tema de las y los funcionarios y servidoras y servidores públicos involucrados en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, en todos y cada uno de los ámbitos de Administración Pública, debido a que hablar y aplicar la perspectiva de género, no solo es crear programas basados en los roles y estereotipos sociales y culturales que se le han asignado a las mujeres y hombres, esto va más allá, la mujer al igual que el hombre incursiona en todos los ámbitos de la sociedad. El comenzar a concientizar y profesionalizar el uso correcto de la perspectiva de género, permitirá visibilizar y considerar la diferencia que existe en las necesidades entre mujeres y hombres al diseñar los programas, proyectos y políticas, para lograr un verdadero avance en la igualdad de oportunidades.

Al enfocarnos en el sector empresarial, en los años 90, es cuando los estudios sobre género en el ámbito empresarial comienzan a consolidarse, Gisbert, Alarcón y Gómez (2009) mencionan que entre las razones de esta consolidación se deben a la existencia de un mayor número de empresas dirigidas por mujeres y al reconocimiento del papel de la mujer en el ámbito empresarial por parte de los poderes públicos. Sin embargo, dichos estudios se han caracterizado por su androcentrismo, por lo que las mujeres empresarias no son visibilizadas como lo refirió la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, 1997):

Es difícil de determinar el número de mujeres empresarias a partir de las estadísticas oficiales de cualquier región o país, sea miembro o no de la OCDE, los datos están a menudo incompletos o se basan en el análisis de muestras o estudios parciales por lo que a menudo se obtiene una visión incompleta de estos agentes económicos (Guzmán y Rodríguez, 2008, p. 384).


Sin embargo, a pesar de la invisibilización y falta de importancia y reconocimiento que se le ha dado a la participación de la mujer en el ámbito empresarial, autores como Weeks & Seiler (2001, en Molero 2014) han identificado y mencionado que las empresarias son “la principal fuerza para la innovación y la creación de empleo, y promover los esfuerzos empresariales femeninos pueden tener un impacto significativo en el crecimiento económico y la prosperidad de cada región”. La presencia de la mujer en las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) tienen una gran significación en la economía de las regiones, debido a que su participación, aporta al mejoramiento de la competitividad y al crecimiento de la producción (Espino, 2003).

Las MIPYMES, son de gran importancia debido a que representan un segmento de la economía, que aporta un número importante de unidades económicas y personal ocupado, en México la microempresa representa el 97.6% con un personal ocupado del 75.4%, la pequeña empresa representa el 2% con un porcentaje del 13.5 en personal ocupado y la mediana empresa el 0.4% con un 11.1% de personal ocupado (Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, ENAPROCE 2016) en el estado de Hidalgo las microempresas contribuyeron con el mayor número de unidades económicas (97.0%) y personal ocupado (52.7%), por otra parte, las empresas grandes representaron el 0.1% del total de unidades económicas y 19.2% del personal ocupado. En términos de género, mostraron que las unidades económicas medianas y grandes tuvieron la mayor participación de hombres, con 67.8% y 72.5% respectivamente del total del personal ocupado. Las mujeres empresarias sobresalieron en las microempresas con 52.2% y en las pequeñas con 39.5% (Censos Económicos Hidalgo, INEGI, 2014).

El presente trabajo se enfoca en la participación de la mujer hidalguense en el sector empresarial en las pequeñas y medianas empresas (PYMES), como se observa en la Figura 1, es casi en un 40% menos, y en este tipo de empresas por el rango de trabajadores y el monto de

ventas anuales, se determinan acciones como la dirección, la toma de decisiones y el empoderamiento, lo cual se busca lograr en las mujeres empresarias que incursionan en este ámbito económico. Debido a se han generado diferentes mecanismos para su inclusión en las microempresas, esto es un avance significativo, sin embargo, para lograr un verdadero empoderamiento económico, se deben considerar acciones para permitirles un mayor acceso en las PYMES, debido a que en este estrato existe un mayor nivel la de ingreso económico y desempeño en las actividades de trabajo productivo y no solo reproductivo, dejando en claro que la intención no es triplicar sus actividades como empresaria, mujer y ama de casa, si no generar un sinergia que permita una coordinación en sus ámbitos, personal, laboral y familiar.


Figura 1. Participación de mujeres y hombres en Hidalgo, según el tamaño de empresa


Fuente: Elaboración Propia, basado en INEGI. Censos Económicos Hidalgo, 2014.


El Gobierno del estado de Hidalgo ha comenzado a adoptar una legislación de igualdad de oportunidades, sin embargo, se ha dado desde un proceso en donde las mujeres son vistas como el objeto de la política pública y no como la actora de la misma, los vínculos entre las políticas de género, las de desarrollo empresarial y económicas, aun son débiles y desvinculadas. Y por ende, ante la existencia de una legislación y acciones enfocadas a la igualdad de oportunidades, se comienzan a ven reflejadas en una igualdad sustantiva.

El presente trabajo pretende aportar recomendaciones para el diseño de política pública dirigida a transformar el orden del género en responsabilidades compartidas en tres esferas: el

Estado, el mercado y la familia; para el logro de la igualdad de oportunidades y empoderar a las mujeres empresarias y facilitarles una mayor participación como agentes clave en la economía del municipio y a su vez del Estado. Así como fortalecer la nueva institucionalidad gubernamental, al tener como objetivo el velar por la inclusión de la igualdad de género en el diseño de políticas públicas, cuestión que no solo depende del gobierno y la administración pública, si no en un sistema de interlocución integradas por diferentes actores como el Estado, la opinión pública y la sociedad civil, cada uno con estrategias de acción que contribuyen a fortalecer la negociación entre los diferentes actores, y asegurar el fortalecimiento de la democracia (Guzmán, 1997) y la gobernanza.

Referente a las características de las mujeres empresarias, se ha dicho que no existe un arquetipo de mujer empresaria como tal, pero se asume de manera genérica y no disgregada, que existen ciertas características comunes del colectivo de mujeres empresarias. Por ejemplo, tienden a operar sus negocios desde el hogar y sobre la base del medio tiempo, administran bajos niveles de financiamiento, así como utilizan fuentes informales y más caras de financiamiento; finalmente, solamente una minoría se integra a las redes sociales de empresarias (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, 2009).

Capt, J. (2009) refiere que las mujeres empresarias que incursionan en las micros y pequeñas empresas, enfrentan barreras de diferentes tipos como son las conductuales (poca confianza en su capacidad y la imagen negativa de sí mismas); las sociales y culturales (se manifiestan mediante la actitud negativa y discriminatoria hacia las mujeres que se dedican a los negocios, como resultados de estereotipos y los roles sociales predefinidos); las educativas (derivadas de su nivel educativo inferior, educación distorsionada, acceso limitado a oportunidades de formación profesional); ocupacionales (tienen que ver con las menores oportunidades que se les ofrece en el sector formal para el desarrollo de sus capacidades) las institucionales y estructurales (relacionadas con el acceso a los créditos, la información o la tecnología); y las jurídicas (se manifiestan en leyes y reglamentos inadecuados que no ofrecen garantías relacionadas con sus derechos humanos y la exigibilidad de los mismos).

Podemos concluir, los principales obstáculos a los que se enfrentan las mujeres que han decidido incursionar en el ámbito empresarial, son los que social y culturalmente se han determinado, a través de los roles y estereotipos de género, los cuales encasillan tanto a la mujer

como al hombre en un “deber ser” y un “poder hacer”, lo cual limita el actuar de la mujer en ámbitos que han sido determinados solo para el hombre. Ante esta situación se cometen actos de discriminación, por el hecho de ser mujer, y creer que no posee la capacidad de incursionar en el ámbito empresarial, lo cual desmotiva y merma su actuar; sin embargo, a pesar de estos obstáculos, la mujer ha ido haciéndose camino al demostrar, que tiene la misma capacidad del hombre para ejercer en el sector empresarial.

El empoderamiento de las mujeres, entendido como una estrategia para alcanzar la ciudadanía, el ejercicio de los derechos y el acceso a nuevas oportunidades, requiere no sólo aproximarnos a las concepciones que tienen las mujeres sobre la política y el poder. Asimismo, es importante entender el avance en la incorporación de una perspectiva de género en las políticas públicas y el reconocimiento de éstas hacia las primeras (Ortíz, 2009).

Al referirnos al empoderamiento económico debe abordarse desde la construcción de la ciencia económica, se ha señalado que las mujeres y sus vivencias quedaron fuera de los intereses de los economistas y de la economía, debido a su ausencia entre la masa de economistas (Humphries, 1995). Una mayor participación de las mujeres en la construcción de la disciplina puede verse como una contribución a su transformación, “(…) no precisamente porque las mujeres ‘traigan algo distinto’ al campo económico por virtud de su sexo, sino más bien porque la visualización de prejuicios sexuales al nivel de la estructura social de la ciencia hace que los prejuicios sexuales a otros niveles sean también más visibles” (Nelson, 1995, p. 3).

El crecimiento inclusivo y sostenible a nivel mundial es parte esencial de la visión de la Agenda 2030, y el empoderamiento económico de las mujeres es uno de los pilares de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En las dos últimas décadas se ha progresado en alcanzar la igualdad de género, especialmente en materia de educación y salud, sin embargo, aún falta mucho por hacer para alcanzar la participación plena e igualitaria de la mujer en la sociedad y la economía. El empoderamiento económico de las mujeres tiene muchos pilares interrelacionados, cada uno esencial para el progreso:


(…) primero se encuentra el pilar universal a favor de los derechos humanos básicos. Segundo, los pilares de crecimiento y desarrollo humano. Tercero, el pilar acerca de los casos exitosos de negocios. Los costos económicos y de desarrollo humano debido a las

brechas de género son enormes, así como también de enormes serían las ganancias potenciales de cerrarlas (Organización Nacional de las Naciones Unidas, ONU, Womens Economic Empowerment 2016).


Para la conveniencia de este trabajo el objetivo general es el Desarrollar recomendaciones para el diseño de políticas públicas con perspectiva de género para el desarrollo empresarial de pequeñas y medianas empresas del estado de Hidalgo, que permitan la erradicación de discriminación, la igualdad de oportunidades y el empoderamiento económico; para su logro, se contemplarán los siguientes objetivos específicos:


En los recuadros que se aparece s/i, se refiere a que no se cuenta con información proporcionada por parte de los actores. Se observa que el actor con más recursos fortalecidos es el Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial (IHCE), seguido de las Incubadoras de empresas representadas por la UAEH, UPP e IPN, la CANACINTRA y la AMMJE, y en última estancia las empresas de las mujeres, es importante hacer mención que debido a como se fortalezcan sus diferentes tipos de recursos de los actores les permitirá un mejor desempeño e

incursión en el sector empresarial.


Figura 4. Matriz PPI (posición, interés y poder) de Análisis de Actores


Fuente: Elaboración propia, basado en el Análisis de Redes Sociales (ARS) modelo propuesto Martínez (2008).


Posteriormente, se utilizará el Análisis de Contenido para identificar, comparar y describir la información de las entrevistas. De aquellas entrevistas no realizadas por la falta de colaboración, se hará uso de la metodología de “Análisis Crítico del Discurso” (ACD) basado en

información recabada en medios electrónicos, para explorar e interpretar los niveles micro y macro-discursivo en perspectiva de género en el sector empresarial del estado de Hidalgo.


Figura 5. Identificación de recursos de actores


Fuente: Elaboración propia con base en Subirats, et al. (2008).


En lo que concierne al análisis y diseño de las políticas públicas, se realizó la identificación de los diferentes actores sociales involucrados del sector empresarial del estado de Hidalgo, a través del Triángulo de Actores Sociales (Subirats et al. 2008), integrado por los Actores Políticos-Administrativos, Actores Privados, estos divididos en Grupos-Objetivo, Beneficiarios, representado en la Figura 6.

Con la participación de estos actores se le dará el verdadero peso de pública a la política, y si este no fuese el caso, estaríamos hablando de una política gubernamental, la cual se diseña

para enfrentar el problema público, sin embargo dichas acciones la mayoría de la veces se basarán desde supuestos al “creer saber que es lo qué se necesita, y qué eso será la mejor solución”, dejando de lado la importancia del mecanismo de la participación de las y los actores involucrados y la funcionalidad de la política para lo cual se diseña.


Figura 6. Triángulo de Actores Sociales


Fuente: Elaboración propia, basado en Subirats, et al. (2008).


Los actores que se han mencionado constituyen los tres polos que forman parte de lo que denominan Subirats, et al. (2008) el “triángulo base de actores de una política pública”; en donde el analista deberá identificar los actores “reales” a quienes el problema colectivo a resolver incluye de manera directa e indirecta para la creación de la acción pública.

En relación al presente proyecto con la información presentada según Subirats et al. (2008) es importante definir el problema colectivo el cual hemos identificado como una elevada desigualdad de oportunidades en el desarrollo empresarial de las mujeres, al enfrentarse a un sector social y culturalmente masculinizado, esto debido a la exclusión de la mujer en la vida pública, falta de acceso en la toma de decisiones,a bienes económicos y financiación, como consecuencia de roles y estereotipos de género siendo estos elementos parte de nuestras

hipótesis causales, para lo cual es importante considerar a los actores involucrados como lo son los actores políticos-administrativos representados por las instituciones del gobierno estatal, para este caso serían la Secretaría Ejecutiva de la Política Pública Estatal, el Institutito Hidalguense de Competitividad Empresarial (IHCE) y el Instituto Hidalguense de las Mujeres (IHM), consideramos son las implicadas en relación a la incursión de la mujer en el sector empresarial y la aplicación de la metodología de perspectiva de género en las políticas públicas; los grupos objetivos, son personas u organizaciones en donde su conducta se considera como la causa directa o indirecta del problema colectivo, siendo así todas las pequeñas y medianas empresas existentes del estado de Hidalgo; los beneficiarios finales, son las personas u organizaciones a quienes el problema colectivo afecta directamente, sufriendo sus efectos negativos, a quienes hemos identificado como a las mujeres empresarias hidalguenses de las pequeñas y medianas empresas (MIPYMES); y por último los grupos terceros, incluye a las personas u organizaciones quienes sin que la política pública les este destinada ven como situación individual y/o colectiva a modificar de carácter positivo o negativo, a quienes ubicamos en este rubro son a las Asociaciones y Fundaciones relacionadas con el sector empresarial del estado de Hidalgo. Por tanto, consideramos que como hipótesis de intervención debe considerarse la realización de una campaña de sensibilización y capacitación profesionalizada, en el uso y aplicación de la metodología de perspectiva de género en las políticas públicas de desarrollo empresarial lo cual sería una propuesta de estrategia de acción para el logro de la igualdad de oportunidades en el sector empresarial del estado de Hidalgo.

En la siguiente fase de este trabajo se realizó la identificación de las políticas públicas existentes del Gobierno del estado de Hidalgo, las cuales se analizarán de acuerdo a la propuesta del Modelo de Análisis Sistémico, el cual retoma las bases del análisis FODA por sus siglas (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), herramienta de la planeación estratégica que consiste en la evaluación de los puntos fuertes y débiles del ambiente interno y externo y la relación entre sí, con la finalidad de obtener un diagnóstico y conclusiones (Ponce, 2006 y Ramírez 2009) y del Modelo Bardach (1998) está técnica tiene como principal función el ser una guía de pasos para realizar el análisis de políticas públicas.

De los programas que forman parte de las políticas públicas del desarrollo empresarial se identificaron solo dos programas, los cuales se describen brevemente a continuación:

  1. “Pon tu Negocio Yo te Apoyo”

    Programa gubernamental operado por el Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial, organismo descentralizado de la Secretaría de Desarrollo Económico del estado de Hidalgo, orientado a fortalecer el desarrollo económico de la entidad, estableciendo las condiciones e instrumentos que permitan el impulso de políticas y acciones de fomento a las iniciativas emprendedoras como base de la instauración de un esquema empresarial competitivo, innovador y sustentable que fortalezca el desempeño, crecimiento y estabilidad económica de las micro, pequeñas y medianas empresas; así mismo, propicia la participación y desarrollo de la organización de grupos sociales.

    De este programa se desprende el Programa denominado “Financiamiento Hidalguense para tu Negocio”, el cual cuenta con 6 tipos de esquemas: Crediavanza, Mi primer Crédito, Haz Crecer tu Negocio, Tu experiencia Vale, Emprendedor y Mujer Emprende.


  2. “Ben Mujer Emprende”

Programa gubernamental operado por el Instituto Hidalguense de las Mujeres, dependencia de la Secretaría de Desarrollo Social del estado de Hidalgo, tiene como objeto otorgar créditos a mujeres hidalguenses para que desarrollen una actividad productiva para fortalecer el incremento de sus ingresos para la mejora de su condición económica.

En la última fase de este proyecto se realizarán las recomendaciones para el diseño de política pública con perspectiva de género, utilizándose la propuesta del Modelo de Diseño Transversal con Enfoque de Género, el cual retoma elementos en la metodología del Marco Lógico, la cual permite disponer de forma lógica las actividades, los medios y los objetivos específicos necesarios para alcanzar los objetivos generales que permite facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas (Chevalier, 2007 y Fernández y Schejtman, 2012) en relación con la planeación estratégica con enfoque de género como herramienta, al ser un proceso que se desarrolla en continuo, permite ajustar y vincular los objetivos, actividades, procedimientos y toma de decisiones para mejorar la gestión de las políticas públicas. “La planificación transforma la intención en acción.” (Arriagada, 2002 citado en Fernández y Schejtman, 2012)

De dicho proyecto se ha terminado la intervención, y está en proceso la sistematización de

la información para la elaboración de los apartados faltantes.


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